Agente de la Policía golpea a equipo periodístico en Barranquilla, Atlántico

Jhonny Romero y Manuel Martínez, periodista y camarógrafo, respectivamente, realizaban el cubrimiento del desalojo de un grupo de personas en un barrio de esa ciudad. De un momento a otro, la inspectora 10 de Policía, Gloria Baena, se molestó por el trabajo que los periodistas realizaban y, aunque que se trataba de un acto público, les exigió a los comunicadores que se retiraran del lugar.

La funcionaria empujó la cámara de Martínez y luego dio la orden a un agente de la Policía que la acompañaba, el sargento Jorge Bermúdez, de que retirara a los reporteros. El sargento golpeó en dos ocasiones, con los puños, al camarógrafo y su cámara, mientras el periodista Romero le exigía respeto. Sólo la intervención de otro agente de Policía detuvo al agresor.

Un tiempo después, llegó al lugar mayor Jesús Alberto Díaz, jefe de prensa de la Policía Metropolitana de Barranquilla, y ante la queja de los periodistas, la funcionaria negó que hubiera habido alguna agresión. No obstante, los hechos quedaron registrados en la cámara de Martínez (vea el video aquí). En diálogo con la FLIP, el periodista Romero criticó la actitud del personero del municipio de Soledad, Atlántico, John Martínez, quien a pesar de haber sido testigo de los hechos, permitió que la inspectora negara lo sucedido (es el hombre de camisa verde en el video). Sin embargo, el video hizo evidentes los hechos.

En diálogo con la FLIP, el mayor Díaz manifestó que la institución ya ofreció disculpas a los periodistas por la situación y señaló que se realizará la investigación disciplinaria respectiva al sargento Bermúdez. “Se trató de un caso muy, muy aislado, pues nosotros tenemos muy buena relación con la prensa”, comentó Díaz.

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La Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, rechaza y manifiesta su preocupación por esta nueva agresión contra periodistas por parte de miembros de la fuerza pública. La FLIP ha registrado con preocupación cómo en los últimos años se han incrementado las violaciones a la libertad de prensa por parte de los funcionarios estatales, especialmente de uniformados. De hecho, mientras que en 2008 las violaciones por parte de fuerza pública y funcionarios fueron en total 40, en 2009 se elevó a 62.

Como la FLIP lo ha manifestado en varias ocasiones, el propio Estado debe ser el principal garante de los derechos de los periodistas, por tratarse de sujetos de especial protección: “la actividad periodística gozará de protección para garantizar su libertad e independencia profesional”, Constitución Nacional, artículo 73.

La FLIP recuerda que en un reciente comunicado del Ministerio del Interior, emitido el pasado 16 de febrero de 2010, el gobierno “hace un llamado a las autoridades nacionales, regionales y locales con el fin de que esta actividad (periodística) se entienda como legítima y necesaria en la consolidación del Estado Social de Derecho”. La FLIP insta a la Policía Nacional para que realice las respectivas investigaciones internas.