FLIP rechaza obstrucción a la circulación y violencia contra Boyacá 7 Días

En mayo de este año el periódico regional Boyacá 7 Días ha sido víctima de censura indirecta, obstrucción al trabajo periodístico y agresión física a los reporteros.

El más reciente hecho sucedió el miércoles 22 de mayo, cuando más de la mitad de la edición del periódico distribuida en Sogamoso fue comprada en menos de dos horas. Varios de los voceadores y distribuidores informaron que hombres en una camioneta negra recorrieron el centro y la terminal de la población, adquiriendo los ejemplares con dinero en efectivo y guardándolos en el platón del vehículo. Generalmente en Sogamoso el periódico se distribuye a las 5:30 de la mañana y se agota hacia las doce del medio día. En esta ocasión a las siete de la mañana ya no había disponibilidad de ningún ejemplar en las zonas más concurridas del municipio.

En esta edición, el periódico abría en la primera página con cinco notas: la primera era el reclamo de las organizaciones apícolas en Boyacá al gobierno nacional, debido al desinterés por proteger esta especie. La segunda trataba sobre el llamado de los alcaldes de las provincias de Norte y Gutiérrez por la falta de celeridad en la las obras del Puente Pinzón. Siguió con un par de notas sobre las candidaturas para las elecciones por el Partido Verde y el Partido Liberal y finalmente, estaba la denuncia que le interpusieron al concejal de Sogamoso Wilkins Chaparro por agredir a su esposa y a su hija.

Por otro lado, el 14 de mayo de 2019 el reportero gráfico Luis Lizardo y el editor Héctor Rodríguez fueron víctimas de agresión y obstrucción al trabajo periodístico. Los reporteros se encontraban cubriendo la legalización de captura, imputación de cargos e imposición de medida de aseguramiento de dos miembros de la Policía Nacional por los delitos de concusión y retención ilegal. Sin embargo, Claudia Patricia Zambrano, juez promiscuo de Firavitoba, les impidió el ingreso a diligencia judicial.

Según informaron los periodistas, la decisión de la jueza se tomó por solicitud de los familiares de los procesados y les fue comunicada de forma oral. Adicionalmente, tras salir del despacho, los periodistas fueron agredidos por personas que reconocieron como familiares de los dos imputados. Estas personas los insultaron, empujaron, golpearon en el rostro y les taparon el lente de la cámara con un paraguas para impedir que tomaran fotografías desde las afueras del juzgado. Ambos periodistas manifiestan que estas agresiones se dieron en presencia de varios miembros del Gaula de la Policía Nacional y del CTI de la Fiscalía, quienes no hicieron nada para impedir el ataque a los reporteros.

En este hecho también se vio afectada la periodista Mónica Agudelo del periódico regional Entérese, quien, debido a los constantes insultos, decidió retirarse del lugar sin lograr obtener ningún tipo de registro fotográfico para ilustrar la nota.

Sobre este hecho, la FLIP le recuerda a todos los funcionarios de la Rama Judicial que, según el artículo 152 de la Ley 906 de 2004, toda restricción al acceso a audiencias judiciales debe tomarse mediante auto motivado y en cumplimento el test tripartito de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Adicionalmente, la Fundación hace un llamado a todas las autoridades y funcionarios públicos para que sean garantes del desarrollo de la labor periodística. Es de suma importancia que los medios de comunicación realicen el cubrimiento de este tipo de asuntos de alto interés para la comunidad, permitiendo la libre circulación de ideas para que la ciudadanía pueda ser participe del debate público sobre todo cuando se trata de faltas cometidas por empleados estatales.