La FLIP expresa su proecupación por los trinos del senador Roy Barreras hacia la Revista Semana y su directora Vicky Dávila, pues son un ataque al ejercicio periodístico y van en contravía de sus obligaciones como funcionario público. 

Los funcionarios públicos tienen limitaciones en su ejercicio de la libertad de expresión. Según la sentencia T124 del 2021 de la Corte Constitucional “el derecho a la libertad de expresión, cuando es ejercido por servidores en sus funciones, tiene limitaciones mayores a las que ostenta cuando lo ejerce un particular”. Por eso, las y los funcionarios deben apartarse de los debates y discusiones acerca de la calidad de la información y las decisiones editoriales. Estas deben plantearse entre la academia, el gremio periodístico y la sociedad civil.

En esa misma sentencia, la Corte afirma que el uso de las redes sociales por parte de funcionarios “genera una mayor responsabilidad, dada la importancia que para la opinión pública presentan sus declaraciones”. Las relatorías de libertad de expresión también han dicho que los funcionarios públicos no deben hacer declaraciones que promuevan la intolerancia y la desinformación. Cuando el Senador Barreras infiere que un contenido puede ser un delito, sin aportar pruebas, como lo hizo en su cuenta de Twitter, busca desligitimar el trabajo de un medio y pone en riesgo a las y los periodistas que ahí trabajan.

Si bien el senador presentó excusas, le solicitamos que estas sean más específicas y que las complemente con otras acciones que promuevan la tolerancia frente al ejercicio plural del periodismo. Hacemos un llamado a que se abstenga de hacer comentarios que pueden considerarse estigmatizantes o que afecten el trabajo de la prensa.

Después de que la Revista Semana publicara unas grabaciones que involucran a la campaña del Pacto Histórico, el senador Roy Barreras y otras figuras políticas como Gustavo Petro e Inti Asprilla han emitido acusaciones contra el medio sin que se hayan aportado pruebas. Varios de estos mensajes buscan sembrar la duda sobre la legalidad de esa publicación y estigmatizan al medio cuestionando su decisión editorial de publicar el contenido.