Funcionarios públicos de la Alcaldía de Paipa, Boyacá, ejercen presiones hacia medio de comunicación local

En los últimos dos meses, el alcalde de Paipa, Germán Ricardo Camacho, el secretario General y de Gobierno, David Ricardo Camargo Higuera y la Jefa de la Oficina Asesora Jurídica, Alexandra Manuela Machuca, han presentado dos solicitudes de rectificación a Amigos de Paipa, un medio digital dirigido por los periodistas Carlos Alberto Vélez y Rafael Prieto Zartha, quienes hacen cubrimiento sobre temas relacionados con la gestión del patrimonio cultural y arquitectónico del municipio. Los funcionarios les solicitaron, por escrito, la retractación y eliminación de información. Además, les exigen que se abstengan de publicar cualquier opinión en su contra, pretendiendo silenciar un asunto de interés para la ciudadanía y limitar la capacidad del medio para denunciar y monitorear la conservación del patrimonio local.

El pasado 17 de mayo, Amigos de Paipa, quien ha estado siguiendo durante más de dos años el proceso de demolición de dos casas coloniales de 250 años de existencia, publicó una noticia sobre la decisión de la alcaldía de proceder con el derrumbamiento de los inmuebles. A finales de junio, los funcionarios presentaron una solicitud de rectificación al medio para “inhibirse de realizar o compartir cualquier comentario, juicio, apreciación o consideración en nuestra contra.” El 10 de julio, el medio respondió que la solicitud no era procedente pues no cumplía con los requisitos constitucionales y en una publicación en sus redes sociales escribieron que se trataba de un caso de hostigamiento judicial. Una vez más, el 16 de julio, los funcionarios enviaron otra solicitud de rectificación e insistieron en que el medio debía abstenerse de emitir comentarios o juicios en su contra.

Es importante recordar que los funcionarios públicos no deben generar presiones para intervenir en la línea editorial de los medios de comunicación, indicándoles lo que pueden o no publicar, este tipo de actos constituyen formas de censura indirecta que buscan impedir que la prensa ejerza su función de control, generando un efecto silenciador que advierte no solo al medio, sino a demás periodistas y ciudadanos de abstenerse de expresar sus ideas o comunicar sobre determinados temas de interés público.

Al respecto, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE), en su Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, establece que "la censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar prohibida por la ley". Adicionalmente, la RELE ha señalado que estos estándares se aplican no solo a la censura directa, sino también a formas indirectas de censura, como presiones para intimidar o silenciar a periodistas y medios de comunicación. La presión por parte de funcionarios públicos sobre los medios para que no publiquen cierta información o para que la retiren una vez publicada también se considera una forma de censura previa prohibida.

Si bien la solicitud de rectificación de información es la vía adecuada para pedir ajustes en un contenido periodístico, los actos realizados por funcionarios de la Alcaldía van más allá y pueden constituir acoso judicial. Por ello, hacemos un llamado al alcalde de Paipa y demás funcionarios para que se abstengan de ejercer actos que pueden constituir censura previa, como solicitar a los periodistas que se abstengan de publicar asuntos de interés público. Igualmente, solicitamos a la administración municipal inhibirse de iniciar cualquier forma de acoso judicial, entendiendo que el uso reiterado y desproporcionado de mecanismos legales para intimidar o silenciar a los periodistas es una forma de censura indirecta.