Más de 650.000 millones de pesos gastaron las principales alcaldías y gobernaciones durante los últimos cuatro años, en muchas ocasiones sin cuidar los recursos públicos y desdibujando los propósitos de la publicidad oficial. En esta fase de arranque de los mandatos, las autoridades de las alcaldías y gobernaciones entrantes enfrentarán un dilema que es crucial para la democracia: utilizar el dinero de la publicidad oficial para informar a la ciudadanía sobre su gestión o gastarlo en promover su propia imagen y sus intereses particulares. Esta elección implica riesgos para la información de interés público, la transparencia del gasto del Estado y la reputación de los medios de comunicación.

Muestra de la gravedad del problema es que, según la Encuesta Nacional de Libertad de Expresión y Acceso a la Información publicada por Cifras y Conceptos a finales de abril de 2023, el 44% de las 585 personas encuestadas afirmó que conocía a algún medio en su departamento que había dejado de publicar por miedo a perder la pauta publicitaria. Casi la mitad (el 48%) supo de casos de periodistas que modificaron su posición editorial a cambio de un contrato por publicidad oficial. La presión económica, consecuencia de la dependencia de la pauta oficial, es uno de los mayores factores de censura en el país.

El concepto de publicidad oficial abarca todo lo relacionado con las comunicaciones de las entidades territoriales. No solo se trata del dinero que gastan para publicar en los medios de comunicación con anuncios de su gestión. Incluye el dinero destinado a vallas, pancartas, volantes o cuñas, hasta la realización de conciertos, festivales y ferias siempre que estas hagan parte de sus estrategias de comunicación. Este canal de comunicación entre los mandatarios y la ciudadanía debería buscar informar a la población, fomentar el pluralismo, promover políticas públicas y el derecho a tener información verificada de la gestión de los gobernantes. Sin embargo, en Colombia está suficientemente demostrado que la mayoría de estos recursos se utilizan de manera arbitraria y se desvían de estos objetivos para convertirlos en una herramienta de autopromoción.

El equipo de investigación de la FLIP le puso la lupa al gasto que hicieron las administraciones durante su gestión en el último cuatrienio. La Fundación solicitó información a las gobernaciones y alcaldías de las ciudades capitales del país y varias ciudades intermedias para estimar el monto del gasto de los últimos cuatro años, datos que están acá recogidos. Así mismo, en este periodo, la organización mantuvo el ejercicio de veeduría a entidades de todos los niveles, durante la pandemia de Covid-19 (2020 - 2021) y el periodo de protestas. Hizo informes detallados de cómo fue el comportamiento del Gobierno Nacional y del Ministerio de Defensa. Además, en 2023, publicó investigaciones puntuales sobre ciudades como Bogotá, Barranquilla y Envigado. Por otra parte, realizó talleres con alcaldías y gobernaciones, y entregó herramientas de buenas prácticas a la Procuraduría, sin que hayan sido acogidas con éxito. Este es, entonces, un esfuerzo por recoger las conclusiones del trabajo del equipo de investigación de la FLIP durante el último cuatrienio, un llamado para que este asunto, poco observado por entes de control, se comprenda con la importancia que merece por los efectos que tiene sobre la ciudadanía, el derecho de acceso a la información y la libertad de expresión.

Así entonces, a la fecha y a pesar de que este es un problema altamente diagnosticado esta es una discusión que sigue pendiente. El debate sobre los controles, el desarrollo normativo que necesita este asunto y el impacto que estos recursos tienen en la economía y sostenimiento de los medios son problemas de extrema urgencia y no pueden postergarse. El uso indebido de la publicidad oficial impacta derechos clave como la libertad de expresión, el pluralismo informativo y el control político en el ámbito local y regional. Es por eso que las y los gobernantes que estrenan administración tienen en sus manos una importante responsabilidad. El futuro de estos derechos depende en gran medida de la decisión que tomen ante la disyuntiva autopromoción o democracia y de preguntarse si quieren medios de comunicación que alimenten la democracia o débiles cajas de resonancia. En esta edición de Páginas para la libertad de expresión, la FLIP extiende una invitación a reflexionar sobre este desafío y a exigir una regulación que garantice la transparencia y la equidad en la publicidad oficial.

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Las claves de la violencia contra la prensa en 2023

En 2023 la FLIP documentó 460 casos de ataques contra la prensa que dejaron como víctimas a 505 periodistas. Dentro del total de las agresiones se encuentran 158 amenazas y un asesinato. Los impactos de la violencia sobre el ejercicio periodístico siguen siendo alarmantes, sobre todo en el cubrimiento de hechos sociales de principal interés público como elecciones, seguridad y corrupción. Grupos armados, particulares y desconocidos se encuentran a la cabeza de estas agresiones; sin embargo, el año pasado, el principal agresor de la prensa en el país fueron los funcionarios con 27% de los casos; mientras cerca del 20% de la violencia registrada provino de grupos armados ilegales, quienes en su expansión, disputa y hegemonía territorial buscan controlar la información de las zonas en las que hacen presencia.

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