Periodista de Caucasia se desplazó forzadamente luego de recibir dos amenazas en una semana

El periodista Eder Narváez ha hecho publicaciones acerca de la difícil situación de orden público que enfrenta la región del Bajo Cauca Antioqueño. Narváez recibió dos amenazas de un hombre que se identificó como comandante de la organización criminal 'Los Caparrapos'. Es fundamental que la UNP garantice la seguridad del periodista y que la Fiscalía investigue los hechos.

Eder Narváez, director de NP Noticias y corresponsal de Teleantioquia en el Bajo Cauca Antioqueño, recibió dos amenazas de muerte en la última semana. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) expresa su preocupación por la situación de seguridad del periodista de Caucasia. La Fundación le solicita a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que fortalezca las medidas de seguridad para el reportero en las próximas horas.

El pasado 18 de abril el reportero recibió una amenaza por parte de un hombre que, días antes, se había identificado como Manuel, alias 'El Negro', y quien asegura ser un comandante de la organización criminal 'Los Caparrapos'. En el mensaje que le enviaron a Narváez a través de WhatsApp el agresor le advierte que tiene tres días para abandonar Caucasia. El domingo 19 de abril, luego de las recurrentes amenazas, el periodista salió desplazado de manera forzada.

Esta es la segunda intimidación contra Narváez en una semana. El pasado 13 de abril el periodista recibió una amenaza proveniente del mismo número telefónico, luego de publicar una noticia sobre el asesinato de dos hombres en el barrio Loma Fresca en Caucasia. Las constantes intimidaciones en contra del reportero son producto de las publicaciones que ha hecho acerca de la difícil situación de orden público que enfrenta la región del Bajo Cauca Antioqueño.

La FLIP rechaza las amenazas contra Narváez y le solicita a la UNP que durante las próximas horas fortalezca las medidas de protección del reportero para salvaguardar su vida y su integridad. Es importante que la entidad concerte con el periodista el cubrimiento de los gastos de su reubicación o el retorno a su municipio para continuar desarrollando su labor informativa en condiciones de seguridad.

La Fundación le solicita a la Fiscalía General de la Nación que investigue con celeridad estos hechos para así dar con los responsables y llevarlos ante la justicia. Las sanciones judiciales son un precedente importante que contribuye a disuadir la ocurrencia de nuevas violencias contra la prensa.

Esto lo ha dicho la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para prevenir la violencia contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación, es indispensable que el ordenamiento jurídico sancione estas conductas de manera proporcional al daño cometido.