La FLIP rechaza obstrucciones e intimidaciones contra periodistas en el Cauca

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) expresa su preocupación por la obstrucción e intimidación de la que fueron víctimas en el departamento del Cauca varios periodistas de medios locales y nacionales por parte de encapuchados mientras se dirigían a cubrir una rueda de prensa del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).

Dos de los periodistas manifestaron que al llegar al sector de La Agustina, jurisdicción de Santander de Quilichao, encapuchados no los dejaron avanzar y amenazaron con quemar los vehículos en los que se movilizaban si no se retiraban del lugar. En esta misma zona, el el 19 de marzo, fue asesinado un patrullero de la Policía Nacional en circunstancias que aún no han sido esclarecidas.

Los periodistas aseguran que cuando fueron interceptados, informaron a los encapuchados que tenía autorización del CRIC para ingresar a la rueda de prensa. Sin embargo, tras las intimidaciones, los reporteros decidieron retirarse del lugar. Otros periodistas manifiestan que colegas y habitantes de la zona les informaron sobre los bloqueos y las presencia de encapuchados por lo que se abstuvieron de seguir avanzando.

Durante el 2018 y en lo que va del 2019 la Fundación ha registrado 18  ataques a la prensa durante el cubrimiento de manifestaciones. Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha dicho que “los ataques contra periodistas que cubren estas situaciones violan tanto el aspecto individual de la libertad de expresión —pues se les impide ejercer su derecho a buscar y difundir información, y se genera un efecto de amedrentamiento—, como su aspecto colectivo —pues se priva a la sociedad del derecho a conocer la información que los periodistas obtienen—”.

En comunicación con la Policía del Cauca, la institución dio a conocer que los canales para denunciar este tipo de hechos están abiertos. La Fundación invita a los periodistas para que informen a las autoridades este tipo de situaciones y exhorta a estas instituciones para que adelanten las investigaciones correspondientes y brinden las garantías de seguridad necesarias para que los periodistas puedan desarrollar libremente su labor periodística.