CIDH reconoce responsabilidad estatal en las agresiones contra la prensa

El pasado 8 de julio, junto con otras 24 organizaciones de la sociedad civil a nivel internacional, asistimos a la audiencia regional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para llamar la atención sobre la implementación de estrategias gubernamentales que amenazan y limitan el ejercicio de los derechos fundamentales de libertad de prensa, libertad de expresión y el acceso a la información.

Presidentes de las Américas como Nayib Bukele, en El Salvador; Javier Milei, en Argentina; Nicolás Maduro, en Venezuela; Donald Trump, en Estados Unidos, Gustavo Petro, en Colombia; Daniel Ortega, en Nicaragua, entre otros, han recurrido a tres fórmulas de censura indirecta que debilitan a los sistemas democráticos: adoptar estrategias comunicacionales desfavorables a la prensa y a quienes critican su gestión; vigilar y controlar con la ayuda de las nuevas tecnologías, y abusar de las herramientas legales para judicializar la libertad de expresión sobre asuntos de interés público.

Estas medidas estatales deben ser entendidas como síntomas de alerta, ya que se corre el riesgo de avalar un ambiente hostil para la veeduría pública, lo que restringe el pluralismo, facilita la propaganda, cierra la discusión pública y nutre la autocensura, poniendo en riesgo la garantía de los principios y derechos previstos en la Declaración Americana, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como otros instrumentos internacionales y regionales relacionados con los derechos humanos.

Ante lo expuesto, los comisionados de la CIDH reconocieron las alertas y preocupaciones por parte de las organizaciones de sociedad civil, y reiteraron su compromiso para garantizar los derechos fundamentales de libertad de expresión, acceso a la información y libertad de prensa. Pedro Vaca Villarreal, relator especial para la libertad de expresión aseguró que “hay un compromiso explícito en acompañar la lucha de la libertad de expresión en la región, que tiene sus acentos y matices, pero que claramente tiene unas herramientas que han sido identificadas”.

Por otro lado, los comisionados plantearon algunas preguntas relacionadas con los límites entre la crítica y el hostigamiento, los mecanismos legítimos para contrarrestar información falsa, las herramientas para evitar la amplificación de recursos violentos y las responsabilidades de las empresas de redes sociales en el control de la veracidad de la información que circula. Estos y otros cuestionamientos serán respondidos por las organizaciones a través de una carta.

La sociedad civil solicitó a la Comisión que:

1. Llame la atención de los Estados de la región sobre los riesgos de censura indirecta, por medio de las estigmatizaciones de la prensa, del uso de nuevas tecnologías con capacidad de vigilancia y el abuso del derecho para judicializar asuntos de libertad de expresión. En consecuencia, pronunciarse sobre la importancia de proteger los derechos a la libertad de expresión y el derecho a defender derechos humanos, y continúe monitoreando de cerca la situación descrita.
2. Elabore un protocolo modelo que ahonde en los estándares ya establecidos por el sistema interamericano respecto de la libertad de expresión de los funcionarios, los derechos y obligaciones implicadas, y su impacto en las comunicaciones del Estado y en el mundo digital. Este protocolo modelo podrá ahondar en la obligación de abstenerse de actuar de formas que propicien, estimulen, favorezcan o profundicen vulnerabilidades sobre las personas que ejercen su libertad de expresión en asuntos de interés público.
3. Adelante la priorización de peticiones pendientes de admisibilidad y de fondo que aborden las temáticas aquí expuestas y que permitan expandir la consolidación de estándares en la materia.
4. Desarrolle un informe sobre los efectos que tienen las herramientas de vigilancia expuestas en esta audiencia sobre el libre ejercicio de la libertad de expresión.
5. Elabore un informe sobre los pleitos estratégicos contra la participación pública como amenaza para la libertad de expresión. Solicitamos también que este asunto sea estudiado de forma paralela a otros contextos de judicialización y criminalización contra la libertad de expresión.

Las organizaciones reafirmamos nuestro compromiso en la defensa de derechos en la región, y transmitiremos la información solicitada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.