Las declaraciones del brigadier general Federico Mejía, comandante del Comando Específico del Cauca del Ejército Nacional, en contra de La W desacreditan y ponen en un alto riesgo jurídico al medio pues lo vincula con la comisión de un delito sin presentar evidencias.

La FLIP tuvo acceso a documentos filtrados que revelan que el Estado utiliza —y planea adquirir— tecnologías y tecnologías con capacidad intrusiva para vigilar la actividad en línea y recolectar información del espacio público virtual. Las fuerzas militares justifican estas prácticas supuestamente para proteger la “seguridad nacional” sin reconocer que vulneran los derechos humanos. El uso indiscriminado y masivo de estas herramientas tecnológicas en contra de periodistas, medios de comunicación y cualquier persona con presencia digital en el país afectan la libertad de expresión y la privacidad.

La FLIP presenta el informe La radio de la fuerza pública: un monopolio que debilita la democracia. En este se reconstruye cómo durante las últimas tres décadas la fuerza pública de Colombia ha construido uno de los sistemas radiales más poderosos del mundo que se haya creado para librar una guerra.

Este 6 de octubre, la FLIP interpuso una demanda de reparación directa contra el Ejército y la Policía por el asesinato del comunicador indígena Abelardo Liz, ocurrido el 13 de agosto del 2020. Con esta acción se pretende que se reconozca la responsabilidad del Estado colombiano en la muerte del periodista. La FLIP, como representante de la familia de la víctima, ha logrado recolectar pruebas y testimonios que confirman que el Ejército disparó contra Liz mientras él cubría los enfrentamientos entre la fuerza pública y la comunidad Nasa en Corinto, Cauca.

Después de dos años del asesinato de Abelardo Liz en Corinto, Cauca, las pruebas indican que un miembro del Ejército sería quien disparó al comunicador indígena. A pesar de que la investigación de la Fiscalía ha contado con largos periodos de inactividad, los recientes avances de la investigación penal apoyan esa hipótesis. A pesar de haber muerto ejerciendo su labor, la Fiscalía aún no formaliza dentro de la investigación la relación del crimen con el oficio.

• Ha pasado un año desde que se conocieron los perfilamientos ilegales a periodistas, políticos y líderes sociales. Hasta ahora no se conocen imputaciones formales. 
  
  
• El Estado colombiano no ha implementado medidas que garanticen la vida e integridad del periodista Ricardo Calderón.
  
  
• Es urgente que la Procuraduría General de la Nación vigile el proceso para que no se continúen presentando dilaciones en el cumplimiento de las medidas cautelares.

Un mes después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenara medidas cautelares a favor del periodista Ricardo Calderón, el Estado colombiano no ha implementado acciones  que garanticen su vida e integridad. Tras un año de la denuncia de los perfilamientos ilegales por parte del Ejército Nacional que originaron la medida tampoco se conocen imputaciones formales. 

El pasado 3 de febrero se realizó una reunión de concertación de medidas cautelares convocada por la Cancillería de Colombia. En la reunión participaron delegados de la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, el periodista Ricardo Calderón y la FLIP.

Desafortunadamente en ese espacio no se encontró una respuesta inmediata y articulada para prevenir el riesgo excepcional y, a pesar de la existencia de la medida cautelar, el periodista fue redirigido a agotar los trámites ordinarios para reclamar la protección de emergencia —cuya duración mínima es de noventa días—. La UNP no propuso fórmula alguna de concertación sino que insistió en remitir el caso al CERREM, cuya dinámica institucional impide que las medidas sean concertadas.

Por su parte, la Fiscalía General de la Nación tampoco ha mostrado avances satisfactorios en la investigación. En abril del 2020 la Fiscalía inició dos investigaciones por los hechos, sin embargo, en ninguna hay resultados que conlleven a esclarecer los hechos. Las dos investigaciones se caracterizan por una precaria actividad probatoria que dé cuenta de la valoración del contexto de las agresiones y su relación con el ejercicio de la actividad periodística. De igual manera, resulta inaceptable que a pesar de que la Fiscalía conoce las amenazas contra Calderon desde inicios del 2020 el llamado a rendir la declaración ocurrió solo un año después, (el pasado 10 de febrero del 2021). 

La FLIP advierte que el Estado colombiano está en mora de adoptar las medidas necesarias para garantizar los derechos a la vida e integridad del periodista y cumplir las medidas ordenadas por la CIDH. Lo ocurrido en el caso de Ricardo Calderón demuestra, una vez más, la sistemática falta de respuesta institucional por parte de la Unidad Nacional de Protección y de la Fiscalía General de la Nación frente a los crímenes contra la prensa.

Ya que la protección de la prensa es una obligación primordial del Estado, resulta urgente que la Procuraduría General de la Nación vigile por qué se están desconociendo los lineamientos internacionales para investigar, juzgar y sancionar las agresiones contra la prensa y que vigile el proceso de tal manera que no se continúen presentando dilaciones en el cumplimiento de las medidas cautelares.

El 19 de agosto del 2020, los cuatro Relatores Especiales de Naciones Unidas y la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestaron al Gobierno colombiano su preocupación sobre las actividades de vigilancia y elaboración de perfiles por parte del Ejército, considerando que dichas actividades someten a los periodistas a un riesgo elevado e interfieren con el desarrollo de su trabajo. Por este motivo, les hacemos un llamado para que hagan una vigilancia permanente y de cerca al incumplimiento de los compromisos del Estado frente a la protección y garantía de la libertad de prensa. 

Desde la FLIP continuaremos realizando seguimiento a la adopción de medidas de protección y el desarrollo de una investigación seria e imparcial, que conlleve a la sanción de los responsables de las agresiones y perfilamientos de las que ha sido víctima Ricardo Calderón y otros periodistas en el país. 

Han transcurrido cuatro meses de las denuncias sobre perfilamientos a periodistas detalladas en la investigación "Carpetas secretas" de Revista Semana. La Fundación para la Libertad de Prensa ha hecho seguimiento a los anuncios y compromisos de las autoridades con respecto a este caso y, con preocupación, comparte este balance:

Investigaciones disciplinarias 

El pasado 20 de mayo, la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos a dos generales en retiro, cinco coroneles, tres mayores, un teniente y dos suboficiales adscritos a diferentes unidades de inteligencia. Aún sigue pendiente fijar la fecha para la audiencia de juicio disciplinario. La FLIP valora positivamente que, una vez el Ministerio Público asumió competencia de este caso, se adoptaron decisiones de fondo, lo que no ocurrió mientras el Comando General de las Fuerzas Militares estuvo a cargo de la investigación.

Se tiene conocimiento de un informe de la investigación realizado por el Inspector General del Comando General de las Fuerzas Militares que habría sido remitido a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación.

Investigaciones penales

El 4 de mayo de 2020, el Fiscal General de la Nación anunció que desde enero comenzó una investigación por delitos de violación ilícita de comunicaciones, uso ilícito de equipos trasmisores, entre otros delitos, y que dentro de este expediente sería citado a interrogatorio el general en retiro Nicacio Martínez. Cuatro meses después dicha diligencia no se ha realizado. 

La Fiscalía ha señalado que adelanta una investigación minuciosa ordenando entrevistas a integrantes de las Fuerzas Militares, también que cuenta con la información de los equipos incautados en el allanamiento ordenado por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia en diciembre de 2019 y que realizó una inspección judicial a la investigación disciplinaria que adelanta la Procuraduría General de la Nación. A pesar de esta positiva autocalificación, a la fecha, no se conocen vinculaciones formales al proceso.

Acceso a la información

Resulta preocupante una respuesta del pasado 11 de agosto de la Fiscalía General de la Nación a un derecho de petición enviado por la FLIP, donde afirma que, contrario a lo publicado en Revista Semana, "no fueron 130 blancos los objetos de acciones ilegales de monitoreo, seguimientos, interceptaciones, perfilaciones, trabajos especiales por el Ejército Nacional, sino un número de personas que no supera los 20"¹. La Fiscalía no informó los nombres de los periodistas víctimas, tampoco brindó detalles de cómo identificó a las víctimas, ni de los criterios que utilizó para afirmar que el número de víctimas es considerablemente menor.

La FLIP no ha recibido información sobre el alcance de los perfilamientos y los responsables a pesar de que se ha insistido recurrentemente en las preguntas concretas formuladas el 12 de mayo. Si bien el cuestionario tuvo un trámite formal ante distintas entidades del Gobierno, se ofrecieron respuestas parciales que no resuelven de fondo los interrogantes planteados. En varias ocasiones la petición fue  trasladada de una dependencia a otra aumentando los tiempos y sin que el traslado implicara el pleno cumplimiento de los estándares de acceso a la información.

Medidas adoptadas en las FF.MM.

El 2 de mayo, el Ministro de Defensa anunció que once militares fueron retirados de servicio. En un comunicado posterior, explicó que esa decisión se fundamentó en “las necesidades del servicio y conveniencia institucional” pero no se refirió a las razones de manera clara, ni explicó la relación con las investigaciones que se adelantan por los hechos de perfilamiento a periodistas.

El ministro también anunció la adopción de medidas para evitar la continuidad de los perfilamientos. Para ello, el Comando General de las Fuerzas Militares realizó un proceso de revisión estratégica de capacidades de inteligencia, "cuyas conclusiones fortalecerán las capacidades y controles a las actividades de inteligencia y contrainteligencia". Dicho diagnóstico es de carácter reservado, razón por la cual no se conocen los pormenores de las medidas que se adoptarán para que se respeten los estándares de protección de derechos humanos. 

El despliegue de actividades de inteligencia militar contra la prensa no es un fenómeno nuevo, y a pesar de que cada vez se anuncian medidas para evitar que los hechos se repitan, se ha demostrado que son insuficientes. Para la FLIP, en este proceso debería participar la Comisión Parlamentaria para Asuntos de Inteligencia con el fin de garantizar que los controles externos a los servicios de inteligencia cumplan con su labor.

Naciones Unidas y la CIDH observan con preocupación el caso

El 19 de agosto de 2020, los cuatro Relatores Especiales de Naciones Unidas y la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestaron al Gobierno colombiano su preocupación sobre las actividades de vigilancia y elaboración de perfiles por parte del Ejército, considerando que dichas actividades someten a los periodistas a un riesgo elevado e interfieren con el desarrollo del ejercicio periodístico. Por lo anterior, solicitaron al Estado colombiano información para aclarar los hechos: detalles de las investigaciones que se han adelantado y de las actividades de prevención que se han desplegado. 

En una comunicación del 5 de agosto, el Estado contestó algunas de las preguntas y omitió resolver de manera integral y completa todos los interrogantes planteados por los expertos independientes de Naciones Unidas y de la CIDH. 

Así mismo, algunos miembros del Congreso de los Estados Unidos llamaron la atención sobre el caso, por el uso indebido de los recursos de ayuda internacional para fines ilegítimos. Por ello, allí cursa un proyecto de ley que busca el esclarecimiento del uso de la asistencia internacional del sector de seguridad de los Estados Unidos al Gobierno de Colombia, con el fin de aclarar si fue utilizada para fines de vigilancia o inteligencia ilegal a la población civil. 

Conclusiones

Las actividades de inteligencia contra periodistas son tan recurrentes como las reacciones enérgicas de rechazo por parte de las autoridades una vez se conoce que ocurren. Las autoridades asumen públicamente compromisos para avanzar en el esclarecimiento de los hechos, pero con el paso del tiempo pareciera que estos quedan en una rueda de prensa, se diluyen en pocas semanas y no se reflejan en las investigaciones.

Es importante valorar el rechazo de lo ocurrido por parte del Gobierno nacional pero es prematuro dar por sentado y asumir con ese rechazo que todo está resuelto. Se ha forjado un ambiente gubernamental de superación del fenómeno que no pasa por la garantía del derecho a la justicia. Las investigaciones penales y disciplinarias se deben adelantar con celeridad y sancionar ejemplarmente a los responsables, de lo contrario anticipamos un alto riesgo de impunidad para estos hechos.  

Para la FLIP es preocupante que los avances frente al caso de perfilamientos son mínimos y no proporcionan garantías para la libertad de prensa ni para la protección a las fuentes. Las medidas adoptadas hasta el momento no han sido suficientes para  esclarecer de manera pronta la verdad sobre las vigilancias del Estado ni para prevenir que vuelvan a ocurrir. 

¹ Fiscalía General de la Nación. Oficio nº FDCSJ-10100- del 11/08/2020 en respuesta al derecho de petición radicado 110016000102202000007.

¿Quién era el comunicador indígena asesinado la semana pasada en el norte del Cauca? ¿Qué hacía en medio de las confrontaciones entre las fuerzas armadas y comunidades indígenas? ¿Para qué medio de comunicación trabajaba y sobre qué informaba?

Se escuchan disparos seguidos de un jadeo. Se ve el pasto. La imagen se mueve y en un plano inclinado hacia arriba, aparecen dos personas tapándose la boca. Al fondo un grupo de militares avanza. En la siguiente escena se ve un paisaje verde y marrón. Es un día opaco, las plantas están secas y los árboles no son muy altos. De  nuevo los disparos, la imagen se tambalea bruscamente, se precipita y ahora solo se ve el suelo. “Me dieron, me dieron”, se oye un grito ahogado, sin fuerzas y tras varios movimientos, la imagen solo proyecta un cielo que da vueltas.

Quien grababa era el comunicador Abelardo Liz, y ese fue su último cubrimiento periodístico.

Liz trabajaba en la emisora Nación Nasa Estéreo ubicada en el municipio de Corinto, en el norte del Cauca, era el menor de seis hijos y el pasado 7 de agosto celebró su cumpleaños número 34. Murió seis días después, mientras registraba una confrontación entre la fuerza pública y las comunidades indígenas del proceso de ‘liberación de la madre tierra’ en la finca Quebrada Seca en el municipio de Corinto. Recibió tres impactos de bala que fueron disparados desde la zona donde se encontraba el Ejército Nacional. Con Abelardo, la cifra de periodistas asesinados en Colombia, desde 1938, asciende a 161.

La primera noticia

Liz se empezó a formar como periodista en el 2014 en la escuela de comunicaciones promovida por la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) y un año después, cuando se creó Nación Nasa Estéreo se vinculó a la emisora. Al principio, solo apoyaba las emisiones de los fines de semana, pero dado su compromiso y liderazgo pronto se convirtió en periodista de planta.

Desde que empezó el 2020, Abelardo se unió al grupo de cuatro comunicadores de tiempo completo con los que contaba Nación Nasa. Participaba en el programa El Sabor de la Tarde, un espacio musical con una franja de entrevistas. Además realizaba notas y hacía registro audiovisual para medios comunicativos de la comunidad de Corinto. El rol de Abelardo en el equipo de comunicaciones era fundamental: se encargaba de entrevistar a la gente, particularmente a los jóvenes, para visibilizar todo lo que pasaba y se preocupaba por los temas económicos y ambientales.

Natalia Salazar, una de las compañeras de Abelardo en la emisora lo describe como una persona muy respetuosa que siempre estuvo muy comprometida con su trabajo y que tenía una fuerte vocación por todo lo que se hacía desde el Tejido de Comunicaciones de los Pueblos Indígenas.

“La pérdida de Abelardo le deja un gran vacío en nuestro equipo. Abelardo no solo era nuestro compañero, era nuestro amigo y hacía parte de esta familia de comunicación. Es una persona irremplazable”, manifiesta Natalia. 

Para Juan Dagua, comunicador de la emisora Radio Payumat, Abelardo era un joven con mucha inquietud sobre lo que pasaba a su alrededor, que deseaba aprender para compartir sus conocimientos con la comunidad y por eso se sumó a la escuela de comunicaciones hace seis años.

Por su parte, Gerald Bermúdez, quien conoció a Abelardo en 2014 en unos talleres de comunicación que Bermúdez impartió, afirma que Liz “era una persona muy comprometida, con una vocación de servicio increíble y muy entregado a su trabajo”.

En el lugar de los hechos

Desde hace cinco años varias comunidades indígenas del Cauca se han unido para desarrollar un proceso llamado la liberación de la madre tierra. Con frecuencia se organizan mingas para ocupar terrenos que han sido sembrados en caña de azúcar. A punta de machete tumban toda la caña y a cambio siembran comida: maíz, plátano, yuca, fríjol… El argumento es histórico: “estas tierras han sido de nuestros abuelos ancestralmente, fueron arrebatadas con violencia hace unos 80 años, y desde hace más de 30 solo hay caña. En las mingas de liberación las familias bajan, cortan caña, siembran alimento, levantan sus cambuches y crían animales. Recuperan la tierra y la liberan del monocultivo”. Así lo explica Dora Muñoz, coordinadora de Tejido de Comunicaciones del Cabildo de Corinto.

En Corinto hay siete puntos de liberación distribuidos en cuatro haciendas: Granadita, García Riva, Miraflores y Caucanita. Pertenecen a los ingenios azucareros de Incauca, Manuelita y Mayagüés. Desde la perspectiva de estas empresas y de las autoridades estatales, los procesos de liberación son una invasión a la propiedad privada. Por eso se producen los desalojos. El ESMAD, la Policía y el Ejército apoyan las acciones de las empresas de seguridad privada de los ingenios y entran a los terrenos con maquinaria a arrasar los cultivos, a decomisar los animales, a tumbar los cambuches y a forzar a la gente a abandonar el área. Los días 12 y 13 de agosto de 2020 estaban precisamente en medio de un desalojo forzado con presencia militar en un punto de liberación conocido como la finca Quebrada Seca en Corinto. 

Los líderes indígenas se han reunido varias veces con los voceros de los ingenios azucareros para conciliar la tenencia de la tierra, pero no han llegado a ningún acuerdo satisfactorio, entonces las comunidades se han mantenido firmes: “resistiremos y continuaremos liberando la tierra del monocultivo”, dice Dora. Mientras tanto, las autoridades estatales también han reforzado su posición: acuden a las armas para diseminar a la población.

No era la primera vez que Abelardo debía cubrir una minga de liberación o un desalojo forzado. El proceso de liberación de la madre tierra es complejo e involucra luchas indígenas históricas por la tierra que hoy está en manos de empresas agroindustriales. La presencia de un periodista indígena en momentos como los que se vivieron la semana pasada en Corinto es más que obvia.

“Abelardo estaba registrando estos hechos para contarlos en la emisora y en la página web. Estuvo el día 12 registrando el desalojo y hablando con la comunidad. Y el día 13 estaba haciendo lo mismo. Él no tenía ni una piedra en la mano, solo tenía su cámara”, comenta Dora, quien también trabajaba con Abelardo en la emisora Nación Nasa Estéreo.

La Asociación de Cabildos Indígenas del Cauca ha sido enfática en sostener que el día 13, cuando la fuerza pública empezó a disparar contra la comunidad, no había presencia de ningún grupo armado disidente de las FARC, como lo aseguró el Ejército en sus comunicados públicos.

Abelardo recibió los impactos de las balas mientras grababa las confrontaciones entre la fuerza pública y las comunidades. Cayó al suelo con su cámara aún encendida en la mano. El video que grabó está publicado en el canal de YouTube de Nación Nasa. Fue su último trabajo periodístico.

“Reportamos desde Nación Nasa Estéreo en el norte del Cauca”

En 2002 la comunidad del Cabildo de Corinto decidió crear su propia emisora comunitaria: Nación Nasa Estéreo. Esta hace parte de Radio Payumat, una red que recoge a las demás emisoras indígenas que hay en el norte del departamento y que se enlazan en una sola frecuencia a través del Consejo Regional Indígena del Cauca y la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca. 

Cuando se creó la emisora de Corinto, otros cabildos ya tenían sus propias estaciones radiales, como Toribío y Jambaló. Juan Dagua es comunicador de Radio Payumat y afirma que hoy esta radio llega al 80% del territorio. Alrededor de 30 mil personas se informan por este medio.

Las escuelas de formación donde Abelardo empezó a perfilarse como reportero fueron espacios creados por la misma comunidad para que quienes estuvieran interesados empezaran a prepararse para trabajar como comunicadores. Después de estos talleres se creó Nación Nasa Estéreo. Juan cuenta que las escuelas de formación se dieron para que los jóvenes retomaran prácticas y saberes que se estaban perdiendo con los años. 

Uno de los objetivos de la emisora es tratar temas propios del cabildo que son prácticos y útiles para las personas: informan desde sitios y temas sagrados, hasta asuntos políticos y de activismo como las mingas de liberación. Nación Nasa Estéreo, además de emitir contenido por la emisora, también difunde material en su página web y a través de su canal de Youtube. Hasta la semana pasada, el equipo periodístico estaba conformado por cinco comunicadores.

Este es el reporte periodístico que entregó Nación Nasa Estéreo después del asesinato de su periodista: 

En lo corrido del 2020 el Ejército Nacional ha sido reiterativo en los ataques y agresiones contra la prensa: ayer fue asesinado Aberlardo Liz, comunicador indígena del Cauca, por impactos de balas que fueron disparadas desde donde se encontraban soldados del Ejército Nacional. Días atrás, en otra zona del país, un reportero perdió tres dedos tras una agresión física. Las detenciones ilegales y las acciones de espionaje y vigilancia han sido ampliamente denunciadas, y además, continúan las amenazas contra periodistas. 

A pesar de las constantes denuncias, a la fecha, la FLIP no tiene conocimiento de sanciones disciplinarias o condenas por ninguno de estos hechos. 

El periodismo está de luto

Ayer, 13 de agosto, la FLIP denunció el asesinato de Abelardo Liz, comunicador del la emisora Nación Nasa, quien falleció mientras era trasladado hacia Cali para recibir atención médica. El reportero recibió varios impactos con arma de fuego mientras cubría el proceso de ‘liberación de la madre tierra’ que adelantan los pueblos indígenas en la vereda El Barranco del municipio de Corinto, en el norte del Cauca. Reporteros que hacen parte del Tejido de Comunicaciones para la Verdad y la Vida de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), quienes también se encontraban cubriendo la manifestación pública, aseguran que los disparos provenían del sector en el que se encontraban los miembros del Ejército Nacional.

Este asesinato es la violación a la libertad de prensa más grave que la FLIP ha registrado en el 2020. Sin embargo, la Fundación ha documentado otros casos preocupantes durante este en los que también estarían vinculados miembros del Ejército Nacional. 

Agresiones físicas en Guaviare

En circunstancias similares en las que fue asesinado Liz, comunicadores del colectivo Voces del Guayabero, que desarrollan su labor en el sur del Meta y Norte del Guaviare, han recibido diferentes ataques durante el desarrollo de su labor informativa que han puesto en riesgo su vida y su integridad. El primero de ellos ocurrió el pasado 4 de junio cuando Fernando Osorio perdió tres dedos de su mano derecha luego de recibir disparos por parte del Ejército Nacional. 

Además de este ataque desproporcionado, Osorio y tres de sus compañeros de Voces del Guayabero han denunciado amenazas contra su vida y detenciones irregulares por parte de los uniformados, quienes constantemente señalan a los comunicadores de ser guerrilleros. Las violaciones a la libertad de prensa contra los reporteros de este medio se han presentado durante el cubrimiento de los operativos de erradicación forzada en la vereda de Vista Hermosa, Meta, donde, según los periodistas, cerca de 80 comunidades campesinas se encuentran en riesgo por las acciones militares de la Fuerza Pública. 

Vigilancia y perfilamiento

Sin embargo, las agresiones contra la prensa en las que estarían involucrados miembros del Ejército Nacional no se limitan a los ataques directos durante el cubrimiento de operativos militares. El pasado primero de mayo la Revista Semana publicó su investigación titulada Carpetas secretas en la que se denuncian las acciones de vigilancia y perfilamiento por parte del Ejército colombiano a más de 130 personas, incluidos defensores de derechos humanos, periodistas nacionales e internacionales, políticos, líderes sindicales, y otros miembros de las fuerzas armadas. El 11 de junio, luego de un informe de la Procuraduría General de la Nación, la FLIP confirmó que la cifra de periodistas vigilados por parte del Ejército Nacional ascendía a 52. 

Sin responsables

A pesar de las solicitudes de investigación que ha hecho la FLIP, hasta la fecha el Ejército Nacional no ha esclarecido los hechos denunciados ni ha informado sobre las sanciones o condenas contra los funcionarios responsables de estas graves violaciones a la libertad de prensa. Por el contrario, a través de sus comunicados de prensa, como el que se publicó ayer, 13 de agosto, la institución continúa negando que la sociedad civil esté siendo afectada por sus acciones, y señala de insurgentes o guerrilleros a periodistas y miembros de las comunidades para justificar sus acciones desproporcionadas. 

Estas situaciones son especialmente graves si se tiene en cuenta que el Estado colombiano no ha cumplido con su responsabilidad de sanción y prevención ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2013 después de los ataques contra el periodista Gonzalo “Richard” Vélez. 

El 5 de octubre de ese año, el organismo internacional condenó al Estado por las agresiones y posteriores amenazas por parte de miembros del Ejército hacia el reportero en 1996, y que lo forzaron al exilio. Vélez estaba registrando las violaciones a los derechos humanos durante las marchas cocaleras en el departamento de Caquetá. En el fallo, el órgano internacional determinó que como garantía de no repetición el Estado colombiano debía “incorporar, en sus programas de educación en derechos humanos dirigidos a la Fuerzas Armadas, un módulo específico sobre la protección del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión de la labor que cumplen los periodistas y comunicadores sociales”.  

La sistematicidad con la que el Ejército ha actuado en detrimento de la prensa, es un grave indicio de que no se trata de actuaciones aisladas por parte de uniformados individuales, sino que existe una instrucción en el interior de las fuerzas militares para limitar el ejercicio periodístico. Por esta razón, la FLIP reitera la necesidad de que el Ejército Nacional investigue con celeridad los hechos denunciados para esclarecer la responsabilidad de los militares. 

La Fundación solicita, además, que,  al atender el fallo de la Corte Interamericana, se impartan instrucciones precisas sobre el cumplimiento de su deber como garantes de la libertad de prensa en este tipo de escenarios donde la presencia de equipos periodísticos es una garantía de transparencia alrededor de los operativos militares.

La FLIP extiende su llamado a la Procuraduría General de la Nación para que haga seguimiento a las investigaciones que se desarrollan al interior del Ejército Nacional. También le solicita a la Defensoría del Pueblo que investigue las denuncias de los periodistas con el fin de adelantar las acciones pertinentes para garantizar el respeto por la libertad de prensa.  

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza de manera contundente los ataques denunciados por los comunicadores de Voces del Guayabero por parte de miembros de la fuerza pública. La FLIP le solicita a la Policía y al Ejército Nacional que se pronuncien sobre estos hechos para que la sociedad civil pueda conocer las investigaciones en el interior de las instituciones.

La investigación Chuzadas sin cuartel, publicada por Revista Semana el 11 de enero de 2020, revela que distintas unidades del Ejército Nacional ejecutaron un plan para amenazar y realizar interceptaciones ilegales contra periodistas, defensores de derechos humanos, magistrados, políticos y otros funcionarios públicos. Esta vigilancia se estaría realizando desde las instalaciones militares, precisamente para blindarse de allanamientos de la justicia y de los medios de comunicación, según el testimonio de un militar citado en la investigación.

La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- rechaza la obstrucción a la labor periodística de la que fueron víctimas los reporteros de seis medios de comunicación por parte del Ejército Nacional, la Defensa Civil y EPM durante la reubicación de los afectados por la emergencia en Hidroituango. Una de las periodistas recibió, además, intimidaciones por parte de los miembros de las oficinas de prensa de las entidades.

El lunes 4 de junio Paola Rojas, periodista de Noticias Uno, se acercó al albergue, ubicado a 15 minutos de la cabecera municipal de Valdivia, donde se encuentran alojados los damnificados por la difícil situación que se vive en la región aledaña al proyecto Hidroituango. Cuando la periodista quiso entrevistarse con los afectados, miembros de la Defensa Civil y el Ejército le prohibieron el ingreso, argumentando que las personas que estaban allí no tenían permiso para hablar con la prensa por temas de seguridad.

Los damnificados alzaron su voz ante la prohibición de las autoridades y un oficial del Ejército le permitió al equipo de Noticias Uno entrevistar a las personas que se encontraban en el albergue a través de una reja. Luego de diez minutos de espera, los funcionarios del Ejército y la Defensa Civil permitieron el ingreso del equipo periodístico, pero restringieron las entrevistas con los damnificados: “EPM-Une da la orden de que ustedes pueden ingresar, me entrevistan a mí si quieren con mucho gusto, al Ejército, pero a ninguna de las personas”, aseguró la funcionaria de la Defensa Civil. Al respecto, Diego Salazar, gerente de comunicaciones de EMP, afirma que no tiene conocimiento de ninguna directriz por parte de la entidad para obstruir la labor periodística. Sin embargo, el funcionario asegura que continúan indagando en terreno sobre lo sucedido.

Luego de que el equipo de Noticias Uno terminó de hacer el cubrimiento de la situación que se vive en el albergue, la periodista recibió llamadas intimidatorias por parte de un funcionario de las oficinas de prensa del Ejército, EPM y de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. En las tres comunicaciones, las entidades querían mostrar lo sucedido como un sabotaje por parte de la comunidad y presionaban a la reportera con frases como: “no queremos que luego te toque rectificar”.

Ese mismo día, cinco periodistas de la Asociación de Medios Comunitarios (AMA) intentaron ingresar a tres de los albergues de Valdivia, pero funcionarios de la Policía Nacional no lo permitieron. Según Bibiana Ramírez, una de las reporteras afectadas, el domingo 3 de junio el equipo periodístico de AMA le solicitó al Puesto de Mando Unificado (PMU) una autorización para ingresar a los albergues del municipio, pero no recibieron respuesta.

La FLIP expresa su preocupación por la obstrucción periodística de la que fueron víctimas estos periodistas y hace un llamado a las entidades implicadas -Ejército Nacional, EMP, Policía Nacional y la Defensa Civil- para que garanticen el cubrimiento periodístico de la situación de emergencia que se vive en Hidroituango. En situaciones de riesgo humanitario las entidades públicas deben generar condiciones favorables para el acceso a la prensa con el fin de mantener a la sociedad informada sobre sucesos de alto interés público.

En carta abierta dirigida al general Juan Pablo Rodríguez, comandante general de las Fuerzas Armadas, la Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- denuncia la detención arbitraria de la que fueron víctimas dos periodistas del proyecto Crónicas Desarmadas el pasado 11 de noviembre en la región del Catatumbo.

Los reporteros estuvieron retenidos por cerca de 14 horas acusados de realizar sobrevuelos nocturnos de las bases militares con un dron en Tibú, Norte de Santander. Los militares implicados en los hechos intentaron decomisar el material periodístico y el dron sin ninguna orden judicial.

Puede conocer los detalles de los hechos y las consideraciones de la FLIP en esta carta.