Durante el 2014 la FLIP registró 131 agresiones directas contra la prensa en Colombia, con un total de 164 víctimas. Esta cifra incluye casos como los diferentes panfletos con amenazas colectivas contra comunicadores en Valle del Cauca, Bogotá y otros lugares del país; la destrucción del computador del periodista Javier Osuna y la detención arbitraria por parte de la Policía al fotógrafo Esteban Vanegas en Medellín.

Las amenazas se mantienen como el tipo de agresión más frecuente contra la prensa con 60 casos y 71 periodistas víctimas. Si bien existe una disminución frente al año 2013 (75 amenazados), la cifra sigue siendo preocupante. El 2014 fue un año electoral y en las votaciones parlamentarias, presidenciales y atípicas se presentaron 19 agresiones relacionadas con el cubrimiento de este tema. No obstante, la experiencia muestra que en los procesos electorales de autoridades locales, como el que habrá este año, es donde se mueven más intereses y, por consiguiente, puede haber mayores intereses de censurar a los medios.

La protección a periodistas por parte del Estado tuvo varias crisis. Los problemas administrativos y presupuestales de la Unidad Nacional de Protección (UNP) fueron una constantes y han desencadenado la ineficacia en la prestación de la seguridad de algunos periodistas en riesgo, y existe una reiterada incertidumbre frente a la continuidad de los esquemas. Esta tormenta venía siendo anunciada en momentos anteriores y tuvo su punto de quiebre con el asesinato de Luis Carlos Cervantes en Tarazá, Antioquia. Este caso mostró muchas de las debilidades del sistema de protección a periodistas. Tras 15 años de existencia de este programa, algunos ajustes siguen siendo necesarios, entre ellos y de manera prioritaria, la complementariedad de la protección física con el avance de las investigaciones judiciales y una planeación adecuada para que los esquemas de protección funcionen a plenitud en el tiempo que han sido aprobados.

El año 2014 inició con la revelación por parte de la Revista Semana de que bajo la fachada de un café Internet operaba una sala de operaciones de inteligencia del Ejército, conocida como “Andrómeda”. Desde este lugar se adelantaban seguimientos a los representantes del Gobierno en el Proceso de Paz. Pero además de esto, se supo que dentro de esta operación se encontraban interceptados correos electrónicos de periodistas, entre otras personas. Posteriormente, se conoció que la Central de Inteligencia Militar contaba con una lista de correos electrónicos personales y oficiales de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, periodistas nacionales y extranjeros.

Casos como los anteriores muestran que Internet, además de posicionarse como un espacio para el crecimiento de los medios de comunicación y el desarrollo de derechos fundamentales como la libertad de prensa, incrementa la vulnerabilidad de la intimidad de la prensa y la ciudadanía. Como ejemplo de esto, se pueden mencionar los casos de bloqueo de videos en algunas de las cuentas de Youtube de medios de comunicación que compartieron las imágenes de la líder religiosa, María Luisa Piraquive, cuando daba declaraciones en las que afirmaba que los discapacitados no pueden ser predicadores.

De esta forma, las discusiones sobre asuntos que pueden afectar la libertad de expresión en Internet comienzan a ser más frecuentes. Al momento en que se realiza este informe, hay varios casos en instancias judiciales.

Por otro lado, aunque Colombia pasó del puesto quinto al octavo en el índice global de impunidad del Comité de Protección a Periodistas (CPJ), la situación persiste con preocupación. De esto dan cuenta los 3 casos de asesinatos de periodistas que prescribieron sin mayores avances en su investigación judicial y la falta de un fallo de segunda instancia en el proceso contra Ferney Tapasco por el crimen de Orlando Sierra, entre otros. Sin embargo, el caso de Claudia Julieta Duque tuvo avances significativos, hubo dos reconocimientos de responsabilidad por parte de victimarios y una condena a uno de ellos. Además, otros cuatro vinculados al proceso de la periodista irán a juicio durante el 2015.

El Estado ha afrontado algunas de las problemáticas enunciadas desde un punto de vista más político que práctico, buenas intenciones con poca concreción. El proceso de reparación colectiva a periodistas dentro de la Unidad Para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, algunas iniciativas adelantadas por la Fiscalía y la formulación de una política pública de libertad de expresión por parte del Ministerio del Interior son pasos importantes que todavía están en mora de mostrar resultados.

Dentro de los asuntos positivos está la sanción presidencial de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, 1712 de 2014. No obstante, existen aspectos preocupantes sobre esta materia. La Corte Constitucional aprobó el proyecto de ley que reglamenta el derecho de petición sin que se conozca, al momento de realizar este informe, si hizo un examen de las incongruencias con dicha norma frente a la forma en que se aplican las reservas y los recursos con los que cuentan los ciudadanos cuando les niegan información. Además de esto, genera desazón las demoras que han existido en la implementación de la ley 1712 de 2014, más si se tiene en cuenta que es un asunto que viene siendo discutido en el Congreso y que desde el 2013 contaba con el aval de la Corte Constitucional.

Asimismo, la pauta publicitaria sigue siendo un tema preocupante para la libertad de expresión. A pesar de existir un artículo en el Estatuto Anticorrupción que da criterios para que no se abuse de este recurso, todavía no existe una reglamentación que los ponga en práctica. Por otro lado, este debate vuelve a ser relevante en el Congreso con un proyecto de ley que fue presentado por el Centro Democrático, y mediante su inclusión como uno de los acuerdos parciales entre el Gobierno y las FARC en el punto de participación política.

Dentro del horizonte se perciben los retos que tendrá la prensa en un eventual acuerdo de paz entre las FARC y el Gobierno colombiano. En los acuerdos parciales que fueron revelados en septiembre de 2014 existen asuntos relacionados con los medios regionales, públicos y comunitarios. Es fundamental que estos aspectos se discutan a la luz de los estándares de libertad de expresión para que su implementación resulte en mejoras para este derecho en el país. Por otro lado, existen deudas del conflicto con la prensa que todavía deben saldarse y que han comenzado a ser discutidas en los foros de víctimas organizados por la Universidad Nacional y las Naciones Unidas, y la asistencia de Jineth Bedoya dentro de los grupos que estuvieron a La Habana.

Lea el informe en línea.

Las cifras registradas en este informe tienen corte el 31 de diciembre de 2014, sin embargo, la FLIP puede modificarlas con información que se reciba después. Estos cambios serán reflejados en nuestra sección de cifras e indicadores.