El decreto 1525 de 2026 deja sin garantías suficientes a la prensa frente a posibles abusos de la fuerza pública

La Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, advierte que el Decreto 1525 del 13 de octubre de 2026, que modifica las reglas de intervención de la Policía Nacional de Colombia durante las manifestaciones públicas, no establece garantías explícitas para proteger a la prensa durante el cubrimiento de las mismas. La norma autoriza intervenciones inmediatas ante ciertos hechos de violencia y permite omitir etapas previas de diálogo y mediación sin fijar garantías operativas suficientes para que esas actuaciones no terminen en agresiones contra las y los periodistas o en restricciones a su trabajo.

Esas intervenciones son el momento de mayor riesgo para la prensa. Es ahí cuando a las y los periodistas se les aparta de los lugares donde ocurren los hechos, se les impide grabar o resultan afectados por el uso de la fuerza. La existencia de situaciones de violencia no suspende las garantías de la libertad de prensa ni autoriza a confundir a quienes documentan una manifestación con quienes participan en actos violentos.

Los antecedentes obligan a tomar esta advertencia con seriedad. Durante el estallido social de 2021, la FLIP documentó 263 agresiones contra la prensa. De ellas, 239 (90,9 %) ocurrieron mientras periodistas cubrían asuntos relacionados con las manifestaciones entre abril y diciembre. Entre los hechos documentados se encuentran 36 obstrucciones al trabajo periodístico, 21 detenciones arbitrarias y 19 amenazas. También se registraron agresiones mediante el uso de gases lacrimógenos y dispositivos aturdidores, así como impedimentos para registrar procedimientos policiales. Estos antecedentes evidencian la necesidad de adoptar medidas específicas para prevenir agresiones contra periodistas, incluidas aquellas que puedan provenir de la fuerza pública.

Este decreto, que regula el uso de la fuerza y no se ocupa de los riesgos que ella misma genera para la prensa, envía un mensaje equivocado. El Estado tiene la obligación de proteger a quienes ejercen el periodismo frente a las amenazas de particulares. También tiene la obligación de que sus propios agentes no los agredan ni obstaculicen su trabajo, y de permitir que las actuaciones policiales sean objeto de escrutinio público. Una protección que solo mira hacia los particulares deja sin respuesta los abusos que pueden cometer los agentes del Estado.

La FLIP recuerda que, junto con la Policía Nacional y el Centro de Ginebra para la Gobernanza del Sector de Seguridad (DCAF), elaboró una cartilla para fortalecer el relacionamiento entre la Policía y la prensa. Este documento establece orientaciones para garantizar el cubrimiento periodístico, entre ellas el respeto al derecho a grabar procedimientos policiales, la identificación de los uniformados, la existencia de canales de comunicación para prevenir y atender agresiones y el reconocimiento de que ningún periodista está obligado a portar una acreditación para ejercer su labor. Estas garantías son especialmente importantes en contextos de manifestación y uso de la fuerza.

Resulta fundamental que estos estándares, construidos con participación de la propia Policía Nacional, sean incorporados a los protocolos de actuación. Su aplicación no puede quedar sujeta a la interpretación individual de cada uniformado, especialmente cuando una intervención se desarrolla en condiciones de tensión y puede implicar el uso de la fuerza.

Por ello, la FLIP solicita al Ministerio del Interior, al Ministerio de Defensa y a la Policía Nacional de Colombia que incorporen garantías expresas y obligatorias para la prensa en la reglamentación y aplicación del Decreto 1525. Estas deben incluir instrucciones claras para prevenir agresiones, restricciones arbitrarias y obstrucciones al trabajo periodístico durante los procedimientos policiales. También es necesario garantizar canales de atención inmediata y mecanismos de seguimiento a las denuncias por actuaciones de agentes estatales contra la prensa.

La experiencia del estallido social de 2021 no puede ignorarse. El uso de la fuerza por parte del Estado exige mayores garantías de transparencia y rendición de cuentas. Impedir que la prensa documente esas actuaciones debilita los mecanismos democráticos para identificar abusos y exigir responsabilidades. El Gobierno tiene la obligación de evitar que una regulación sobre el manejo de las protestas termine facilitando nuevas agresiones contra quienes informan. Ningún operativo policial puede convertirse en una zona libre de escrutinio periodístico.