En los últimos dos meses, el alcalde de Paipa, Germán Ricardo Camacho, el secretario General y de Gobierno, David Ricardo Camargo Higuera y la Jefa de la Oficina Asesora Jurídica, Alexandra Manuela Machuca, han presentado dos solicitudes de rectificación a Amigos de Paipa, un medio digital dirigido por los periodistas Carlos Alberto Vélez y Rafael Prieto Zartha, quienes hacen cubrimiento sobre temas relacionados con la gestión del patrimonio cultural y arquitectónico del municipio. Los funcionarios les solicitaron, por escrito, la retractación y eliminación de información. Además, les exigen que se abstengan de publicar cualquier opinión en su contra, pretendiendo silenciar un asunto de interés para la ciudadanía y limitar la capacidad del medio para denunciar y monitorear la conservación del patrimonio local.

El pasado 5 de marzo, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó tutelar los derechos al buen nombre y la honra del periodista Daniel Coronell. La sentencia da al senador Uribe Vélez un de máximo 48 horas para “rectractarse de las afirmaciones realizadas el 10 de febrero” a través de Twitter.

Ese día, Uribe trinó: “Daniel Coronel procede con una actitud mafiosa para hacer daño electoral, sus negocios con el narcotráfico siguen impunes y me ha demandado porque pienso que sería extraditable”. El tuit era la respuesta pública a una crítica de Daniel Coronell, quien a través de sus columnas en Revista Semana ha denunciado el actuar de Uribe durante su periodo presidencial.

En el proceso, el apoderado de Uribe habría argumentado que los señalamientos los hizo como particular. Ante esto, el Tribunal consideró que “las manifestaciones de un senador, que cuenta con millones de seguidores en la red, no se quedan en un ámbito privado. Trascienden, se propagan rápidamente y repercuten en el ánimo y memoria de la colectividad”.

En el mismo sentido, la sala hizo énfasis en que si Uribe considera las publicaciones de Coronell como injuriosas, debería acudir a las autoridades competentes. Para el magistrado, la forma en la que respondió el senador no es la esperada. “El senador URIBE, si estimaba violada su integridad moral bien hubiese podido ejercer el derecho a la rectificación en condiciones de equidad”, puede leerse en el fallo.

Uribe en su trino vinculó al periodista con acciones ilegales asociadas al narcotráfico. Así no solo estigmatiza a Coronell, sino que lo pone en un riesgo injustificado. Para el Tribunal, la respuesta del senador ataca el buen nombre del periodista relacionándolo, sin pruebas, con actividades ilíciltas.

No es la primera vez que Álvaro Uribe acude a la estigmatización de periodistas como mecanismo ilegítimo para responder a las críticas que le formulan. Tampoco la primera vez que la Justicia le obliga a rectificar sus afirmaciones estigmatizantes. Uribe, como presidente y ahora como senador, ha atacado a Gonzalo Guillén, Hollman Morris, Yohir Akerman, Daniel Samper Ospina, Julián Martínez y Noticias Uno . (Aquí puede ver un recuento detallado de estos señalamientos)

La FLIP exige al senador Uribe acatar el fallo, de igual forma le invita a que responda a las críticas de manera responsable y de acuerdo con los estándares de libertad de expresión. Como persona pública, Uribe tiene el deber de evitar señalamientos que pongan en riesgo a los periodistas y que no contribuyan a una ambiente de respeto a la prensa.

Lea aquí el fallo en línea.

La rectificación es un derecho fundamental garantizado por el artículo 20 de la Constitución Política. Las personas que se consideren afectadas por la publicación de información que estimen falsa, inexacta, equivocada o desactualizada pueden enviarle una solicitud de rectificación, para que se corrija lo publicado.