El periodista Wilfer Moreno, del medio CNC Arauca, enfrenta un riesgo inminente tras recibir amenazas reiteradas por parte de un sujeto que se identificó como el 'Comandante Antonio' del Décimo Frente Martín Villa, de las disidencias de las Farc, quien le acusó de hacer propaganda a favor del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y le exigió abandonar el departamento como represalia por una publicación reciente sobre un alto mando del Ejército. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) alerta que estos hechos evidencian un escenario de alto riesgo para el periodista y la prensa local que requiere una respuesta urgente del Estado para garantizar la vida y la labor periodística.

En este contexto de violencia, la FLIP también rechaza la estigmatización pública realizada por el alcalde de Arauca, Juan Alfredo Qüenza, en contra del periodista. El alto funcionario del municipio intervino públicamente con un mensaje que deslegitima el trabajo del medio y sugiere, en sus palabras, que “el periodista responde a intereses y le está haciendo el mandado al ‘señor del mal’”. Es especialmente preocupante que un alcalde deslegitime la labor periodística y sugiera vínculos con actores armados, sin ningún tipo de prueba, pues puede legitimar señalamientos peligrosos y abrir la puerta para que estos grupos armados atenten contra las y los periodistas del municipio.

Estos hechos se producen luego de la difusión de un contenido informativo en el que Moreno cuestionaba las actuaciones del general Salinas, de la Décima Octava Brigada del Ejército Nacional en Arauca, en contra de la población civil. Tras la publicación, se desencadenó una reacción coordinada en redes sociales que incluyó la estigmatización del alcalde Qüenza y la circulación de contenidos falsos, como imágenes con chats y transacciones manipuladas, que buscaban reforzar estas acusaciones que, además de desinformar, crean un entorno propicio para que los actores armados justifiquen sus agresiones contra la prensa, como ocurrió en este caso.

La FLIP ha advertido en varias ocasiones sobre las difíciles condiciones para ejercer el periodismo en Arauca, donde la presencia y disputa entre grupos armados ilegales ha causado una instrumentalización de la prensa. Desde 2022, la Fundación ha alertado sobre el patrón de violencia contra periodistas, quienes han sido agredidos, en su mayoría de los casos, por parte de grupos armados: por ejemplo, en 2025, el 46 % de las agresiones fueron por parte del Estado Mayor Central de las Farc y el ELN. En este contexto, los señalamientos que vinculan a periodistas con uno u otro actor armado incrementan de manera exponencial su vulnerabilidad, pues los convierte en objetivos de violencia. Además, este riesgo se agrava en momentos de escalamiento del conflicto, como el que actualmente enfrenta el departamento.

Asimismo, no es la primera vez que el alcalde Qüenza incurre en señalamientos estigmatizantes contra la prensa. Hay tiene reporte de por lo menos 4 casos más; sin embargo, este caso resulta especialmente grave y rebasa los límites por el contexto de violencia en el que se produce su última estigmatización. Una vez más, la Fundación le recuerda al alcalde que sus pronunciamientos estigmatizantes incumplen su deber de proteger la labor periodística y pueden contribuir a legitimar la violencia contra la prensa. Por esas razones, la Fundación tomará medidas más contundentes en contra del alcalde, lo que incluirá una solicitud expresa a la Procuraduría General de la Nación para que investigue los pronunciamientos del alcalde de Arauca y su posible impacto en la seguridad del periodista.

Estigmatizar, amenazar y obligar a un periodista a abandonar su lugar de residencia y trabajo es una forma de censura extrema que no solo afecta su vida y su trabajo, sino que silencia lo que está ocurriendo en los territorios y empobrece la comprensión pública de los hechos denunciados..

Ante esta situación, la FLIP hace un llamado urgente a la Policía Nacional para que adopte medidas inmediatas de protección efectivas a favor del periodista; a la Unidad Nacional de Protección para que evalúe y refuerce el esquema de seguridad del periodista y responda al contexto de violencia en el que labora Moreno; y a la Fiscalía General de la Nación para que adelante con celeridad las investigaciones que permitan identificar y judicializar a los responsables de las amenazas.

Asimismo, la FLIP enviará este caso a conocimiento de la Procuraduría, en particular a la delegada para el seguimiento del Acuerdo de Paz, para que, en los espacios institucionales correspondientes, se promueva el respeto por la labor periodística por parte de los actores armados y se garantice que la prensa quede por fuera de las confrontaciones.

Finalmente, la FLIP insta una vez más a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz a pronunciarse sobre la instrumentalización de la prensa en el conflicto armado y a promover garantías para que los periodistas queden por fuera de las confrontaciones entre actores armados. La inacción frente a estos hechos no solo pone en riesgo a Wilfer Moreno, sino que envía un mensaje de permisividad frente a la violencia contra la prensa en el país.