Caso Fonade: el CTI no puede permitir las agresiones a la prensa

Bogotá D.C./ Miami, FL. / Washington, D.C., 23 de marzo de 2018 --

A tan solo un mes de que prescriba el asesinato del periodista colombiano Nelson Carvajal, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el Robert F. Kennedy Human Rights y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) presentaron el miércoles 21 de marzo una solicitud a Néstor Humberto Martínez, Fiscal General de la Nación de Colombia, para que declare el homicidio como crimen de lesa humanidad.

El homicidio de Carvajal es un caso emblemático que señala el incumplimiento de los deberes internacionales del Estado colombiano para prevenir la violencia contra el periodismo y para juzgar y sancionar a los responsables. Asimismo, ilustra la impunidad generalizada en los crímenes contra la libertad de expresión en América Latina y el Caribe.

Nelson Carvajal Carvajal fue periodista radial en Pitalito, Huila. Fue director del noticiero ‘Momento Regional’ y de las radio-revistas ‘Mirador de la Semana’, ‘Amanecer en el Campo’ y ‘Tribuna Médica’ de la Emisora Radio Sur, en ese municipio. Reportaba sobre irregularidades en la administración pública, corrupción y lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Fue asesinado el 16 de abril de 1998 por un sicario que le disparó siete tiros cuando salía de la escuela Los Pinos, donde era director.

El homicidio del periodista ocurrió en uno de los periodos más violentos contra la prensa en Colombia, en un contexto de ataques generalizados contra periodistas provenientes de estructuras criminales que incluían autoridades locales, paramilitares, guerrilleros y narcotraficantes. De acuerdo con la investigación penal, el crimen habría sido cometido por una alianza que involucra presuntamente a funcionarios, empresarios y miembros de la guerrilla de las FARC.

Para la SIP, el RFK Human Rights y la FLIP, el homicidio de Nelson Carvajal es un crimen de lesa humanidad, considerando que el asesinato se enmarca en un ataque sistemático y generalizado contra un sector de la población civil y que fue perpetrado por actores estatales, estructuras de crimen organizado y grupos armados.

Durante el proceso, miembros de la familia Carvajal han sido víctimas de amenazas y muchos debieron salir al exilio. También fueron asesinados testigos y varios fiscales abandonaron la causa tras recibir amenazas. Otros procesos judiciales asociados a la muerte de Carvajal fueron archivados en forma prematura. 

En 2002, el caso fue presentado por la SIP al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El caso fue remitido en el 2015 a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el RFK Human Rights se unió a la representación legal de la familia en el litigio contra el Estado colombiano. La Corte ya deliberó sobre el caso y se espera un fallo definitivo en las próximas semanas.

Vea aquí la solicitud presentada a la Fiscalía General de la Nación.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza las agresiones de las que fueron víctimas Cristian Garavito, fotógrafo de El Espectador, y César Flechas, periodista de Caracol Radio, por parte de un hombre cercano a los implicados en el caso Fonade.

En la mañana del miércoles 25 de julio se llevó a cabo la audiencia de imputación de cargos en contra de siete personas vinculadas al caso de corrupción del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade). Después de finalizada la diligencia, a la 1:15 p.m., un hombre que acompañaba el desplazamiento de uno de los implicados empujó y siguió a Cristian Garavito a las afueras del complejo judicial de Paloquemao. Luego, cuando el fotorreportero se acercó a tomar más fotografías del detenido, el hombre lo golpeó con una rama ocasionándole lesiones en su brazo.

César Flechas grabó la agresión con su teléfono celular e intentó mediar para que el hombre dejara de agredir al fotógrafo. Cuando este notó que estaban registrando la situación le quitó el celular al periodista violentamente en dos ocasiones. Además, intentó golpearlo en la cara.

La FLIP rechaza esta agresión y llama la atención a los agentes del CTI que estaban custodiando a los detenidos. La FLIP exige al CTI que garantice el ejercicio periodístico y evite estas agresiones durante los procesos en los que está a cargo.

La FLIP invita a la Fiscalía a que acompañe a los periodistas en el proceso de la eventual denuncia por lesiones personales u otros posibles delitos y espera que se realicen las investigaciones pertinentes para sancionar al agresor.