Periodista de Semana fue agredido por miembro de comunicaciones del gobierno

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza la agresión de la que fue víctima Andrés Rozo por parte de Daniel Garay, funcionario del equipo de comunicaciones de la presidencia.

El lunes 26 de septiembre, durante la firma del acuerdo de paz en Cartagena, el periodista de Semana intentó ingresar a la ceremonia religiosa que se realizaría en la iglesia de San Pedro para obtener declaraciones de los delegados del gobierno y de las Farc. Garay le impidió la entrada a Rozo argumentando que al evento solo podía ingresar prensa oficial.

Ante la negativa del funcionario, el periodista de Semana empezó a grabar con su celular lo que estaba sucediendo y Garay lo agredió, provocándole una fuerte lesión en su mano. Durante el incidente alguien mencionó el medio para que el que trabaja Rozo y el funcionario respondió: “menos Semana, o sea no. Gracias por el dato. Menos Semana”, refiriéndose a los medios que no tenían permitido el acceso.

La FLIP expresa su preocupación debido a que las agresiones por parte de funcionarios de la Presidencia han sido reiterativas en diferentes regiones del país. El 16 de febrero de este año una situación similar se presentó en Santa Marta cuando un miembro de la guardia de seguridad del presidente Juan Manuel Santos obstruyó el trabajo de varios reporteros locales y los agredió verbalmente.

La FLIP hace un llamado para que el equipo de comunicaciones de la Presidencia se comprometa con el respeto a la labor periodística y brinde las garantías necesarias para que los reporteros hagan cubrimiento de los eventos a los que asiste el presidente. El próximo domingo 2 de octubre se realizará la refrendación del Acuerdo de Paz mediante el plebiscito y es deber del gobierno comprometerse con generar un ambiente favorable para el ejercicio periodístico durante la jornada.

Es necesario recordar a los funcionarios de presidencia que, según la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): “una medida de protección simple pero sumamente eficaz consiste en que las más altas autoridades del Estado reconozcan de manera constante, clara, pública y firme la legitimidad y el valor de la labor periodística, aun cuando la información difundida pueda resultar crítica, inconveniente e inoportuna para los intereses del gobierno”.