Las medidas adoptadas por el Gobierno nacional para asegurar el orden pú;blico en la jornada de elecciones restringen la libertad de prensa. Tal como hace cuatro añosel Ministerio del Interior replica normas que limitan el ejercicio periodístico y dificultan el cubrimiento de las elecciones del próximo domingo 13 de marzo, mediante el decreto 318 de 2022. Estas medidas, que se expiden a pocos días de las elecciones, desalientan el cubrimiento por parte de periodistas y medios y, además, generan un riesgo de moderación del debate sobre los comicios.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) manifiesta su preocupación por los casos de obstrucción al cubrimiento periodístico que ha registrado durante las elecciones locales que se han llevado a cabo desde las 8:00 am de hoy. Con corte a la 1:00 pm, la FLIP ha tenido conocimiento de nueve casos en los que se le ha impedido a la prensa el acceso a los puestos de votación.

En varias regiones, miembros de la Policía Nacional y funcionarios de la Registraduría han impedido el desarrollo del trabajo periodístico. Si bien en algunos casos las obstrucciones se superaron, en otros, como en el puesto de votación de Atalaya en Cúcuta, ante la intransigencia de las autoridades, los reporteros se vieron obligados a retirarse. En este caso, agentes de la Policía obstaculizaron el trabajo de los reporteros Orlando Carvajal y Juan Pablo Cohen con acciones que incluyeron retención de la cédula de ciudadanía por un lapso amplio, impedimento para hacer registros audiovisuales e, incluso, una amenaza de comparendo a Cohen por supuesto irrespeto a la autoridad.  

La FLIP se puso en contacto con el Coronel Palomino de la Policía Metropolitana de Cúcuta, quien sostuvo que no se permitirán grabaciones que violen la intimidad de los votantes. En efecto, los periodistas no pueden hacer registros de los tarjetones, sin embargo, es importante recordar que son libres de entrar a los puestos de votación y cubrir lo que ocurre en los lugares de sufragio. En este caso, el registro fotográfico que realizaban los reporteros correspondía a los rostros de los electores y no a sus decisiones. La decisión del Coronel puede acarrear sanciones ya que se estaría incurriendo en censura. 

En el puesto de votación Claustro de la Encarnación en Popayán una teniente de la Policía Nacional le solicitó al periodista Cristian Cuellar de Unicauca Estéreo una acreditación de prensa expedida por la Registraduría Nacional para dejarlo ingresar a cubrir en el puesto de votación, aun cuando Castellanos iba identificando con los logos del medio de comunicación. En Colombia ninguna norma exige que los periodistas tengan este tipo de credenciales para ejercer su trabajo. Tal exigencia sería una restricción ilegítima a la libertad de prensa.

En Bucaramanga, la periodista Ana León de La Silla Vacía fue víctima de una obstrucción al trabajo periodístico mientras grababa una posible irregularidad electoral ocurrida cerca 200 metros del puesto de votación del Colegio Miraflores en el barrio Morrorrico ubicado en la comuna 14 de Bucaramanga. La periodista fue abordada por varias personas que se encontraban en el lugar y quienes le dijeron que no podía grabar por ser una propiedad privada y llamaron a la Policía. León asegura que los uniformados le dijeron que tenía que borrar los vídeos y amenazaron con capturarla si no lo hacía. Ante la negativa de la periodista para borrar el material, el policía decidió hacer una anotación sobre lo sucedido.  

En otro caso, en San José del Guaviare, funcionarios de la Registraduría impidieron que periodistas de Caracol Radio entrevistaran a votantes y jurados de votación. La FLIP se comunicó con uno de los delegados de la Registraduría en Guaviare, quien dijo que los periodistas sólo estaban autorizados por la entidad para realizar tomas generales y no entrevistas. La FLIP también se comunicó con la Jefe de Prensa de la Registraduría Nacional, quien dijo que los periodistas pueden realizar entrevistas, pero sólo a los votantes. Ambas posiciones son erróneas, ya que la ley no establece ninguna restricción en este sentido.

Es necesario recordar que la jornada electoral que se desarrolla el día de hoy es de absoluto interés público y los periodistas tienen derecho a estar en los puestos de votación; a utilizar sus equipos de registro como teléfonos celulares, cámaras fotográficas y de video siempre y cuando no interfieran con la labor de los testigos electorales y no afecten el derecho de los ciudadanos a ejercer el voto secreto. La obstrucción al cubrimiento periodístico es un hecho grave que se considera como censura previa que puede constituir delitos y faltas disciplinarias. 

Las constantes obstrucciones por parte de funcionarios y fuerza pública son resultado del desorden institucional que han promovido las entidades del Gobierno y el Estado. El Decreto 1924 de 2019, expedido por el MinInterior, limita injustificadamente el ejercicio periodístico y promueve la censura a la prensa. Sumado a lo anterior, existe un desconocimiento generalizado acerca de las garantías internacionales y constitucionales en el ejercicio periodístico. Los servidores públicos deben recibir capacitaciones para no obstaculizar la libertad de prensa y evitar que la ciudadanía no acceda a información relevante. 

La FLIP reitera los llamados que ha hecho a la Policía Nacional y a la Registraduría para que garanticen el libre desarrollo del cubrimiento periodístico de las elecciones locales. De la misma manera, la FLIP solicita a la Procuraduría y a la Defensoría del Pueblo que acompañen e investiguen este tipo de hechos para garantizar el derecho a la información de toda la ciudadanía. 

El cubrimiento de la Minga Indígena ha dejado en lo corrido del año diez ataques contra la prensa en el departamento del Cauca. De ellas, cuatro agresiones provinieron de desconocidos y tres de la fuerza pública.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) expresa su preocupación por las reiteradas violaciones a la libertad de prensa de las que han sido víctimas periodistas que cubren el fútbol profesional colombiano. En lo que va corrido del año, la FLIP ha conocido ocho casos en los que la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) y el Club Atlético Bucaramanga han censurado a la prensa.

Atlético Bucaramanga, uno de los principales censores de la prensa deportiva

La FLIP tuvo conocimiento de que el Club Atlético Bucaramanga prohibió a los periodistas del programa radial El Combo de Charles, dirigido por el periodista Édgar Figueroa, el acceso a los eventos deportivos organizados por el equipo. En un comunicado publicado el 21 de junio en las redes sociales del Bucaramanga, las directivas del equipo declararon persona no grata a “Carlos Edgar Figueroa Mendoza y su equipo de trabajo por las reiteradas ofensas a la institución y las incitaciones a la violencia”. Además, señalaron que “se les restringe el ingreso a cualquiera de los eventos deportivos realizados por el Club Atlético Bucaramanga, incluyendo ruedas de prensa”.

Figueroa negó que hubiera incitado a la violencia y por el contrario, aseguró que esta decisión se produjo luego de que los periodistas de El Combo de Charles hicieran críticas a la administración y al rendimiento que había teniendo el club.

El caso del Combo de Charles no es único caso de violación a la libertad de prensa en el que se ha visto involucrado el Atlético Bucaramanga. El 23 de octubre, el club publicó un boletín en el que anunció a los medios de comunicación que se les permitiría el ingreso al entrenamiento de ese día. Sin embargo, el comunicado aclaraba “no pueden sacar imágenes donde aparezca el profesor Flabio Torres  por cuestiones que todos conocemos”. Flabio Torres se encuentra inhabilitado para dirigir desde la zona del juego al cuadro leopardo, debido a que el técnico dirigió al Deportivo Pasto en las tres primeras fechas de la Liga Águila 2018- II.

La Fundación se intentó comunicar con Fernando Rivera, jefe de prensa del equipo, para conocer las razones por las que el club tomó esta determinación, pero no hubo ninguna respuesta.

Dimayor: más casos de obstrucción

La FLIP tuvo conocimiento de que el 6 de noviembre el periodista John Jolmes Cardona de La Crónica del Quindío fue víctima de una obstrucción al trabajo periodístico. El reportero se encontraba cubriendo el partido entre el Deportes Quindío y el Deportivo Pereira e intentó tomar fotografías de un incidente que se presentó en una de las tribunas del estadio Centenario. Sin embargo, el periodista manifiesta que el comisario de campo de la Dimayor, Juan Guillermo Salgado, se le acercó y le dijo que no podía estar ahí, ni podía tomar fotos y que se tenía que retirar o le sería suspendida la acreditación.

Cardona, que tenía el chaleco que lo identificaba como periodista de La Crónica del Quindío, único medio impreso de la ciudad de Armenia, decidió retirarse sin tomar ninguna fotografía tras la presión e insistencia de Salgado.

Después de esto, el 9 de noviembre el periodista recibió un correo de la Dimayor diciéndole que le había sido “retirada la acreditación por ingresar al terreno de juego, violando de esta forma el protocolo de medios y falta de respeto ante un funcionario DIMAYOR”.

Frente a esto, el jefe de prensa de la Dimayor, Carlos Lajud, aseguró que el funcionario de la Dimayor le dijo al periodista que no podía entrar a la cancha pues, según el Protocolo para medios de comunicación acreditados de la Dimayor, los periodistas tienen acceso a la zona de juego, pero no al campo de juego. Sin embargo, el periodista manifiesta que, además de solicitarle que se retirará, el delegado intentó quitarle la cámara en varias ocasiones, exigiendo que borrara las fotografías que supuestamente había tomado.

Otro caso de censura en el que está involucrada la Dimayor se presentó el 22 de abril cuando la principal autoridad del Fútbol Profesional Colombiano le notificó a Caracol Radio que la credencial del periodista Luis Anaya había sido suspendida. Esta decisión se dio después de que el periodista publicara en sus redes sociales una fotografía en la que sostenía un cartel que decía: “Ya Cartagena se mamó: ¡No más Rendón! Hoy los hinchas entregan estos afiches en el estadio. @RealCartagena”.  En alusión a Rodrigo Rendón, presidente del equipo.

Otro periodista que ha visto vulnerados sus derechos por funcionarios de la Dimayor es Fredy Arango, fotógrafo del diario La Patria en Manizales, quien el 19 de marzo de 2018 cubría el partido entre el deportivo Once Caldas y Águilas de Rionegro, en el estadio Palogrande de Manizales. El encuentro se retrasó por las fuertes lluvias que obligaron a drenar la gramilla del estadio y el periodista Arango publicó fotos de este procedimiento en las redes sociales del periódico La Patria.

El comisario de la Dimayor que se encontraba en el estadio se acercó a Arango y le dijo que debía eliminar las fotos que había publicado argumentando, sin razón, que sólo estaba permitido tomar fotos del partido y que esto no incluye los demás situaciones que ocurran por fuera de este encuentro. El comisario, además, amenazó con quitarle la credencial si no borraba las fotografías.

Sobre este caso, el jefe de prensa de la Dimayor manifestó que el periodista tomó videos a la cancha y que esto no está permitido argumentando que el fútbol colombiano es un espectáculo privado y los derechos de “lo que ocurre en los escenarios deportivos” son de los canales licenciatarios.

Sin embargo, la Fundación para la Libertad de Prensa expresa su preocupación por este tipo de decisiones de Dimayor, debido a que los derechos de transmisión de los partidos no pueden convertirse en una excusa para censurar a la prensa. Si bien es cierto que los reporteros deben respetar los derechos para la transmisión de los partidos, esto no significa que no puedan hacer cubrimiento de hechos de interés general que suceden en los escenarios deportivos.

Frente a lo anterior, la FLIP considera que las decisiones de retirar las acreditaciones de los periodistas resultan desproporcionadas. Es necesario recordar que la Corte Constitucional estableció en la sentencia T-498 de 1994, que “Los clubes deportivos son organismos de derecho privado que cumplen funciones de interés público y social”. Lo anterior, implica que existe un deber de garantizar acceso y transparencia para la ciudadanía. Es por eso que es problemático que se excluya del cubrimiento de todo lo que rodea al evento deportivo a un medio, pues se afecta la pluralidad de información y opinión que se debe garantizar toda sociedad democrática.

Teniendo en cuenta  lo anterior, la FLIP le hace un llamado a la Dimayor para que reconsidere las sanciones interpuestas a los periodistas y para que se generen protocolos que cumplan con los estándares internacionales de la libertad de prensa. La Dimayor, como máxima autoridad del Fútbol Profesional Colombiano, tiene la responsabilidad de garantizar el cubrimiento periodístico de los eventos deportivos, que son de alto interés público.

La FLIP considera necesario que existan garantías por parte de las directivas del club Atlético Bucaramanga, para que los medios de comunicación puedan informar sobre las gestiones de la institución. El estadio Alfonso López, en el que el Bucaramanga juega como local, es propiedad de la alcaldía y la seguridad en los estadios es responsabilidad de los miembros de la Policía Nacional, quienes juegan un rol de funcionarios públicos. Esta contribución del sector público acentúa la necesidad de cubrimiento y la veeduría que deben hacer los medios de comunicación frente las gestiones de los clubes del Fútbol Profesional Colombiano y su desempeño en los torneos.

De acuerdo a lo anterior, la FLIP le hace un llamado tanto a la Dimayor como a los clubes tomen las medidas necesarias para que, durante las instancias finales de la liga, se garantice el cubrimiento periodístico con el fin de que los ciudadanos puedan recibir información oportuna sobre los espectáculos deportivo.

Actualización

El periodista John Jolmes Cardona conoció este 15 de noviembre una carta en la que la Dimayor le anuncia al Deportes Quindío la decisión de suspender la acreditación del periodista por lo que queda de este año y no renovarla para el 2019. 

La FLIP rechaza esta decisión de la Dimayor pues considera que se trata de una sanción unilateral contra un periodista, fruto de un proceso en el que Cardona no fue escuchado. Además, la sanción impuesta es desproporcionada respecto a la conducta que supuestamente cometió el periodista.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) expresa su preocupación por el incremento en el número de amenazas contra periodistas en Colombia. En los últimos seis meses, muchos reporteros que alternan sus labores con el activismo social han sido víctimas de intimidaciones.

La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- rechaza la obstrucción a la labor periodística de la que fueron víctimas los reporteros de seis medios de comunicación por parte del Ejército Nacional, la Defensa Civil y EPM durante la reubicación de los afectados por la emergencia en Hidroituango. Una de las periodistas recibió, además, intimidaciones por parte de los miembros de las oficinas de prensa de las entidades.

El lunes 4 de junio Paola Rojas, periodista de Noticias Uno, se acercó al albergue, ubicado a 15 minutos de la cabecera municipal de Valdivia, donde se encuentran alojados los damnificados por la difícil situación que se vive en la región aledaña al proyecto Hidroituango. Cuando la periodista quiso entrevistarse con los afectados, miembros de la Defensa Civil y el Ejército le prohibieron el ingreso, argumentando que las personas que estaban allí no tenían permiso para hablar con la prensa por temas de seguridad.

Los damnificados alzaron su voz ante la prohibición de las autoridades y un oficial del Ejército le permitió al equipo de Noticias Uno entrevistar a las personas que se encontraban en el albergue a través de una reja. Luego de diez minutos de espera, los funcionarios del Ejército y la Defensa Civil permitieron el ingreso del equipo periodístico, pero restringieron las entrevistas con los damnificados: “EPM-Une da la orden de que ustedes pueden ingresar, me entrevistan a mí si quieren con mucho gusto, al Ejército, pero a ninguna de las personas”, aseguró la funcionaria de la Defensa Civil. Al respecto, Diego Salazar, gerente de comunicaciones de EMP, afirma que no tiene conocimiento de ninguna directriz por parte de la entidad para obstruir la labor periodística. Sin embargo, el funcionario asegura que continúan indagando en terreno sobre lo sucedido.

Luego de que el equipo de Noticias Uno terminó de hacer el cubrimiento de la situación que se vive en el albergue, la periodista recibió llamadas intimidatorias por parte de un funcionario de las oficinas de prensa del Ejército, EPM y de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. En las tres comunicaciones, las entidades querían mostrar lo sucedido como un sabotaje por parte de la comunidad y presionaban a la reportera con frases como: “no queremos que luego te toque rectificar”.

Ese mismo día, cinco periodistas de la Asociación de Medios Comunitarios (AMA) intentaron ingresar a tres de los albergues de Valdivia, pero funcionarios de la Policía Nacional no lo permitieron. Según Bibiana Ramírez, una de las reporteras afectadas, el domingo 3 de junio el equipo periodístico de AMA le solicitó al Puesto de Mando Unificado (PMU) una autorización para ingresar a los albergues del municipio, pero no recibieron respuesta.

La FLIP expresa su preocupación por la obstrucción periodística de la que fueron víctimas estos periodistas y hace un llamado a las entidades implicadas -Ejército Nacional, EMP, Policía Nacional y la Defensa Civil- para que garanticen el cubrimiento periodístico de la situación de emergencia que se vive en Hidroituango. En situaciones de riesgo humanitario las entidades públicas deben generar condiciones favorables para el acceso a la prensa con el fin de mantener a la sociedad informada sobre sucesos de alto interés público.

La FLIP registró cinco agresiones durante la jornada de votación para Congreso y consultas interpartidistas. De estas, cuatro fueron obstrucciones durante el cubrimiento y se presentó una amenaza. Las situaciones se dieron en Sucre, Risaralda, Caquetá y Bogotá.

En Sucre, un periodista de La Silla Caribe fue intimidado por seguidores de una candidata al Senado cuando registraba un posible caso de compra de votos. En Bogotá, Pereira y Caquetá, agentes de la Policía obstaculizaron el trabajo de los periodistas argumentando que no tenían autorización para registrar lo que estaba sucediendo en los puntos de votación. Además, ordenaron a dos periodistas la eliminación del material obtenido.

Sumado a lo anterior, la FLIP recibió denuncias de varios periodistas que no pudieron obtener información oficial en los puestos de votación. Los jurados y delegados de Registraduría argumentaron que existía una “orden” según la cual ellos no podían dar ninguna clase de información relacionada con la jornada.

A pesar de que en comparación con el 2014 disminuyó el número de agresiones durante la jornada de elecciones legislativas, el panorama sigue siendo preocupante. Las condiciones que impuso la Registraduría para el cubrimiento mediático son confusas. Los agentes argumentaron sus obstrucciones con normas que no hablan del cubrimiento mediático, como la “ley de garantías”, e inclusive apelaron a la obediencia ciega de los periodistas por ser ellos la “autoridad”.

Reglas a última hora

El pasado 5 de marzo, el Ministerio del Interior expidió el decreto 430 de 2018 por “el cual se dictan normas para la conservación del orden público durante el periodo de elecciones al Congreso de la República”. El artículo 11 dice que no se pueden usar “dentro del puesto de votación, teléfonos celulares, cámaras fotográficas o de video entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m., salvo los medios de comunicación debidamente acreditados por la Registraduría Nacional del Estado Civil”.

La Fundación no ha encontrado información que aclare cuál es el protocolo por parte de la Registraduría para garantizar el cubrimiento mediático al proceso electoral. No son claros los criterios de acreditación ni los tiempos de respuesta.

En la página web de la Registraduría puede leerse que la Fuerza Pública no puede impedir el ingreso de los medios. “Para el ingreso a los puestos los periodistas no requieren acreditación o permiso especial por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Los miembros de los medios de comunicación están autorizados para permanecer dentro de los puestos de votación con cámaras fotográficas o de vídeo con el fin de registrar todo lo que sucede durante el desarrollo de los comicios, siempre y cuando no interfieran en el secreto del voto ni obstaculicen la labor de los jurados”, dice la publicación.

En resumen, no fueron claras las condiciones en las que los periodistas pueden realizar el cubrimiento al proceso electoral. La Registraduría y el Ministerio del Interior deben garantizar el libre ejercicio de la prensa en lugar de restringirlo con normas confusas.

La FLIP hace un llamado a la Registraduría para que en los próximos comicios sean claros los protocolos para el cubrimiento electoral. Estos deben estar de acuerdo con los estándares internacionales de libertad de prensa. En Colombia la Corte Constitucional ha aclarado que la calidad de periodista no depende de una credencial, un acta de grado o una tarjeta profesional.

Ampliación de los casos:

En Florencia, Caquetá, el periodista Camilo Muñoz fue víctima de intimidaciones y obstrucciones por parte de la Fuerza Pública. Según el relato del director del medio Letras Claras, él se encontraba en el punto de votación Barrios Unidos del Sur y un agente de policía no le permitió hacer cubrimiento en el lugar. Después de una discusión, el periodista se fue de ahí. Muñoz informó a la FLIP que el uniformado luego le reclamó a su esposa, quien era jurado de votación, por la denuncia que había hecho el periodista. Según Muñoz, en el momento del escrutinio tampoco lo dejaron ejercer su trabajo de reportería.

También en la mañana de ayer, Juan Pablo Pérez, periodista de la Silla Vacía, se encontraba haciendo el cubrimiento electoral en Sincelejo. Pérez notó una situación en la que parecía que un grupo de militantes de algún movimiento político estaban pagando a las personas por mostrar el certificado electoral. El reportero tomó fotos de  los hechos y dos hombres que participaban en la actividad lo increparon. Le exigieron eliminar las fotos y finalmente se dirigieron a la estación de policía. Allí, uno de los hombres le dijo que no podía andar tomando fotos porque “uno no sabe qué chirrete podría aparecer”.

En la estación, los agentes no registraron ninguna denuncia ni actuaron para proteger al periodista. El comandante de la Policía de Sincelejo dijo a la FLIP que la situación “no había llevado a ningún lugar” y que estaban a la espera de una denuncia formal.

En Bogotá, varios periodistas del medio universitario Plaza Capital se vieron obstaculizados en su ejercicio de reportería. Una de ellas, Camila Carrillo, estuvo en tres puestos de votación y en todos tuvo problemas para acceder a la información. En Las Margaritas, cerca al centro comercial Cedritos, después de insistir, un uniformado la dejó ingresar únicamente en compañía de una agente de policía que verificó qué fotos tomaba.

Luego, Carrillo se dirigió al punto de votación Centro de Desarrollo Comunitario Simón Bolívar, allí los uniformados tampoco le permitieron el ingreso y argumentaron erróneamente que se debía a la “ley de garantías”. Finalmente, en el Colegio Distrital Aquileo Parra dos agentes de policía le ordenaron borrar las fotos. La periodista no accedió y tuvo que irse del lugar.

Otra periodista de Plaza Capital, María Isabel Rodríguez, se encontraba en el punto de Bulevar Niza registrando la indignación de los votantes por la falta de tarjetones para la consulta interpartidista. Rodríguez habría grabado una entrevista y un agente de Policía la obligó a eliminar el video frente a él. El uniformado argumentó que “él era la autoridad y era él quien decidía”.

En Pereira, el equipo periodístico de El Tiempo fue retirado del punto Gimnasio Pereira. Un intendente de Policía pidió al fotógrafo acreditación del medio, sin embargo él trabaja como freelance. Cuando el periodista Fernando Umaña le explicó al oficial la situación, este insistió en que el fotógrafo no estaba autorizado para hacer registro en el lugar.

La FLIP solicita a la Policía Nacional a que capacite a los agentes que prestarán sus servicios en las próximas elecciones para que no violen los derechos de los periodistas. Es necesario que exista un diálogo directo entre la Registraduría y la Policía Nacional para evitar las obstrucciones injustas a la prensa.

La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- condena las constantes restricciones y agresiones a la prensa por parte de funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía en el cubrimiento de audiencias públicas.

En días pasados, algunos medios de comunicación denunciaron una agresión a la periodista de Caracol Televisión, María Camila Orozco. Estos informaron que un empresario insultó a la reportera y le golpeó la mano, tirándole el micrófono al suelo. Los hechos, que quedaron registrados en video, ocurrieron en los juzgados de Paloquemao el pasado 5 de octubre durante una audiencia en el caso de los Panamá Papers. 

En el proceso de documentación de esa agresión, la FLIP también tuvo conocimiento de una serie de intimidaciones por parte de funcionarios del CTI de la Fiscalía en contra de Orozco. La Juez del caso impidió el ingreso de cámaras de televisión a la sala. Cuando finalizó la diligencia, según relata la periodista, cerca de diez funcionarios del CTI la intimidaron y le ordenaron eliminar el material que había grabado con su celular. Además, le advirtieron que si no borraba los videos, no podía continuar en la sala. A pesar de haber eliminado parte del material que había registrado, fue obligada a salir del lugar.

Este escenario no es una excepción. El 15 de agosto, Yeison Rojas y Julieth Jiménez, periodistas de CM& y La Chiva de Urabá, respectivamente, fueron víctimas de una obstrucción por parte de un funcionario del CTI de la Fiscalía en Apartadó, Antioquia. Ese día se llevó a cabo una audiencia por un escándalo de peculado, en el que están involucrados funcionarios y contratistas del ICBF. Un hombre que se identificó como funcionario del CTI prohibió el ingreso de la prensa y no permitió que los periodistas tomaran fotografías o grabaran videos afuera de los juzgados. Al sentirse respaldados por el CTI, los familiares de los acusados agredieron a los periodistas. Un familiar de una de las capturadas insultó a Jiménez y le tiró el celular al piso.

El 17 de junio, una Juez de control de garantías de Bogotá expulsó de la sala de audiencias a periodistas que cubrían un caso de corrupción en la administración de recursos de Montería. La Juez decidió hacer la audiencia a puerta cerrada como respuesta a la solicitud del fiscal, que argumentó el “alto impacto social” del caso, pues vincula a altos funcionarios públicos. Por estos hechos, la FLIP y la Asociación Colombiana de Medios de Información -AMI- (antes Andiarios) expresaron su preocupación. 

Para la FLIP, estas situaciones son preocupantes ya que restringen el ejercicio del periodismo. Las constantes obstrucciones de los funcionarios del CTI violan el derecho a acceder a la información. De acuerdo con la Ley 1712 de 2014, toda información en posesión, control o custodia de los servidores públicos es de carácter público y su acceso debe permitirse a todos los ciudadanos.

El carácter público de las audiencias implica que la comunidad, los medios de comunicación y los vinculados al proceso puedan tener acceso a ellas. La publicidad de los procesos es un principio que debe regir cualquier actuación y sólo por excepciones debidamente respaldadas por la Ley, puede limitarse.  Los medios de comunicación en las audiencias hacen seguimiento a la correcta administración de justicia y son una garantía al debido proceso.

La FLIP exhorta a la Fiscalía General de la Nación y al Consejo Superior de la Judicatura a que tomen medidas para reducir las cada vez más frecuentes restricciones a la prensa en audiencias públicas. El accionar de los funcionarios del CTI trasgrede la transparencia en los procesos judiciales. 

La Fundación para la Libertad de Prensa –FLIP– rechaza la exclusión de la que fueron víctimas periodistas locales en Chimichagua, Cesar, durante la visita del presidente Santos.

Este miércoles 5 de julio el presidente Santos llegó al departamento del Cesar para inaugurar el muelle flotante y parador turístico de la Ciénaga de Zapatosa y entregar 110 viviendas de interés social en Chimichagua. Periodistas de medios locales fueron discriminados y excluidos por parte de funcionarios de prensa de Presidencia cuando se dirigían a cubrir la entrega de las casas.

Varios periodistas de medios regionales asistieron al evento junto a la comitiva de comunicaciones de la Gobernación del Cesar. El equipo de comunicaciones de Presidencia les indicó que subieran al transporte asignado para prensa y así desplazarse al lugar donde se entregarían las viviendas. Sin embargo, después de unos minutos, hombres de seguridad y funcionarios de prensa los obligaron a bajar del vehículo argumentando que sólo podían estar en el bus los periodistas nacionales que viajaban desde Bogotá.

Los comunicadores que fueron excluidos son Enrique Camargo de Radio Guatapurí; Rosa Rosado de El País Vallenato; Ramón Meneses de Telecaribe y el equipo de prensa de la Gobernación. A raíz de esta situación, la FLIP conoció que este tipo de exclusiones son recurrentes por parte de agentes de la Fuerza Pública y funcionarios de Presidencia. Estos hechos desembocan en la discriminación al trabajo periodístico en las regiones y permiten que únicamente los medios nacionales accedan a información relevante para los municipios.

La FLIP expresa su preocupación por la recurrencia de estos casos. En el último año y medio se han registrado dos situaciones en las que los funcionarios de Presidencia han agredido a la prensa. El año pasado en Puerto Asís, el periodista Carlos Álvarez cubría la llegada de la primera dama Clemencia de Santos y cuando intentó tomarle fotos, una coronel de la guardia presidencial se lo impidió y le solicitó que borrara las imágenes que ya tenía.

El mismo año, durante la visita presidencial a Santa Marta, varios reporteros de medios locales fueron obstruidos en su labor por parte de escoltas y funcionarios de comunicaciones. A al menos diez periodistas regionales se les negó el ingreso a un almuerzo organizado por Presidencia en el Batallón José María Córdova mientras que los medios nacionales sí pudieron ingresar.  

La FLIP le solicita a la Presidencia de la República que garantice el cubrimiento periodístico de los medios de comunicación sin tratos discriminatorios en contra de los reporteros regionales. Se debe promover el pluralismo informativo para así fortalecer el debate público y la democracia. Es necesario garantizar a los periodistas locales un trato digno y las mismas oportunidades que tienen los periodistas de medios nacionales.

Terminó el paro de camioneros y el balance en términos de libertad de prensa no es bueno. La violencia y la censura contra periodistas no se deben repetir en futuras movilizaciones sociales. El director de la FLIP la escribe esta carta abierta a la Asociación Colombiana de Camioneros.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza las restricciones a los periodistas en el cubrimiento de las votaciones de la revocatoria del Gobernador del Guaviare el 2 de febrero de 2014.

Fuentes de la FLIP en el Guaviare denunciaron que funcionarios de la Registraduría y agentes de la Policía impidieron el ingreso a los puestos de votación, y no fue posible recibir declaraciones durante el desarrollo de los comicios porque se estaría entorpeciendo la actividad electoral y la labor de los jurados. Por otro lado, el delegado de la Registraduría, Jaime Navarro, afirmó que dicha entidad brindó todas las garantías para el acceso a la información y no hubo ningún episodio que entorpeciera la labor periodística.