Alerta por la seguridad de integrante de Cofradía para el Cambio y de su familia

Entre abril y mayo de este año, Andrés Campuzano, integrante de Cofradía para el Cambio, recibió dos amenazas de muerte, luego de publicar contenidos informativos que vinculan al Clan del Golfo con la minería ilegal en departamentos como el Chocó y Antioquia. Ambos mensajes fueron enviados desde el mismo perfil de Instagram e incluían un lenguaje violento y estigmatizante en contra del periodista y su familia.

En el primer mensaje, del 30 de abril, el remitente lo señala de “guerrillero” y le advierte que si vuelve a mencionar al Clan del Golfo en sus videos, se va a morir. Un mes después, el 29 de mayo, el mismo remitente aseguró: “te vamos a dar donde más te duele, vamos a empezar por tu familia”. Además le envió un video, en el que se ve a Campuzano con su hijo, y añadió que la próxima foto sería en un funeral, sugiriendo que el comunicador o alguien cercano a él sería asesinado.

Este tipo de amedrentamientos resultan preocupantes por el impacto psicoemocional sobre las y los periodistas. En nuestro informe Cómo se vive y se sobrevive al periodismo en Colombia alertamos que la exposición a situaciones de conflicto armado o violencia, y el riesgo o la exposición física que puede poner en peligro la vida de periodistas, son dos de los factores que más le generan estrés a las y los comunicadores. Además, hemos documentado un aumento en las amenazas dirigidas contra familiares de periodistas, lo que evidencia un preocupante escalamiento de la violencia contra la prensa y el uso de mecanismos cada vez más agresivos para intensificar la intimidación y silenciar la difusión de información.

Sobre esto, la Corte IDH ha señalado que los Estados tienen la obligación de garantizar condiciones efectivas para el ejercicio de la libertad de expresión, lo cual incluye proteger al periodista y a sus familiares cuando se ven expuestos a riesgos especiales por el tipo de información que difunden o las amenazas que reciben. Esta protección no solo implica abstenerse de acciones que agraven su vulnerabilidad, sino también adoptar medidas preventivas, razonables y efectivas para salvaguardar su vida e integridad. Las amenazas a familiares, cuando están convocadas con el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa, constituyen una forma indirecta de censura, ya que buscan coaccionar o silenciar la difusión de información o de opinión mediante el miedo, lo que activa el deber reforzado del Estado de prevenir, proteger e investigar, conforme a los estándares del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos.

Instamos a la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá a brindar protección oportuna y proporcional al nivel de riesgo que enfrentan el periodista Andrés Campuzano y su familia, especialmente su hijo menor de edad. Esta labor debe contemplar un enfoque de infancia y adolescencia, considerando que las amenazas por redes sociales pueden ser el inicio de una cadena de agresiones más graves y requieren una respuesta preventiva y diferenciada.

De igual forma, solicitamos a la Defensoría del Pueblo que acompañe de manera activa este proceso, articulando esfuerzos con las autoridades competentes, en conjunto con la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación para asegurar el cumplimiento efectivo de las medidas de protección y garantizando un seguimiento que priorice el enfoque integral y la salvaguarda de los derechos tanto del comunicador como de su hijo menor de edad.