Urgen acciones que protejan a periodistas ante el escalamiento de la violencia en Arauca

A propósito de las denuncias que hemos hecho recientemente sobre el panorama de orden público en Guaviare, desde la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), queremos alertar que esta realidad se extiende a otros territorios del país igualmente afectados por la violencia. Uno de ellos es Arauca, donde la intensificación del conflicto armado entre el ELN y las disidencias de las FARC ha agravado la crisis humanitaria, especialmente en municipios como Saravena y Arauquita. Esta situación ha puesto en riesgo a periodistas que hoy enfrentan no solo agresiones, sino también una preocupante instrumentalización por parte de los actores armados.

Las violaciones a los derechos humanos y las infracciones a la libertad de expresión en este departamento no son hechos aislados ni nuevos. Desde 2022 hemos documentado un patrón sostenido de violencia. Ese año, el 57,45 % de las agresiones a periodistas en el departamento fueron cometidas por el Estado Mayor Central de las FARC (EMC-FARC) y el ELN. Aunque en 2023 este porcentaje se redujo al 45 %, en 2024 volvió a aumentar al 50 %. En este primer semestre del año, hemos documentado 42 agresiones atribuidas a grupos armados. Esta cifra confirma un patrón sistemático de hostigamiento y control hacia la prensa. El objetivo no es solo silenciar: es instrumentalizar. La hostilidad no solo persiste, se intensifica. La información se ha convertido en un campo de batalla, y quienes ejercen el periodismo enfrentan constantes presiones, intimidaciones y vigilancia.

Por otro lado, organizaciones que monitorean el desarrollo del conflicto armado interno también han advertido sobre el aumento de afectaciones directas a la población civil. Un informe reciente de la Fundación Paz & Reconciliación y Vivamos Humanos reporta 135 eventos violentos presuntamente cometidos por el ELN entre el 1 de enero y el 30 de mayo de 2025. Para dimensionar esta situación, basta con comparar esa cifra con la registrada por la herramienta Reporte Humanitario durante todo el año 2024, cuando se registraron 81 eventos de este tipo. Este recrudecimiento de la violencia eleva aún más los riesgos para quienes ejercen el periodismo en la región. Muchos reporteros han optado por no cubrir temas de orden público por temor a represalias. Como consecuencia, las comunidades han quedado desprovistas de información sobre los problemas que los aquejan, lo cual socava el derecho a estar informados y limita la construcción de una ciudadanía territorial crítica.

A estas realidades se suman nuevas formas de presión a través de canales digitales. A finales de 2024, denunciamos que periodistas de La Lupa Araucana fueron contactados por el Comando Conjunto de Oriente del Estado Mayor Central, de las disidencias de las FARC, a través de WhatsApp, para exigir la publicación de un video. Este caso no es aislado. Cada vez son más frecuentes las denuncias de reporteros que reciben presiones por WhatsApp, Telegram u otras redes sociales, donde los grupos armados les exigen publicar contenidos de acuerdo con sus intereses. Esta sofisticación digital no solo facilita la vigilancia y el hostigamiento, sino que amplifica su alcance. Perfiles en redes como Facebook han sido usados para perfilar y amenazar a periodistas sin que la Fiscalía General de la Nación ni la Policía Nacional tomen medidas eficaces de investigación o prevención para frenar estos abusos.

Ante la ausencia de una intervención estatal efectiva, la prensa en Arauca ha quedado atrapada en medio de la confrontación armada. Son los grupos ilegales quienes imponen qué se publica, cómo y cuándo, utilizando a los medios locales como vehículos para difundir sus narrativas y reforzar su control territorial y social. Al mismo tiempo, estos mismos actores estigmatizan y señalan a los periodistas, acusándolos de colaborar con facciones contrarias. Esta práctica ha intensificado el aislamiento de los comunicadores, evidenciando su vulnerabilidad y dejando sin información independiente y veraz a las comunidades que más lo necesitan. La instrumentalización de los medios no solo coarta a la libertad de prensa, sino que convierte al periodismo en una labor de alto riesgo.

Ante este contexto, reiteramos la necesidad de que el Estado adopte un enfoque integral de protección a la prensa que vaya más allá de medidas reactivas y se base en estrategias de prevención, articulación institucional y presencia territorial efectiva. Es urgente fortalecer la capacidad de respuesta de entidades como la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional para que investiguen de forma diligente las amenazas digitales y físicas contra periodistas. También instamos a la Unidad Nacional de Protección (UNP) a revisar con enfoque diferencial y de riesgo la situación de comunicadores en Arauca. La protección de la prensa no puede seguir tratándose como una excepción en medio del conflicto, sino como una garantía básica para el ejercicio democrático en el país.

Igualmente, hacemos un llamado urgente al Ministerio del Interior, al Ministerio de Defensa Nacional, a la Gobernación de Arauca y a la Defensoría del Pueblo, para que actúen de forma célere y coordinada frente a esta grave situación. La inacción estatal está dejando a las y los reporteros completamente expuestos, obligándolos a recurrir a la autocensura como medida de protección. Por último, hacemos un llamado urgente al presidente Gustavo Petro para que priorice la protección de la prensa en Arauca, donde el ejercicio informativo no solo es fundamental para visibilizar la crisis humanitaria, sino también para garantizar el acceso a información en medio del conflicto armado.