Actores políticos tienen responsabilidad en la violencia en línea contra mujeres periodistas

La FLIP valora de manera positiva la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca del 26 de mayo de 2022. Por primera vez, una autoridad judicial reconoce que en Colombia existe un marcado patrón de violencia en línea, ejercido en redes sociales, contra mujeres periodistas. Además, estableció que el Consejo Nacional Electoral (CNE) y los Comités de Ética pueden sancionar a partidos y movimientos políticos y políticos, respectivamente, por utilizar o permitir este tipo de violencia para el ejercicio de la participación política y electoral. Ambos deben, conforme a sus competencias, adoptar los correctivos pertinentes en aras de cesar este tipo de violencia.

En octubre de 2020, la FLIP interpuso una acción de tutela, en representación de nueve comunicadoras, en la que se exponía el problema de la violencia en línea contra mujeres periodistas por parte de actores políticos. Estas acciones tuvieron un impacto negativo sobre la libertad de expresión e inhibieron la participación de las periodistas. Indistintamente de su origen y de sus líneas editoriales, todas sufrieron ataques en línea que fueron difundidos y alentados por líderes políticos, como represalia a su oficio; las agresiones buscaban desacreditar su trabajo. Esta violencia en línea y  de género, fue avalada por la pasividad de movimientos y partidos políticos y del CNE, que no adoptan medidas tendientes a sancionar y excluir este tipo violencia.

Destacamos cinco determinaciones claves de la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca:

1. Reconoce que la violencia en línea es un fenómeno que, de forma creciente, afecta la privacidad y seguridad de las mujeres periodistas. El tribunal reconoció que esta violencia en línea se produce mediante el “uso inadecuado e irresponsable de las redes sociales, especialmente en el ejercicio de la actividad política”.
   
   
2. Las agresiones en línea siguen un patrón en donde los comentarios de líderes y figuras políticas son determinantes en su amplificación.
   
   
3. Aclara la ruta para denunciar los actos de violencia de actores políticos. Explicó que no existe un mecanismo especial para denunciar la violencia en línea de actores políticos pero que se puede reportar a través del derecho de petición. La ciudadanía y la prensa pueden acudir a los comités de ética de los partidos y movimientos políticos y del CNE, respectivamente, las faltas de los integrantes de dichas organizaciones políticas y aquellas cometidas por los partidos y movimientos políticos, cuando se advierta que han asumido una actitud permisiva respecto al uso o incitación a la violencia en línea.
   
   
4. Establece que el CNE y los comités de ética tienen competencia para sancionar a partidos y movimientos políticos y a sus afiliados, respectivamente, y deben adoptar un papel más proactivo en aras de prevenir y sancionar la incitación de la violencia en línea en ejercicio de la actividad política.
   
   
5. Dispone diversas medidas para prevenir que las redes sociales de miembros y afiliados a partidos políticos, se conviertan, amparados en una falsa legitimación del ejercicio de la actividad política, en instrumentos de violencia contra la mujer periodista.

Esta decisión se convierte en un importante precedente y sienta las bases para abordar el fenómeno de la violencia en línea, que impacta de manera diferencial a periodistas mujeres, y que, además, se incorpora dentro de la actividad política y pone en riesgo la participación de las mujeres en espacios públicos y la vida democrática. Esto ha sido condenado recientemente por parte de los Relatores y Expertos de Libertad de Expresión. La violencia contra la prensa como parte de la actividad electoral tiene un efecto inhibidor directo sobre el debate público.

La garantía de espacios seguros donde las mujeres puedan participar libres de violencia podrá ser desarrollada en mayor medida por la Corte Constitucional, que decidirá el caso en sede de revisión. La Corte ya conocía del caso, pero declaró la nulidad de lo actuado en febrero, por lo que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca decidió en primera instancia de nuevo. Ahora, la Corte deberá retomar el caso que fue seleccionado para revisión desde el 29 de junio de 2021.

Esperamos que en su decisión, la Corte dé lineamientos concretos para que partidos, movimientos políticos y las autoridades electorales respondan de forma concreta a las necesidades actuales. Además de la violencia en línea con un componente de género, existe un riesgo de uso de discurso de odio y una narrativa negativa contra la prensa, que es impulsada por mensajes de líderes políticos y funcionarios públicos en sus redes sociales. Esto ha generado un efecto cascada que ha afectado al gremio periodístico en general y a la ciudadanía cuando se informa y opina a través de espacios digitales. Resulta urgente que se adopten medidas para garantizar las condiciones óptimas para la participación y deliberación libre de violencia.