Periodistas obligados a destruir material por director de cárcel

El Periodista Abdel Martínez y el fotógrafo Raúl López se desplazaron en un taxi a la Penitenciaria de máxima Seguridad de Valledupar el sábado 18 de enero de 2003 para cubrir una huelga de hambre que desde hacía dos días realizaban los presos.

Según Ana María Valencia, jefe de redacción del diario, los reporteros se ubicaron en un puente ubicado a unos 200 metros del lugar para fotografiar las torres desde las que los internos desplegaban banderas. En ese momento los guardias de la cárcel les dijeron que el director les concedería una entrevista.

De acuerdo con la versión de los periodistas, en el momento en que ingresaron a la penitenciaria los encerraron con llave en la "garita principal" (recepción) y el director de la cárcel, Marino Moreno Arias, en un tono grosero les exigió entregar la cámara fotográfica y pidió a un ingeniero de sistemas de la penitenciaría que borrara las imágenes obtenidas. Los periodistas informaron sobre la situación a su jefe de redacción, quien les dijo que no entregaran el equipo. Frente a la amenaza de borrar todo el material, el fotógrafo López prefirió hacerlo él mismo y eliminar solamente las imágenes de la cárcel.

Según Moreno, los comunicadores realizaban sus labores sin permiso de la Penitenciaria. Señaló además que la retención se hizo de acuerdo con lo establecido por la ley 65 de 1993 (Régimen penitenciario y carcelario), en la que se otorgan facultades de policía judicial a los guardias de la cárcel. También dice que según ésta norma no se permite la toma de fotografías alrededor del lugar, más aún cuando se trata de una cárcel de máxima seguridad que fue declarada objetivo militar por los grupos armados.

Aunque los periodistas iban identificados con chalecos del diario, Marino Moreno argumenta que en las actuales condiciones del país cualquier persona puede utilizar estos distintivos. Frente a la eliminación del material fotográfico, dijo que el reportero gráfico personalmente fue quien borró los archivos de su cámara en presencia de un funcionario de la cárcel.

La ley 65 de 1993 establece algunas normas de seguridad en relación con el espacio circundante de una cárcel y efectivamente le da atribuciones de Policía Judicial a los encargados de vigilarla. Sobre los medios de comunicación establece que "tendrán acceso a los centros de reclusión siempre y cuando cumplan con los requisitos exigidos por el reglamento general del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario".

La FLIP hace un llamado a todos los organismos del Estado para respetar el ejercicio periodístico. Si bien existen disposiciones legales de seguridad en cárceles y establecimientos militares que deben observar los periodistas, es obligación de todos los funcionarios públicos actuar con respeto frente a quienes cumplen con la labor de informar.