El presidente Gustavo Petro ha firmado hoy una directriz que busca promover buenas prácticas y conductas éticas que se alineen con las responsabilidades sociales y democráticas vinculadas a la garantía de la libertad de expresión y de prensa. Por iniciativa de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), esta directiva tiene como objetivo reforzar el deber que recae sobre los funcionarios públicos al emitir pronunciamientos públicos, especialmente en su interacción con periodistas, comunicadores y medios de comunicación, cuando se aborden temas relacionados con el cumplimiento de sus funciones.

El martes 20 de agosto, en compañía de Reporteros Sin Fronteras, sostuvimos una reunión con el presidente Gustavo Petro y otros miembros de su Gobierno. El encuentro se centró en solicitar una política más eficaz para combatir la impunidad de los crímenes contra la prensa, teniendo en cuenta que cinco comunicadores han sido asesinados desde que asumió el poder en agosto de 2022, dos de ellos bajo protección del Estado.

A dos años de su mandato, la relación del presidente Gustavo Petro con la prensa ha estado marcada por la descalificación y la desconfianza en los medios de comunicación y en periodistas que considera incómodos. En contraste, su Gobierno creó nuevos canales de comunicación oficial y aumentó el presupuesto del sistema de medios público. De manera intermitente ha enviado señales —que no terminan de concretarse— de querer fortalecer a los medios alternativos y comunitarios, y ha incluido a influencers en su estrategia de comunicación. A diferencia de la actitud del presidente Iván Duque hacia la prensa —quien dividió el panorama mediático entre "amigos" y "enemigos" durante un periodo marcado por protestas contra sus políticas y su manejo de la crisis del COVID-19–, el actual Jefe de Estado considera que los medios de mayor influencia son adversarios políticos y prefiere comunicarse por X.

Frente a un hecho desafortunado de desinformación por parte del presidente Gustavo Petro, la Junta directiva de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), su Asamblea y su equipo directivo, se permiten aclarar lo siguiente:

El pasado 13 de noviembre, en la página oficial de la Presidencia de la República se emitió un comunicado a la opinión pública, que replica un mensaje compartido por el presidente Gustavo Petro en su perfil de X (Twitter). La publicación, que aparece firmada por el mandatario, deslegitima y estigmatiza una vez más a la prensa.

En el último mes el Presidente Gustavo Petro ha difundido en su cuenta de Twitter por lo menos 34 trinos en los que menciona a nueve medios de comunicación. La frecuencia con la que el Presidente controvierte a la prensa deja entrever una estrategia para posicionar su narrativa y su agenda en redes. Del mismo modo, pretende sembrar la duda ante la audiencia, sobre la idoneidad de los medios para hacer su trabajo.

La Fundación para la Libertad de Prensa –FLIP– rechaza la exclusión de la que fueron víctimas periodistas locales en Chimichagua, Cesar, durante la visita del presidente Santos.

Este miércoles 5 de julio el presidente Santos llegó al departamento del Cesar para inaugurar el muelle flotante y parador turístico de la Ciénaga de Zapatosa y entregar 110 viviendas de interés social en Chimichagua. Periodistas de medios locales fueron discriminados y excluidos por parte de funcionarios de prensa de Presidencia cuando se dirigían a cubrir la entrega de las casas.

Varios periodistas de medios regionales asistieron al evento junto a la comitiva de comunicaciones de la Gobernación del Cesar. El equipo de comunicaciones de Presidencia les indicó que subieran al transporte asignado para prensa y así desplazarse al lugar donde se entregarían las viviendas. Sin embargo, después de unos minutos, hombres de seguridad y funcionarios de prensa los obligaron a bajar del vehículo argumentando que sólo podían estar en el bus los periodistas nacionales que viajaban desde Bogotá.

Los comunicadores que fueron excluidos son Enrique Camargo de Radio Guatapurí; Rosa Rosado de El País Vallenato; Ramón Meneses de Telecaribe y el equipo de prensa de la Gobernación. A raíz de esta situación, la FLIP conoció que este tipo de exclusiones son recurrentes por parte de agentes de la Fuerza Pública y funcionarios de Presidencia. Estos hechos desembocan en la discriminación al trabajo periodístico en las regiones y permiten que únicamente los medios nacionales accedan a información relevante para los municipios.

La FLIP expresa su preocupación por la recurrencia de estos casos. En el último año y medio se han registrado dos situaciones en las que los funcionarios de Presidencia han agredido a la prensa. El año pasado en Puerto Asís, el periodista Carlos Álvarez cubría la llegada de la primera dama Clemencia de Santos y cuando intentó tomarle fotos, una coronel de la guardia presidencial se lo impidió y le solicitó que borrara las imágenes que ya tenía.

El mismo año, durante la visita presidencial a Santa Marta, varios reporteros de medios locales fueron obstruidos en su labor por parte de escoltas y funcionarios de comunicaciones. A al menos diez periodistas regionales se les negó el ingreso a un almuerzo organizado por Presidencia en el Batallón José María Córdova mientras que los medios nacionales sí pudieron ingresar.  

La FLIP le solicita a la Presidencia de la República que garantice el cubrimiento periodístico de los medios de comunicación sin tratos discriminatorios en contra de los reporteros regionales. Se debe promover el pluralismo informativo para así fortalecer el debate público y la democracia. Es necesario garantizar a los periodistas locales un trato digno y las mismas oportunidades que tienen los periodistas de medios nacionales.