En Colombia, las investigaciones por los asesinatos de periodistas pueden permanecer abiertas durante años sin esclarecer quiénes ordenaron los crímenes ni por qué fueron cometidos. En algunos casos, aunque se logra condenar a los autores materiales, las responsabilidades intelectuales siguen sin investigarse. Para las familias, esto significa que muchas preguntas siguen sin respuesta y que la justicia continúa pendiente.

Para examinar estas problemáticas, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) presenta Lo que falta por esclarecer: análisis del ciclo de violencia e impunidad en casos de violencia letal contra periodistas y comunicadores en Colombia, un informe cualitativo que estudia la respuesta de la justicia frente a estos crímenes.

El estudio analiza 12 casos de periodistas y comunicadores asesinados entre 1991 y 2026, en los que la FLIP ha ejercido la representación judicial de las víctimas, acompañado a sus familias o realizado seguimiento a los procesos.

• Julio Daniel Chaparro y Jorge Torres (1991)
• Elizabeth Obando (2002)
• Edison Molina (2013)
• Luis Antonio Peralta (2015)
• Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, integrantes del equipo periodístico de El Comercio (2018)
• Abelardo Liz (2020)
• Marcos Efraín Montalvo (2021)
• Rafael Moreno (2022)
• Wilder Córdoba (2022)
• Mardonio Mejía (2024)
• Mateo Pérez Rueda (2026)
• Cristian Herrera (2026)

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Puede conocer el informe completo aquí.

A partir de la reconstrucción de los hechos y del estado de las investigaciones, el informe identifica los obstáculos que han impedido avanzar en el esclarecimiento de los homicidios y reconoce también los avances que han representado algunas decisiones judiciales.

Tener una investigación abierta o conseguir una condena contra los autores materiales no significa necesariamente que se haya alcanzado justicia. La falta de continuidad en las actuaciones, las oportunidades probatorias desaprovechadas, la aplicación insuficiente del enfoque de censura y la ausencia de investigaciones dirigidas a identificar a los determinadores son algunos de los problemas que persisten en estos procesos.

Este informe también examina las fallas en las medidas de prevención y protección que precedieron algunos de estos asesinatos, y plantea una serie de recomendaciones a la Fiscalía General de la Nación y a la Unidad Nacional de Protección (UNP) para garantizar la seguridad de las y los periodistas y combatir la impunidad.

Esclarecer estos crímenes exige mucho más que identificar a quienes los ejecutaron. También implica establecer quiénes los ordenaron, reconocer las motivaciones relacionadas con el ejercicio periodístico y garantizar que las familias y la sociedad conozcan la verdad.

Puede conocer el informe completo aquí.