Las preguntas que Rafael Moreno hacía

Cuatro años después de su asesinato, la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, recuerda el periodismo con el que Rafael Moreno exigía respuestas sobre los recursos públicos y el territorio del sur de Córdoba.

¿En qué se gastaba la plata del municipio? ¿Por qué una obra contratada seguía sin terminar? ¿Quién estaba extrayendo materiales del río? Rafael Emiro Moreno buscaba respuestas en contratos, recorridos y solicitudes de información. El 16 de octubre de 2022 lo asesinaron en Montelíbano, Córdoba. Con su muerte, la comunidad perdió a un periodista que confrontaba las promesas de las autoridades con lo que sucedía en sus calles y veredas.

Desde el medio digital Voces de Córdoba, Rafael revisaba presupuestos, visitaba las obras y exponía las diferencias entre lo que decían los documentos y lo que encontraba en terreno. Ese fue el método con el que cuestionó la remodelación inconclusa del estadio de Puerto Libertador y denunció problemas en la ejecución de obras de alcantarillado. Sus investigaciones permitían discutir asuntos concretos: cómo se invertía el dinero público y por qué esa inversión no se traducía en las obras anunciadas.

También recorrió el río Uré para documentar la extracción de materiales y sus efectos sobre el entorno. Grabó maquinaria, recogió testimonios y pidió explicaciones. Después de su asesinato, Forbidden Stories y Cuestión Pública retomaron esa investigación y documentaron extracciones sin los permisos requeridos. Sus preguntas ayudaban a poner bajo escrutinio actividades que afectaban un río del que dependían comunidades de la región.

Rafael entendía que una denuncia debía sostenerse con pruebas. Como recordó su hermana Maira en el perfil publicado por la FLIP en 2025, “él sabía que lo que decía era la verdad… Siempre aportaba pruebas, siempre argumentaba”. Su cercanía con la comunidad le permitía identificar problemas y la investigación documental le daba herramientas para exigir respuestas. Ese trabajo es parte de lo que hoy, cuatro años después de su fallecimiento, conmemoramos: un periodismo útil para quienes necesitaban saber qué ocurría con sus recursos y su territorio.

Tras su muerte, una alianza internacional de periodistas continuó varias de sus investigaciones a través del Proyecto Rafael. Esa colaboración amplió el alcance de sus hallazgos. Sin embargo, el asesinato dejó consecuencias marcadas en la prensa del sur de Córdoba. La FLIP ha documentado amenazas, desplazamientos, autocensura y el cierre del medio que dirigía. Incluso después de la captura de alias “Viejo 40” por su presunta participación en el homicidio del periodista en diciembre de 2024, otros periodistas fueron amenazados para impedir que informaran sobre ese hecho. La violencia contra Rafael extendió el miedo a quienes podían seguir preguntando.

En julio de 2026, la Fiscalía imputó cargos a Edison Manuel Meza Avilés, alias “Viejo 40”, como presunto coautor del asesinato. La diligencia representó un avance después de meses de aplazamientos. Es indispensable que la investigación permita esclarecer integralmente el crimen, determinar la participación de todos los responsables y establecer su relación con las investigaciones y denuncias del periodista.

En este cuarto aniversario, recordar a Rafael es reconocer el valor de las preguntas que hacía. Hacerle justicia exige esclarecer por qué lo asesinaron y garantizar que otros periodistas puedan seguir haciéndolas.

Transcurrido este tiempo, el Estado sigue en deuda con Rafael, su familia y las comunidades para las que informaba. La FLIP exige a la Fiscalía General de la Nación que la investigación penal esclarezca quiénes participaron en el crimen y qué intereses buscaron proteger con su asesinato. Esa respuesta debe estar acompañada de garantías para que investigar la contratación pública, denunciar daños ambientales y cuestionar al poder en el sur de Córdoba deje de ser una actividad que pone en riesgo la vida. Las preguntas que Rafael hacía deben encontrar respuestas, y quienes hoy las hacen deben poder regresar a casa.