El pasado 8 de julio, junto con otras 24 organizaciones de la sociedad civil a nivel internacional, asistimos a la audiencia regional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para llamar la atención sobre la implementación de estrategias gubernamentales que amenazan y limitan el ejercicio de los derechos fundamentales de libertad de prensa, libertad de expresión y el acceso a la información.

Durante la semana del 15 al 19 de abril de 2024 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos adelantó su visita in loco a Colombia con el objetivo de observar los impactos de las distintas formas de violencia en la situación de los derechos humanos. Entre sus principales hallazgos, la Comisión evidenció hechos graves de violencia y estigmatización hacia periodistas y medios de comunicación, así como una impunidad sistemática que se origina por la falta de diligencia en las investigaciones de hechos de violencia.

La situación crítica de seguridad que enfrentan nueve periodistas de tres medios de comunicación radial en Algeciras, Huila, ha llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a emitir la Resolución 88 del 4 de enero de 2024. Desde mayo de 2023, estos profesionales fueron citados por el Estado Mayor Central (EMC), grupo disidente de las FARC-EP, y fueron amenazados de convertirse en objetivos militares si no cumplían con la cita.

Ciudad de México, a 28 de octubre del 2021.- Este miércoles, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebró una audiencia temática solicitada por 8 organizaciones de la región para pedir a la Comisión que priorice el desarrollo de estándares interamericanos y recomendaciones a los Estados ante el enorme riesgo que representa la adquisición e implementación de  tecnologías con capacidades de vigilancia sin un escrutinio adecuado respecto al impacto que tienen en los derechos humanos a la libertad de expresión, de prensa, de privacidad, de igualdad y no discriminación, entre otros. Así mismo, que se adhiera al llamado realizado por la Oficina de la Alta Comisionada de ONU respecto de una moratoria inmediata para la venta y uso de tecnologías que conllevan un alto riesgo para los derechos humanos, hasta que se establezcan las salvaguardias adecuadas.

Las organizaciones de la sociedad civil explicaron que existe una tendencia preocupante a nivel mundial y regional respecto al uso de tecnologías de vigilancia como forma de generar respuestas a un amplio rango de desafíos sociales, incluyendo la seguridad pública, el control de las fronteras, la respuesta a la pandemia, el monitoreo de las protestas sociales, el acceso a los servicios públicos, entre otros, sin que se evalúe si su impacto resulta en una afectación desproporcionada y, por tanto, ilegítima a los derechos como la privacidad, libertad de expresión y reunión, igualdad. 

Si bien la CIDH ha reconocido el riesgo que poseen las tecnologías de vigilancia para los derechos humanos y ha remarcado la obligatoriedad de asegurar el cumplimiento de los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, las organizaciones expresaron que ante el enorme y rápido crecimiento de estas tecnologías y la falta de información y control, esos estándares resultan insuficientes para prevenir afectaciones, por lo cual existe una imperiosa necesidad que la CIDH avance hacia la generación de estándares aplicables a los procesos en que los Estados adquieren, desarrollan y utilizan tecnologías con capacidades de vigilancia.  

Sobre esta necesidad de intervención concreta solicitada a la CIDH, las organizaciones expusieron diversas situaciones que demuestran el enorme riesgo que estas tecnologías conllevan en un marco de implementación sin evaluación, transparencia, rendición de cuentas y acceso a la justicia.

Una de las características que convierte a las invasiones a la privacidad a través de la utilización de tecnologías de vigilancia en un particular desafío para los derechos humanos, es el hecho de que las víctimas de este tipo de acciones usualmente no tienen conocimiento de que su intimidad está siendo vulnerada, lo cual impide la protección de sus derechos humanos o el acceso a la justicia, expresaron las organizaciones. Dicha situación fue ejemplificada en el caso de México, señalando que el Estado ha aumentado su capacidad tecnológica bajo argumentos de seguridad pública, lo que ha desembocado en una vigilancia encubierta sobre la ciudadanía, que no cuenta con contrapesos institucionales ni controles democráticos. Puntualmente se destacó la implementación de Pegasus, un malware de espionaje desarrollado por la empresa israelí NSO Group, el cual, una vez instalado silenciosamente en un teléfono móvil, permite al atacante ejercer una vigilancia prácticamente absoluta del objetivo con la capacidad de  recopilar y almacenar cualquier tipo de comunicación almacenada en el dispositivo, obtener la localización geográfica del teléfono, registrar todo lo que es tecleado e, incluso, permite activar la cámara o micrófono del dispositivo sin que exista ningún indicio para el usuario.  El resultado, expresaron, ha sido la corrupción generalizada y la vigilancia ilegal sistemática en contra de la sociedad civil perpetrada por agentes del Estado de donde se vieron especialmente afectados periodistas, activistas y defensores de derechos humanos. A pesar de que estos hechos fueron plenamente documentados, a más de 4 años de las primeras revelaciones y denuncias, el Estado no ha esclarecido los hechos ni garantizado el derecho a la verdad. 

Las organizaciones también expresaron que el Estado mexicano debe cumplir con los compromisos asumidos en el marco del cuarto plan de acción de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) que implica realizar adecuaciones en marcos regulatorios y operativos para el uso de tecnologías de intervención de comunicaciones, acceso a datos conservados y geolocalización.

Similarmente, se indicó que en Colombia el Estado también ha utilizado el argumento de la seguridad pública para justificar actividades de ciberpatrullaje, cuya actividad no encuentra base en ninguna norma de carácter legal y respecto de la cual no existe claridad sobre los parámetros de su ejecución, ni cuáles son sus controles y los mecanismos de garantía para las personas. Acorde a las organizaciones, este accionar implica una actividad de vigilancia tendiente a perfilamientos con un impacto diferenciado en los periodistas y defensores de derechos humanos que, además, genera una peligrosa categorización de información y opiniones críticas que afecta a posturas no oficiales. Se destacó que esto es especialmente preocupante dada la situación de vigilancia ilegal sistemática en el país, la cual está arraigada en prácticas de vigilancia ilegítimas e ilegales por parte de las fuerzas armadas. A ello se suma la alarma por la contratación de tecnologías de monitoreo masivo de fuentes abiertas que permiten realizar perfilamientos de personas, así como de intervención en conversaciones privadas.

Los ejemplos mencionados no son situaciones aisladas, sino que se replican a lo largo de toda la región, destacándose además las capacidades técnicas crecientes de interceptación de comunicaciones en investigaciones criminales, que se producen bajo normativa desactualizada, sin adecuada supervisión y limitación de sus fines; la retención de datos y metadatos por proveedores de servicios de internet; el despliegue masivo de televigilancia en espacios públicos sin un marco normativo adecuado; el despliegue masivo en espacios públicos de tecnologías de biometría, en especial el reconocimiento facial como mecanismo de control de la población. 

Particularmente se advirtió acerca de los riesgos de la implementación del reconocimiento facial que pueden traducirse en reconocimientos fallidos, discriminaciones arbitrarias y falsos positivos, con impactos profundos en el ejercicio de derechos. De hecho, una investigación reciente del Consorcio Al Sur identifica 38 iniciativas de uso de reconocimiento facial repartidas en 9 países latinoamericanos. En más del 60% de los casos no existe una base legal específica que avale la implementación de estas tecnologías. Al respecto se indicó que los sistemas implementados en la región ya han registrado errores que resultaron en graves consecuencias para las personas afectadas. El reconocimiento facial nos quita control sobre nuestro rostro, avalando un uso potencialmente contra nuestros propios intereses, además se trata de un dato que no es posible sustituir si se pierde el control. La posibilidad de estar bajo vigilancia constante, además, incentiva el silenciamiento y la autocensura, riesgos gravísimos para las sociedades democráticas.

Como se pudo observar a través de las diferentes exposiciones, la adquisición y uso de tecnologías por parte de los Estados es cada vez más recurrente en la región, destacando que este vacío legal está permitiendo que las capacidades de vigilancia masiva que adquieren los estados someten a la ciudadanía a una vigilancia indiscriminada, que implica una interferencia sistemática en el derecho a la intimidad y sus derechos conexos, sin contar con herramientas jurídicas de protección. 

En ese sentido, se hizo referencia a la decisión de la Oficina de la Alta Comisionada de DDHH y la relatoría de Libertad de Expresión de Naciones Unidas al llamar a la moratoria del uso masivo de ciertas tecnologías, ya que cuando se utiliza para la vigilancia del espacio público y el combate del delito común erosionan la autonomía de las personas en favor de un sistema que pretende el control absoluto.

Dentro del escenario expuesto, se enfatizó que el actual contexto de la pandemia ha profundizado esta problemática, en tanto ha generado un incremento significativo del uso de las herramientas tecnológicas a la par que ha bajado el escrutinio de las mismas, presentándolas como necesarias para responder a un problema de salud pública. En ese sentido, las organizaciones se refirieron a “Estamos Vigilando”, un proyecto desarrollado en el marco de la pandemia que llevan adelante CEJIL, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), Derechos Digitales, Open Knowledge Brasil y el Instituto de Derechos Humanos de la UCA en El Salvador (IDHUCA), para destacar que se ha constatado que no existe información de acceso público suficiente que permita evaluar el impacto del uso de estas tecnologías con capacidades de vigilancia para generar estrategias de protección de los derechos humanos.

Por su parte, Scott Campbell de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se refirió al alto nivel de vigilancia que hay sobre la ciudadanía y enunció: "El nivel sin precedente de la vigilancia de los Estados es incompatible con los derechos humanos. No tenemos conciencia sobre la cantidad de información de nuestra vida que se recolecta, usa y comparte".

Las organizaciones participantes enfatizaron que la CIDH tiene la oportunidad histórica de liderar un diálogo donde se generen directrices de debida diligencia para regular los procesos de adquisición e implementación de tecnologías con capacidades de vigilancia aplicables a toda la región como formas de garantizar el cumplimiento de los derechos humanos consagrados en la Convención Americana. 

Finalmente, las organizaciones participantes solicitaron a la CIDH que:

• Se adhiera con un pronunciamiento público al llamado realizado por la Oficina de la Alta Comisionada de ONU respecto de la prohibición de tecnologías que no pueden operar sin cumplir con los estándares internacionales y el pedido de una moratoria inmediata para la venta y uso de tecnologías que conllevan un alto riesgo para los derechos humanos, hasta que se establezcan las salvaguardias adecuadas;
• Exhorte a los Estados a garantizar que el uso de tecnologías con capacidades de vigilancia se ajuste al respeto de los derechos humanos y que cualquier injerencia en el derecho a la privacidad y otros derechos humanos esté prevista por la ley, persiga un objetivo legítimo, cumpla con los principios de necesidad y proporcionalidad.
• Exhorte a los Estados a implementar procesos de debida diligencia en materia de derechos humanos respecto de quienes diseñan, desarrollan, despliegan, venden, obtienen o explotan tecnologías con capacidad de vigilancia. Un elemento clave de la diligencia debida en materia de derechos humanos debe ser la realización de evaluaciones periódicas y exhaustivas del impacto sobre los derechos humanos.
• Inicie un proceso regional de consulta para establecer un set de directrices interamericanas que guíen los procesos de adquisición y uso de tecnologías con capacidades de vigilancia, fundadas en los principios de legalidad, necesidad  y proporcionalidad, que debieran ser los parámetros inspiradores de las políticas de vigilancia, tanto para cuerpos de inteligencia como para cuerpos de policía, independientemente de las tecnologías utilizadas, para mantener la vigencia del respeto de los derechos reconocidos por la Convención Americana.
• Que, respecto de México, exhorte al Estado a dar cumplimiento a los compromisos asumidos para transparentar las contrataciones de sistemas de vigilancia, llevar a cabo una investigación diligente y exhaustiva que garantice el derecho a la verdad de la sociedad y llevar a cabo las reformas necesarias para establecer controles en la adquisición y uso de tecnologías de vigilancia en México y ofrecer al Estado Mexicano asistencia técnica para la implementación de dichos compromisos.
• Que, respecto de Colombia, exhorte al Estado a cesar la vigilancia a partir del uso de tecnologías de fuentes abiertas, la categorización policial de contenidos como “falsos” y la asignación de calificaciones estigmatizantes o tendientes a la criminalización de quienes se expresan a través de internet.

Organizaciones firmantes y peticionarias de la audiencia: 

• Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) 
• Fundación Karisma de Colombia
• Artículo 19 México y Centroamérica
• Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D)
• Derechos Digitales 
• Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)
• Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) 
• Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca A.C.

 La audiencia completa se puede ver, aquí.

Desde la FLIP les compartimos esta entrevista a Pedro Vaca, el nuevo Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizada por la IFEX. 

En el video de la entrevista, grabado pocas semanas después de su designación, Vaca conversa por 45 minutos con la periodista Vanina Berghella sobre diversos desafíos cruciales que enfrenta la región de las Américas en materia de libertad de expresión, desde el impacto de la COVID-19 en los medios de comunicación y el tema de la brecha digital, pasando por el componente de género de los ataques a la libertad de expresión y la seguridad de los periodistas, hasta las responsabilidades que les competen a las plataformas digitales ante la creciente propagación del discurso de odio y la desinformación.

La entrevista completa podrá encontrarla aquí y en el canal de YouTube de IFEX. 

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) intervendrá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en una audiencia pública que tendrá lugar el 12 de noviembre en Quito, Ecuador, a las 14:30. La Fundación ve con mucha preocupación que en Colombia han venido aumentando las barreras impuestas a los medios de comunicación y periodistas para acceder a audiencias públicas en los juicios penales.

Washington, D.C. y Bogotá, 29 de enero, 2019 - Luego de casi 19 años del secuestro, tortura y violencia sexual contra la periodista Jineth Bedoya Lima, el 16 de enero de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó la aprobación de su informe de fondo en el caso que se adelanta por las violaciones a los derechos humanos sufridas por la periodista el 25 de mayo de 2000 que, hasta la fecha, permanecen en la impunidad. Sobre este particular la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) transmiten a la opinión pública lo siguiente:

1. Este informe concluye el análisis del caso ante la CIDH como primera instancia internacional en el marco de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y abre la puerta para que el Estado colombiano pueda ser juzgado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) con sede en Costa Rica. En este supuesto, la evaluación por parte de la Corte sería una valiosa oportunidad para revisar el cumplimiento de las obligaciones internacionales por parte de Colombia en cuanto a la garantía de los derechos de los periodistas en Colombia y, particularmente, implicaría que por primera vez este tribunal internacional se pronuncie sobre la situación de las mujeres periodistas en contextos de conflicto armado.

2. La emisión de este informe representa un paso muy importante en la incansable lucha que la periodista Jineth Bedoya ha librado por la justicia y la verdad en su caso. El mismo también tiene el potencial de poner freno a las dinámicas de impunidad generalizada en casos de violencias contra la mujer y de restricciones de hecho a la libertad de prensa.

3. Si bien los hechos denunciados acaecieron durante gobiernos anteriores, esperamos que el gobierno actual, en representación del Estado, cumpla con lo decidido por la CIDH a fin de garantizar los derechos de Jineth Bedoya y evitar la repetición de hechos de violencia contra las mujeres y su impunidad. Recordamos así mismo que este caso tiene un enorme potencial de brindar justicia no solo a nuestra representada sino a otras víctimas de violencia basada en género en el marco del conflicto armado en Colombia.

4. Una vez la CIDH corra traslado del informe a la víctima y sus representantes, daremos respuesta a los requerimientos de la Comisión de acuerdo con la normativa interamericana, la cual requiere que presentemos nuestra posición sobre el envío a la Corte.

5. Para la FLIP y CEJIL es un honor poder acompañar a Jineth Bedoya desde el apoyo judicial en su lucha que también es nuestra. Llamamos a la comunidad internacional, que siempre ha estado acompañando el caso, a que continúe su observancia del mismo. Esperamos que la veeduría internacional de este proceso emblemático sirva para vigilar la respuesta estatal y mejor abordar los desafíos que el caso revela. 

Aquí puede leer el informe de fondo completo.

Contacto de prensa

El pasado 6 de diciembre se llevó a cabo una audiencia para evaluar las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a Javier Ortega, Efraín Segarra y Paúl Rivas, periodistas asesinados en abril de este año por parte de la disidencia Frente Oliver Sinisterra.

El 2 de octubre en Boulder, Colorado (Estados Unidos), se llevó a cabo una reunión entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado colombiano, la familia Cano Busquets y las organizaciones vinculadas al caso del asesinato de Guillermo Cano Isaza.

La periodista Claudia Julieta Duque y su hija María Alejandra Gómez demandaron en las últimas horas al Estado colombiano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por los múltiples ataques de los que han sido víctimas desde el año 2001, entre los que se cuentan un secuestro, graves amenazas, tortura psicológica, persecución y exilios, La mayoría de estos se encuentra en la impunidad, en el marco de juicios e investigaciones ralentizadas contra exfuncionarios del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

La periodista comenzó a ser perseguida en el año 2001, cuando investigaba el caso del asesinato del también periodista Jaime Garzón Forero. En la petición presentada ante la CIDH durante el período de sesiones que se lleva a cabo a partir de este lunes en Boulder (Colorado, Estados Unidos), se hace un recuento de las violaciones a los derechos humanos infligidas por el DAS contra ambas demandantes entre los años 2001 y 2008, y se menciona la impunidad en que permanecen nuevas amenazas y hostigamientos sufridos por la periodista y su familia a raíz de la batalla por justicia que ha emprendido la periodista Duque en Colombia.

En el expediente penal se llegó a comprobar que existió un plan específico de persecución contra la periodista que fue llevado a cabo desde el DAS. En la actualidad, varios ex funcionarios de esa entidad involucrados en los ataques contra Claudia Julieta Duque continúan ejerciendo cargos públicos, uno está libre por vencimiento de términos y otro por cuenta de irregularidades procesales que la Fiscalía se negó a corregir, mientras otros más que se encuentran en juicio están prófugos de la justicia. El proceso penal –con excepción de tres condenas por aceptación de cargos–  se ha paralizado en los últimos años pese al abundante caudal probatorio.

Los hechos de la petición han sido calificados por las cortes colombianas como tortura psíquica agravada y por la Fiscalía como un crimen de lesa humanidad, por el patrón sistemático de ataques, hostigamientos, seguimientos, actividades de inteligencia y contrainteligencia perpetrados por DAS en contra de la periodista.

La demanda fue presentada en nombre propio y de su madre por la hija de Claudia Julieta, quien hoy es abogada y becaria en una maestría en Derecho Internacional de los Derechos Humanos en una prestigiosa universidad de los Estados Unidos. Durante más de un año, María Alejandra trabajó en la demanda de su propio caso como una forma de apoyar activamente a la periodista Duque en su lucha por justicia.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) ha acompañado el caso de Claudia Julieta Duque desde hace más de una década, lo que ha llevado a varios de sus miembros a servir como testigos en los procesos judiciales en Colombia. Desde la FLIP esperamos que la Comisión atienda la solicitud de las demandantes en busca de justicia definitiva.

Tanto Duque como Gómez son beneficiarias de medidas cautelares de la CIDH desde el año 2009, por lo que las demandantes han solicitado darle a su caso un trámite prioritario, o “per saltum”, de conformidad con el reglamento interno de la Comisión.

En la tarde del lunes 25 de junio, Néstor Humberto Martínez, Fiscal General de la Nación, confirmó la identidad de los cuerpos hallados el pasado jueves en Tumaco, Nariño. Según él, los cuerpos pertenecen al reportero Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra, integrantes del equipo periodístico del diario ecuatoriano El Comercio. Las organizaciones firmantes extienden su solidaridad con las familias de las víctimas.

El pasado 21 de junio, a través de Twitter, el presidente Juan Manuel Santos afirmó: “Me informan que encontramos unos cadáveres que pueden corresponder a los cuerpos de los 3 periodistas secuestrados y asesinados por alias 'Guacho'. Estamos verificando su identidad. Reitero mis condolencias a sus familias y repudio por tan atroz crimen”, dijo. El Gobierno desplegó al Gaula de la Policía y a comandos especiales en un operativo que encontró los cadáveres en una fosa rodeada por minas antipersona. Caracol Noticias afirmó que un militante de las disidencias capturado habría dado las coordenadas del lugar donde estaban enterrados los cuerpos.

La entrega de los cuerpos a sus familias permite a sus allegados despedirse de manera digna y comenzar por fin una etapa de duelo. Adicionalmente, el hallazgo permite a los Estados y a la sociedad en su conjunto tener información más amplia que pueda contribuir al esclarecimiento de los hechos que rodearon el secuestro y posterior asesinato de los trabajadores de El Comercio. Esta información refuerza en los Estados la obligación de avanzar en la identificación y sanción de los autores de este crimen atroz.

Las familias de Javier, Efraín y Paúl se enteraron del hallazgo a través del citado mensaje de Twitter del presidente Santos y se desplazaron a Cali el viernes 22 de junio. Las organizaciones firmantes reconocen el despliegue del Estado con el fin de encontrar los cuerpos y el trabajo de recuperación, identificación y entrega a sus familias. Sin embargo, lamentan el mal manejo de la información en este caso. Las familias del equipo periodístico han manifestado su inconformidad por la poca comunicación y la difusión imprecisa de hechos aún sin corroborar de parte del Ministerio de Defensa de Colombia frente a la identidad de los cuerpos.

El hallazgo de los restos también refuerza el llamado a los Estados para que tomen medidas efectivas para garantizar el derecho a informar acerca de la grave situación de derechos humanos que atraviesa la frontera colombo-ecuatoriana.

Firman:

Comité para la Protección de los Periodistas - CPJ

Fundamedios

Reporteros Sin Fronteras

Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

La delegación de familiares del equipo periodístico de diario El Comercio, secuestrado en territorio ecuatoriano el pasado 26 de marzo y asesinado en Colombia en fecha por determinar, nos permitimos informar a la opinión pública que:

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció que este próximo 15 de junio de 2018 será la primera reunión de trabajo del Equipo de Seguimiento Especial (ESE), que fue conformado para investigar y esclarecer el secuestro y asesinato del reportero Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra del diario El Comercio. A la reunión, que tendrá lugar en la sede de la CIDH, en Washington, han sido convocados los representantes del Estado ecuatoriano y los peticionarios que incluyen a los familiares de los periodistas y representantes de la Fundación para la Libertad de Prensa FLIP, de Colombia y de FUNDAMEDIOS, del Ecuador.

A través de un comunicado, Paulo Abrao, Secretario Ejecutivo de la CIDH, puso en conocimiento el plan de trabajo y las acciones que tendrá el ESE entre mediados de junio y diciembre de 2018, de conformidad con las atribuciones y mecanismos dispuestos en la Convención Americana, Estatuto y Reglamento.

Parte de las actividades planteadas por el ESE, contempla tres visitas al Ecuador, en donde el Equipo mantendrá reuniones y mesas de diálogo; el envío de aportes técnicos, solicitudes de información, reuniones de trabajo, audiencias públicas durante el período de sesiones de la CIDH y la emisión de reportes. De acuerdo al cronograma tentativo, el ESE planea presentar su informe para diciembre de este año.

En su escrito, dirigido a los familiares, en calidad de peticionarios de las medidas cautelares que fueron otorgadas tras el secuestro del equipo periodístico, la CIDH aseguró que es de suma importancia que los familiares de los comunicadores sean parte central del proceso de investigación, el cual esperan sea célere y transparente con la debida cooperación del Estado.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó este 12 de abril de 2018 medidas cautelares en favor de Ortega, Rivas y Segarra, dando respuesta favorable al pedido hecho el pasado 10 de abril por parte de la FLIP, Fundamedios y los familiares de los comunicadores.

La CIDH y la Relatoría Especial de Libertad de Expresión estarán a cargo del Mecanismo Especial de seguimiento a las medidas cautelares. Según comunicó la CIDH, el ESE estará conformado por la Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, Relatora para Ecuador, como la responsable del mismo, con el apoyo del Secretario Ejecutivo, o de quien él designe, así como del equipo técnico de la sección de medidas cautelares y del Relator Especial de Libertad de Expresión.

Por Pedro Vaca Villarreal*

En febrero de 2017 denunciamos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no ha sido diligente con el trámite del caso por el asesinato del periodista Guillermo Cano Isaza. Un año después las explicaciones no llegan y sigue en entredicho la transparencia de este organismo internacional.

El caso Guillermo Cano llegó a la CIDH en 1997, once años después del asesinato, pero se congeló en el año 2001. El trámite es extraño: la CIDH abrió las puertas a una solución amistosa entre el Estado y la familia Cano el 16 de febrero del año 2001, pero esta oferta fue rechazada cuatro días después por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). Tres días más tarde, el 23 de febrero, la CIDH cerró el trámite conciliatorio, decidió unificar el caso con otro proceso sin mayor explicación y declaró la responsabilidad del Estado Colombiano emitiendo una serie de recomendaciones que jamás vigiló en 17 años. La CIDH tardó alrededor de una semana en agotar fases que normalmente le pueden tomar más de 5 años. Acelerar el camino a la impunidad no es un mérito, es un error que se debe enmendar.

Nunca dieron aviso a los familiares y, salvo los Comisionados de esa época y los funcionarios de la Cancillería Colombiana, nadie supo sobre esta decisión hasta el mes de diciembre de 2016 cuando la FLIP tuvo acceso a parte del expediente. La CIDH sabe lo que está pasando, pero ha preferido callar. Un malabar procesal en un caso tan emblemático que ha motivado a la UNESCO a otorgar cada año el premio global “Guillermo Cano a la libertad de prensa”. La CIDH hizo y mantiene una maniobra opaca, una acción más cercana a contribuir a la inmerecida reputación del Estado Colombiano que a los estándares interamericanos de justicia, transparencia, reparación y garantías de no repetición. Ojalá se descubran los verdaderos intereses detrás de esta actuación.

La Comisión no solo hizo que se esfumara una expectativa de justicia para la familia Cano, el diario El Espectador, los 14 periodistas de este medio que han sido asesinados y para la sociedad colombiana que ha sido finalmente la mayor afectada por la falta de información producto de la violencia contra la prensa. La CIDH también impidió que el continente produjera a tiempo estándares que habrían resultado de gran utilidad para poner freno a la violencia contra periodistas. Hoy el hemisferio clama a gritos obligaciones perentorias y no simples recomendaciones para los Estados. México, Honduras, Guatemala, Brasil y Paraguay se suman al listado de países donde matar periodistas no tiene consecuencias. En Colombia, 47 periodistas han sido asesinados desde el día que la CIDH decidió meter en un cajón desconocido el caso de Guillermo Cano.

La CIDH está en Colombia por estos días en un periodo extraordinario de sesiones en el que puede hablar de todo, menos de Colombia. Sin embargo, nada nos impide hablar sobre ella y sea esta la oportunidad para preguntarle ¿Por qué no responde por el caso de Guillermo Cano?

Ojalá, con la misma fuerza con la que este organismo promociona la transparencia, brinden una respuesta. 

*Director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

Washington, D.C. – La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación por los recientes episodios de estigmatización y violencia contra periodistas en Colombia e insta al Estado a fortalecer las medidas integrales de prevención, protección y procuración de justicia en estos casos.

De  acuerdo con la información disponible, el 5 de junio de 2017 el subsecretario del senado Saúl Cruz denunció ante el plenario del Congreso haber sido víctima de una agresión del equipo reporteril del noticiero Noticias Uno. El equipo se encontraba cubriendo las elecciones a magistrados de la Corte Constitucional de ese país. Varios senadores tomaron por cierta la denuncia y plantearon la necesidad de investigar los hechos y establecer sanciones penales en contra los reporteros. La senadora Rosemary Martínez, del partido Cambio Radical, habría ordenado "que se haga una investigación […] sino va a venir el ELN disfrazado de doctor y nos va a masacrar en este Congreso". Posteriormente, videos y testimonios revelaron que el subsecretario habría fingido la agresión física. La Procuraduría General de la Nación habría iniciado una investigación disciplinaria y ordenado la suspensión de Saúl Cruz por tres meses de su cargo.

Posteriormente, de acuerdo con la información recibida, el 19 de junio los periodistas holandeses Derk Johannes Bolt y Eugenio Ernest Marie fueron secuestrados en el norte del Departamento de Santander por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Los periodistas fueron  liberados el día 24 del mismo mes y entregados a una comisión de la Defensoría del Pueblo de Colombia.

Según la información recibida, el 14 de julio, el ex presidente y hoy senador Álvaro Uribe, a través de su cuenta en Twitter, acusó al periodista de la Revista Semana Daniel Samper Ospina de ser "violador de niños". En una columna posterior el senador colombiano ratificó su afirmación anterior e indicó que "el referido periodista maltrató a una niña de tres meses de nacida, hizo asociación pública de su nombre con drogas ilícitas, y atentó contra la honra de su madre y de su familia". Las acusaciones contra Samper fueron rechazadas a través de diversos comunicados de prensa por la Federación de Periodistas de Colombia (FECOLPER), la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y mediante una carta pública firmada por reconocidas personalidades, juristas y periodistas del país. Los distintos pronunciamientos alertaron sobre la falta de fundamento de las acusaciones y repararon además en el riesgo que suponían para el comunicador.

Días previos, la periodista Claudia Gurisatti, directora de Noticias RCN y de NTN24, denunció haber sido víctima de una campaña de hostigamiento a través de redes sociales, que podría poner en riesgo su integridad personal.

La situación de la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo en Colombia fue objeto de una audiencia pública en el marco del 163 periodo de sesiones de la CIDH celebrado en Lima, Perú. En esta audiencia la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH recibió información por parte de organizaciones de la sociedad civil y del Estado colombiano sobre este tema. En particular, la sociedad civil afirmó que, si bien durante 2016 no se registraron asesinatos contra periodistas en el país, persistían otras formas de agresiones, como secuestros, presiones indebidas, hostigamiento, y declaraciones estigmatizantes.  Por su parte, el Estado ratificó su compromiso con la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo en Colombia e informó sobre las medidas adoptadas para fortalecer los mecanismos de protección e investigación existentes.

La Relatoría Especial recuerda al Estado colombiano que tiene la obligación de prevenir, proteger, investigar y sancionar la violencia ejercida contra periodistas, y en particular, de aquellos que hayan sido objeto de intimidación, amenazas u otro acto de violencia. La obligación de prevenir, supone – entre otras- la de adoptar un discurso público que contribuya a prevenir la violencia contra periodistas, lo cual "requiere que los funcionarios públicos se abstengan de realizar declaraciones que expongan a periodistas y trabajadores de medios de comunicación a un mayor riesgo de actos de violencia". En este sentido, los funcionarios públicos deben promover de manera activa el pluralismo y la tolerancia propios de una sociedad democrática.

En la Resolución AG/RES. 2908 (XLVII-O/17), aprobada por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos en el marco de su cuadragésimo séptimo período ordinario de sesiones, los Estados miembros de la Organización reafirmaron que "la actividad periodística debe ejercerse libre de amenazas, agresiones físicas o psicológicas u otros actos de hostigamiento", e instaron a implementar medidas integrales de prevención, protección y procuración de justicia en esta materia.

El principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH, aprobada en el año 2000, establece que "[e]l asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada".

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la CIDH a fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.

Vea aquí el comunicado de la RELE.

Como parte del periodo 163 de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH- la Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- participó en la audiencia pública sobre libertad de expresión a la que estaba citada el Estado colombiano. La sesión se realizó en la mañana del miércoles 5 de julio en Lima, Perú y había sido solicitada por la FLIP.

En la audiencia, la FLIP expuso un panorama de las agresiones más graves que ha sufrido el periodismo entre 2016 y lo corrido de este año. Un recuento que, más allá de las cifras, evidencia las omisiones del Gobierno colombiano para proteger a los periodistas, investigar y procesar a los agresores, evitar las violaciones a la libertad de prensa y garantizar el acceso a la información, entre otras acciones.

Entre 2016 y lo corrido de 2017 hemos registrado 373 agresiones a la prensa: @PVacaV ante el Estado y @CIDH https://t.co/HvFi89KXub pic.twitter.com/DFsWB8QXFC

— FLIP (@FLIP_org) 5 de julio de 2017

Los constantes secuestros en el Catatumbo, en el Norte de Santander, son solo el reflejo de las muchas zonas en las que el Gobierno no puede garantizar la seguridad de los periodistas. Y en otras regiones donde sí hay presencia del Estado, muchos funcionarios, en vez de cumplir con su obligación de garantes de la libertad de prensa, atacan o estigmatizan periodistas para entorpecer su trabajo. Desde el comienzo de 2016 a la fecha, 71 funcionarios públicos han agredido a la prensa y la ausencia de correctivos es la constante.

La Fuerza Pública también se encuentra en el top 3 de los agresores identificados más frecuentes. En menos de dos años la FLIP ha registrado 13 agresiones, 12 obstrucciones al trabajo periodístico, 5 amenazas, 4 detenciones ilegales y en 2 ocasiones han eliminado el material de trabajo de los reporteros.

Uno de los casos más recientes lo protagonizó el Comando General de las Fuerzas Militares cuando citó a la periodista Maritza Aristizábal, de Noticias RCN, para que revelara una fuente. El Comando se retractó al día siguiente de haber hecho la citación, pero las presiones que sufrió el equipo del Canal RCN durante esas semanas reflejan el débil respeto de las más altas esferas del Estado hacia los derechos que rodean el trabajo periodístico. 

Las tareas pendientes

Todo este panorama se condensa en una larga lista de tareas pendientes para el Estado colombiano. En la audiencia, la FLIP lamentó la ausencia del Ministerio de las TIC en el encuentro. Adicionalmente, la Fundación se dirigió:

A la Fiscalía: para pedir diligencia en las investigaciones de los crímenes contra la prensa, avanzar en la priorización de casos con miras a procesar a los responsables y reducir los índices de impunidad. Además, es necesario que esta entidad se comprometa con la reestructuración del Programa de protección a periodistas para que este funcione de manera integral y preventiva.

A la Procuraduría: para que adelante las investigaciones de todos los funcionarios públicos que han atentado contra la prensa y comuniquen los avances de estos procesos. Además, en su papel como garante de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Procuraduría debe informar y corregir las infracciones a esta norma.

Al MinTIC (a través de la Cancillería): para que adjudique las frecuencias radiales en las regiones más apartadas del país. Muchos de estos procesos están congelados desde 2005.

Al Gobierno y entes descentralizados: para que informe cómo se implementarán los puntos del Acuerdo Final que involucran a los medios de comunicación. La FLIP pidió al Gobierno a que se comprometa con el pluralismo para que se adjudiquen las radios comunitarias a las que se compromete el acuerdo en las regiones que más lo necesitan.

¿Quienes asistieron?

La Fundación para la Libertad de Prensa asistió en representación de la sociedad civil. Vivian Newman, subdirectora de Dejusticia e integrante de la junta directiva de la FLIP, y Pedro Vaca Villarreal, director de la Fundación, expusieron las amenazas que enfrenta la libertad de prensa en el país y dirigieron preguntas y solicitudes tanto a la Comisión como a distintas entidades del Estado.

En representación del Estado asistieron Luz Angélica Mariño, asesora de la Fiscalía General de la Nación; Diego Mora, director de la Unidad Nacional de Protección; Viviana Ferro, subdirectora de la Unidad de Atención y Reparación Integral de las Víctimas; y la Cancillería colombiana.

En la mesa de la Comisión se encontraban los comisionados José de Jesús Orozco Henríquez, Margarette May Macaulay (Presidenta), Paulo Vannuchi, James L. Cavallaro y el Relator Especial de Libertad de Expresión Edison Lanza.

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