Relatoría Especial condena asesinato de periodista en Colombia y expresa preocupación por clima de impunidad

Según la información recibida, Castilla Ospino se había destacado por sus investigaciones y denuncias sobre el fenómeno paramilitar y la corrupción política en el departamento de Córdoba. La información recibida advierte que el Estado había autorizado un esquema de protección a Castilla Ospino, suspendido por solicitud del mismo periodista en febrero de 2009. Ante el aumento del riesgo, este esquema fue requerido nuevamente por el comunicador y organizaciones no gubernamentales en noviembre de 2009. Sin embargo, al momento de los hechos el periodista no contaba con protección del Estado. El 19 de marzo de 2010, dos individuos llegaron en una motocicleta hasta su residencia y le dispararon en varias oportunidades hasta causarle la muerte.

El asesinato del periodista Castilla Ospino, quien por sus investigaciones periodísticas había sido testigo judicial en procesos sobre la conexión de políticos de Córdoba con jefes paramilitares, se produce en el contexto de importantes investigaciones de la Corte Suprema de Justicia por la infiltración del narcotráfico y el paramilitarismo en la política nacional. A este hecho se suman las investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación por el espionaje, hostigamiento y amenazas de muerte realizadas por presuntos miembros del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), organismo adscrito a la Presidencia de la República, contra periodistas, defensores de derechos humanos y jueces que han investigado y denunciado el mismo fenómeno.

La Relatoría Especial expresa su preocupación por la situación descrita y exhorta al Estado colombiano a avanzar en la lucha contra la situación de impunidad que aún rodea estos crímenes. Para ello, debe apoyar la labor de jueces y fiscales, e impulsar mecanismos efectivos y reforzados de prevención y protección de la libertad de pensamiento y de expresión. Asimismo, la Relatoría Especial recuerda enfáticamente al Estado la obligación internacional de investigar y esclarecer prontamente el asesinato del periodista Castilla Ospino, capturar, juzgar y sancionar adecuadamente a todos los responsables, reparar a los familiares de la víctima y adoptar todas las medidas judiciales y administrativas necesarias para proteger a los periodistas amenazados y defender la libertad de pensamiento y de expresión en Colombia.

La Relatoría Especial recuerda al Estado que el principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH señala que: "[e]l asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada".

Para más información sobre la Relatoría Especial: http://www.cidh.org/relatoria.