FLIP llama la atención sobre eliminación de fotos periodísticas en el Congreso

Adentro del recinto, Guevara tomó las imágenes que necesitaba y entre ellas había tres fotos en las que se veía al Secretario General del Senado, Gregorio Eljach, escribiendo mensajes de textos en su celular. Cuando la joven iba a salir de la audiencia pública, Eljach se lo impidió y llamó a su guardaespaldas para que revisaran el material de la cámara, argumentando que había violado su privacidad.

Tania Guevara fue trasladada a una oficina en la cual descargaron sus fotos a un computador, formatearon la memoria en la que las portaba, la requisaron, revisaron su documentación y se quedaron con una fotocopia de su cédula. Después de tres horas la dejaron salir, le retuvieron la memoria finalmente y a su correo electrónico le enviaron las fotos descargadas, excepto las tres en las que aparecía Gregorio Eljach.

Para la FLIP, esta situación reportada por Tania Guevara resulta inadmisible, pues decomisar, borrar, inspeccionar o dañar cualquier tipo de información es una forma de censura previa, la cual está prohibida por la Constitución y por la Convención Americana de Derechos Humanos. En otras palabras, interfiere con el derecho de toda persona a buscar información e impide que se lleve a cabo la libre circulación de información. Además se trata de una violación de la reserva de la fuente que debe garantizarse en todo ejercicio periodístico.

Según la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, el daño de material periodístico es un hecho que atenta contra la libertad de informar con la misma gravedad que la intimidación o la amenaza, y por tal motivo “es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.

La FLIP hace un llamado al secretario general Gregorio Eljach para que ofrezca las explicaciones del caso y gestione la devolución de la memoria que le pertenece a la joven Tania Guevara. También le recuerda que en los escenarios donde se desarrollan discusiones públicas, los funcionarios son susceptibles de ser objeto de registro por parte de la prensa y, en general, de cualquier ciudadano a quien se le permita el acceso.