Controvertida decisión en el caso de Jaime Garzón

El juez en audiencia pública afirmó no es de su competencia "porque el asesinato no ocurrió en el ejercicio del periodismo y por lo tanto no hubo una finalidad terrorista". Dentro de las circunstancias que se tienen en cuenta para decidir si un caso es manejado por la justicia especializada está la de que el homicidio se hubiera cometido "con fines terroristas o en desarrollo de actividades terroristas" o "en persona que sea o haya sido servidor público, periodista, juez de paz, dirigente sindical, político o religioso en razón de ello", según lo establece el Código Penal.

El caso de Garzón pasó a etapa de juicio el 12 de marzo de 2002, tras la resolución de acusación que expidió la Fiscalía contra Carlos Castaño Gil, máximo jefe de los paramilitares en Colombia, como presunto autor intelectual del crimen y contra Juan Pablo Ortiz Agudelo, alias "El Bochas" y Edilberto Sierra Ayala, alias "Toño", como los presuntos autores materiales.

Que el proceso judicial de Jaime Garzón pase de la justicia especializada a la justicia ordinaria significa que los móviles del crimen no estarían relacionados con su actividad periodística. Se manejaría, por tanto, como un delito común, de la misma forma como la justicia decide sobre un homicidio callejero.

Sobre los posibles móviles del crimen se manejan varias hipótesis, algunas de ellas descartadas demasiado pronto por la Fiscalía, según organizaciones como la Sociedad Interamericana de Prensa - SIP y Reporteros sin Fronteras. Una de estas hipótesis relaciona el crimen con la participación de Jaime Garzón como mediador en la liberación de secuestrados. Otra, con la información que manejaba el periodista sobre la presunta implicación de algunos miembros del Ejército en el tráfico de armas y secuestrados con la guerrilla de las FARC. Esta última hipótesis es la que no ha sido suficientemente investigada por la Fiscalía, según la SIP y Reporteros sin Fronteras, y que relacionaría el hecho con la actividad periodística de Jaime Garzón.

De otra parte, el fiscal encargado del caso, Eduardo Mesa, a través de los medios de comunicación, ha discrepado de la decisión del juez del circuito especializado, pues considera que la investigación realizada por la Fiscalía da suficientes razones para que el proceso continúe en la justicia especializada.

Para el abogado Alirio Uribe, del Colectivo de Abogados José Alvear, parte civil en el proceso de Jaime Garzón, la decisión del juez tiene básicamente dos consecuencias. En primer lugar, se alarga el término del proceso mientras se define a quién le corresponde llevar el caso. Es posible, según Uribe, que el juez penal del circuito, de la justicia ordinaria, al que se le asigne el proceso, también se declare impedido. Si esto ocurre, la Corte Suprema de Justicia tendría que decidir a cuál de los tipos de justicia le corresponde llevar el caso. "Este trámite podría tardar entre nueve meses y un año", señala Uribe.

En segundo lugar, agrega el abogado, el hecho de que el caso sea manejado por la justicia ordinaria es "bajarle el perfil al asesinato de Jaime Garzón". El caso Garzón ha tenido un gran impacto en la opinión pública colombiana y ha sido objeto de constantes pronunciamientos por parte de organizaciones nacionales e internacionales de libertad de expresión.

Jaime Garzón representaba el humor crítico en el país. Sus programas de televisión tuvieron una enorme acogida por parte de todo tipo de audiencias. Era, al momento de su muerte, periodista de la emisora Radionet, desde donde hacía, cada mañana, comentarios y análisis sobre la política colombiana.

La Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP- manifiesta su preocupación por la dilación que pueda tener el proceso judicial con la decisión del juez séptimo especializado. Es muy importante que los organismos judiciales actúen con rapidez en un caso que se ha convertido en un símbolo de las violaciones a la libertad de expresión en Colombia.

La lentitud de la justicia para castigar a quienes violan la libertad de expresión ha llevado a que la mayoría de crímenes contra periodistas se encuentren en la impunidad. Según una investigación realizada por la FLIP, de 29 asesinatos de periodistas ocurridos entre 1995 y 2001 por razones de oficio, sólo en un caso se ha llegado a condenar al autor material del crimen. La decisión del juez constituye un obstáculo para condenar a los responsables del asesinato de Jaime Garzón y evitar que su caso también quede en la impunidad.