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Después de 23 años, por primera vez va a juicio un funcionario público en relación con el secuestro de Jineth Bedoya Lima

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Saturday, 13 May 2023

Después de 23 años, por primera vez va a juicio un funcionario público en relación con el secuestro de Jineth Bedoya Lima

Washington, D.C. y Bogotá, 15 de mayo de 2023. Mañana, 16 de mayo, se inicia el juicio contra Marco Javier Morantes Pico, el guardia que hace veintitrés años recibió a la periodista Jineth Bedoya Lima en la cárcel La Modelo en Bogotá. Este fue el punto de partida de su consecuente secuestro, tortura y violencia sexual como retaliación a su labor periodistica. Aunque el crimen sucedió hace más de dos décadas, este es el primer funcionario público que irá a juicio; Morantes Pico enfrenta cargos por secuestro agravado.

El 25 de mayo de 2000, Jineth Bedoya llegó a la puerta de la cárcel La Modelo y permaneció aproximadamente treinta minutos allí; durante ese tiempo fue atendida en tres oportunidades por Morantes Pico, quien al inicio le indicó que no tenía su autorización de ingreso, pero que conocía sobre su visita. Para la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)_ “las demoras a la hora de permitir el acceso de la señora Bedoya al penal, junto con la extraña actitud del guardia de la entrada, quien habría dejado en la puerta a la señora Bedoya sola al momento del secuestro”, demuestran la existencia de indicios graves, precisos y concordantes de la participación estatal en los hechos ocurridos ese día. En palabras de la Corte “los hechos no podrían haber ocurrido sin la aquiescencia o colaboración estatal […] inclusive el guardia de la cárcel que la atendió”.

Con esto, para CEJIL y la FLIP, representantes de la periodista,Morantes Pico hace parte de un plan criminal amplio y, aunque en esta ocasión se juzgue a un funcionario de bajo nivel, es indispensable investigar a todos los agentes estatales, incluyendo a altos mandos, que pudieron haber participado en los hechos. Frente a esto, según lo ordenado por la Corte IDH y en la búsqueda de justicia, la Fiscalía General de la Nación sigue en mora de adelantar una investigación diligente y dentro de un plazo razonable que implique juzgamiento y sanción, como a la de toda la cadena criminal, incluidos los funcionarios públicos. Hasta ahora, las únicas tres condenas que hay son contra exparamilitares.

Además, la Corte IDH determinó que la investigación de los hechos ha tenido un carácter discriminatorio por razón de género. Por eso, hacemos un llamado a la administración de justica para que en el desarrollo del juicio aplique los estándares de protección a las víctimas de violencia sexual, evitando la reproducción de estereotipos discriminatorios, que conllevarían a un nuevo escenario de revictimización hacia Jineth Bedoya.

Igualmente hacemos un llamado al Estado a adelantar el proceso penal en curso con estricto apego a los estándares internacionales de acceso a la justicia para las víctimas y teniendo en cuenta las órdenes de la Corte IDH en el caso. Al mismo tiempo recordamos que la Corte determinó que para poner fin al ciclo de impunidad que rodea este caso es indispensable “dirigir los esfuerzos del aparato estatal para desentrañar las estructuras que permitieron esas violaciones, sus causas, sus beneficiarios y sus consecuencias”

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) Campaña No es hora de callar

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Case follow-up

Fiscalía no ha entablado conversaciones con Jineth Bedoya, tras un año de la sentencia en favor de la periodista

Wednesday, 19 October 2022

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“Tortura física, sexual y psicológica contra Jineth no pudieron llevarse a cabo sin la colaboración del Estado”: sentencia de la Corte IDH

Tuesday, 19 October 2021

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Saturday, 24 September 2022

Fiscalía sigue incumpliendo su deber de investigar a los determinadores del crimen contra Jineth Bedoya

El pasado 17 de septiembre, la Fiscalía General de la Nación anunció que Jesús Emiro Pereira Rivera, alias Huevoepizca, exparamilitar de las AUC condenado en 2019 en el caso de la periodista Jineth Bedoya, será excluido y perderá los beneficios de la Ley de Justicia y Paz. La Fiscalía presentó este logro como un gran avance en la búsqueda de justicia del caso de Bedoya; sin embargo, este es tan solo un resultado lógico, producto de la condena de Pereira en la justicia ordinaria. La exclusión tampoco aporta a la investigación de la Fiscalía para encontrar a quienes determinaron el crimen, que es fundamental para efectuar las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) en 2021. Hasta ahora, la Fiscalía es la única entidad estatal que no se ha reunido con la periodista ni sus representantes para avanzar en el cumplimiento de la sentencia.

El 6 de mayo del 2019, Jesús Emiro Pereira fue condenado en primera instancia como autor material del secuestro, tortura y violencia sexual del que fue víctima Bedoya en el 2000. Luego de que la defensa apelara, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá confirmó, en segunda instancia, la pena de cuarenta años de cárcel. En las audiencias de Justicia y Paz, Pereira siempre negó cualquier responsabilidad en el crimen, y de esta forma, incumplió con su deber de esclarecer la verdad de los hechos que rodearon las agresiones contra Bedoya.

Por eso, el 13 de junio del 2021, la Fiscalía 21 de la Dirección de Justicia Transicional solicitó que se excluyera a Pereira de la Ley de Justicia y Paz. Finalmente, en septiembre de este año, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá ordenó la exclusión definitiva. 


Aunque Jineth Bedoya y sus representantes (CEJIL y la FLIP) celebran que se condene el incumplimiento de Pereira a los compromisos con la Justicia Transicional, este hecho deja en evidencia diferentes problemáticas de la Fiscalía. Por un lado, la solicitud para que Pereira fuera excluido se radicó dos años después de que la justicia ordinaria sancionara al exparamilitar. Durante ese tiempo, Pereira siguió gozando de los beneficios de la Ley de Justicia y Paz e incluso solicitó la suspensión de la ejecución de la sentencia que lo condenaba como culpable de los crímenes contra Bedoya.

Por otro lado, este hecho no aporta de ninguna forma elementos para identificar a quienes ordenaron los crímenes contra la periodista, una tarea en la que la Fiscalía no ha avanzado. Según la Corte IDH, el Estado no “ha podido determinar la autoría intelectual de los hechos ni de otros coautores que pudieran haber participado en los mismos". Para Bedoya, “no se puede hablar de un avance cuando en 22 años no se ha hecho absolutamente nada para llegar a los autores intelectuales del crimen”. Por eso, hacemos un llamado a la Fiscalía para que se reúna con la periodista y concerte las medidas que se van a implementar para fortalecer las líneas de investigación contra los determinadores. 

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