La publicidad oficial en Colombia debe servir de manera esencial para que las entidades públicas comuniquen sobre “i) el impulso de políticas, ii) el fomento de valores, la información del ciudadano sobre sus derechos y obligaciones, iii) y para el ofrecimiento de servicios inherentes al ejercicio de sus funciones, entre otros fines”, Así lo estableció la Corte Constitucional en la sentencia T-722 de 2003. Sin embargo, los recursos de publicidad oficial, también son usados por los funcionarios públicos para autopromocionar
una imagen favorable de las entidades o de ellos mismos.

Sin embargo, existe abundante evidencia que indica que los recursos públicos que son destinados para los contratos de publicidad oficial no son destinados persiguiendo esas necesidades y, por el contrario, son utilizados para promocionar a funcionarios y resaltar gestas personales.

En publicaciones previas, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) ha explicado que, entre varias razones, el propósito de la publicidad oficial no se está cumpliendo porque “la ausencia de parámetros específicos para el ejercicio de este tipo de contratación deja un amplio margen de discreción para la asignación de estos recursos que puede llegar a utilizarse con el objetivo de favorecer o castigar a los medios de comunicación”.

Por su parte, la Ley 1474 de 2011, específicamente en el artículo 10, hace énfasis en el deber ser de la publicidad oficial y establece tres criterios que está llamada a cumplir la contratación de este tipo: “efectividad, transparencia y objetividad”.

En definitiva, el Estatuto Anticorrupción señala que la publicidad oficial debe propender por “el cumplimiento de la finalidad de la respectiva entidad y garantizar el derecho a la información de los ciudadanos.”

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, también ha puesto su atención en los objetivos de la publicidad oficial y ha señalado que “se debe tratar de información de interés público que tenga por objeto satisfacer los fines legítimos del Estado y no debe utilizarse con fines discriminatorios, para violar los derechos humanos de los ciudadanos, o con fines electorales o partidarios”. La CIDH fue más allá y señaló que “La publicidad estatal no puede ser propaganda encubierta de quienes controlan el gobierno o de sus intereses, ni debe ser utilizada para la estigmatización de sectores opositores o críticos del gobierno”.

Los mensajes emitidos con recursos de publicidad oficial deben “incorporar los principios de interés público, transparencia, rendición de cuentas, no discriminación, eficiencia y buen uso de los fondos públicos”, señaló la CIDH.

La presente investigación encontró vacíos y falta de claridad sobre el uso, alcance y finalidad en la legislación colombiana sobre publicidad oficial. La sentencia T-722 de la Corte Constitucional y el Estatuto Anticorrupción son recursos regulatorios sobre la publicidad oficial pero resultan insuficientes para su cumplimiento bajo los principios de transparencia, objetividad y efectividad.

[Conozca aquí la investigación completa.](/uploads/Informe_FLIP_MOE_Pauta_4c4376c595.pdf)

La publicidad oficial en Colombia debe servir de manera esencial para que las entidades públicas comuniquen sobre el impulso de políticas, el fomento de valores, la información del ciudadano sobre sus derechos y obligaciones, y para el ofrecimiento de servicios inherentes al ejercicio de sus funciones, entre otros fines”, Así lo estableció la Corte Constitucional en la sentencia T-722 de 2003. Sin embargo, los recursos de publicidad oficial, también son usados por los funcionarios públicos para autopromocionar una imagen favorable de las entidades o de ellos mismos.

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Con recursos públicos los alcaldes abusan de la autopromoción