Sobre las recientes declaraciones gubernamentales

1. Como ciudadano colombiano, el Presidente de la República tiene el derecho fundamental a expresarse libremente, y como jefe del Estado y del gobierno, tiene además la potestad y el deber de comunicarse permanentemente con los ciudadanos.

2. En desarrollo de ese deber y esa potestad, puede defender su gestión y responder las críticas que le formulan sus opositores, las organizaciones civiles o los medios de comunicación. No obstante, según lo señala la Corte Constitucional, en su condición de funcionario público “al Presidente compete una posición de garante respecto de los derechos fundamentales de todos los habitantes del territorio nacional, que hace que cuando se dirija a los ciudadanos deba abstenerse de emitir cualquier declaración o afirmación que lesione o ponga en riesgo tal categoría de derechos. Esta obligación adquiere mayor relevancia tratándose de sujetos de especial protección constitucional” (sentencia T-1191 de 2004, Corte Constitucional).

3. Según el artículo 73 de la Constitución Política, la actividad periodística goza de protección para “garantizar su libertad de independencia profesional”.

4. La libertad de información y de opinión es un derecho fundamental que influye en todos los demás derechos fundamentales. Es la materia prima que reafirma la condición del ciudadano y legitima la democracia. El derecho a la información es la base misma de la opinión y el motor del debate. En la época electoral, este derecho adquiere una trascendencia especial, toda vez que los ciudadanos utilizan la información como elemento de juicio para ejercer el control político.

5. Las declaraciones del Presidente – al afirmar que algunos medios de comunicación le “están haciendo daño a la legitimidad institucional” y que “la libertad periodística no puede sustituir a la justicia” – pueden malinterpretarse y generar una estigmatización de la actividad de los medios de comunicación y de la libertad de prensa en general.

6. En el 'Informe previo de 2005', la FLIP ya había manifestado esta preocupación, fundamentada en casos registrados durante ese año: “Se destaca el discurso estigmatizador y sesgado de algunos alcaldes y gobernadores contra los periodistas. En vez de acudir a los mecanismos legales, estos mandatarios optaron por declaraciones públicas, cartas o referencias explícitas que desvaloraron el rol del periodista en su comunidad y elevaron el riesgo de ejercer su profesión”.