FLIP solicita a la Procuraduría investigar al gobernador Carlos Caicedo por estigmatizaciones contra periodista

El pasado 27 de febrero, el gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo, publicó unos tweets señalando al periodista Leopoldo Granados de “pseudo periodista denunciado por extorsión” y “prepago por los clanes para-políticos”. Granados es el director del medio Seguimiento.co y fue atacado luego de haber denunciado irregularidades en la contratación del hospital de Salamina. Los mensajes de Caicedo estigmatizan al reportero y agravan su situación de riesgo, quien ha sido víctima de amenazas y actualmente está exiliado. Por eso, le solicitamos a la Procuraduría que investigue esas conductas, y también vigile y adopte medidas respecto al movimiento Fuerza Ciudadana y sus integrantes cuando ataquen a la prensa. 

Durante los últimos dos años, el periodista Granados ha sido víctima de estigmatizaciones en otras tres ocasiones y ha recibido dos amenazas de muerte, una de ellas por parte de un desconocido que se identificó como parte de Fuerza Ciudadana. Esta última agresión ocurrió en febrero del 2022, cuando el periodista recibió una llamada telefónica de un número privado que le dijo: “Somos de Fuerza Ciudadana, escúchame bien porque te voy hablar tranquilamente. Entre más nos critiques más mal te va ir. ¡Cuídate!”. Días después, Granados tuvo que abandonar el país.

Tampoco es la primera vez que Caicedo ataca a la prensa a través de sus redes sociales. En 2019, la FLIP presentó una queja en su contra ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) por publicar dos videos en los que señalaba a periodistas y medios de comunicación de difundir e inventar noticias falsas “para confundir a la ciudadanía”. Por su liderazgo y posición de poder, Caicedo tiene limitaciones en su derecho a la libertad de expresión, además de tener el deber de procurar un buen ambiente para el ejercicio periodístico. 

En este caso, Caicedo ha justificado sus acciones diciendo que el medio difundió información falsa sobre él; sin embargo, el medio eliminó el nombre del gobernador de la publicación que había hecho. La inexactitud en la información no es excusa para estigmatizar a un periodista cuya vulnerabilidad ya es alta. Cuando se crea que un medio difunde información falsa, inexacta, equivocada o desactualizada, cualquier persona puede presentar una solicitud de rectificación, así lo ha señalado la Corte Constitucional en su sentencia T-725/16.

Sumado a esto, preocupa que en el último mes el exalcalde de Santa Marta y cofundador del partido Fuerza Ciudadana, Rafael Martínez, también ha estigmatizado a la prensa. En un video difundido en redes señaló de mentirosa a la emisora de Caracol Radio y culpó al periodista Víctor Polo de “confundir, sembrar odio para denigrar, despotricar y calumniar”. Esto debido a los informes que ha realizado Polo sobre el estado de algunas obras de Santa Marta y sobre el trabajo de algunos miembros del partido, entre ellos el gobernador Caicedo.

Es necesario que las figuras políticas en Colombia contribuyan y garanticen un ambiente óptimo, tolerante y libre de discriminación para la prensa y el debate público. Tanto la Corte Constitucional como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han reiterado que quienes influyen en asuntos de interés público “se han expuesto voluntariamente a un escrutinio público más exigente”. Esto significa que a pesar de que los señalamientos hechos en los medios de comunicación puedan ser molestos para los funcionarios públicos, están amparados en el derecho de la libertad de prensa y de expresión y deben ser escuchados. Esto no impide que los funcionarios o movimientos políticos refuten o pidan rectificación sobre estos contenidos, siempre y cuando lo hagan de manera respetuosa y responsable.

Además, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca reconoció que la violencia en línea por parte de actores políticos tiene un impacto negativo sobre la libertad de expresión y de prensa. Estableció que el CNE y los comités de ética pueden sancionar a partidos y políticos, respectivamente, por utilizar o permitir este tipo de violencia. Por esto, es necesario que estos comités investiguen de manera proactiva a sus miembros y/o afiliados políticos que públicamente agredan a la prensa para cesar este tipo de violencia y garantizar la participación democrática.