Hoy, 12 de diciembre se cumplen tres años de que el Equipo de Seguimiento Especial (ESE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitiera recomendaciones a los Estados de Ecuador y Colombia en el caso de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, equipo periodístico del diario El Comercio, secuestrado y asesinado en el 2018.

El ESE es el mecanismo creado por la CIDH y la Relatoría Especial de Libertad de Expresión (RELE) que marcó un hito a nivel regional, pues se constituyó como un mecanismo de seguimiento a las acciones que deben adelantar los Estados para garantizar la protección, sanción, atención y reparación integral en casos de agresiones a periodistas en zonas de frontera. 

Las organizaciones firmantes alertamos sobre el alto riesgo de impunidad en ambos Estados porque no han adelantado suficientes acciones para cumplir las recomendaciones del ESE y procurar justicia y verdad en el caso. Por esta razón, Fundamedios y la FLIP, acompañados por CPJ, RSF e IFEX - ALC, solicitan a la CIDH que realice una audiencia pública de seguimiento del ESE en el próximo periodo de sesiones en 2023. A casi cinco años del aniversario del asesinato de los tres periodistas, y por la falta de cumplimiento de las recomendaciones emitidas por el ESE, urge que la CIDH realice el seguimiento a sus propias recomendaciones, para así impedir que casos como este, de graves crímenes contra periodistas, queden en la impunidad.

La audiencia pública tiene como finalidad entregar información relevante sobre la violencia que enfrentan los y las periodistas en zonas de frontera. Esta situación requiere de una atención urgente con un enfoque preventivo, para lo cual se propone realizar seguimiento a la implementación de las recomendaciones a los Estados de Ecuador y Colombia realizadas en el Informe Final del Equipo de Seguimiento Especial por el secuestro y homicidio de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra. 

La violencia en las zonas fronterizas persiste, por lo que el seguimiento es oportuno y necesario para poder contribuir a establecer medidas preventivas. Las fronteras en los dos países se han convertido en desiertos informativos, pues la presencia de periodistas en la zona se volvió casi nula. Entre 2018 y 2022 en Ecuador se registraron 117 agresiones contra periodistas en las provincias fronterizas, mientras que en el lado colombiano se han registrado 404 agresiones en contra de periodistas.

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Algunas de las recomendaciones que hizo el ESE a Colombia y Ecuador fueron:

• Desclasificar y entregar a las familias la información de los organismos militares de ambos países e instancias de coordinación, exclusivamente sobre las decisiones y acciones realizadas durante la fecha del secuestro y asesinato de Javier, Paúl y Efraín.
• Examinar la información que reposa en las extracciones forenses de equipos de telefonía móvil y computación incautados en los operativos. También la información en cuanto a mensajería de WhatsApp, texto, correo e imágenes producidos en la fecha y durante el secuestro.
• Poner en marcha de un Comité Institucional para la Protección de Periodistas, que incluya la participación de periodistas, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y familiares de las víctimas.

 

En los dos países han sido pocos los avances que se han dado en la construcción y aplicación de políticas públicas en materia de Derechos Humanos, encaminados a la prevención, protección y procuración de justicia frente a la situación de violencia que enfrentan los periodistas. Esto es de especial preocupación, si se tiene en cuenta el contexto en el que se han marcado récords históricos en cuanto a crímenes contra periodistas. 

Por parte del Estado ecuatoriano, a pesar de que se incluyó un capítulo sobre Garantías de los periodistas y los trabajadores de la comunicación en las Reformas a Ley de Comunicación; todavía existe una falta de cooperación en desclasificar la información en torno al secuestro y asesinato pese al anuncio del presidente, Guillermo Lasso, de que lo harían. A esto se suma el secretismo por parte de entidades estatales, que en reiteradas ocasiones han demostrado su falta de voluntad para cooperar con la necesidad de verdad, justicia y reparación para las víctimas y sus familiares. 

Por su parte, en Colombia, en el 2021 se condenó a dos implicados: Jesús Vargas Cuajiboy, alias ‘Reinel’, y Gustavo Angulo Arboleda, alias ‘Cherry’. Sin embargo, como estas condenas se obtuvieron como parte de preacuerdos celebrados entre la Fiscalía y los acusados, han sido pocos los avances en la investigación en cuanto a verdad y esclarecimiento de los motivos y los hechos. Además, los actos de reconocimiento de verdad y perdón se convirtieron en un nuevo escenario de revictimización. 

Firmantes:

Fundamedios

Nos Faltan Tres

Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)

Comité para la Protección de Periodistas (CPJ)

IFEX- ALC

Reporteros Sin Fronteras (RSF)

Red Voces del Sur

Periodistas Sin Cadenas