#AlertaFLIP | Ayer en San Gil, Santander, el periodista Freddy Ortiz, director del periódico El Regional, cubría las protestas convocadas por el sector de la construcción del municipio cuando fue acusado por el alcalde Édgar Pinzón de extorsionarlo y fomentar la manifestación. Expresamos nuestro rechazo ante el actuar de Pinzón.

La FLIP respalda a la periodista Natalia Archila en su denuncia por agresión sexual contra Juan Carlos Sánchez, exconcejal de San Gil, Santander.

• El pasado 14 de mayo la periodista estaba en la emisora Latina Comunicaciones cuando el exconcejal la tomó por la fuerza y la tocó abusivamente con sus genitales.
  
  
• El exconcejal Sánchez ya había sido denunciado por acoso sexual el año pasado por parte de la periodista Diana Cantillo.
  
  
• La FLIP hace un llamado a la Fiscalía a que esclarezca los hechos y se determinen las responsabilidades penales. 
  
  

La periodista le relató a la FLIP que el 14 de mayo ella se encontraba en la emisora digital Latina Comunicaciones para comenzar su programa radial de la mañana. Aproximadamente a las 9:30 el exfuncionario, quien tiene un restaurante muy cerca de donde está ubicada Latina Comunicaciones, se acercó a la entrada del medio y le preguntó a la periodista si su jefe estaba. La reportera le respondió que en ese momento el director de la emisora se había ausentado, por lo que, al notar que estaba sola, Sánchez entró a la oficina del medio y la agredió sexualmente. Según Archila, el exconcejal la tomó por la fuerza y la tocó abusivamente con sus genitales.

Debido a que la reportera reaccionó de manera contundente para defenderse, Sánchez se detuvo y abandonó el medio de comunicación. Archila asegura que su programa no solo se transmite por la emisora, sino también a través de Facebook de manera audiovisual y, en ocasiones anteriores, había notado que el exconcejal se conectaba frecuentemente a las transmisiones en vivo. Luego de lo ocurrido, Archila interpuso la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación.

Frente a esto, es importante tener en cuenta los antecedentes que involucran al exconcejal con la periodista Diana Cantillo, quien también lo denunció por acoso sexual en febrero del año pasado. Cantillo le comentó a la FLIP que cuando esto ocurrió ella era jefe de prensa de la Alcaldía de San Gil, por lo que tenía cercanía laboral con Sánchez. Manifestó también que los hechos fueron muy similares a los que vivió Archila, por lo que considera la conducta del exconcejal como “sistemática y repetitiva”.

Después de que se hiciera pública la denuncia de Archila, varios medios de comunicación informaron sobre lo sucedido. Uno de los periodistas que se refirió a esta situación fue Fredy Ortiz Gómez, director de El Regional, quien luego de sus publicaciones recibió intimidaciones por parte de Sánchez. A través de su cuenta de Facebook el exconcejal publicó el siguiente mensaje: “… dejo constancia que de sucedernos algo el único responsable es FREDY ORTIZ GOMEZ de la página de facebook el regional” (sic).

Estos señalamientos realizados por el exfuncionario resultan inaceptables y pueden configurar una estrategia de intimidación en contra de los periodistas que están cubriendo esta noticia.

La FLIP se comunicó con Juan Carlos Sánchez para conocer su versión sobre estas agresiones contra la prensa, pero el exfuncionario aseguró que únicamente se referiría al tema ante la Fiscalía. En ese sentido, la Fundación le solicita a la Fiscalía General de la Nación que investigue los hechos denunciados por Natalia Archila y Fredy Ortiz Gómez para esclarecer lo sucedido y determinar las responsabilidades penales correspondientes.

Las sanciones judiciales son un precedente importante que contribuye a disuadir la ocurrencia de nuevas violencias contra la prensa. Esto lo ha dicho la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: “para prevenir la violencia contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación es indispensable que el ordenamiento jurídico sancione estas conductas de manera proporcional al daño cometido”.

• Osma es el director del periódico Construyendo Región y estaba cubriendo un evento organizado por la multinacional Minesa.

• A la salida del evento varios manifestantes, que protestaban contra la multinacional, se toparon con Osma, lo insultaron y golpearon, dejándole dos hematomas. Además, los ataques le detonaron un episodio de taquicardia.

• La FLIP extiende este comunicado a la Policía Nacional, a la Unidad Nacional de Protección y a diferentes movimientos ambientalistas.

La FLIP rechaza la agresión de la que fue víctima el periodista y le solicita a las autoridades competentes que tomen las medidas pertinentes para salvaguardar la vida y la integridad del reportero afectado y garanticen el cubrimiento periodístico en este tipo de reuniones.

El pasado jueves 20 de febrero, Minesa organizó un encuentro en el Club Campestre de Floridablanca con el fin de dar a conocer detalles sobre el proyecto de extracción de oro que se planea adelantar en el páramo de Santurbán. Mientras esto ocurría, varios personas que se oponen a la actividad de explotación hicieron una manifestación a las afueras del lugar donde se desarrollaba el evento. 

Cuando Sergio Andrés Osma, otro de los periodistas de Construyendo Región, llegó a registrar lo que estaba sucediendo, los manifestantes le impidieron ingresar al Club. En ese momento, el director del periódico, Edgar Osma, se acercó a las personas que protestaban para solicitarles que dejaran ingresar a su colega. Entonces, varios de los manifestantes respondieron con insultos y con agresiones físicas contra el reportero, lo cual le ocasionó un episodio de taquicardia y le dejó dos hematomas: uno en la cabeza y otro en una de sus muñecas. 

La FLIP expresa su preocupación por este hecho y le solicita a la Policía Nacional que garantice la labor de la prensa en futuros cubrimientos relacionados con este y otros hechos de alto interés público para la comunidad. También le solicita a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que estos nuevos hechos sean tenidos en cuenta en el estudio de riesgo de Edgar Osma para determinar cuáles deben ser las medidas idóneas para salvaguardar la vida y la integridad del reportero y la de su familia. 

Por último, la Fundación le hace un llamado a los diferentes movimientos ambientalistas para que no se conviertan en agresores contra la prensa en este tipo de escenarios. Garantizar el principio de diversidad y pluralismo en los medios de comunicación en el cubrimiento de temas de alto interés para la ciudadana contribuye a la deliberación abierta, plural y libre que necesita cualquier sociedad democrática. 

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) expresa su preocupación por la decisión de Alfonso Lineros, alcalde del municipio El Socorro (Santander), de impedir el funcionamiento de la emisora La Cúpula en la Casa Campesina, donde ha funcionado durante los últimos veinte años. Según los reporteros, la restricción se viene presentando desde hace seis meses y, por este motivo, la radio comunitaria está en peligro de perder la licencia.

El inmueble en el que se encontraba operando la emisora figura a nombre de la Alcaldía de Socorro. Sin embargo, en la escritura pública de adquisición del bien se pactó en el punto séptimo la condición de que el bien se destinaría “para una obra social que es LA CASA CAMPESINA DE LA PROVINCIA CAMPESINA y que por tratarse de interés social y público queda exenta del pago de retención en la fuente”.

La FLIP tuvo conocimiento de que el medio de comunicación se encuentra fuera del aire desde el 3 de septiembre de 2018. Según los miembros de la organización, desde esa fecha, el alcalde de El Socorro restringió el acceso de los trabajadores a las instalaciones de la emisora y cambió las guardas. El mandatario argumenta que tiene la potestad de tomar esta determinación, pero los trabajadores del medio consideran que se trata de una retaliación por las críticas que se han emitido al aire sobre las gestiones de la administración.

En cuanto a las acciones que ha emprendido, el alcalde ha manifestado que la decisión hace parte de un requerimiento de la Contraloría Departamental de tomar control del inmueble. Además, en diálogo con Noticias Uno, aseguró que la decisión estuvo motivada por las actividades que desarrolla la emisora para su funcionamiento, señalando que: “era una emisora que tenía más fines comerciales que, lógicamente, comunitarios”.

Sergio Rojas, jefe de prensa de la alcaldía, añadió que la administración podía tomar esta determinación, teniendo en cuenta que la Asociación Coordinadora de Organizaciones Campesinas del Socorro no tenía ningún compromiso contractual para el funcionamiento de la emisora. Sin embargo, Hilario Bayona, representante legal de “La Cúpula” asegura que en 1999, cuando la casa fue adquirida por la alcaldía y cedida en comodato, la asociación quedaba exonerada de cualquier pago y, en contraprestación, la emisora debía difundir la pauta de la administración.

La decisión de la administración ha causado molestia en los comunicadores de la emisora, debido a que, según ellos, las razones del mandatario para ordenar el cierre no son administrativas, sino editoriales. En entrevista con Noticias Uno, Fernando Otero, periodista de la emisora, aseguró: “Él decidió callarnos seguramente por unas críticas que yo le hice dentro del noticiero”.

La FLIP rechaza la determinación del alcalde Alfonso Lineros, debido a que la restricción para el ingreso de los comunicadores a la emisora afecta su ejercicio informativo y el derecho de los ciudadanos a acceder a información plural sobre hechos de interés público. En ese sentido, la Fundación le hace un llamado a la administración de El Socorro para que disponga de un espacio de concertación en el que se atienda el llamado de los comunicadores y los habitantes del municipio con el fin de que adelanten las gestiones necesarias para que se reanuden las actividades de La Cúpula.

La FLIP también hace un llamado a la Procuraduría para que revise las acciones desarrolladas por el alcalde y evalúe si se cometió alguna falta disciplinaria.

Finalmente, la FLIP hace una llamado al Ministerio de las Tecnologías y las Comunicaciones que tenga en cuenta las circunstancias en las que se presentó la suspensión del funcionamiento de la emisora con el fin de que se abstenga de interrumpir la licencia.

El 11 de mayo de 2017, el periódico santandereano Vanguardia Liberal publicó una caricatura llamada “Modus operandi”. En enero de este año, el caricaturista Diego García fue notificado de una denuncia penal por injuria y calumnia en su contra. El denunciante es el alcalde de Floridablanca, Héctor Guillermo Mantilla. García fue citado por la Fiscalía a audiencia de conciliación el próximo 21 de junio. La FLIP acompañará al caricaturista en su defensa.

En el momento en que fue publicada la caricatura, varios medios de comunicación habían denunciado irregularidades en la adjudicación del contrato del Programa de Alimentación Escolar (PAE). Vanguardia Liberal informó que el Comité de Transparencia por Santander habría advertido que los contratos del PAE se habrían adjudicado sin realizar licitación. La caricatura de García da cuenta de esta situación.

Este tipo de denuncias son frecuentemente utilizadas como forma de acoso judicial a periodistas, y más recientemente a caricaturistas (Así fue el intento de censura a Matador), para presionarlos o intimidarlos por sus publicaciones. Si bien las personas tienen derecho a buscar justicia cuando consideren que se ha cometido un delito, estos caminos no deben usarse como forma de censura. De acuerdo con la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, leyes como las que penalizan la injuria y la calumnia “no deben convertirse en mecanismos indirectos tendientes a impedir la circulación de ideas y opiniones. Por el contrario, el libre debate democrático y el pluralismo exigen un margen de tolerancia a la manifestación de ideas, informaciones y opiniones que puedan considerarse ofensivas, particularmente respecto de la función pública y de quienes la ejercen”.

Es importante resaltar que los funcionarios deben ser tolerantes a la crítica, por haberse sometido voluntariamente al escrutinio ciudadano de sus acciones. En una sociedad democrática es necesario que la prensa pueda hacer un control fuerte de los poderes del Estado. Así lo han declarado de forma reiterada la Corte Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Las acciones penales no son la mejor ni más eficiente manera de disputar lo publicado por la prensa. La FLIP hace un llamado al señor Mantilla y, en general, a los funcionarios, para que resuelvan de forma más democrática y menos intimidante sus cuestionamientos. Si consideran que lo publicado es inexacto o erróneo pueden recurrir a solicitudes de rectificación.

La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- expresa su preocupación por los hechos de los que fue víctima la columnista Leszli Kálli, el día de ayer en Floridablanca, Santander.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza las amenazas y agresiones que José David Martínez, reportero gráfico de la oficina de prensa de la Alcaldía de Barrancabermeja, sufrió el día 7 de julio en el barrio Lagos del Palmar y alerta sobre las dificultades que tiene la prensa para cubrir esta zona de la ciudad.

La periodista Yaneth Montoya Martínez, corresponsal del diario Vanguardia Liberal en Barrancabermeja, ciudad al nororiente del país, fue amenazada el 22 de octubre de 2003. Según varios testimonios recogidos por la FLIP, en la Defensoría del Pueblo se recibió una llamada anónima en la que advertían que la periodista Montoya estaba incluida en una lista de personas que las autodefensas iban a asesinar.