Además de esto, es lamentable la prescripción de algunos de los delitos por los que se investigaba a Jorge Noguera, ex director del Departamento Administrativo de Seguridad-DAS, investigado por el escándalo de las “chuzadas”; y la absolución en primera instancia de los presuntos autores intelectuales de la muerte del periodista Orlando Sierra, asesinado en 2002. En buena parte de los casos las agresiones más graves se perpetraron a periodistas que trataban asuntos relacionados con irregularidades al interior del Estado, que tuvieron como consecuencia atentados de muerte, asesinatos y amenazas colectivas.

Pese a que las agresiones durante el 2013 son menos que en el 2012, la cantidad de amenazas sigue siendo preocupante: 72 periodistas recibieron intimidaciones por hechos relacionados con su trabajo. Vale aclarar que aunque las agresiones durante este año disminuyeron, la cantidad de víctimas es la misma que en 2012. En la misma línea, hubo un decrecimiento de las amenazas acompañado de un aumento de las obstrucciones a la prensa. Por otro lado, preocupan las fallas administrativas en la Unidad Nacional de Protección que en algunos casos desencadenaron demoras de hasta seis meses para implementar medidas de protección aprobadas para periodistas.

Por otro lado, la protesta social se posicionó como un escenario de riesgo previsible para el periodismo y atendido de manera insuficiente por las autoridades: durante las diferentes manifestaciones la FLIP registró 23 agresiones a la prensa, con 44 comunicadores víctimas. Llama la atención que este tipo de incidentes sigan ocurriendo después de que en el 2012  ocurriera la muerte de Guillermo Quiroz, periodista de Sucre y la reciente condena de la Corte interamericana de Derechos Humanos contra el Estado colombiano por el caso de Richard Vélez, por hechos ocurridos en 1996. En ambos casos, las agresiones se presentaron mientras los comunicadores cubrían protestas.

La justicia sigue en deuda con el periodismo. El caso de Orlando Sierra y el de las “chuzadas” presentaron retrocesos en el 2013. Pero además de esto, se encuentra la vergüenza de cinco casos de asesinatos que prescribieron y quedaron en la total impunidad durante el año pasado. El único caso que se salvó de este destino fue el de Eustorgio Colmenares Baptista, ex director del diario La Opinión, de Cúcuta, que fue declarado delito de lesa humanidad. No obstante, a pesar de esta decisión de la Fiscalía, los avances en este caso no son significativos.

Por otro lado, se destacan dentro de los hechos positivos del año la absolución del periodista Luis Agustín González por parte de la Corte Suprema. González había sido condenado en 2012 por el delito de injuria a causa de un editorial crítico sobre la política Leonor Serrano. A pesar de esto, el acoso judicial sigue marcando pauta en las nuevas formas de censura. Los registros de la Fiscalía muestran 274 denuncias contra periodistas por injuria o calumnia desde 1998, con 15 de estos en el 2013. La cifra es alarmante, más si se tiene en cuenta que los números de dicha entidad son un sub registro, pues son pocos los casos en los que se indica la profesión del denunciado.

También se destacan otros avances para la libertad de prensa, como la sentencia C 274 de 2013, que declaró la constitucionalidad del proyecto de ley de acceso a la información pública, pendiente ahora de sanción presidencial. No obstante, la aprobación de un proyecto de ley que regula el derecho de petición y que resulta contradictorio con dicha iniciativa es una situación que debe tratarse con cuidado. En el mismo sentido, se resalta que la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas avanzó en el proceso de reparación colectiva a periodistas, pero no fue suficientemente ágil en la inclusión individual de casos relacionados con violencia contra la prensa. Además, el Grupo de Memoria Histórica está adelantando un informe especial sobre las consecuencias de la guerra para el periodismo.

Finalmente, existen retos para la libertad de expresión que tomaron fuerza durante el año. El primero de estos se refiere a la libertad de expresión en Internet, con decisiones de la Corte Constitucional que se pueden considerar como positivas en algunos aspectos y con decisiones desmedidas de bloqueo en razón del habeas data o de la prevención de la pornografía infantil. El otro, se refiere a un eventual acuerdo definitivo de paz por parte del Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Durante la discusión del segundo punto de las mesas de negociaciones se abordaron y acordaron temas que se relacionan con la libertad de prensa y que deberán analizarse y debatirse más a fondo para que su implementación sea favorable para el periodismo, la democracia y la paz.