Una vez más, la periodista Lorena Beltrán enfrenta nuevos episodios de acoso judicial. En septiembre del año pasado, denunciamos que había recibido cuatro acciones de tutela interpuestas por médicos que, de acuerdo con las investigaciones de la periodista, estarían ejerciendo como cirujanos plásticos sin cumplir los requisitos legales. Como consecuencia del hostigamiento judicial reiterado, Beltrán se vio obligada a salir del país y actualmente teme por su seguridad e integridad.

El pasado 31 de diciembre de 2025, Beltrán recibió en el lugar donde reside una notificación judicial sobre un proceso iniciado en su contra. Al indagar sobre el mismo, le informaron que el demandante en el proceso es uno de los médicos que ha interpuesto una de las cuatro tutelas en su contra en Colombia. Días después, el 3 de enero de este año, Beltrán se presentó en la dirección indicada, donde le informaron que el 27 de enero deberá comparecer ante una corte del país donde se encuentra actualmente. Además, le entregaron un expediente compuesto por 55 páginas, que incluía acusaciones por presuntos actos de hostigamiento, acoso, discriminación por orientación sexual e incluso un supuesto intento de homicidio en contra del médico denunciante. Estas afirmaciones carecen de sustentación y buscan desacreditar la labor de Beltrán.

Resulta especialmente preocupante que el demandante haya logrado hacer llegar este procedimiento hasta la dirección exacta donde reside Beltrán, pese a que su lugar de exilio no era un dato público. Este hecho refuerza el carácter intimidatorio del proceso y el riesgo para su seguridad e integridad, pues la exposición y el uso de datos personales y sensibles constituyen una forma de persecución e incluso pueden generar un entorno de riesgo que se derive en agresiones más graves y generar un efecto inhibitorio.

Así mismo, este caso se inscribe de una forma diferenciada de violencia en contra de una mujer periodista y busca silenciarla como represalia a sus investigaciones, a través de mensajes y prácticas que refuerzan estereotipos que afectan de forma desproporcionada y diferencial a las mujeres periodistas.

Reiteramos nuestro llamado a jueces y tribunales, especialmente a la Corte Constitucional, para que reconozcan el patrón de acoso judicial por parte de los médicos, así como su gravedad y sistematicidad. También le solicitamos a la Fiscalía General de la Nación que investigue de manera oportuna, exhaustiva y diligente estos hechos, incorporando el enfoque de género y reconociendo la protección reforzada que le asiste a Beltrán por su condición de mujer periodista en ejercicio, en la medida en que las agresiones denunciadas se encuentran directamente vinculadas con el desarrollo de su labor informativa. Solicitamos, además, que dicha investigación tenga en cuenta el contexto previo de riesgo, incluidas las amenazas denunciadas durante el año anterior por causa de su trabajo periodístico.

El acoso judicial, a través del uso indiscriminado y abusivo de las herramientas legales para silenciar, se convierte en una estrategia de intimidación que no solo afecta a Lorena sino que también restringe el ejercicio de veeduría y denuncia que realizan mujeres periodistas y que le permite a la ciudadanía tener conocimiento de asuntos de interés público.