Escuche aquí la crónica especial hecha por la FLIP: <a style="line-height: 20.8px; text-align: justify;" href="https://soundcloud.com/flip2016/dos-anos-sin-cervantes" target="_blank" rel="noopener noreferrer">https://soundcloud.com/flip2016/dos-anos-sin-cervantes</a>
Ante la Fiscalía General de la Nación, Vega Osorio aceptó haber sido integrante de la banda criminal conocida como “Los Paisas”, una célula del “Clan Úsuga” que opera en el Bajo Cauca Antioqueño. El 19 de mayo de 2015 “Morroco” fue detenido en la vereda Nicaragua, municipio de Cáceres, por el delito de concierto para delinquir agravado. Entre los crimines por los que era investigado, está el homicidio del periodista Luis Carlos Cervantes, cometido el 12 de agosto de 2014. 
El 19 de noviembre de 2015, durante la primera indagatoria que “Morroco” tuvo ante la Fiscalia por el caso Cervantes, el detenido aseguró que no tenía ninguna responsabilidad en el asesinato del periodista. Ese día, Vega Osorio admitió que conocía las razones por las que la organización criminal acabó con la vida del reportero y señaló a Froilan Gil Tapias, alias “Manuel”, uno de los jefes de la banda criminal, como el autor intelectual del homicidio: “él fue el que dio la orden, no sé a quién se la dio, pero dio la orden de que mataran al periodista” aseguró “Morroco”.
En la misma diligencia judicial el detenido cuenta que “Manuel” ordenó el asesinato de Cervantes en 2012, año en el que la UNP le implementó un esquema de seguridad al periodista compuesto por dos hombres y un vehículo blindado. Por la dificultad que representaba atentar contra el reportero en esas condiciones, “Morroco” explica que la organización criminal tuvo que esperar a que el periodista volviera a quedar desprotegido para asesinarlo.
Semanas después, Vega Osorio cambió su versión y aceptó su responsabilidad en el asesinato de Cervantes. El 14 de diciembre de 2015 la Fiscalía llegó a un preacuerdo con el detenido para que redujera su condena. La pena dispuesta fue de 31 años de prisión por varios delitos, entre ellos, haber sido autor determinante en el asesinato del periodista. A pesar de la condena contra “Morroco”, la Fiscalía aún debe investigar los cabos sueltos alrededor del homicidio.
Hoy, 12 de agosto, se cumplen dos años del asesinato del reportero. Ese día, hacia las dos de la tarde, Cervantes, aún temeroso por los riesgos que corría en Tarazá, decidió acompañar a un amigo a hacer una mudanza. Se montó como parrillero en la moto de su conocido y unos metros más adelante tres hombres lo interceptaron, uno de ellos lo obligó a bajarse del vehículo y le disparó en repetidas ocasiones hasta quitarle la vida.
Con el rotulo de “el periodista más amenazado del país” varios medios de comunicación anunciaron la muerte del reportero y las amenazas previas de las que fue víctima. Cervantes recibió la primera intimidación en agosto de 2010 y, hasta la fecha de su asesinato, la FLIP documentó al menos cuatro más que fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía. A pesar de que desde el año 2009 la entidad conocía el prontuario criminal de “Morroco” y del riesgo inminente del periodista, fue solo hasta su asesinato que aumentaron los esfuerzos para capturar a los responsables.
Sin duda, las primeras amenazas en contra de Cervantes están relacionadas con las denuncias que hacía sobre la corrupción en Tarazá, manejos irregulares de recursos por miembros de la Alcaldía y nexos entre funcionarios públicos con bandas criminales. El mensaje de texto que recibió el periodista el dos de julio de 2011 lo demuestra “Oye sapo, si sigues investigando las vacunas que nos da el hospital y la alcaldía de Tarazá, te vamos a matar con escolta o sin escolta”. Sin embargo, varios reporteros de la región coinciden en que el homicidio también guarda una relación muy estrecha con los vínculos que Cervantes tenía con políticos de la región como los exalcaldes Reinaldo Posso y Héctor Giraldo.
A finales de 2013 en diálogo con la FLIP, Cervantes sostuvo que las constantes intimidaciones lo habían obligado a abandonar la actividad periodística. Adquirió, entonces, un nuevo rol en la emisora como programador musical y en ocasiones transmitía información de la Alcaldía. Esta última labor fue, quizá, la sentencia de muerte de Cervantes. En abril de 2014, Héctor Leónidas Giraldo, en ese entonces alcalde de Tarazá, denunció a través de Morena F.M. las irregularidades de la administración de Miguel Ángel Gómez, quien fue alcalde del municipio entre 2008 y 2011.
Leiderman Ortiz, director del periódico La Verdad del Pueblo, quien además cuenta con esquema de seguridad por las constantes amenazas que ha recibido, explica cómo las intimidaciones no cesan a pesar del paso de los años “¿a uno cuándo le caducan las amenazas? Nunca. Y más en una zona como estas donde no se han acabado las bacrim ni la guerrilla” y agrega “Las bandas criminales no perdonan nada, usted puede ser periodista y mañana decir que es pastor, para ellos no, hay que matarlo porque la debe”
Las declaraciones de Giraldo pudieron ser el detonante para que los criminales atacaran a su círculo político. El 24 de abril de 2014, pocos días después de que el mandatario presentara el informe de gestión en la emisora, “Morroco” y sus hombres asesinaron a Reinaldo Posso y a un contratista que lo acompañaba en el municipio de Cáceres.
El crimen del político y el desmonte del esquema de su esquema de protección por parte del CERREM, aumentaron en Cervantes el sentimiento de zozobra. El 12 de agosto de 2014, “Manuel” y sus hombres finalmente cumplieron con las amenazas. A pesar de los intentos desesperados del periodista por encontrar protección en las instituciones del Estado, las balas de los criminales terminaron por arrebatarle la vida. Leiderman Ortiz, quien mantenía una comunicación constante con el periodista recuerda “él tenía muy claro que lo iban a matar y debía salir de Tarazá”.
Hoy en día Morena F.M. sigue siendo el único medio de comunicación que funciona en Tarazá. La situación no ha cambiado mucho, la emisora continúa con la programación musical y las investigaciones periodísticas desaparecieron. Leifar Bravo, otro de los periodistas amenazados en Caucasia, describe con tristeza como es el panorama actual para ejercer la labor “luego del asesinato de Cervantes muchos periodistas dejaron de investigar sobre corrupción y se dedican a cubrir temas sociales por el miedo”.
Los habitantes de Tarazá se informan a través del trabajo periodístico que realizan los medios de comunicación de otros municipios del Bajo Cauca. La situación de orden público ha vuelto temerosos a sus pobladores y la mayoría de ellos se incomoda cuando se menciona el nombre Luis Carlos Cervantes. Sin evadir el tema aclaran “Yo le respondo sobre cualquier cosa de aquí de Tarazá, pero de esa muerte no hablo”. Silenciar a Cervantes significó también callar a quienes podían saber algo de él.
La Fiscalía aún tiene cuentas pendientes sobre el homicidio. La entidad debe investigar la responsabilidad de alias “Manuel” y de otros cuatro miembros de la organización criminal que fueron relacionados por la Fiscalía. Alias “Seis-Siete”, actual jefe de la organización en el bajo Cauca, es señalado como autor determinante y “Coco”, “Visaje” y “Bocachico” están sindicados de ser los autores materiales. La entidad debe comprometerse con la captura y la condena de estos criminales.
Pero la labor de la institución judicial no termina allí. Es su deber descifrar el entramado entre los funcionarios públicos de administraciones pasadas y los jefes de las organizaciones criminales que determinaron el asesinato del periodista. Sin, embargo la Fiscalía debe asumir un compromiso con la prevención que va mucho más allá del caso Cervantes. Las investigaciones alrededor de los demás periodistas amenazados en el país deben empezar a arrojar resultados. Las sanciones oportunas en estos casos impiden que se repitan crímenes como el de Cervantes.
Leifar Bravo Leiderman Ortiz y los demás reporteros del Bajo Cauca continúan desempeñando su labor en medio de las intimidaciones y los peligros propios de una zona donde el conflicto sigue latente. La mayoría de ellos consideran que la protección del estado sigue siendo insuficiente y la UNP tiene el deber de fortalecer las garantías para ejercer el oficio. El caso de Luis Carlos Cervantes demostró que la entidad debe fortalecer sus estudios de nivel de riesgo, que no deben limitarse la vigencia de las presiones y, sobre todo, que las amenazas no tienen fecha de caducidad.
Nota editorial
El 12 de agosto de 2014 Luis Carlos Cervantes fue asesinado en Tarazá, Antioquia. Desde el año 2010 la FLIP conoció las amenazas contra el reportero por las publicaciones donde denunciaba hechos de corrupción en su municipio. La FLIP alertó sobre esta situación a la Unidad Nacional de Protección que le asignó un esquema de seguridad que le fuera retirado semanas antes de su asesinato. Para el momento del crimen (2014) la información disponible no apuntaba a que los motivos estuviesen relacionados con el oficio periodístico. No obstante, a principios del 2016 la FLIP conoció los testimonios de Javier Vega Osorio, alias “Morroco”, ante la Fiscalía General de la Nación. El detenido aceptó ser autor del crimen de Luis Carlos Cervantes y pactó un preacuerdo para someterse a la justicia. En esa declaración, el acusado, quien es miembro de la banda criminal “Los Paisas”, reconoció que la decisión de asesinar a Cervantes se motivaba en sus denuncias.
Conocida esta versión, la FLIP volvió al Bajo Cauca y retomó la documentación del caso. El resultado es el siguiente reportaje que se publica con ocasión del segundo aniversario de la muerte  y en homenaje a Luis Carlos Cervantes.
Escuche aquí la crónica especial hecha por la FLIP: 
 
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“Yo creo que fue por las denuncias que me colocaron a mí y porque hablaba mucho por Teleantioquia y por la emisora, decía tantas cosas, hablaba mal de la organización, como que la organización estaba haciendo cosas mal hechas”, así respondió Javier Vega Osorio, alias “Morroco”, en el interrogatorio del 19 de noviembre de 2015 cuando le preguntaron por el asesinato de Cervantes.

El 12 de agosto de 2014 Luis Carlos Cervantes fue asesinado en Tarazá, Antioquia. Desde el año 2010 la FLIP conoció las amenazas contra el reportero por las publicaciones donde denunciaba hechos de corrupción en su municipio. La FLIP alertó sobre esta situación a la Unidad Nacional de Protección que le asignó un esquema de seguridad que le fuera retirado semanas antes de su asesinato.

Luis Carlos Cervantes

Especialmente preocupante resulta la situación económica de la Unidad Nacional de Protección (UNP) que ha generado zozobra entre sus protegidos, situación que se ha acentuado tras las recientes declaraciones de los ministros de Hacienda e Interior.
Periodista de La Guajira debe abandonar su ciudad
En horas de la madrugada del 2 de septiembre desconocidos dispararon contra la casa de Amalfi Rosales corresponsal del noticiero Noticias Uno, del diario Al Día y del Heraldo. Las balas rompieron los cristales de la habitación de Amalfi y quedaron incrustadas en las paredes de su vivienda, en el municipio de Barrancas, departamento de La Guajira.
Desde hace un año Rosales ha recibido amenazas que estarían relacionadas con las distintas denuncias que la periodista ha realizado sobre el exgobernador Kiko Gómez, actualmente preso por nexos con los paramilitares y porque supuestamente está implicado en tres asesinatos. Una vez “un desconocido me mostró un arma y me dijo que me calle, que no sea sapa". También le llegaban mensajes al teléfono celular de su esposo advirtiéndole que ya tenían el ataúd comprado.
La periodista expresó a la FLIP que esta fue una advertencia para que abandonara Barrancas y dejará de informar sobre las irregularidades que ahí suceden.
Un mes después del asesinato de Cervantes
El 12 de septiembre se cumplió un mes del lamentable asesinato del periodista Luis Carlos Cervantes. A pesar de haber sido un caso de indignación nacional, hasta el momento no se conoce por parte de la Fiscalía ningún avance en la investigación sobre los culpables y móviles de su muerte.
El pasado lunes 8 de septiembre, La Unidad Nacional de Protección realizó un Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM), donde se abordaron los casos de los periodistas antioqueños que han presentado amenazas y se comprometió con dos esquemas de protección colectivos para proteger a los periodistas del Bajo Cauca. Dichas medidas aún no han sido implementadas.
En el marco de las actividades que se han realizado tras el asesinato de Cervantes, La FLIP destaca la iniciativa de la Universidad de Antioquia que busca capacitar a todos los periodistas del departamento en técnicas de autoprotección. El proyecto iniciará con un programa piloto en la subregión del Bajo Cauca y posteriormente se replicará en el resto de municipios del departamento.
UNP sin fondos
El 10 de septiembre el Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, aseguró: “Hay un faltante de 70 mil millones de pesos. El Ministerio de Hacienda asignó unos recursos hace dos meses pero seguimos con un problema serio. Obviamente tendremos que evaluar de manera tranquila y gradual muchos esquemas de seguridad para ver cuáles son necesarios y cuáles no, pero por el momento necesitamos unos recursos adicionales para garantizar la protección de muchos dirigentes políticos, de concejales, de diputados, líderes de restitución de tierras”.
La FLIP expresa su preocupación por los problemas presupuestales de la UNP y la incertidumbre que ha despertado entre los protegidos las aseveraciones que tanto Cristo como el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. El criterio para desmontar los esquemas de protección debe responder estrictamente a la situación de riesgo y no a medidas económicas.
Por otro lado, el pulso interno entre la Unidad Nacional de Protección y las empresas prestadoras del servicio de protección, para asegurar la renovación de sus contratos, también ha involucrado transmisión de información difusa de las empresas con los escoltas que terminan generado dudas entre los protegidos sobre la continuidad o no de sus esquemas de protección. Ante esto la UNP ha planteado públicamente que no se afectará protección de beneficiarios.

Durante los meses de julio y agosto la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) registró 14 ataques y 15 periodistas víctimas, 10 casos menos que en el bimestre (mayo - junio) inmediatamente anterior. Un descenso significativo aunque preocupante porque eleva a 109 el número de ataques y a 132 los periodistas perjudicados en lo que va del 2014. Además, porque se documentaron ataques especialmente delicados, como el intento de homicidio contra la periodista Amalfi Rosales en el municipio de Barrancas, en La Guajira; o el ataque contra el periodista Javier Osuna, a quién le quemaron sus equipos con valiosa información periodística.

Balance julio y agosto sobre el estado de la libertad de prensa en Colombia

Entre 2010 y 2014 la FLIP conoció denuncias por parte de Luis Carlos Cervantes, documentó cinco que tenían el debido soporte de presentación ante Fiscalía, esto de conformidad con nuestros procedimientos internos. Ante cada uno de estos hechos, la FLIP transmitió las denuncias al Ministerio del Interior, en su momento, y a la Unidad Nacional de Protección (UNP), y tomó otras acciones como visibilizar la situación del periodista.
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<li class="rtejustify">Las amenazas que Cervantes denunció entre 2010 y 2013 tenían una relación directa con su oficio, y así se manifestaba en los mensajes que el periodista recibía. Estas amenazas coincidían con que el periodista realizaba distintos reportajes, especialmente sobre corrupción y presencia de grupos armados en la zona. Así lo hizo para Morena F.M. y durante 18 meses para Teleantioquia.    </li>
<li class="rtejustify">En junio de 2012 la Unidad Nacional de Protección, después de la petición de la FLIP y otras organizaciones civiles como Fecolper, le asignó a Cervantes un esquema de protección tipo dos, compuesto por dos hombres de protección y un carro blindado.  </li>
<li class="rtejustify">En agosto de 2013 la FLIP realizó una misión al Bajo Cauca que incluyó reuniones con autoridades departamentales y municipales y decenas de periodistas, entre ellos Cervantes. Sobre cómo ejercía el periodismo, Cervantes le aseguró a la FLIP: “En nuestra programación ya no tenemos ningún espacio noticioso, solo trasmitimos música y los servicios sociales que pide la Alcaldía”. La FLIP consciente de que esta decisión estaba relacionada con la grave situación del periodismo en el Bajo Cauca, decide hacer <a href="http://www.flipcolombia.com/component/k2/item/1225-las-noticias-se-extinguen-en-el-bajo-cauca-0" target="_blank">informes de seguimiento</a>, denuncias y visitas al Bajo Cauca antioqueño.  </li>
<li class="rtejustify">Desde agosto de 2013 hasta principios de julio de 2014, la FLIP visitó cuatro veces la región del Bajo Cauca y mantuvo dos encuentros con Cervantes. Durante ese intervalo la FLIP, además de las versiones del periodista,  escuchó decenas de testimonios de autoridades administrativas y policiales, periodistas y defensores de Derechos Humanos que aseguraban que si había un riesgo no parecía estar relacionado con la actividad periodística. La FLIP también conoció de procesos judiciales en su contra por acciones ajenas a su trabajo periodístico y de inconsistencias en la información entregada y continuó insistiéndole a la Fiscalía que investigara los hechos.  </li>
<li class="rtejustify">Es importante recordar que el mandato de la FLIP la autoriza solamente a realizar seguimientos y buscar la protección de los periodistas que presenten riesgos relacionados con su oficio, el mismo mandato que tiene la UNP, entidad creada para la protección de poblaciones específicas. Sin embargo, es obligación del Estado proteger a cada uno de los ciudadanos colombianos.  </li>
</ul>
Sobre el espacio del CERREM
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<li class="rtejustify">El 5 de junio de 2014 la UNP convocó a la realización del CERREM -Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas- y entre los casos a tratar se encontraba el de Cervantes. Se trataba de una reevaluación de su nivel de riesgo como está establecido en la ley y que debe realizarse cada año para personas que son beneficiarias de esquemas de protección. La UNP presentó el caso y mostró que el estudio arrojaba un riesgo ordinario. Para casos en los que el estudio de riesgo es ordinario, pero se cuenta con medidas de protección, el CERREM ha determinado la necesidad de presentar hechos nuevos de riesgo. En el caso concreto de Cervantes, a pesar de los antecedentes, no se registraban hechos nuevos que tuvieran relación con el trabajo periodístico. Finalmente, las autoridades con voto en el CERREM deciden retirar el esquema y, debido que la FLIP no contaba con elementos de juicio para objetar esa decisión, se mantuvo al margen.  </li>
<li class="rtejustify">Al CERREM asisten como invitados permanentes, La Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo. Ni la FLIP ni las otras organizaciones de la sociedad civil tienen voto, solamente son consultadas para agregar información o para manifestar objeciones. Si bien la UNP no tiene voto en el CERREM su voz es la más importante en el estudio de los casos. A su cargo está el análisis y la ponderación del riesgo que son tenidas en cuenta por el resto de entidades como criterio orientativo de sus decisiones.  </li>
<li class="rtejustify">La FLIP rechaza que las autoridades de protección planteen que el desmonte del esquema de Cervantes se haya basado en la no objeción o por concepto de la FLIP, porque son las entidades del Estado quienes toman las decisiones. Al interior del CERREM donde se estudió el caso Cervantes se valoró más información y, principalmente, la ponderación del riesgo ordinario. El esquema se retira por una matriz de 46.11 sobre 100 calificada normativamente como riesgo ordinario  sin hechos nuevos de amenaza por el oficio.  </li>
<li class="rtejustify">La FLIP acompañó el caso y lo documentó conforme a la objetividad en el análisis de la información recaudada. Los conceptos de la FLIP siempre deben ser asumidos como un criterio auxiliar para los integrantes del CERREM, entidades del Estado que cuentan con las herramientas y la competencia para determinar acciones que mitiguen el riesgo. Variar esta interpretación es asimilable a evadir el deber de garante del Estado en su obligación de protección y tachar la labor que durante más de 18 años ha adelantado la FLIP para la protección de periodistas en riesgo.  </li>
<li class="rtejustify">Con posterioridad a ésta decisión del CERREM, Cervantes denunció nuevos hechos de amenaza en su contra, que fueron tramitados por la FLIP ante las autoridades. Hasta donde conoce la FLIP se activó la ruta de protección que incluyó la visita de un analista el 5 de agosto.</li>
</ul>
Este es un precedente de suma gravedad a partir del cual la Fiscalía está llamada a tomar las medidas correspondientes para que su participación en los espacios de valoración y decisión sobre el riesgo de periodistas sea activa y coherente con las investigaciones que de manera prioritaria deben adelantarse. La provisión de medidas de protección temporales y reevaluables cada año, sin que de manera simultánea avancen las investigaciones sobre el origen del riesgo, generarán siempre carencia de información para refrendar medidas de protección, esta situación es un problema de fondo denunciado hace años por la FLIP.
La Fundación para la Libertad de Prensa reitera su rechazo por el asesinato de Luis Carlos Cervantes y solicita que se adelanten todas las acciones necesarias para aclarar los móviles del crimen.

En vista de que la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) ha sido mencionada en distintos espacios noticiosos y en aras de la transparencia que promovemos, a continuación compartimos una relación cronológica sobre el caso del periodista Luis Carlos Cervantes y las actuaciones de la FLIP.

Aclaraciones sobre el papel de la FLIP frente a la protección de Luis Carlos Cervantes

Desde hace cinco años Luis Carlos Cervantes trabajaba como periodista en la radio comunitaria Morena FM. También se desempeñó, hasta agosto del 2013, como corresponsal de Teleantioquia Noticias.
En el 2012, Luis Carlos le relató a la FLIP las distintas amenazas que había recibido desde el año 2010. “La primera amenaza llegó un 30 de agosto de 2010, a las seis de la tarde. Un mensaje de texto que decía que me iban a matar. Luego llegó otra amenaza en septiembre, otra en diciembre, después otra en marzo y en junio de este año un alias “Cocobraque” confesó que él me iba a matar”.
Estas amenazas persistieron durante el 2012 y principios del 2013. A partir de este año, la actividad periodística de Cervantes se vio mermada por las distintas dificultades que tienen los periodistas para informar en la zona del Bajo Cauca. En entrevista con la FLIP, a finales del 2013, Cervantes aseguró que después de la explosión de una granada a pocos metros de la emisora, él había decidido empezar a programar canciones a cambio de noticias.
“En el año 2009 funcionaban nueve emisoras y hoy solo existimos nosotros, pero en nuestra programación ya no tenemos ningún espacio noticioso, solo trasmitimos música y los servicios sociales que pide la Alcaldía”, comentaba Cervantes.
Las amenazas denunciadas por Cervantes no fueron investigadas adecuadamente por la Fiscalía
La FLIP tiene documentadas 5 denuncias formales de amenazas instauradas por Cervantes ante la Fiscalía General de la Nación. El 3 de octubre de 2013 Cervantes informó a las autoridades que el Jefe de los Urabeños en la zona, Germer Andrés Rebolledo, alias “El Escamoso”, era uno de los responsables de las amenazas en su contra. “El Escamoso” fue detenido por la Policía en septiembre de 2013 y se le atribuye el asesinato del también periodista Luis Eduardo Gómez en el año 201, sin haber sido llamado por la Fiscalía por estos hechos.
En este contexto resulta inadmisible que la Fiscalía General de la Nación en reciente informe señale que sólo tiene a su cargo una investigación  por amenazas contra Cervantes (cuando en realidad hay por lo menos 5 denuncias) y que reporte que la última y única actuación investigativa haya sido una entrevista a la víctima.
La FLIP ha insistido en repetidas oportunidades sobre la importancia de una presencia activa de la Fiscalía en el CERREM – Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas- en la que se expongan el avance de las investigaciones o la carencia de los mismos para tomar medidas informadas sobre la protección de periodistas.
Entendiendo los informes de la Fiscalía como un sub-registro, de 338 investigaciones por amenazas que tiene el ente acusador: 152 han sido archivadas, 96 se encuentran en etapas preliminares (entre ellas la de Cervantes), 4 están en etapa de juicio y se ha producido una única condena.
La FLIP recuerda que el mecanismo más eficaz para la protección de periodistas es la investigación y sanción de los responsables de ataques contra la prensa.
Protección
El 5 de junio de 2014 el CERREM estudió el caso de Cervantes determinando que su riesgo era ordinario ante la carencia de hechos nuevos relacionados directamente con su oficio periodístico. El 24 de julio se realizó el levantamiento de las medidas de protección de Cervantes, esquema con el que contaba desde el  año 2012.
Quince días antes de su asesinato, Cervantes advirtió ante las autoridades que había sido nuevamente amenazado. Según le reportó a la FLIP, un señor que se identificó como alias “Morroco” le advertía que tenía 2 horas para abandonar Tarazá. La FLIP reportó estos hechos ante las autoridades, aunque no pudo establecer que estas amenazas estuvieran relacionadas con el trabajo periodístico. 
Bajo Cauca: región silenciada
La FLIP alerta nuevamente sobre los peligros que tienen los periodistas de la región del Bajo Cauca, recuerda que la prensa se encuentra acallada por tantos años de violencia en su contra y que aquellos que se atreven a informar lo hacen sin ninguna garantía, tal y como lo ha advertido en sus <a href="http://www.flipcolombia.com/component/k2/item/1225-las-noticias-se-extinguen-en-el-bajo-cauca-0" target="_blank" rel="noopener noreferrer">informes sobre la región</a>.
Precisamente este lunes, 11 de agosto, el camarógrafo Leyfar Paul Bravo Hernández, editor de Bajo Cauca Noticias, fue amenazado de muerte y a través de un mensaje le daban 24 horas para irse del municipio y si no lo hacía se atenía a las consecuencias.
En este sentido, es necesario exigir a la Fiscalía que inicie una investigación exhaustiva y esclarezca si los móviles del crimen están relacionados con la actividad periodística.
Por último, la FLIP lamenta y rechaza el asesinato de Luis Carlos Cervantes y envía un mensaje de solidaridad a sus familiares y a los periodistas de Antioquia y del Bajo Cauca.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) denuncia y rechaza el asesinato del periodista Luis Carlos Cervantes ocurrido hoy martes, 12 de agosto, al medio día en el municipio de Tarazá, en la subregión del Bajo Cauca, Antioquia.

Luis Carlos Cervantes

Balance julio y agosto sobre el estado de la libertad de prensa en Colombia

Aclaraciones sobre el papel de la FLIP frente a la protección de Luis Carlos Cervantes

La FLIP condena asesinato del periodista Luis Carlos Cervantes, en Tarazá, Antioquia