Funcionarios de la SIC solicitaron retirar sus nombres de un reportaje sobre una denuncia penal en su contra

• Los funcionarios presentaron tres derechos de petición para que la Agencia de Periodismo Investigativo (API) eliminara sus nombres.
• Esta medida es violatoria de la libertad de prensa
• Los periodistas no están limitados a informar únicamente hechos frente a los cuales ya existe una decisión judicial.

 

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza la solicitud realizada por tres funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a la Agencia de Periodismo Investigativo (API) de retirar sus nombres de un reportaje periodístico sobre una presunta denuncia penal en su contra. Esta es una medida que vulnera la libertad de prensa y pretende ocultar información de interés público.

El pasado 26 de enero, API publicó un reportaje sobre la investigación que la Fiscalía está llevando a cabo por la denuncia en contra de tres funcionarios de la SIC por el presunto delito de prevaricato por acción. Según el medio, la denuncia está relacionada con la actuación de los funcionarios en la reventa de boletería de los partidos de la Selección Colombia de fútbol en la eliminatoria del mundial de Rusia 2018. Dos días después de la publicación, el director de API recibió tres derechos de petición enviados por los funcionarios implicados. Según ellos, para la fecha de remisión del derecho de petición no existía una denuncia en su contra, por lo cual solicitaron suprimir sus nombres y procedieron a tachar de falso el artículo. Además, uno de ellos solicitó que se abstuvieran de incluir su nombre en publicaciones futuras.

El caso de API no es el único reportado a la FLIP en el que se ha presionado a medios para que eliminen contenidos periodísticos por supuestas violaciones al derecho de habeas data. En el 2019, la SIC ordenó el bloqueo “temporal” de una publicación hecha por PlagioSOS, un portal de investigación periodística y denuncia pública de casos de plagio. La publicación estaba relacionada con un caso de plagio en la Universidad Javeriana y a pesar de que la orden de bloqueo era temporal, luego de cuatro años, la orden sigue vigente.

Es necesario resaltar que los periodistas no están limitados a informar o pronunciarse únicamente sobre asuntos o hechos frente a los cuales ya existe una decisión judicial. La revelación de información sobre presuntos hechos delictivos de funcionarios públicos está protegida por la libertad de expresión. La Corte Constitucional ha reiterado que los funcionarios públicos tienen la obligación de aceptar el riesgo de ser afectados por críticas, opiniones o revelaciones adversas, pues esto fomenta la transparencia en las actividades estatales y promueve la responsabilidad de los funcionarios en su gestión (Corte Constitucional, sentencia T-277 de 2018).

La FLIP hace un llamado a los funcionarios para que sean tolerantes a la crítica y a que no se opongan a que se informe sobre procesos judiciales en los que están involucrados. Además, hace un llamado a la SIC para que se abstenga de manifestarse en contra de la libertad de expresión y para que no tomen una posición institucional de censura frente a las acusaciones que se hacen en contra de sus funcionarios.