La violencia contra la prensa durante el cubrimiento de las manifestaciones sociales del 2021 no tiene precedentes. Después de un año, persiste la desprotección a la prensa para que pueda realizar su trabajo libremente. El periodismo cumple una función esencial al obtener y difundir los hechos que suceden en las manifestaciones, entre estos, la actuación de la fuerza pública. 

Durante el 2021 documentamos más de 700 ataques a periodistas, de esos, 359 están relacionados con el cubrimiento de la protesta social. Lo más preocupante de estos hechos es que el mayor agresor contra la prensa fue la fuerza pública, con 227 ataques. 

Como reacción a esta ola de violencia, junto con Reporteros Sin Fronteras (RSF) denunciamos el escalamiento del abuso de la fuerza pública, avalado por un silencio del gobierno y las autoridades. Ante la falta de reacción de las autoridades, solicitamos a la ONU, la OEA y la UNESCO que exigieran al Estado colombiano adoptar medidas para proteger la libertad de expresión en este escenario. 

Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo una visita a Colombia durante el paro nacional y emitió recomendaciones específicas para la protección de periodistas y de la libertad de expresión. Sin embargo, no se han adoptado medidas para su cumplimiento:

1. Impunidad y silencio frente a la violencia contra la prensa

No se ha dado un rechazo público y contundente por parte del gobierno nacional frente a los hechos violentos contra la prensa. Tampoco se ha enviado un mensaje claro de cero tolerancia a la violencia cometida por los miembros de la fuerza pública. Este silencio refuerza la impunidad que termina por replicar más violencia contra la prensa, ya que el agresor no enfrenta consecuencias, mientras que la prensa queda sujeta a un riesgo que no se desactiva.

De los 25 casos que monitorea la FLIP, donde el agresor de la fuerza pública está plenamente identificado, tan solo ocho procesos se encuentran activos. La justicia penal militar tiene conocimiento de tres de estos. De la cifra restante, hay un fallo absolutorio, un fallo inhibitorio, tres procesos archivados y doce en los que la Policía Nacional manifiesta no adelantar ningún tipo de acción. Esta impunidad es histórica, por ejemplo, de los veinte procesos disciplinarios por agresiones a periodistas en las manifestaciones sociales del 2019 y 2020, tan solo un caso se encuentra activo. 

2. Falta de protocolos concretos para la garantía de la labor periodística en el terreno

No se han estructurado planes concretos para que, en la práctica, la fuerza pública respete y dé protección a la prensa, conforme a estándares internacionales de libertad de expresión. Aunque el nuevo Estatuto Disciplinario Policial sanciona como falta grave impedir el cubrimiento de los procedimientos de policía, esta medida debe ser reforzada con una comprensión integral del oficio para que los agentes en terreno garanticen las condiciones para ejercer el periodismo libre de violencia.

3. Criminalización de expresiones en línea 

La Fiscalía General de la Nación tiene registro de 993 noticias criminales registradas por calumnia relacionadas a la difusión de “noticias falsas” entre el 2020 y el 2021; de las cuales 471 son de 2021. Si bien no existe información desagregada de cuántas están relacionadas estrictamente con las manifestaciones, se evidencia una persecución activa de este tipo de expresiones ciudadanas, pues para el 2018 sólo se registró un caso. Esto se ve agravado por el monitoreo de redes sociales que realizó el Puesto de Mando Unificado Ciber, en cabeza del Centro Cibernético Policial, que rotuló como falsa información sobre el accionar de la fuerza pública en manifestaciones. 

La libertad de expresión y de prensa no implican solamente la posibilidad de manifestar ideas y opiniones, sino también poder hacerlo sin sufrir consecuencias arbitrarias o intimidatorias. La judicialización de las opciones e informaciones sobre la protesta social tiene un efecto intimidatorio, no solo para la prensa sino también para la ciudadanía que se expresa en línea.

Las organizaciones abajo firmantes, interesadas y apoderadas de personas víctimas de violencia policial en el contexto de las protestas, expresamos nuestra preocupación por el anuncio gubernamental de modificar el decreto 003 de 2021 con el propósito de restringir la definición de protesta legítima.

La FLIP expresa su preocupación por que la violencia desbordada y sostenida contra la prensa, en el marco del cubrimiento de las jornadas de manifestación, ha forzado el silenciamiento de la prensa local. El Estado es responsable por la falta de respuesta institucional ante la violencia contra la prensa que ahora escala al mayor nivel de afectación a la democracia, mediante el silenciamiento como mecanismo de autoprotección.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) expresa su preocupación por la seguridad de los periodistas del Canal 2 en Cali, José Alberto Tejada y Jhonatan Buitrago. El día de hoy, viernes 4 de junio, en medio de un cubrimiento de manifestaciones, agentes del ESMAD dispararon en dirección de los periodistas, a pesar de que estos estaban plenamente identificados como prensa. En la misma zona, un miembro de la brigada de derechos humanos afirmó que un policía dijo que el periodista “aguanta para pegar un tiro”.

Este miércoles 26 de mayo de 2021, Reporteros Sin Fronteras (RSF) y la Fundación para la Libertad de Prensa alertaron a las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la Unesco sobre la escalada de violencia que enfrentan las y los periodistas colombianos que cubren las manifestaciones desde el pasado 28 de abril.

La FLIP rechaza las agresiones y obstrucciones de las que fueron víctimas los periodistas Juan Ortega, Óscar Solarte y Kevin Acosta mientras cubrían las manifestaciones en Popayán el pasado 12 de mayo. Acosta fue fuertemente atacado por miembros de la Policía, mientras que Ortega y Solarte fueron agredidos por personas encapuchadas que participaban de la manifestación.

La FLIP rechaza que figuras públicas y periodistas emitan mensajes que vinculan a reporteros, que cubren las protestas sociales con milicias urbanas. Estas valoraciones genéricas ponen en riesgo a los periodistas, deterioran las condiciones para el desarrollo de su trabajo e impactan negativamente el debate sobre temas de interés público.

Este 23 de noviembre la FLIP conoció que Herbin Hoyos realizó y publicó un video en el que relaciona a la prensa -que cubría las protestas en Bogotá y Medellín el 21 de noviembre- con estructuras criminales organizadas. En este video, mientras se ven imágenes de periodistas de Colprensa y otros medios cubriendo los hechos, Hoyos afirma: “están distribuidos los roles de cada uno de ellos: unos son los que atacan, otros son los que filman, hay unos que tienen incluso hasta chalecos de prensa, hay otros que a veces usan chalecos de derechos humanos”. 

Horas después, este mensaje fue respaldado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien lo difundió en su cuenta de Twitter con el siguiente mensaje: “Las milicias y su acción vandálica y terrorista. Herbin Hoyos”. Esto significa una amplificación del mensaje ya que Uribe tiene casi cinco millones de seguidores en esa red social. El video ha tenido más de 70.000 reproducciones y 2.500 me gusta.  

Para la FLIP es preocupante que la difusión masiva de estos mensajes provoque un escenario de permisividad para atentar contra los derechos de los comunicadores. En particular, se destaca que en el contexto colombiano ya existe un riesgo latente en contra de periodistas que cubren este tipo de acciones. 

La FLIP le recuerda al ex senador Uribe y a quienes difundieron estos mensajes que desde noviembre del año pasado hasta la fecha las manifestaciones sociales se han convertido en un escenario de altísimo riesgo para los periodistas. La FLIP ha documentado ataques contra 75 periodistas, y en la mayoría de los casos los agresores fueron integrantes de la fuerza pública. 

La generalización de vínculos de la prensa con estructuras organizadas puede generar en el imaginario colectivo una criminalización de los y las periodistas que cubren la protesta social. Esto tiene el potencial de ponerlos en mayor riesgo infundado, constreñir su independencia y fomentar la autocensura. 

Vale la pena destacar que en una decisión reciente la Corte Suprema de Justicia, en aras de garantizar el derecho a la protesta pacífica y a la libertad de expresión, ordenó conjurar, prevenir y sancionar la estigmatización frente a quienes, sin violencia, salen a las calles a cuestionar, refutar y criticar las labores del gobierno y los ataques contra la libertad de expresión y de prensa. Estos mensajes estigmatizantes van en contravía de esta orden. 

La FLIP conoce que Herbin Hoyos rectificó que quienes aparecen en el video identificados como prensa no hacen parte de ninguna organización criminal. Sin embargo, resulta prioritario  que Hoyos haga la misma aclaración en el video original para que circule la información actualizada.

A su vez, reiteramos que a las personas con alto nivel de exposición pública, como el expresidente Uribe, les asiste un deber de garantía de las libertades civiles. Por ello, Uribe está en la obligación de replicar con la misma difusión el segundo video aclarativo sobre la ausencia de vinculación de periodistas con milicias urbanas. Por el contrario, puede alimentar una atmósfera peligrosa para la vida democrática.

En una acción judicial sin precedentes se busca la protección frente a las prácticas de violación sistemática de derechos humanos cometidas por las autoridades públicas durante las protestas. Los jueces y organismos de control deberán tomar medidas efectivas.

Bogotá, 16 de enero de 2020. La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá admitió la acción de tutela presentada por diversas organizaciones de derechos humanos, profesores universitarios y litigantes, en representación de manifestantes y víctimas, contra la Presidencia de la República, los Ministerios de Defensa y del Interior, la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Dirección General de la Policía Nacional y el Comando Policía Metropolitana de Bogotá por violaciones de derechos humanos cometidas en el marco de las protestas que iniciaron el 21 de noviembre de 2019 en todo el país. 

La magistrada ponente, Hilda González Neira, vinculó a la Procuraduría y a la Defensoría del Pueblo para que participen en el caso. Igualmente, solicitó a otras entidades no demandadas, como la Personería de Bogotá, la Cámara de Representantes, la Procuraduría, la Alcaldía de Medellín y las gobernaciones de Nariño y Boyacá, que entreguen información sobre los hechos ocurridos en las movilizaciones recientes en las que no se empleó el ESMAD para reprimir protestas pacíficas.  

Entre las organizaciones de la sociedad civil que se unieron para presentar la tutela se encuentran la Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP, Dejusticia, la Comisión Colombiana de Juristas - CCJ, el Colectivo de Abogados José Álvear Restrepo - CAJAR, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, dhColombia y Humanidad Vigente Corporación Jurídica, integrantes de la “Campaña Defender la Libertad Asunto de Todas”.

En la acción judicial se denuncian detalladamente conductas arbitrarias cometidas de forma sistemática por las autoridades públicas como: la disolución violenta de protestas pacíficas, el uso indebido de armas potencialmente letales y la retención arbitraria de personas que participan en protestas.

Las prácticas represivas y violentas de los organismos de seguridad del Estado, especialmente el ESMAD, la Policía y el Ejército Nacional, vulneran el derecho fundamental a la protesta y  significan un riesgo para los derechos a la vida, la integridad personal, la libertad, el debido proceso, la libertad de expresión, entre otros.

Todas las conductas documentadas en la tutela han ocurrido en movilizaciones indígenas, afro y campesinas del sur del país, en protestas estudiantiles en las grandes ciudades y, recientemente, han tenido su mayor expresión en la jornada de Paro y Movilización Nacional desde el 21 de noviembre de 2019.

Las organizaciones, manifestantes y víctimas le pedimos al Tribunal de Bogotá y a los organismos de control que tomen medidas efectivas para que cesen estas prácticas y se garantice la movilización, la protesta y el ejercicio pacífico de la política en las calles.

Contactos: 

Dejusticia
Adriana Abramovits. Comunicadora. 
+57 3163565681 
aabramovits@dejusticia.org 

Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo - CAJAR
Angélica Chaparro. Prensa. 
+57 321 3819733
prensa@cajar.org

Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP
Comunicaciones.
+57 3103419744.
comunicaciones@flip.org.co

Humanidad Vigente Corporación Jurídica
Erik Cano. Encargado de comunicaciones. 
+57 310 2307374. 
prensa@humanidadvigente.net

Comisión Colombiana de Juristas
Paola Sánchez. Jefa de Prensa.
paolasanchez@coljuristas.org
+057 7449333 ext. 1021.

La FLIP registró cinco nuevas agresiones a la prensa durante el cubrimiento de las manifestaciones en las ciudades de Bogotá y Barranquilla. Con los registrados ayer, la FLIP ha documentado un total de 47 violaciones a la labor periodística, desde el pasado 21 de noviembre, que han dejado a 58 reporteros afectados.  

El 10 de diciembre miembros de la Policía Nacional obstruyeron y agredieron físicamente a varios periodistas que se encontraban cubriendo el plantón en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación en Bogotá. Un periodista de RCN Radio asegura que fue agredido físicamente por parte de un miembro de la Policía Metropolitana de Bogotá, quien le propinó una patada para impedir que registrara la detención de un joven en medio de la manifestación. 

Por su parte Ómar Vera, periodista del medio digital El Turbión, denunció que cuando tomaba fotografías de la detención de este mismo joven, dos policías en motos lo acorralaron y uno de ellos lo golpeó en varias ocasiones con el manillar de la motocicleta e impidieron el cubrimiento de los hechos. Una situación similar vivió el equipo CityTv que se encontraba en el mismo lugar. Dos motos de policía le impidieron el paso al periodista y otro uniformado intentó tapar la cámara que estaba grabando lo sucedido. 

En otro punto de la ciudad, Juan Sebastián Sandoval,  reportero del medio digital Háblame Claro, sostiene que recibió escupitajos y fue agredido con piedras por integrantes del Esmad que se encontraban en el puente peatonal que atraviesa la carrera 30 frente a la Universidad Nacional. 

A estos casos se suma el del periodista Ramiro Cañas, de RCN televisión en Barranquilla, quien denunció que fue intimidado por varios manifestantes frente a la Universidad del Atlántico, mientras cubría una denuncia sobre el ataque a uno de lo vigilantes de la institución por parte de un grupo de encapuchados. Cañas manifiesta que cinco manifestantes le prohibieron grabar, debido a que no iban a permitir la presencia de RCN. Los desconocidos lo empujaron y le robaron la memoria de la cámara donde tenía todo el registro periodístico.  

De las 47 agresiones registradas por la FLIP en el marco del cubrimiento del Paro Nacional 24 han sido por parte de particulares y encapuchados cuya identidad se desconoce.

La FLIP reitera el llamado a la Policía Nacional para que sea garante de la labor periodística. Estas agresiones por parte de la Fuerza Pública intimidan a los periodistas que cubren las manifestaciones y generan un ambiente de hostilidad para la prensa. Es deber de la Policía Nacional velar por la seguridad de los periodistas que se encuentran en este tipo de cubrimientos y de garantizar el derecho que tienen las audiencias de acceder a información sobre las movilizaciones sociales, que son un tema de interés general.

Adicionalmente, la Fundación le hace un llamado a todos los manifestantes para que no se conviertan en agresores de la prensa sino por el contrario sean quienes contribuyen al derecho constitucional que tienen los ciudadanos de recibir información oportuna sobre hechos de interés público.

Desde Fundación Karisma y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) hacemos un llamado para que participes y colabores en la realización de pruebas de conectividad para conocer y documentar posibles bloqueos o problemas técnicos que puedan enfrentar las páginas de algunos medios durante las protestas del día de hoy en Colombia (21 de noviembre de 2019).  

La colaboración consiste en participar de un ejercicio de documentación colectiva abriendo un enlace con la aplicación del Observatorio Abierto de Inferencias en la red - OONI. Con este ejercicio estarás revisando la conectividad de una lista de páginas web preestablecida por nosotros. El análisis se hace desde tu dispositivo y conexión propia a internet y permite a OONI identificar y contarnos sobre posibles problemas de conectividad, si los hay.

El uso de OONI puede suponer algunos riesgos, los más importantes son 

• Si alguien está monitoreando tu red o tráfico de internet puede saber que usas OONI.

• Los datos recopilados en las pruebas los cargan automáticamente al servidor central del proyecto (aunque hacen lo posible por ocultar información con la que se pueda identificar a los participantes de las evaluaciones advierten que en algunos puede ser insuficiente para anonimizar algunos resultados).

Actualmente OONI suma un total de 11 millones de mediciones en conexiones a internet de casi 100 países. Este ejercicio se ha hecho con la participacipación voluntaria de las personas y ha permitido detectar por ejemplo el bloqueo de 886 dominios en Irán entre 2014-2017. 

¿Qué hace OONI?

OONI permite analizar si existen bloqueos técnicos para ingresar a páginas web e incluso puede indicar los métodos técnicos que se usan, si se establece que la página se encuentra bloqueada o tiene problemas de conectividad. 

En el sitio web de OONI se proponen evaluaciones preestablecidas por ellos de diferentes países, pero también se permite hacer listados propios. 

Dado que durante las protestas es importante que las páginas web de los medios estén disponibles para brindar información, hemos hecho una lista propia o personalizada de sitios colombianos que estaría bien monitorear durante el paro del 21 de noviembre para documentar colectivamente, con la ayuda de OONI, si es que se llegan a presentar problemas. ¡Ayúdanos!.

OONI permite detectar bloqueos no solo de páginas web, también de aplicaciones de mensajería instantánea y puede medir aspectos relacionados con la velocidad o el rendimiento de la red entre otras características. Si te interesa hacer una medición propia, diferente a la que te proponemos en este ejercicio, te aconsejamos consultar el tutorial elaborado por Derechos Digitales. 

¿Cómo participar del ejercicio colectivo de documentación que proponen Fundación Karisma y FLIP?

1. Instalar la aplicación OONI

Se puede descargar desde Google Play Store en y desde F-Droid en . También existe para  iOS.

2. Usando OONI abre el siguiente enlace:

   http://bit.ly/PruebaOONI

3. Da clic en la opción ejecutar

Cuando se abra la aplicación OONI saldrá la lista de opciones, allí debes hacer clic en ejecutar.

La aplicación te indicará el tiempo estimado de la medición. Al finalizar la evaluación mostrará los resultados indicando si alguno de los sitios evaluados tiene algún problema de conexión. Los resultados serán enviados automáticamente al  Observatorio Abierto de Interferencias en la Red.

4. Si quieres conocer los resultados de la evaluación colectiva

La publicación de los resultados de las mediciones colectivas serán publicados en la página de OONI sobre Colombia disponibles bajo la licencia Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

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