Más de 650.000 millones de pesos gastaron las principales alcaldías y gobernaciones durante los últimos cuatro años, en muchas ocasiones sin cuidar los recursos públicos y desdibujando los propósitos de la publicidad oficial. En esta fase de arranque de los mandatos, las autoridades de las alcaldías y gobernaciones entrantes enfrentarán un dilema que es crucial para la democracia: utilizar el dinero de la publicidad oficial para informar a la ciudadanía sobre su gestión o gastarlo en promover su propia imagen y sus intereses particulares. Esta elección implica riesgos para la información de interés público, la transparencia del gasto del Estado y la reputación de los medios de comunicación.

La Alcaldía de Envigado, en cabeza de Braulio Espinosa, ha gastado más de 7.300 millones de pesos en publicidad oficial entre enero del 2020 y abril del 2023. Esta cifra supera al presupuesto anual invertido por la alcaldía para mejorar la red vial urbana del municipio. La excesiva presencia del alcalde Espinosa en medios de comunicación, la práctica engañosa de presentar contenido como periodístico cuando en realidad es publicidad, la falta de objetividad y transparencia en los contratos celebrados, y la ausencia de control político activan las alarmas sobre el uso de los recursos públicos por parte de esta administración.

La FLIP, en colaboración con el equipo de La Contratopedia Caribe, encontró que desde enero del 2020 hasta septiembre del 2022 la Alcaldía de Barranquilla, en cabeza de Jaime Pumarejo, gastó 94.600 millones de pesos en publicidad oficial. Esta cifra equivale a gastar 94 millones de pesos diarios durante dos años.

La Alcaldía de Bogotá, en cabeza de Claudia López, ha invertido 81.500 millones de pesos en publicidad oficial entre enero del 2020 y septiembre del 2022. Su principal contratista es la ETB, que ha ejecutado más de 38.000 millones de pesos, es decir el 47% del gasto total de publicidad oficial.

La Alcaldía de Bogotá, en cabeza de Claudia López, ha invertido 81.500 millones de pesos en publicidad oficial entre enero del 2020 y septiembre del 2022. Su principal contratista es la ETB, que ha ejecutado más de 38.000 millones de pesos, es decir el 47% del gasto total de publicidad oficial. 

Esta información contrasta con el anuncio del pasado 26 de febrero en el que la Alcaldía  indicó que el gasto hecho por la Secretaría General en medios para informar a la ciudadanía sobre inversiones de impuestos y cómo acceder a programas del distrito fue de 18.000 millones de pesos entre 2020 y 2022. No obstante, esta información es engañosa, pues según ha podido constatar la FLIP, en 81 contratos celebrados entre enero del 2020 y septiembre del 2022, la Alcaldía gastó 81.000 millones de pesos en publicidad oficial, un presupuesto que equivale a gastar 74 millones de pesos al día o con el que se podrían construir más de dos megacolegios en la capital. Es decir, a la cifra que reportó la Alcaldía le falta la información del gasto en publicidad oficial hecho por otras dependencias. 

De acuerdo con nuestra investigación, hay tres contratistas que ejecutaron más de la mitad de los recursos disponibles para pauta oficial. Primero está la ETB, que gastó 38.692 millones de pesos, un equivalente al 47% del presupuesto de publicidad oficial, y que además no entregó información de los contratos argumentando una supuesta reserva comercial. En segundo lugar está Canal Capital que celebró contratos por 5.825 millones de pesos, lo que representa un 7,15% del total del dinero destinado para pauta oficial. Luego le sigue la empresa El color de tus ideas, que ejecutó un contrato con el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) por un valor de 2.000 millones de pesos, lo que equivale al 2,50% del total de recursos. 

La lista de las entidades que más gastaron dinero la encabezan la Secretaría General y la Consejería de Comunicaciones, con 23.225 millones de pesos. Después, está la Secretaría Distrital de Movilidad que invirtió 14.290 millones de pesos en pauta. Y en tercer lugar está la Secretaría Distrital de Salud que realizó un gasto 6.074 millones de pesos.

De igual forma, encontramos que el distrito no reportó la información completa sobre el gasto de publicidad en las redes sociales, un canal mediante el que cada vez más se comparte pauta oficial. De las 64 entidades que nos entregaron información sólo veinte indicaron un rubro para las redes sociales, las otras 44 omitieron la respuesta. Con los contratos analizados podemos concluir que la Alcaldía ha destinado, al menos, 3,700 millones de pesos en publicidad en redes sociales y la entidad que más presupuesto gastó fue la Consejería de Comunicaciones, con 879 millones de pesos en dos años.

Al realizar esta investigación quedaron en evidencia los problemas de acceso a la información que tiene el distrito. Al hacer solicitudes de información a través de la plataforma “Bogotá Te Escucha” no hubo una respuesta unificada sobre la contratación de publicidad de la Alcaldía, lo que dispersa la entrega de la información. Por ejemplo, si un ciudadano pregunta cuánto dinero gasta la Alcaldía en publicidad, no tendrá una respuesta completa. Cada dependencia podrá enviar una respuesta por separado. Al final, quien esté interesado no podrá identificar si todas las respuestas están consolidadas y mucho menos el monto de toda la operación. La dispersión de las respuestas produce confusión e impide tener un panorama claro de lo que pasa con la publicidad oficial.

La Alcaldía de Claudia López no ha escatimado en el gasto de publicidad oficial y se ha acercado a la misma cantidad de dinero utilizado por los gobiernos anteriores, a quienes criticó en el pasado. Además, su apuesta por un gobierno abierto todavía está lejos de cumplirse, al menos en lo que se refiere a poner a disposición de la ciudadanía la información sobre cuánto les cuesta su estrategia de comunicaciones.

Metodología

Para realizar esta investigación, enviamos derechos de petición a la Alcaldía Mayor de Bogotá entre mayo y septiembre del 2022, en ellos se consultó por la contratación de publicidad oficial en las vigencias 2020, 2021 y 2022. Adicionalmente, buscamos los contratos en las plataformas y sistemas de contratación de las entidades estatales como Secop I, Secop II y Secop Integrado. Además, revisamos las cláusulas de contratación, gastos de inversión, modalidad de contratación e informes de ejecución de los contratos. Finalmente se compilaron los reportes de las 64 entidades de la Alcaldía.

El informe de Pauta Visible se compone por tres secciones: generalidades, contratación por entidades y discriminación de contratos reportados. En la primera se presentan las conclusiones de la presente investigación, luego se compila la información suministrada por las entidades distritales y finalmente se detallan los 81 contratos celebrados por la Alcaldía Mayor de Bogotá para publicidad oficial. 

Desde la FLIP seguiremos investigando cuál es el gasto de la  publicidad oficial en otras entidades públicas. El acceso a este tipo de información es un derecho que contribuye a velar por la transparencia de las instituciones.

Los soportes de nuestra investigación los encuentras acá.

***Actualización 14 de marzo del 2023

A través de una comunicación oficial el 14 de marzo del 2023, el IDRD aclaró que el Contrato IDRD-SG-SASI-010-2020, con el contratista El Color de Tus Ideas, no se ejecutó en su totalidad, dando como resultado liberación de recursos. El IDRD informó que la cuantía pagada en el marco del contrato es de $1.634.222.071. Además, la entidad señaló que el contrato y sus soportes ya está publicado en Secop II.

Conversemos sobre libertad de prensa y de expresión en Colombia

Tendremos una conversación acerca del gasto de publicidad oficial de alcaldías, gobernaciones y otras entidades estatales. Además, les presentaremos el segundo capítulo de La pantalla del presidente: Duque y la pauta. 

Invitamos a Ana Cristina Restrepo, periodista y columnista; Guillermo Franco, estratega en dirección e innovación de medios digitales; María Paula Martínez, coordinadora de la alianza Proyecto Antonio Nariño; y Jonathan Bock Ruiz, subdirector ejecutivo de la FLIP.

Los esperamos el próximo jueves, 10 de septiembre, a las 5:00 p.m..

Nos reuniremos por Zoom Webinar.

Deben registrarse para asistir y participar del conversatorio: 
https://zoom.us/webinar/register/WN_V0ucfRj9TNyZAj09K3Lw2Q

¡Los esperamos!

Junto a la Misión de Observación electoral hicimos una investigación en la que encontramos que la tendencia de la publicidad oficial de las admistraciones locales es en gran medida de autopromoción.

Por esta razón y teniendo en cuenta la situación actual que atravesamos por el Coronavirus, y la forma en que éste ha afectado a los medios de comunicación, la FLIP hace las siguientes recomendaciones para la probación de piezas publicitarias. 

1. El eslogan de la administración no debe ser el contenido principal de la pieza.

2. El contenido de la campaña debe ser claro, con información de interés y utilidad para la ciudadanía. Por ejemplo: consejos de autoprotección, información sobre ayudas e información actualizada de la pandemia.

3. La campaña debe estar enfocada en mitigar la crisis del Covid-19, no debe hacer mención a ningún funcionario o servidor público. Tampoco debe resaltar a partidos o movimientos afines a la administración.

4. El objetivo es mitigar los efectos del Covid-19, la campaña no debe atacar a voces opositoras del gobierno u otras administraciones.

5. La campaña no debe centrarse en promocionar la la gestión de un gobierno. Esta situación excepcional no debe ser un pretexto para la autopromoción.

La publicidad oficial en Colombia debe servir de manera esencial para que las entidades públicas comuniquen sobre el impulso de políticas, el fomento de valores, la información del ciudadano sobre sus derechos y obligaciones, y para el ofrecimiento de servicios inherentes al ejercicio de sus funciones, entre otros fines”, Así lo estableció la Corte Constitucional en la sentencia T-722 de 2003. Sin embargo, los recursos de publicidad oficial, también son usados por los funcionarios públicos para autopromocionar una imagen favorable de las entidades o de ellos mismos.

Investigación de la MOE y la FLIP sobre publicidad oficial 

• Una investigación conjunta entre la FLIP y la MOE analizó 2.128 piezas de 30 contratos realizados durante el 2018 (antes de iniciado el proceso electoral local)  por las alcaldías de nueve ciudades capitales y de Buenaventura. 
  
  
• De esos mensajes o piezas hay 1.237 de “autopromoción” (58%), 738 de tipo “informativo” (35%) y 153 piezas “no identificadas” (7%).
  
  
• Los contratos indagados suman más de 91 mil millones de pesos.

Bogotá 20 de abril de 2020. La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- y la Misión de Observación Electoral -MOE- alertaron sobre la necesidad de mayor transparencia en los procesos de contratación de los gastos de comunicaciones durante esta emergencia por el COVID-19, y solicitan restringir, de una vez por todas, la autopromoción de los mandatarios. 

Esta alerta hacer parte de los resultados de una investigación realizada sobre los mayores contratos ejecutados en el curso en 2018, bajo el concepto de publicidad oficial, de las alcaldías de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Mocoa, Buenaventura, Montería, Santa Marta y Neiva. Hay que recordar que el pasado 8 de abril, la Contraloría y la Procuraduría empezaron a hacer un seguimiento especial para que los recursos públicos no sean utilizados en publicidad innecesaria asociada a la emergencia por COVID-19.

Se analizaron los contratos sobre publicidad oficial que las diez alcaldías remitieron y sobre esa información se seleccionaron tres contratos por ciudad: los dos de mayor cuantía destinados para publicidad oficial y el contrato de mayor cuantía de material POP¹. La MOE y la FLIP le solicitaron a cada alcaldía los soportes de esos tres contratos, es decir, la evidencia ya sea física o digital de lo que se ordena en ellos

Así pues, la investigación abordó 30 contratos que sumaron 91.611.829.777 pesos. En varios casos se trataban de contratos de altos montos que fueron ejecutados por medio de la creación de otros contratos. 

Según Jonathan Bock Ruíz, subdirector de la FLIP: "al analizar detenidamente las 2.128 piezas de los contratos nos encontramos que el 58% eran informaciones de autopromoción o autobombo de los funcionarios y las administraciones. Estas piezas carecían de elementos informativos o de política pública relevantes para la ciudadanía". 

La investigación indica que sólo el 35% de las piezas analizadas eran de carácter informativo y un 7% no se pudieron identificar. Las piezas analizadas consistían en 522 piezas contratadas en prensa, 263 en radio, 432 audiovisuales, 181 piezas para redes sociales y 730 de materiales POP. 

Alejandra Barrios Cabrera, directora nacional de la Misión de Observación Electoral -MOE-, explica que "la publicidad que se contrata con dineros públicos fue en general usada para exaltar la imagen del alcalde o de la entidad. Su contenido podía estar ofertando un derecho o un bien, sin embargo, no informaba con precisión a la ciudadanía sobre cómo acceder al beneficio y se focalizaba en exaltar los logros de la administración y el funcionario”. 

Las organizaciones que realizaron la investigación hicieron un llamado a las alcaldías en todo el país para restringir cualquier contratación que tenga como finalidad la autopromoción, en especial ahora en plena emergencia causada por el COVID-19, que obliga que el gasto público en comunicaciones sea responsable y transparente.

Según la investigación, los mandatarios deben garantizar que los gastos en publicidad únicamente sirvan para: 1) impulsar políticas públicas. 2) fomentar valores para la ciudadanía. 3) informar al ciudadano sobre sus derechos y obligaciones y 4) ofrecer servicios a la ciudadanía, canales de información y instrucciones de procedimientos.

Las organizaciones recomendaron a todas las autoridades nacionales, departamentales y municipales aplicar 6 claves para la aprobación de cualquier pieza comunicativa: 

1. El eslogan de la administración no debe ser el contenido principal de la pieza. 
   
   
2. No debe tener menciones de ningún funcionario de la entidad. 
   
   
3. No realice menciones al partido político de gobierno, senadores, concejales, diputados, ediles. 
   
   
4. No ataque a opositores u otras administraciones.
   
   
5. No se centre en promocionar la gestión de gobierno. 
   
   
6. Asegúrese de que contenga información de utilidad para la ciudadanía.

Transparencia en la contratación de comunicaciones

Finalmente, una de las grandes dificultades que evidenció la investigación es la organización de la información y almacenamiento en formatos auditables. En la contratación de publicidad oficial se encontraron soportes borrosos o archivos que no contenían nada o no abrían. Lo anterior no permite una veeduría contundente sobre el presupuesto público por parte de las entidades de control estatal y miembros de la sociedad civil.

En cuanto a la transparencia de la publicidad oficial, la investigación halló que la carencia de normatividad frente a cómo deben ser almacenados los mensajes sobre publicidad oficial, y la falta de claridad y de un marco normativo en relación a los precios que se deberían pagar por las piezas de publicidad oficial son hechos que impiden una mayor transparencia. 

En la mayoría de contratos analizados no se pudo establecer con claridad cuánto pagaron las alcaldías por determinada pieza, por ejemplo, una cuña radial, una pieza audiovisual, un artículo en prensa. Este criterio ambiguo en las distintas ciudades hace muy difícil determinar en cuales efectivamente se puede hablar de sobrecostos o irregularidades. 

^{1. Se entiende material tipo POP lo referente a cualquier objeto o cosa que las entidades públicas utilizan para la divulgación de un mensaje. Un ejemplo de este tipo de material es maquetas, carteles, afiches, pendones, pasacalles, tazas de café, bolígrafos, stickers, etc}

Aquí puedes ver el informe completo.

En 2018 la violencia contra la prensa recrudeció. Desde que la FLIP lleva un registro amplio de los ataques a la prensa, nunca se había llegado a un número tan alto de agresiones contra periodistas. El fenómeno de violencia ha cambiado y aunque cada vez es menos letal, los  ataques van en aumento, este año fueron 477, incluidos tres asesinatos.

Los agresores y las formas de censura son cada vez más diversas: actores ilegales que amenazan, secuestran y asesinan; funcionarios que obstruyen, estigmatizan y usan el aparato judicial para censurar; una fuerza pública que agrede y detiene ilegalmente, particulares que usan las redes sociales para acosar y amenazar; y un Estado que desprotege, no investiga y no garantiza justicia.

El secuestro y posterior asesinato del equipo periodístico del diario ecuatoriano El Comercio a manos del Frente Óliver Sinisterra enlutó al periodismo latinoamericano. Además, dejó en evidencia la indolencia de los Estados colombiano y ecuatoriano frente a un crimen atroz. A pesar de los avances de la Fiscalía colombiana en la captura de algunos implicados, los Estados no han aportado verdad y se han enfocado en evadir responsabilidades.

Las 200 amenazas contra periodistas en el 2018 encendieron las alarmas de la FLIP, de las autoridades nacionales y de embajadas y organizaciones internacionales que se manifestaron públicamente. En regiones como el Catatumbo, Tolima o Putumayo las amenazas incrementaron ostensiblemente y la respuesta de las autoridades ha sido insuficiente.  

El programa de protección a periodistas del gobierno ha contribuído a la reducción de asesinatos, sin embargo, muestra sus limitaciones a la hora de implementar esquemas efectivos, preventivos y que tengan en cuenta medidas diferenciales.  El Ministerio del Interior comenzó a implementar su Programa de Acción Oportuna y será el 2019 el año para evaluar los primeros resultados.

AQUÍ PUEDE NAVEGAR POR EL INFORME "PRENSA ACORRALADA: UN JUEGO DE VIOLENTOS Y PODEROSOS"

El 2018 demostró que los funcionarios públicos y los líderes políticos no se han interesado en garantizar un desarrollo del trabajo periodístico. Incluso, hay casos en los que algunos parecen considerar que la prensa es su enemigo, en lugar de un pilar fundamental de la democracia. El discurso público de líderes de filiación política diversa y autoridades en ejercicio han consolidado un clima de permisividad y justificación a los ataques contra la prensa.

En el 2018 se presentaron ocho proyectos de ley que pueden ser restrictivos al derecho a la libertad de expresión: controlar el uso de las redes sociales, revivir la tarjeta profesional, censurar contenido legítimo acusándolo de “íntimo”, bloquear contenidos en internet; establecen más riesgos para un ejercicio del periodismo libre. A esta lista se debe sumar la promoción del proyecto de ley TIC que otorga un poder excesivo al gobierno para que, directa o indirectamente, decida sobre el otorgamiento y la renovación de licencias de televisión y radio y castigue a sus operadores.

Por otro lado, es importante destacar algunos avances en asuntos de justicia. Se impuso la condena más alta en delitos contra la libertad de expresión en Colombia y se adoptaron decisiones trascendentales en casos que llevaban más de diez años sin resolverse. Sin embargo, estos avances contrastan con los niveles de impunidad que se mantienen.

La Fiscalía designó a un fiscal especializado para investigar las amenazas en Bogotá y ordenó el apoyo a fiscales seccionales para la investigación de algunas amenazas en otras partes del país. Además, implementó una línea telefónica única para la atención de amenazas. Como consecuencia de estos avances, varias personas han sido vinculadas a las investigaciones de la Fiscalía como posibles autores de estos delitos

Sin embargo, algunos de los casos más representativos en cuanto a violencia contra periodistas han sido objeto de dilaciones y retrocesos que obstaculizan seriamente la obtención de justicia. Incluso, se ha dejado en libertad a implicados en crímenes como tortura psicológica y secuestro a periodistas.

Por otra parte, algunas entidades públicas y funcionarios de elección popular han utilizado la pauta oficial para influir directamente en los contenidos de los medios de comunicación. La discreción en la asignación, la injerencia en las líneas editoriales y el autobombo son algunos patrones en el uso de la pauta oficial.

Esta realidad se presenta de cara al aniversario 20 de la muerte de Jaime Garzón. Este año representa grandes retos para que la memoria de Garzón se vea reflejada en una ciudadanía con más herramientas para debatir sobre asuntos de interés público.

En Colombia la mitad de los municipios no tienen medios de comunicación que publiquen informativos locales, lugares donde viven más de nueve millones de personas. Bajo este panorama, las autoridades, la ciudadanía, los medios de comunicación y la sociedad civil tenemos un reto muy grande no solo para enfrentar la violencia y la censura que se vive actualmente en el país, sino también para impulsar proyectos periodísticos en esa parte del país que vive en desiertos de información.

Aquí puede descargar el informe en PDF.

La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- publica esta carta donde hace mención a la metodología utilizada en toda la serie Pauta Visible. Después de la publicación de el capítulo “Fico: el alcalde vanidoso”, han surgido varias preguntas en la ciudadanía y la Alcaldía de Medellín acerca de cómo se llegó a la cifra de 130 mil millones de pesos.

En la carta que puede ver en línea aquí, se detallan los pasos realizados en todas las investigaciones de Pauta Visible. Además, se da explica por qué se incluyeron cifras de eventos y programas institucionales en el capítulo dedicado a la Alcaldía de Medellín.