Desde la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) hacemos un llamado a la Unidad Nacional de Protección (UNP) para que dé cumplimiento a las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor del periodista Daniel Silva Orrego, del portal_ El Opinadero_, así como a la orden emitida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira. Ambas decisiones obligan al Estado colombiano a adoptar medidas de protección integrales, idóneas y oportunas frente al riesgo que enfrenta el comunicador.

Silva ejerce desde hace más de doce años el periodismo investigativo y de denuncia en Pereira y Risaralda. Sus investigaciones sobre política, administración pública y presuntos hechos de corrupción han derivado en sanciones disciplinarias y destituciones de funcionarios públicos, lo que ha incrementado los riesgos asociados a su labor periodística.

Debido a las amenazas y hostigamientos que ha enfrentado como consecuencia de su trabajo, en 2018 la CIDH otorgó la medida cautelar MC-739-17 a su favor e instó al Estado colombiano adoptar medidas eficaces y adecuadas para proteger su vida, integridad y labor periodística. No obstante, el esquema de protección asignado al periodista ha sido reducido progresivamente en los últimos años, sin que dicha disminución corresponda a una reducción del riesgo proporcional.

Al contrario, 19 de noviembre de 2025, Silva recibió en su lugar de residencia un paquete con una lengua de vaca cruda ensangrentada y una nota amenazante. El periodista relacionó esta amenaza con una columna publicada cuatro días antes, en la que expuso presuntas irregularidades en un contrato millonario del alumbrado público, adjudicado por la Alcaldía de Pereira. Posteriormente, el 28 de enero de 2026, recibió nuevas amenazas presuntamente provenientes de una persona que estaría vinculada con la banda delincuencial La Cordillera, quien le advirtió que no debía publicar información sobre una funcionaria pública de Pereira.

Tras estos hechos, la FLIP acompañó al periodista en la solicitud de un trámite de emergencia ante la UNP para reevaluar su nivel de riesgo. Aunque el estudio fue iniciado y posteriormente actualizado con nuevas entrevistas y verificaciones, la entidad no ha emitido el acto administrativo correspondiente ni ha culminado integralmente el proceso de revisión de las medidas de protección requeridas frente al nuevo contexto de amenazas. Por esa razón, con la asesoría de la FLIP, el periodista interpuso una tutela en contra de la UNP por la vulneración de sus derechos fundamentales.

En respuesta a esta solicitud, el 20 de marzo de 2026, el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira le dio la razón al periodista y le ordenó a la UNP adoptar medidas inmediatas para la protección del periodista, valorar de nuevo el riesgo teniendo en cuenta los nuevos hechos amenazantes y, una vez culminado el estudio, convocar de manera urgente e inmediata al CERREM. A la fecha, vencidos los términos judiciales para el cumplimiento de las órdenes, la UNP no ha cumplido la sentencia en su contra.

Por esta razón, el pasado 30 de abril de 2026 el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira admitió el trámite de incidente de desacato y exigió a la UNP un informe detallado sobre las actuaciones desplegadas para cumplir la sentencia y que explique las razones de su incumplimiento. Además, la Procuraduría General de la Nación, desde su delegado de Derechos Humanos, también solicitó a la UNP convocar al Comité de Evaluación del Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM) para evaluar la situación del periodista.

Desde la FLIP no solo nos preocupa la falta de convocatoria al CERREM, sino el incumplimiento persistente de obligaciones de protección reforzada derivadas de medidas cautelares internacionales, una orden judicial vigente y un contexto de riesgo extremo para el periodista.

Por ello, exigimos a la Unidad Nacional de Protección que dé cumplimiento inmediato a las medidas cautelares internacionales y a la sentencia de tutela, adelante sin más dilaciones las actuaciones necesarias para definir y adoptar las medidas de protección correspondientes –incluida la convocatoria al CERREM– y garantice que sean proporcionales al nivel de riesgo que enfrenta Daniel Silva Orrego. Asimismo, solicitamos que en dicha valoración se tenga en cuenta de manera integral todos los estudios y análisis de riesgo elaborados por los distintos funcionarios que han conocido el caso, con el fin de que la decisión responda de forma adecuada y completa a la situación del comunicador.