Asesinato de Luis Antonio Peralta debe reconocerse como un crimen contra la prensa

El pasado 2 de agosto, el Tribunal Superior Sala Penal de Florencia, Caquetá, confirmó la absolución de una persona vinculada en el asesinato del periodista Luis Peralta y de su esposa, Sofía Quintero. Esta decisión se deriva de las demoras injustificadas y la inoperancia de la Fiscalía General de la Nación que, a pesar de contar con distintas pruebas, no logró estructurar una estrategia que le permitiera demostrar sin lugar a dudas la participación de la procesada. Esta deficiencia investigativa es un retroceso en la lucha contra la impunidad de los asesinatos de periodistas en Colombia, especialmente en este caso en el que ocho años después del crimen no presenta avances significativos.

Hoy, hace ocho años, el periodista Luis Antonio Peralta fue asesinado en El Doncello, Caquetá. Peralta era el director de Linda Stereo, una emisora en la que denunciaba la corrupción de su municipio y departamento. Las amenazas contra el periodista comenzaron en 2010, cuando desconocidos dejaron una bomba, que fue desactivada, al frente de las instalaciones de la emisora.

Hoy, 14 de octubre, la FLIP presentó un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Florencia, Caquetá, por la decisión de absolver a una mujer señalada de ser cómplice del homicidio del comunicador Luis Antonio Peralta en 2015. Esta acción es un retroceso en la lucha contra la impunidad de los asesinatos de periodistas en Colombia. 

Peralta trabajaba en El Doncello, Caquetá, era el dueño y director de la emisora Linda Stereo, en donde denunciaba la corrupción política del municipio. Las amenazas contra el periodista comenzaron en 2010, cuando desconocidos dejaron una bomba, que fue desactivada, al frente de las instalaciones de la emisora. En febrero del 2015, por Yean Arlex Buenaventura y aunque ya fue condenado, la posible cómplice del crimen, quien conducía la motocicleta que movilizó a Buenaventura, fue absuelta por falta de pruebas. Según el juez del caso, no se logró probar que ella era la responsable, pues los testigos que presenciaron los hechos no la reconocen.

Sin embargo, para la FLIP, el juez no valoró las pruebas en su conjunto y desestimó un testimonio en el que la procesada le confesó a una amiga los detalles de su participación en el homicidio del periodista. Durante el juicio también se evidenció que la contraparte no tenía un relato consistente sobre lo que la acusada estaba haciendo al momento del asesinato de Peralta, lo que refuerza la teoría de la Fiscalía de que ella participó en el crimen.

Esta decisión, junto con los pocos avances de la Fiscalía para dar con quienes ordenaron el homicidio, dan cuenta del alto riesgo que tiene este caso de caer en impunidad. El Estado tiene la obligación de investigar y judicializar a las o los responsables de asesinatos contra la prensa, porque de lo contrario se envía un mensaje de permisividad hacia quienes ejecutan crímenes contra periodistas.

El homicidio de Peralta impactó en la libertad de prensa del municipio, pues Linda Stereo es uno de los pocos medios locales que existen en El Doncello. Aunque la emisora sigue en funcionamiento gracias a los esfuerzos de los familiares, el no haber judicializado a toda la cadena delictiva involucrada en el crimen puede ocasionar autocensura en las y los periodistas del municipio que tratan temas similares a los que cubría Peralta. Desde 1985 a 2022, en Caquetá han sido asesinados siete periodistas; seis de estos casos están en total impunidad. La cantidad de homicidios en el departamento es alarmante si se tiene en cuenta que para el 2019 solo había 44 medios de comunicación en Caquetá.

Por eso, la FLIP, como representantes de los familiares de Peralta, le pedimos al Tribunal Superior de Florencia que revoque el fallo de absolución contra la procesada y profiera una condena que reconozca los derechos a la verdad, justicia y reparación integral de las víctimas. La Fiscalía también debe ser más efectiva en su investigación para que se pueda capturar y condenar a las o los determinadores del crimen contra el periodista. 

El 16 de marzo del 2021 el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia, Caquetá, revirtió la condena histórica contra el sicario que asesinó al periodista Luis Antonio Peralta y a su esposa Sofía Quintero. El Tribunal redujo 13 años de la condena como resultado del desconocimiento injustificado de la relación del oficio periodístico de Peralta con su asesinato. 

Para la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), quien representa legalmente a los familiares de las víctimas, la decisión del Tribunal es un pésimo precedente de cara a los altos índices de impunidad de crímenes contra la prensa y a los múltiples procesos contra los responsables de los 161 periodistas asesinados de 1977 al 2020. 

El Tribunal desestimó la relación del oficio periodístico con el asesinato de manera contradictoria. En sus términos, “sobre las denuncias realizadas en el ejercicio de la profesión del periodista Peralta Cuellar, no existe duda para la sala, pero no es posible con ello establecer que el homicidio del recordado periodista se dio en razón de su labor pues el hecho indicador no permite establecer el hecho indicado”. Después de hacer esta afirmación el Tribunal añadió que algunas amenazas reportadas por el periodista no tenían que ver con las denuncias públicas realizadas. 

Esto revela la falta de comprensión de los elementos esenciales del caso, tal como los riesgos inherentes al ejercicio del periodismo en regiones. La FLIP reitera que para la investigación, judicialización y sanción de crímenes contra la prensa es indispensable hacer un análisis de contexto  que  permita  identificar  plenamente las dinámicas regionales y los riesgos a los que están expuestos los periodistas por su oficio, en lugar de presumir su inexistencia en un país con altos índices de violencia contra la prensa. 

Luis Antonio Peralta era un periodista crítico de la gestión pública en la región, en donde ejerció el periodismo por más de treinta años. Su trabajo estaba relacionado con las denuncias sobre irregularidades en contratación estatal, extracción de petróleo y corrupción. Su emisora Linda Stereo, de la cual fue fundador y director, fue la plataforma a través de la cual hizo públicas sus denuncias y entregó a la ciudadanía información valiosa sobre las autoridades y los funcionarios. 

El Tribunal no valoró de manera adecuada este contexto ni el riesgo que le generaba el programa en el que Peralta hacía públicas algunas denuncias en contra de la administración pública. Además, desestimó que días antes de su asesinato, el periodista había anunciado que tenía conocimiento de que un precandidato habría incurrido en actos de corrupción en el municipio del Doncello, Caquetá.

La falta de reconocimiento de los riesgos inherentes al oficio periodístico es un factor que acrecienta la impunidad de los crímenes contra la prensa . En este caso, también persiste la falta de identificación y sanción de los determinadores, quienes hoy se encuentran en libertad.

La FLIP continuará acompañando este caso, y este 19 de marzo de 2021 presentó el recurso de casación contra la decisión del Tribunal para que se reconozca la necesidad de reincorporar en la decisión el reconocimiento de la relación del oficio periodístico con el asesinato de Luis Antonio Peralta. La decisión se apartó de elementos esenciales del caso y, con ello, desconoció el rol que desempeñan las autoridades judiciales en la protección de los y las periodistas y en la garantía de que los delitos y los ataques en su contra no queden impunes. 

Por lo anterior, la FLIP le hace un llamado a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación para que coadyuven el recurso y visibilicen la violencia y los riesgos a los que están expuestos los periodistas, cuya labor contribuye a la construcción de sociedades democráticas.