En los últimos dos años, grupos armados ilegales han sido el principal agresor de la prensa en Arauca. Según nuestra documentación, en 2022 los ataques del Estado Mayor Central de las FARC (EMC-FARC) y el ELN contra periodistas correspondieron al 57.45% del total de agresiones en el departamento. Si bien en 2023 el porcentaje bajó a 45%, en lo corrido del 2024 alcanza el 50%. Esta violencia ha causado que los y las periodistas acudan a la autocensura como mecanismo de protección y dejen de informar sobre conflicto armado, orden público y violación de derechos humanos, producto de la acción de estos grupos que se ha agravado por el enfrentamiento directo en el que se encuentran.

Un reportero se aparta del oficio, un proyecto cultural que aporta a la memoria no ve la luz y una emisora comunitaria se modera. Asesinar la voz de un comunicador es la primera gran herida de muchas.

Por Laura Ardila Arrieta, periodista.

Escribió Javier Valdez en su libro Narcoperiodismo que en el asesinato de periodistas el silencio gana. Cuando se cumplieron tres años del homicidio del reportero mexicano que desafió a los narcos a punta de pluma y valentía, su esposa, Griselda Triana, señaló además que la falta de justicia en estos casos agrava el estado emocional de las familias, y que, con la muerte de Javier, no solo resultaron huérfanos sus hijos: también quedaron desamparadas muchas víctimas de la violencia en México.

Parece obvio y, sin embargo, no siempre lo es: un periodista no solo perece cuando lo matan. Un periodista desaparecido, eliminado por la embestida asoladora de una acción criminal, vuelve a morir en cada pequeña o gran circunstancia definida por esa ausencia lograda a la fuerza.

Varias muertes, distintas formas de la muerte, oprimiendo las heridas abiertas de un oficio en el que, cada Día del Periodista en Colombia —y en México y en toda América Latina, región en la que el año pasado se cometió casi la mitad de los asesinatos a periodistas que registró el mundo— se volvió lugar común exponer un nuevo récord de agresiones.

Y las solas cifras frías ya no ayudan para entender bien la magnitud de lo que ocurre.

Cali se untó de tristeza e indignación cuando, en diciembre de 2020, un sicario disparó los cuatro tiros que acabaron con la vida de Andrés Felipe Guevara, periodista judicial del diario Q'hubo. 

El reportero de 27 años fue asesinado en Mariano Ramos, el barrio sede de oficinas de cobro en el que residía, después de publicar varias historias sobre una de las bandas que justamente opera en ese sector caliente del oriente de Cali. Así es que, incluso sin que su caso se haya esclarecido hoy, desde el primer momento se constituyó en otra constatación del alto riesgo que corren los periodistas inmersos en las periferias y en los territorios sin mucho Estado.

Pero, más allá, para su colega Felipe Becerra ese golpe significó la inflexión que le marcó el retiro del periodismo. Caleño, de 35 años y con una década larga ejerciendo el oficio, Becerra trabajaba entonces como editor judicial del diario El País, el más grande e influyente del Valle del Cauca. Y era el amigo, el compadre, con el que Guevara cada mañana charlaba informalmente los planes periodísticos del día.

“¿Qué tema llevás hoy?”, “¿cómo viste la portada?”, “píllate esta historia”. El compañerismo y la solidaridad. Jugaban juntos al fútbol. Iban por la obligada cerveza tras algunos cierres. Les decían “los tres Pipes”, porque eran ellos dos y un compañero llamado Andrés Felipe Carmona, los periodistas judiciales de Cali que siempre coincidían en notas y escenarios.

Antes del asesinato de Andrés Felipe, su compañero Pipe Becerra ya estaba agotado de hacer periodismo de diario y venía pensando su salida del periódico. Finalmente, con el peso de la pérdida de su amigo encima, renunció a El País y al periodismo. 

Ahora trabaja en la Fundación SIDOC del exalcalde Maurice Armitage. “Esto fue demasiado duro, ni mi familia ni yo estábamos tranquilos con una fuente que de por sí ya es complicada. Me encantaría volver a ejercer, yo quiero volver, pero si es en otra dinámica de trabajo”.

A unos quinientos kilómetros de Cali, desde Samaniego, Nariño, el docente y comunicador José Gerardo Gómez da cuenta de otra forma en la que un periodista muere más de una vez. En junio de 2019, Gómez colaboraba haciendo notas una o dos veces por semana para el programa ‘El Despertador’, que su amigo Libardo Montenegro dirigía y presentaba en Samaniego Estéreo, la emisora comunitaria del pueblo.

Un martes de aquel mes, a las 9:30 p.m., dos sicarios en moto mataron a Libardo cuando iba rumbo a su casa. Ocurrió pocos días después de que la víctima difundiera una cuña que promovía una marcha “por la paz y la vida de Samaniego”, un municipio cuyo control social y político ha estado históricamente en manos de narcotraficantes; y también de que se registrara una supuesta discusión entre Montenegro y la expareja de su novia.

Aunque en tres años y ocho meses no ha habido una condena que permita establecer si las motivaciones fueron en razón del oficio, relata José Gerardo que, como sea, el crimen de su compañero de programa ha tenido un efecto lamentable en el periodismo comunitario de Samaniego.

“La emisora tiene una pesadumbre que se siente en el aire y ya no se pueden decir muchas cosas. Por ejemplo, yo solicité un espacio para socializar la veeduría ciudadana que le estamos haciendo a una obra y nos piden callar algunas cosas, uno se siente limitado. Ya nadie puede dar un punto de vista, como lo hacía Libardo. Algunos dicen que la emisora lo hace por prudencia, otros que lo hace más bien por conveniencia”, cuenta Gómez.

Libardo era nieto de Segundo Montenegro, el fundador de la primera emisora comunitaria que tuvo Samaniego. Con su asesinato no solo callaron la voz de una institución y golpearon una libertad de expresión y prensa que ya era precaria. Los asesinos, de paso, cometieron otra agresión al provocar el desplazamiento de la madre del periodista: doña Yolanda Quintero, una auxiliar de enfermería jubilada que, a sus 70 años, tuvo que desarraigarse como medida de prevención después del homicidio. “Vive triste, extraña a su hijo y a su tierra”, comentó Wilson Montenegro, hermano de Libardo.

Tampoco están residiendo en la tierra en la que habían echado raíces los familiares de Mauricio Lezama, asesinado en mayo de 2019 en La Esmeralda, corregimiento del fronterizo municipio de Arauquita, en Arauca.

Mauricio era un comunicador, dedicado a la producción audiovisual y a la gestión cultural, que vivía en la capital Arauca y había viajado hasta La Esmeralda —mencionado nacionalmente en enero del año pasado, debido a que guerrilleros del ELN patrullaron por su centro poblado, mientras el entonces presidente Iván Duque se encontraba de visita en el departamento— a hacer un casting para el cortometraje Mayo, que estaba produciendo.

En su caso, los seres queridos repiten el deplorable lugar común de la impunidad y de la falta de investigación y resultados, con el agravante de que la escena del crimen fue alterada. Desaparecieron su cámara, su celular y los casquillos de las balas, y su cuerpo no fue levantado formalmente por funcionarios judiciales, pues estos no se atrevieron a entrar a la zona.

Mayo fue concebido como una ficción para contar la historia real de Mayo Villarreal, una enfermera y profesora de La Esmeralda que sobrevivió al exterminio de la Unión Patriótica. Y el cortometraje fue seleccionado como beneficiario de los recursos que entrega el Fondo de Desarrollo Cinematográfico (FDC).

Aunque en su momento el crimen de Mauricio generó cierta conmoción (el cineasta Ciro Guerra exhibió su foto y pidió justicia en una alfombra roja en Cannes) y había expectativa de que el corto sí viera la luz (el exsenador Gustavo Bolívar anunció con bombos y platillos por Twitter que apoyaría el rodaje), el trabajo que ocupó la mente e ilusiones del productor en sus últimos días murió con él. Al menos, por ahora. 

Tonni Villarreal, hijo de Mayo y quien concibió y empezó a dirigir el proyecto, cuenta que, desde el asesinato que obligó a parar todo, la iniciativa ha pasado por tres productores y terminó perdiendo el apoyo de Proimágenes, que es la entidad que administra y ejecuta el dinero del FDC.

El respaldo con el que hizo bulla Gustavo Bolívar nunca llegó, asegura Villarreal. Una afirmación en la que coincide la familia de Mauricio Lezama. El papá, Benhur Lezama, y la madrastra, Marta de Lezama, se mudaron de Arauca tiempo después de los hechos, en parte por prevención y en parte porque la señora se pensionó.

Ambos dicen que con la muerte de Mauricio no solo se frenó un cortometraje, sino que se acabaron lo teatrinos en los que Lezama les llevaba a niños araucanos mensajes sobre educación sexual a través de títeres; los cursos de fotografía y pintura que el gestor dictaba en su ciudad; y el sueño del Festival de Cine de la Frontera, que fundó en 2015 y solo tuvo una versión.

Y dicen también que les gustaría poder ver alguna vez Mayo en una pantalla, pero siempre y cuando “nadie vaya a verse afectado en su seguridad y mucho menos vaya a haber más vidas sacrificadas”, como dijo Laura Lezama, la única hija que tuvo Mauricio.

De pronto sí logran verlo. Tonni Villarreal no se rinde y este año quiere volver a postular su proyecto a ver si le consigue recursos. Aunque, ahora se llamará de otra manera: Mayo 1984 o La mami Mayo.

Él seguirá intentando. Porque los contadores de historias, los periodistas, quienes creen en el poder de expresarse, también viven y sobreviven de varias maneras.

A mediados del año 93, Iván Pelayo, un joven de 24 años de edad, oriundo de Hato Corozal, Casanare, llegó al municipio vecino de Puerto Rondón para crear la emisora cultural Llanorámica Estéreo. El 17 de agosto de 1995, cuando el periodista se encontraba en la cabina de la emisora, un comando de la guerrilla del ELN lo asesinó. Los guerrilleros dejaron volantes en los que acusaban a Pelayo de tener nexos con los paramilitares. 

Pelayo conocía el potencial cultural que había en la región de los Llanos Orientales y, por eso, desde su emisora “se enfocó en resaltar e impulsar a los artistas musicales (...) dio a conocer a declamadores y compositores que necesitaban ser reconocidos”, explica Alberto, colega del periodista que pidió que su nombre real no fuera revelado.

A sus 16 años, Alberto conoció a Pelayo, quien se convertiría en su maestro en el periodismo. Alberto empezó aprendiendo a hacer cuñas radiales y, muy pronto, era capaz de presentar todo un programa musical. Lo que era una posibilidad remota para él, se convirtió en una labor gracias a las enseñanzas de su amigo Pelayo. 

Cada mañana, el periodista saludaba a su audiencia con un "vaya, vaya". Pelayo tenía buen humor y es recordado como una persona que, además, tenía vocación para colaborar con los demás, especialmente con los jóvenes. 

El 17 de agosto de 1995, Pelayo fue asesinado por dos sicarios en el local donde funcionaba el medio de comunicación. “Dijeron que él tenía vínculos con un grupo llamado los Masetos, que es filial de los paramilitares”, explica su colega. Este grupo armado operó desde los Llanos Orientales y fue un capítulo del grupo Muerte a Secuestradores (MAS), creado por los jefes del Cartel de Medellín a principios de la década de los ochenta. 

Mediante panfletos, miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), pertenecientes al Frente Domingo Laín Sáenz, se atribuyeron el asesinato del periodista. Para Alberto, la afirmación sobre los nexos de Pelayo con los Masetos es falaz, pues él nunca se relacionó con integrantes de este grupo y no cubrió orden público. Después del asesinato la emisora tuvo varios dueños, pero por la situación de seguridad del municipio y la presencia de grupos al margen de la ley, el medio tuvo que cerrar. 

Sin tener mayores avances en las investigaciones para imputar a los autores intelectuales y materiales del homicidio del periodista, en febrero de 1998 la Fiscalía Especializada de Cúcuta suspendió la investigación. Y pese a los reiterados llamados de la FLIP a la Fiscalía, el caso prescribió en el 2015.

La existencia de medios de comunicación en las regiones es fundamental para que toda la ciudadanía pueda acceder a información. En la FLIP, no olvidamos al periodista Iván Darío Pelayo que desde su labor dio a conocer artistas, representaciones culturales de los Llanos Orientales y fue la voz de su comunidad. 

En los primeros cinco meses del año hay un aumento del 59% en amenazas contra medios y periodistas en comparación con el 2018.

Ayer, 19 de enero, en Saravena, Arauca, un carro bomba explotó frente al edificio Héctor Alirio Martínez, casa sede de las organizaciones sociales del Centro Oriente en Saravena, y donde opera el medio digital e impreso Trochando Sin Fronteras. Con esta explosión también se afectaron las instalaciones de Sarare Stereo, una emisora comunitaria con alta difusión en el municipio, que está ubicada a una calle del lugar de la explosión. Este atentado afecta el funcionamiento de estos dos medios. Es urgente que las autoridades locales y nacionales actúen conjuntamente con el fin de proteger el trabajo de las y los periodistas del departamento.

La FLIP expresa su preocupación por la retención extorsiva y constreñimiento al que ha sido sometido el periodista Josué Nieves, director del medio digital N Noticias Saravena. 

Iván Darío Pelayo trabajaba como director de la emisora Llanorámica Estéreo en Puerto Rondón, Arauca, cuando fue asesinado hace 26 años por el ELN. Este grupo armado lo acusó de ser colaborador de grupos paramilitares.

Su caso prescribió en 2015, luego de que en febrero de 1998 la Fiscalía Especializada de Cúcuta suspendiera las investigaciones. En la actualidad, se desconocen los autores materiales e intelectuales del crimen. De acuerdo con la documentación de la FLIP, la Fiscalía solo destinó tres años a la investigación del homicidio. 

La muerte de Iván también supuso el fin de Llanorámica Estéreo. Con esto, se afectó el derecho a la información de la comunidad de Puerto Rondón. 

Nuestro equipo FLIP no ha podido contactar a colegas o personas cercanas a Iván Darío. Si usted lo conoció o tiene pistas de quiénes pudieron haber tratado con él, puede escribirnos a info@flip.org.co. 

En la FLIP no olvidamos a los y las periodistas que han sido asesinados por causa del conflicto armado mientras cumplían con su labor. 

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza la desprotección estatal de la prensa en Arauca, cuya falta de respuesta a la violencia sostenida en el departamento obliga a los y las periodistas a optar por la autocensura como mecanismo de autoprotección. El ambiente hostil contra la prensa se ha generalizado en los últimos años, en particular afectando a quienes cubren temas relacionados al orden público y seguridad.

La voz que acaban de escuchar era la de Efraín Varela Noriega periodista, locutor y director de la emisora Meridiano 70. Desde allí se dedicaba a la crítica política. Hoy, tras 19 años de su muerte, recordamos su trayectoria.

El 23 de noviembre de 2015, el Consejo de Estado reconoció y condenó la responsabilidad del Estado en el asesinato del periodista. Además, confirmó la responsabilidad de la Brigada XVIII del ejército como cómplices del crimen al permitir el accionar del Bloque Vencedores de las autodefensas. 

En la FLIP no olvidamos el esfuerzo de los periodistas por denunciar la corrupción y la violencia en defensa de los derechos humanos. Gracias por recordar con nosotros.

• La casa del periodista Philip Moreno fue pintada con las insignias de esta guerrilla.
  
  
• El medio de comunicación ha publicado dos investigaciones que abordan temas relacionados con el ELN.
  
  
• La FLIP llama a  la UNP a que tenga en cuenta estos hechos para salvaguardar la vida del periodista.
  
  

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza la intimidación que recibió Phillip Moreno, director del portal periodístico Confidencial Noticias, por parte del ELN. La FLIP les solicita a las autoridades que se investiguen los hechos y se garantice la seguridad del reportero. 

El pasado 7 de julio desconocidos pintaron la fachada de la casa del periodista con las insignias del Ejército de Liberación Nacional (ELN). La amenaza se presentó luego de la publicación de dos investigaciones a través de su medio de comunicación sobre temas relacionados con esta guerrilla. Una de las publicaciones está relacionada con el robo de vehículos de la Unidad Nacional de Protección (UNP) por parte de miembros del ELN y de las disidencias de las FARC. Según las investigaciones del periodista, entre 2019 y 2020 han sido hurtados once carros asignados a los esquemas de seguridad de los protegidos en el departamento. La otra publicación habla de la incautación de un cargamento de cocaína que hizo el Ejército en la región de Caño Limón. 

La FLIP expresa su preocupación por esta intimidación, debido a que en los últimos tres años el número de violaciones a la libertad de prensa en Arauca ha aumentado en un 300%. Mientras que en 2017 la FLIP registró 9 ataques contra periodistas y medios de comunicación en el departamento, en 2018 esta cifra ascendió a 17 ataques y en el 2019 alcanzó los 27 casos. Durante el 2020 la Fundación ha documentado un total de cinco amenazas en Arauca y uno de los periodistas afectados tuvo que desplazarse a otra ciudad debido a las intimidaciones que recibió por miembros del ELN. 

La FLIP le solicita a la Unidad Nacional de Protección que tenga en cuenta estos hechos en el estudio de riesgo de Phillip Moreno con el fin de implementar las medidas de seguridad necesarias para salvaguardar su vida y su integridad. Adicionalmente, la Fundación le solicita a la Fiscalía General de la Nación que adelante las investigaciones correspondientes para dar con el paradero de los responsables y llevarlos ante la justicia. 

Las sanciones judiciales son un precedente importante que contribuye a disuadir la ocurrencia de nuevas violencias contra la prensa. Sobre esto, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho: “para prevenir la violencia contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación es indispensable que el ordenamiento jurídico sancione estas conductas de manera proporcional al daño cometido”.

La FLIP rechaza las intimidaciones en contra de Emiro Goyeneche, director de la emisora Sarare FM Stereo en el municipio de Saravena, Arauca. El nombre del reportero apareció en un panfleto firmado por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) en el que lo amenazan de muerte y lo declaran objetivo militar junto con otros dirigentes sociales de sindicatos y movimientos políticos de la región.

El viernes 10 de mayo uno de los líderes que aparece mencionado recibió el sufragio en su casa. Ese mismo día, Goyeneche denunció en la emisora la presunta presencia de paramilitares en el municipio de Saravena y en todo el departamento. Adicionalmente, el periodista hizo un llamado a las autoridades municipales y departamentales para que investiguen y garanticen la seguridad de los dirigentes sociales y los habitantes de la zona.

La FLIP expresa su preocupación por estos hechos y por el ambiente de inseguridad que se vive en el departamento de Arauca y que pone en riesgo la integridad de quienes ejercen la labor periodística. La Fundación ha registrado, desde enero de este año, siete ataques a la prensa en ese departamento, que han afectado a ocho periodistas. El 9 de mayo asesinaron en el municipio de Arauquita a Mauricio Lezama, Consejero Departamental de Cine de Arauca, quien se encontraba adelantando la producción de un cortometraje cinematográfico sobre la vida de una líder social víctima del conflicto. Según las cifras de la FLIP, este homicidio es el número 159 contra reporteros en Colombia por el desarrollo de sus labores informativas.

Adicionalmente, el primero de mayo el periodista Daniel Martínez, corresponsal de RCN en Arauca, tuvo que salir del departamento, luego de recibir una llamada amenazante de una persona que se identificó como miembro del frente Domingo Laín, estructura armada que hace parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

La Fundación hace un llamado a la Unidad Nacional de Protección para que refuerce el esquema de seguridad del periodista Emiro Goyeneche y garantice la seguridad de los reporteros que se encuentran en riesgo por ejercer su labor en el departamento. Así mismo, la FLIP le exige a la Fiscalía General de la Nación y a las autoridades competentes que adelanten las investigaciones pertinentes para identificar y sancionar a los responsables.

La Fundación le solicita a la Defensoría del Pueblo y a la Personería que emitan las alertas oportunas para proteger a quienes se encuentran en riesgo y brinden un acompañamiento permanente a la situación de seguridad de Goyeneche y los demás periodistas que han sido víctimas de intimidaciones en los últimos meses.

La FLIP expresa su preocupación por el ambiente amenazante para la prensa en el departamento de Arauca durante el proceso electoral. Hoy, 10 de marzo, disidencias de las Farc llamaron a la emisora Meridiano 70 y amenazaron a los periodistas.

En la emisora se estaba realizando una entrevista a Miguel Matus, candidato al Senado por Centro Democrático. Personas que se identificaron como miembros de las Farc llamaron al medio y amenazaron al candidato. Además, acusaron a la emisora de estar al servicio del partido político y los declararon objetivo militar.

Durante la llamada amenazante, los autores hicieron énfasis en no debían llamarlos “disidencias”, sino Farc. Según ellos, los disidentes son quienes participaron en el proceso de paz. Esto coincide con la información que este grupo ilegal habría distribuido en Arauquita hace dos semanas a través de un panfleto. En aquella ocasión también amenazaron a los medios locales.

Vea: Disidencias de las Farc amenazan a la prensa en Arauca.

Las guerrillas y otros actores armados imponen condiciones violentas a los medios de comunicación para el cubrimiento electoral. Amenazar a la prensa por cómo denominar a un grupo armado es bastante problemático. No puede ocurrir  que por el uso de la palabra “disidencia”, los periodistas vean afectada su integridad. Si los medios denominan como “Farc” al grupo armado que opera en Arauca, tendrían problemas con el partido político y con los candidatos que esperan ser elegidos popularmente.

La FLIP condena estas amenazas en contra la prensa regional. En Arauca se está viviendo un momento muy difícil para los medios de comunicación debido a la fuerte presencia de diversos grupos armados y al margen de la ley. Según los datos de la Misión de Observación Electoral (MOE), el departamento de Arauca hay tres municipios que se encuentran en riesgo extremo por violencia: Arauca, Saravena y Tame.

La FLIP hace un llamado a las autoridades para que enfoquen sus recursos en la prevención de violencia en el departamento de Arauca. Deben existir garantías para que la prensa pueda ejercer su trabajo libremente en la temporada de elecciones. Es urgente proteger a la prensa en medio de la polarización y la vulnerabilidad evidente que implica hacer reportería en medio de actores armados como disidencias de las Farc y el ELN.

La FLIP exige a la Policía Nacional y a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que tomen medidas inmediatas para la protección de los periodistas en Arauca. Así mismo, la FLIP solicita a la Fiscalía General de la Nación que investigue estos hechos y dé con los responsables de este ataque.

La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- rechaza las amenazas del autodenominado "Frente Primero Armando Ríos de las FARC-EP" en contra de los periodistas de la emisora Arauca Stereo y de los medios de comunicación del departamento de Arauca.