Orden emitida por la Fiscalía constriñe el ejercicio periodístico de la Revista Raya

Rechazamos la conducta intimidatoria de la Fiscalía contra la Revista Raya que pretende violar la reserva de la fuente. El pasado 27 de octubre, Edinson Bolaños, periodista y director del medio, fue contactado por un investigador del CTI, quien manifestó tener una orden emitida por la Fiscalía 515 Local para realizar una inspección judicial de los archivos y fuentes del medio.

Después de que Bolaños se negara a dar la información, manifestando que no había sido notificado por parte de la Fiscalía en relación con el proceso, el 30 de octubre, recibió el oficio No. 49805. Por correo le solicitaban informar sobre las fuentes utilizadas para estructurar la investigación: “Los audios del acoso sexual del coronel Esparza, el cerebro de la Operación Jaque”. La decisión notificada es una flagrante violación a la reserva de la fuente, una afectación grave al ejercicio periodístico y un menoscabo a los estándares de respeto a la libertad de expresión.

Este no es un hecho aislado, adicional a este episodio, la Revista Raya y su director también han sido blanco de otras conductas intimidatorias y contrarias a la libertad de prensa por parte de la Fiscalía General de la Nación. El 11 de octubre, enviamos una carta pública dirigida al Fiscal, Francisco Barbosa, expresando nuestra preocupación sobre el discurso estigmatizante dirigido hacia la Revista Raya y RTVC. Hasta la fecha, la Fiscalía no se ha pronunciado al respecto.

Ayer, 2 de noviembre, la Revista Raya publicó una nota en la que da a conocer la solicitud de la Fiscalía y hace evidente el desconocimiento del ente acusador sobre el tratamiento de estos temas. Ese mismo día, como respuesta a la publicación del medio, la Fiscalía emitió un pronunciamiento refiriendo que realizó compulsa de copias a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial para investigar si el fiscal que emitió la orden ha violado la directiva 003 del 12 de abril de 2023, la cual prohíbe a los fiscales exigir la revelación de las fuentes a los periodistas o cualquier elemento que pueda conducir a la identificación de estas.

Consideramos que es insuficiente el pronunciamiento emitido por la Fiscalía, ya que en diferentes oportunidades también se ha referido sobre su compromiso con la libertad de prensa y la libertad de expresión, pero esto no se ha visto reflejado en acciones concretas y, por el contrario, los pronunciamientos que ha realizado el Fiscal General de la Nación en contra de Raya y otros medios de comunicación se han constituido como un discurso habilitante para que otros funcionarios de la entidad desconozcan los estándares de protección al trabajo de los periodistas.

Además, la compulsa de copias en contra del funcionario no soluciona el problema porque no solo se desconoció esta directiva, si no todos los estándares y desarrollo normativo y jurisprudencial sobre la inviolabilidad de reserva de la fuente y el secreto profesional, como derecho fundamental de quienes ejercen la profesión periodística, que resulta ser muy grave viniendo de un fiscal que debe ser garante de estos derechos e incluso se debe establecer si incurrió en la comisión de un delito en el ejercicio de sus funciones.

Hacemos un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que establezca directrices y acciones claras que garanticen el respeto a la libertad de prensa y el conocimiento por parte de sus funcionarios sobre la normatividad existente respecto a las garantías constitucionales con las que cuentan los periodistas. Asimismo, reiteramos nuestro llamado al Fiscal General para que cese su discurso estigmatizante y emita una declaración al respecto, con el propósito de evitar que funcionarios de la entidad emitan órdenes de naturaleza intimidatoria.