Ante el nuevo periodo de gobierno que comienza en El Salvador, las organizaciones y redes firmantes de este comunicado hacemos un llamado para que se establezcan las condiciones y garantías necesarias para que las y los periodistas puedan ejercer su labor, la ciudadanía esté informada, y se reconozca el papel de los medios en el fortalecimiento de la democracia.

Integrantes de las organizaciones Artículo 19 México y Centroamérica, Protection International Mesoamérica, Reporteros Sin Fronteras (RSF) y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) viajamos a El Salvador para acompañar a las y los periodistas antes y durante las elecciones presidenciales, que se realizarán el próximo domingo 4 de febrero. Junto con la Asociación de Periodistas de El Salvador, APES, hacemos un llamado para garantizar la libertad de expresión y los derechos fundamentales de las y los comunicadores.

Members Article 19 Mexico and Central America, Protection International Mesoamerica, Reporters Without Borders (RSF), and the Foundation for Press Freedom (FLIP) traveled to El Salvador to accompany journalists before and during the presidential elections to be held next Sunday, February 4. Together with the Association of Journalists of El Salvador, APES, we are calling to guarantee freedom of expression and the fundamental rights of journalists.

En el transcurso de las últimas doce semanas, en la campaña electoral previa al 29 de octubre, decenas de periodistas, en diferentes regiones del país, fueron blanco de presiones, ataques y amenazas por parte de algunos poderes políticos y económicos y también de los grupos armados. Esto impidió que buena parte de la prensa local, particularmente la comunitaria, pudiera cubrir con garantías las elecciones locales y publicar la información que necesita la ciudadanía y así poder elegir con suficiente información. Acá un balance del día de las elecciones, las semanas previas y las recomendaciones a futuro para los nuevos gobernantes, particularmente para aquellos que tienen antecedentes de no respetar la libertad de prensa.

El Decreto 1702 de 2023, expedido el 19 de octubre por el Ministerio del Interior, no es compatible con los parámetros constitucionales sobre la libertad de expresión y afecta el derecho a informar y a ser informado sobre las elecciones. Estas restricciones, días antes de las elecciones, generan confusión a las autoridades y a las y los periodistas que cubran las jornadas del próximo 29 de octubre.

En la FLIP queremos visibilizar y hacer seguimiento a la situación de la prensa nacional respecto al cubrimiento de las elecciones, pues a medida que se acerca la jornada electoral del próximo 29 de octubre, notamos un incremento en las agresiones contra las y los periodistas.

Cuando se acercan las jornadas electorales en Colombia el número de agresiones a periodistas suele incrementarse de manera exponencial. En la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, diseñamos este kit de primeros auxilios en el que encontrarás herramientas para enfrentar agresiones físicas y digitales que suelen presentarse en estos contextos. También te diremos qué medidas puedes tomar frente a la restricción de tus contenidos en plataformas tecnológicas y qué puedes y qué no puedes publicar para evitar violar la normatividad electoral.

El candidato Rodolfo Hernández ha dilatado su participación en espacios públicos de debate. Esto, a tres días de las elecciones, es alarmante. Esta estrategia impide que los medios hagan  un cubrimiento a fondo sobre sus propuestas.

Ante las solicitudes de los medios de comunicación y la orden judicial de participar en un debate en medios públicos por parte del Tribunal Superior de Bogotá, Hernández ha establecido unas condiciones que riñen con la independencia de estos medios públicos.

Esta actitud por parte de Hernández también impide que la ciudadanía vote de manera informada y que se genere un debate robusto frente a sus propuestas como candidato. El acceso a la información es un derecho fundamental en una sociedad democrática.

Hacemos un llamado al candidato para que participe de este debate, respetando las decisiones de quien organiza este espacio en cuanto a su diseño y su contenido.

Las organizaciones abajo firmantes resaltamos los riesgos de la retórica utilizada contra los medios de comunicación durante la presente campaña electoral en Colombia. Esto crea un ambiente que intenta disuadir del ejercicio de la libertad de prensa, reduce la diversidad de información y limita el contenido al que pueden acceder la ciudadanía. También siembra inquietudes profundas sobre cuál será el clima para la labor periodística bajo el gobierno que resulte elegido el próximo 19 de junio. 

Desde el 27 de mayo, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y la Misión de Observación Electoral (MOE) expresaron su preocupación sobre la manipulación de la conversación pública en redes sociales, así como por el alto nivel de violencia y desinformación en los mensajes relacionados con el debate presidencial. Un patrón común es que estos ataques se presentan después de que preguntas y publicaciones periodísticas son consideradas negativas para los intereses de una u otra campaña, mediante estrategias que generan intimidación y autocensura.

El voto informado de la ciudadanía requiere un diálogo social genuino, abierto, participativo, plural y transparente. Por ello, la obligación de las figuras políticas, en especial quienes asumen candidaturas, es mostrar un mayor grado de tolerancia frente a las críticas, por encima del que se espera de la ciudadanía. Sin embargo, tanto la campaña de Gustavo Petro como la de Rodolfo Hernández han tenido expresiones reiteradas que obstaculizan el escrutinio de la prensa sobre los candidatos, sus programas, sus aliados y sus financiadores. 

La FLIP ha documentado 47 agresiones relacionadas con el cubrimiento de elecciones. Doce de estos casos son atribuibles a integrantes del Pacto Histórico, el partido de Gustavo Petro; de la otra campaña, en las últimas dos semanas de la contienda, el candidato Rodolfo Hernandez, y su equipo de comunicaciones, han sido responsables de cuatro ataques. 

El contenido de estos mensajes busca implantar la idea de que “la prensa miente”. Asociar a un sector de los medios con ideologías extremistas e imponer cargas políticas pueden incitar la violencia contra medios de comunicación y periodistas. 

Recordamos que frente a las tensiones relacionadas con la actividad política en elecciones y la garantía de la libertad de expresión, los Relatores Especiales para la Libertad de Expresión hicieron las siguientes recomendaciones a los partidos políticos, líderes políticos y personas que ejercen altos cargos públicos:

• Adoptar y aplicar medidas, como códigos de conducta, que establezcan normas mínimas de comportamiento para sus personas candidatas a cargos electivos, incluso para hacer frente a los discursos que promuevan la intolerancia, la discriminación o el odio, o que constituyan desinformación destinada a limitar la libertad de expresión u otros derechos humanos.
  
  
• Abstenerse de hacer declaraciones que puedan promover la intolerancia, la discriminación o la desinformación y, en cambio, aprovechar sus posiciones de liderazgo para contrarrestar estos daños sociales y promover el entendimiento intercultural y el respeto a la diversidad.
  
  
• Abstenerse de hacer intencionadamente declaraciones falsas o sin sustento que ataquen la integridad de los periodistas, los trabajadores de los medios de comunicación, o los defensores de los derechos humanos.

Por lo expuesto, las organizaciones firmantes enviamos un mensaje general de respaldo a la prensa colombiana y rechazamos categóricamente todas las formas de violencia contra la prensa porque ello deteriora el debate público.

En consecuencia, hacemos un llamado urgente a:

• Los candidatos a la presidencia Gustavo Petro y Rodolfo Hernández para que adopten una directiva clara y pública dentro de sus campañas políticas de respeto a la prensa y establezcan condiciones de diálogo con quienes hacen cobertura sobre su candidatura. En concreto, se abstengan de cualquier comportamiento hostil y emitan mensajes públicos de respaldo al oficio periodístico y su contribución al debate para demostrar su apertura al diálogo. 
  
  
• Los partidos políticos, líderes políticos y personas que ejercen altos cargos públicos. para que atiendan, de manera urgente, las recomendaciones de las Relatorías Especiales para la Libertad de Expresión emitidas en la Declaración Conjunta de 2021. 
  
  
• A la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que después de las elecciones pueda realizar un análisis de la situación de la libertad de prensa en Colombia y presentar sus recomendaciones al nuevo gobierno. 

Firmantes:

IFEX-ALC

Voces del Sur 

Asociación de Medios de Información - AMI

Sociedad Interamericana de Prensa - SIP

Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

Rechazamos las estigmatizaciones y actitud hostil del candidato a la Presidencia Rodolfo Hernández contra cuatro periodistas de Radio Nacional, a quienes calificó de “petristas” y de “hacer preguntas estúpidas”. Hernández tiene el deber de usar un discurso favorable con la prensa

Durante la entrevista, los periodistas de Radio Nacional le cuestionaron al candidato algunas de sus propuestas de su plan de gobierno. Como respuesta, Hernández les atacó diciendo que eran defensores de la burocracia, que lo tergiversaban y que eran petristas.

Esta actitud no solo impidió que los periodistas siguieran entrevistando a Hernández, sino que los estigmatizó. Este tipo de afirmaciones, que no tienen ningún sustento, estimulan el descrédito y la narrativa contra la prensa que se ha querido implantar en estas elecciones.

Preocupa además que no es la primera vez que el candidato asocia a la prensa con un interés político. En el pasado afirmó también, sin pruebas, que la periodista Vicky Dávila estaba aliada con Petro y Uribe para atacarlo. También increpó al periodista Néstor Morales por considerar que las preguntas que le hacía durante una entrevista tenían la finalidad de afectar su campaña política.

La prensa cumple un rol fundamental para informar sobre las campañas y sus propuestas. Como candidato a la presidencia, Hernández debe tolerar el escrutinio público, mantener un trato respetuoso y promover un ambiente para que la prensa pueda ejercer su trabajo.

Bogotá, 27 de mayo. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y la Misión de Observación Electoral (MOE) expresan su preocupación por el alto nivel de violencia y desinformación en la conversación sobre elecciones presidenciales en redes sociales y medios de comunicación.

Esta se ha caracterizado por una hostilidad general hacia la prensa y a las personas que participan de la discusión. También por la presencia de cuentas que actúan de manera organizada para difundir desinformación sobre candidatos a la Presidencia. De igual forma a lo largo de la campaña se publicaron numerosas expresiones de incitación a la violencia y al odio racial. 

Esto añade obstáculos para que la ciudadanía reciba información veraz y equilibrada, más si se tiene en cuenta el aumento de nuevos usuarios en redes y el incremento de conversaciones sobre elecciones en estas plataformas.  Es necesario esclarecer el papel de las campañas en la difusión de desinformación y su responsabilidad en la instigación a la violencia. De otra parte, y con el objetivo de avanzar en una campaña electoral responsable y mejor informada, la FLIP y la MOE invitan a Twitter y Facebook a realizar mesas técnicas con el objetivo de reforzar los mecanismos para prevenir la difusión de contenidos falsos y la presencia de amenazas y contenidos racistas en sus plataformas.

Estigmatización y efecto en cascada

La FLIP y la MOE observan con preocupación el impacto de las estigmatizaciones que han enfrentado periodistas por parte de políticos y funcionarios públicos durante el periodo electoral. Estas han generado un efecto cascada que ha afectado al gremio periodístico en general y a la ciudadanía cuando se informa y opina a través de espacios digitales. 

Una de estas agresiones sucedió el pasado 11 de abril cuando el candidato a la presidencia Enrique Gómez Vorágine, Cambio y El Espectador en los que se denunciaban graves agresiones cometidas por el Ejército en contra de civiles en medio de un operativo militar  en Puerto Leguízamo, Putumayo. Posteriormente, los periodistas reportaron haber recibido insultos e intimidaciones a través de redes sociales. Algunos de estos mensajes incluso venían de otros colegas.

De manera similar el pasado 28 de marzo el candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, publicó en su cuenta de Twitter el mensaje “Neonazis en RCN”, citando una columna de opinión publicada en Noticias RCN que criticaba la propuesta del candidato de modificar el sistema de pensiones en el país. Además de señalar al columnista de pertenecer a un grupo neonazi, el mensaje asociaba al medio, en el cual trabajan cientos de personas en todo el país, con esa ideología extremista. Después de estas afirmaciones aparecieron numerosas publicaciones intimidantes en Twitter en contra de RCN, sus directivas y trabajadores. 

Una situación similar se presentó cuando Noticias Caracol publicó una investigación en la que revelaba que el hermano de Gustavo Petro se reunió con políticos condenados por corrupción en la cárcel La Picota. Con posterioridad a esa publicación, seguidores de Petro publicaron numerosos mensajes violentos en Twitter contra el medio de comunicación y contra Ricardo Calderón, quien lideró el trabajo investigativo.  

Estas agresiones siguen un patrón en donde los comentarios de líderes políticos estimulan el descrédito y la hostilidad hacia el periodismo. De esta forma se genera un entorno permisivo en donde simpatizantes de estos líderes se sienten autorizados para intimidar a periodistas.

Las declaraciones de los candidatos Gómez y Petro incumplieron con el deber que tienen como figuras públicas de mantener un discurso favorable a la libertad de expresión. Sus declaraciones fueron interpretadas por los seguidores de cada candidato como una invitación para agredir digitalmente a los y las periodistas que estaban siendo señalados. Si bien estos ataques no se trasladaron al terreno de lo físico, deben tomarse con seriedad en un país en donde se han asesinado 162 periodistas por razones de su oficio. 

Esto sucede en un contexto en donde entre el 1 de enero y el 20 de mayo del 2022, la FLIP registró que 97 medios y periodistas fueron amenazados. En este mismo periodo en 2018, durante las últimas elecciones presidenciales, la FLIP registró 61 víctimas de amenazas. El 2022 es el periodo electoral más violento para la prensa en la última década. 

Además, la FLIP documentó veintidós agresiones a periodistas que cubrían la campaña al congreso y otras cuatro durante la campaña presidencial. De ese total de veintiséis agresiones, once fueron estigmatizaciones realizadas por candidatos o funcionarios que estuvieron acompañadas por un efecto cascada en donde simpatizantes de estos políticos atacaron en línea a los y las periodistas, en ocasiones de maneras evidentemente coordinadas.

Instigación al odio racial

Otro hecho de preocupación fue la difusión de contenidos racistas como parte de la discusión pública en torno a la carrera presidencial. Estos contenidos se hicieron cada vez más prevalentes luego de la designación de Francia Márquez como fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro. 

Luego del 23 de marzo, día en que Márquez fue anunciada como fórmula del pacto histórico, comenzaron a crearse tendencias en Twitter que posicionaron hashtags y palabras como “king kong”, “gorila”, “simio” y similares en un intento por denostar a la candidata. El mensaje de algunas de estas expresiones fue amplificado por políticos y cuentas con alta incidencia en el debate en redes quienes dieron like o retwittearon esos mensajes.

Estas expresiones constituyen una violación a las normas de Twitter que prohiben las expresiones que incitan al odio racial en estos terminos: “consideramos imágenes de incitación al odio los logotipos, símbolos o imágenes cuyo propósito sea fomentar la hostilidad y la malicia contra otras personas por motivo de su raza, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad de género, origen étnico u origen nacional”. Esto incluye “imágenes donde se representa a otras personas como algo inferior a un ser humano o que se modificaron con símbolos de incitación al odio, por ejemplo, alterar imágenes de individuos que incluyan características de animales”.

Mientras se consolidaban estas tendencias que asociaban a la candidata con imágenes de simios, un grupo de políticos realizaron señalamientos engañosos con elementos de desinformación sobre Márquez.

La FLIP y la MOE preguntaron a Twitter sobre estos hechos y mediante un correo electrónico respondió: “queremos que la experiencia de todos en Twitter sea libre de abusos, hostigamiento y otros comportamientos que puedan distraer o distorsionar la conversación pública”. También afirmó estar “en contacto con los partidos nacionales y los dirigentes electorales, para asegurarnos de que saben cómo denunciar las actividades sospechosas, el abuso y el incumplimiento de las reglas. Los actores clave que participan en dichas elecciones también cuentan con canales para escalar directamente cualquier problema o inquietud”.  

Con relación al caso de Francia Márquez,  Twitter manifestó: “tenemos cero tolerancia frente al comportamiento abusivo dirigido hacia las personas con base en las categorías protegidas. Esto incluye a mujeres, personas de color, miembros de la comunidad LGBTQ+ y comunidades marginadas e históricamente subrepresentadas”. 

Twitter ya ha actuado contundentemente para impedir expresiones de odio racial publicadas por usuarios en Estados Unidos, por lo que resulta necesario revisar cómo fortalecer la implementación de estas políticas en Colombia para garantizar que ese tipo de mensajes sean excluidos del debate. La FLIP y la MOE invitan a Twitter y Facebook a la realización de una mesa técnica de trabajo previa a una posible segunda vuelta para poder dialogar sobre estas preocupaciones y buscar maneras de promover mayor salud en la conversación pública. 

Para la FLIP y la MOE el acoso, las amenazas y el alto nivel de violencia presentes durante la campaña han afectado gravemente la libre circulación de ideas. Con ello, se han creado obstáculos para que la ciudadanía pueda acceder a una amplia gama de opiniones y decidir —de manera informada— a qué candidatura entregar su voto. 

El año pasado las Relatorías de Libertad de Expresión de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos afirmaron que “la creciente incidencia de la ‘incitación al odio’ en línea y fuera de ella, la desinformación y la peligrosa retórica contra los medios de comunicación, los defensores de los derechos humanos y los grupos en riesgo de discriminación, incluso por parte de liderazgos políticos y funcionarios públicos” disuade el ejercicio de la libertad de expresión, reduce la diversidad de información en la sociedad y engaña a los ciudadanos. 

La FLIP y la MOE hacen un llamado a que en la recta final de estas elecciones, las campañas y los liderazgos políticos se abstengan de promover la violencia en el lenguaje y mantengan un discurso público favorable a la protección de los derechos humanos y al libre flujo de información. Estos son requisitos indispensables para la celebración de unas elecciones libres y democráticas. 

Con este fin, la MOE promovió la firma del Pacto para la no violencia política entre los candidatos en redes sociales. Este busca acabar con los mensajes que inciten el odio en las redes sociales y que la ciudadanía pueda encontrar en las cuentas de los candidatos ideas y propuestas de campaña. 

La FLIP rechaza enérgicamente los mensajes estigmatizantes del candidato a la presidencia Enrique Gómez, quien en su cuenta de Twitter afirmó que “varios medios han asumido las banderas del narcotráfico en demérito de las poblaciones más vulnerables del país”. Esto, refiriéndose a los reportajes publicados por Vorágine, Cambio y El Espectador, en los que se denuncian graves irregularidades cometidas por integrantes del Ejército en contra de civiles en Putumayo. Este tipo de señalamientos, infundados y que además vinculan a los periodistas con acciones ilegales como el narcotráfico, buscan deslegitimar su trabajo pero sobre todo los pone en peligro.

La actual campaña electoral se ha caracterizado por los ataques diferenciales contra la prensa, que en ocasiones, son promovidos, alentados o tolerados por miembros de partidos, movimientos políticos y sus seguidores. Por este motivo, la FLIP le solicitó al Consejo Nacional Electoral (CNE) y a la Procuraduría General de la Nación que tomen acciones inmediatas frente a este tipo de violencia que afecta el libre trabajo de los medios de comunicación. 

De igual manera, la FLIP ha llamado la atención sobre las estrategias que deben implementarse para hacer frente a los contenidos que pueden configurarse como discurso de odio, mensajes que no están protegidos por la libertad de expresión y, que además, son los jueces quienes tienen competencia para determinar cuando se transgrede este límite. Resulta irresponsable que se señale a la prensa, como protectora y promotora de este tipo de expresiones. 

El periodismo juega un rol fundamental dentro de las elecciones, pues hace veeduría a los partidos, movimientos políticos, sus candidatos y líderes, para que la ciudadanía vote informada. Sin embargo, en los últimos tres meses, han ocurrido al menos 30 ataques contra la prensa por cubrimientos electorales.

Concretamente, preocupa la intensificación de una narrativa antagónica contra la prensa como parte de las campañas electorales. Es peligroso para la democracia que esto se normalice y acreciente, de manera que se avale la promoción de mensajes de odio y repudio contra la prensa. Algunos de los casos que ejemplifican cómo las estigmatizaciones afectan el debate público son el de la senadora , los tuits que emitió el senador Gustavo Bolívar en contra de la periodista Darcy Quinn y la publicación de Gustavo Petro en la que dijo habían “neonazis en RCN”.

Para la FLIP, las críticas contra la prensa son legítimas y existen herramientas legales diseñadas para dirimir errores o informaciones difundidas de mala fe. Además, la libertad de expresión no es absoluta y tiene límites. Sin embargo, los funcionarios públicos o candidatos no deben aleccionar o poner etiquetas al periodismo, esto tiene implicaciones negativas en el ecosistema mediático y en la seguridad de los y las reporteras. 

Los límites a la libertad de expresión no deben ser instrumentalizados por sectores cuya intención sea la de deslegitimar el papel de los medios de comunicación. Por el contrario, las autoridades electorales y los partidos y movimientos políticos deben prevenir que los políticos recurran a este tipo de discurso en el marco de las campañas electorales. 

Por ello, en aras de que se den garantías mínimas para el cubrimiento electoral, solicitamos al CNE y la Procuraduría que:

• Se establezca una estrategia de prevención de la violencia electoral cuando está direccionada contra la prensa, en la que se acojan las recomendaciones emitidas por las Relatorías para la libertad de expresión en la Declaración Conjunta sobre líderes políticos, personas que ejercen la función pública, y libertad de expresión.
  
  
• Vigilen y adopten medidas respecto de los partidos y movimientos, así como de sus miembros cuando incurran en hechos que atenten contra la buena fe o los intereses generales de la comunidad o la sociedad, como es una agresión contra la prensa.

En esta jornada electoral se registraron ocho casos que afectaron el trabajo de la prensa en cinco departamentos del país. Si bien documentamos menos casos que hace cuatro años (16), preocupa que la mayoría de las agresiones sean responsabilidad de funcionarios, fuerza pública y candidatos. En total registramos cinco obstrucciones, una estigmatización y una agresión física.

Las medidas adoptadas por el Gobierno nacional para asegurar el orden pú;blico en la jornada de elecciones restringen la libertad de prensa. Tal como hace cuatro añosel Ministerio del Interior replica normas que limitan el ejercicio periodístico y dificultan el cubrimiento de las elecciones del próximo domingo 13 de marzo, mediante el decreto 318 de 2022. Estas medidas, que se expiden a pocos días de las elecciones, desalientan el cubrimiento por parte de periodistas y medios y, además, generan un riesgo de moderación del debate sobre los comicios.

A puertas de las elecciones legislativas y presidenciales del 2022, en la FLIP hemos publicado diferentes insumos que guían a la ciudadanía, periodistas y funcionarios públicos sobre cómo garantizar la libertad de prensa antes y durante los comicios.

Durante octubre del 2021, desde la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) daremos comienzo a capacitaciones virtuales para periodistas sobre el cubrimiento de temas electorales. Este proyecto es posible gracias al apoyo de Sura.

Frente al panorama electoral que atravesará Colombia en el 2022, asuntos como la polarización política, la desinformación, la hipervirtualización de contenidos y otros, se convierten en verdaderos retos para el libre ejercicio periodístico en el país. Por eso, desde este sábado 9 de octubre hasta el 6 de noviembre, la Escuela FLIP liderará la formación y capacitación de más de 25 periodistas de diferentes medios de comunicación a nivel nacional.  

La presión y la dificultad para acceder a información pública constituyen grandes riesgos para el libre ejercicio del periodismo, pues las y los ciudadanos necesitan información para tener mayor claridad a la hora de ejercer su derecho al voto. Y por lo tanto, quienes tienen intereses electorales, potencialmente buscarán influir en la forma en que esta se presenta. Es por esto que, como organización, consideramos que es fundamental que los y las periodistas reconozcan su rol frente al derecho de informar y estar informados, especialmente en un momento tan relevante para la democracia como son las elecciones. 

El curso, que busca brindar herramientas de autoprotección física y digital, así como una lectura ampliada de retos, riesgos y estrategias del periodismo en la coyuntura electoral, contará con sesiones sincrónicas de dos horas, dirigidas por tutores especializados en el cubrimiento de elecciones y con experticia en el manejo de fuentes políticas como Daniel Coronell, María Teresa Ronderos y Alfredo Molano Jimeno. Asimismo contaremos con la participación de organizaciones como  Linterna Verde, y el área del Centro de Estudios de la FLIP. A través de una pedagogía centrada en el diálogo y la discusión entre periodistas y conferencistas, se espera reflexionar sobre el rol de los medios de comunicación, las y los periodistas, y  sus derechos en el  cubrimiento electoral, teniendo como horizonte la importancia que tales narrativas tienen sobre la ciudadanía. 

El proyecto ya cuenta con la participación de periodistas, directores y editores de medios de comunicación en los departamentos de Antioquia, Valle del Cauca, Arauca, Cauca, Meta, Bolívar, Atlántico, Norte de Santander, Cundinamarca y la zona del Magdalena Medio. Debido a que estos territorios, identificados por la FLIP, han presentado un número considerable de agresiones al ejercicio periodístico en anteriores jornadas electorales  y presentan una alta polarización política. 

Tanto tutores como estudiantes fueron seleccionados por su conocimiento y capacidad de tejer una lectura global de las problemáticas asociadas al cubrimiento de las campañas políticas y elecciones. Por eso, a partir del conocimiento teórico y práctico, se estudiarán casos que permitan a los y las periodistas identificar estrategias que puedan aplicar para fortalecer la calidad de su cubrimiento informativo. 

Las tensiones que el panorama electoral supone para el cubrimiento periodístico son un tema de alta importancia para los y las periodistas en el país por lo que los resultados de estas discusiones serán documentados.

Desde la FLIP les damos la bienvenida y esperamos que todos nuestros y nuestras participantes puedan aprovechar este espacio de formación. 

La época electoral de cualquier país puede significar que en redes sociales haya intentos de manipulación o interferencia en las elecciones. Es por esto que Twitter, durante las elecciones de Estados Unidos, por primera vez se decidió etiquetar los trinos que contenían información falsa o no verificada.

Una de las prohibiciones claras era publicar información que declarara una victoria electoral antes de tiempo. Los tuits que incumplieran con esto serían etiquetados con una advertencia sobre la legitimidad de las afirmaciones y dirigían a los usuarios a la página oficial de las elecciones. Cuando las personas intentaran retuitear un trino con una etiqueta de información engañosa, aparecía un mensaje que les mostraba información creíble sobre el tema antes de que pudieran ampliarlo.

En el contexto colombiano podría empezar a suceder algo similar. El Congreso del país está tramitando una ley que prohíbe que en campañas políticas se tengan discursos que desacrediten el buen nombre de los candidatos, cuestionando, por ejemplo, su idoneidad para el cargo. Si el proyecto llegase a convertirse en ley, hay una gran posibilidad de que se terminen censurando críticas o denuncias de corrupción. Twitter podría dejar de ser un espacio para discutir abiertamente sobre las capacidades de un político que aspira a un cargo público. 

Otra de las medidas tomadas por Twitter durante las elecciones en Estados Unidos fue eliminar los trinos destinados a interferir con el proceso electoral o en la implementación de los resultados de las elecciones, por ejemplo, mediante acciones violentas. 

En los trinos con información engañosa y que eran hechos desde cuentas de Estados Unidos con más de 100,000 seguidores, Twitter decidió agregar advertencias y restricciones adicionales mediante una etiqueta de información engañosa. Las personas debían aceptar la advertencia para ver estos trinos, esto dificultaba que hubiese retuits o me gusta. Sumado a esto, las respuestas se desactivaron y el algoritmo de Twitter no priorizó estos tuits. 

Estas medidas implementadas por Twitter son importantes en cuanto priorizan la libertad de expresión, por ejemplo, al etiquetar los tuits y no eliminarlos. Esta es una postura que no reduce la discusión sobre asuntos de interés público y, que a la vez, según Twitter, ayuda a que la conversación en Twitter sea veraz. 

Esta es una apuesta para combatir la desinformación sin acudir a decisiones restrictivas. Sin embargo, es más que necesario abrir el debate sobre el uso de las redes sociales en épocas electorales y las decisiones que podrían limitar la libertad de expresión de los usuarios. 

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) manifiesta su preocupación por los casos de obstrucción al cubrimiento periodístico que ha registrado durante las elecciones locales que se han llevado a cabo desde las 8:00 am de hoy. Con corte a la 1:00 pm, la FLIP ha tenido conocimiento de nueve casos en los que se le ha impedido a la prensa el acceso a los puestos de votación.

En varias regiones, miembros de la Policía Nacional y funcionarios de la Registraduría han impedido el desarrollo del trabajo periodístico. Si bien en algunos casos las obstrucciones se superaron, en otros, como en el puesto de votación de Atalaya en Cúcuta, ante la intransigencia de las autoridades, los reporteros se vieron obligados a retirarse. En este caso, agentes de la Policía obstaculizaron el trabajo de los reporteros Orlando Carvajal y Juan Pablo Cohen con acciones que incluyeron retención de la cédula de ciudadanía por un lapso amplio, impedimento para hacer registros audiovisuales e, incluso, una amenaza de comparendo a Cohen por supuesto irrespeto a la autoridad.  

La FLIP se puso en contacto con el Coronel Palomino de la Policía Metropolitana de Cúcuta, quien sostuvo que no se permitirán grabaciones que violen la intimidad de los votantes. En efecto, los periodistas no pueden hacer registros de los tarjetones, sin embargo, es importante recordar que son libres de entrar a los puestos de votación y cubrir lo que ocurre en los lugares de sufragio. En este caso, el registro fotográfico que realizaban los reporteros correspondía a los rostros de los electores y no a sus decisiones. La decisión del Coronel puede acarrear sanciones ya que se estaría incurriendo en censura. 

En el puesto de votación Claustro de la Encarnación en Popayán una teniente de la Policía Nacional le solicitó al periodista Cristian Cuellar de Unicauca Estéreo una acreditación de prensa expedida por la Registraduría Nacional para dejarlo ingresar a cubrir en el puesto de votación, aun cuando Castellanos iba identificando con los logos del medio de comunicación. En Colombia ninguna norma exige que los periodistas tengan este tipo de credenciales para ejercer su trabajo. Tal exigencia sería una restricción ilegítima a la libertad de prensa.

En Bucaramanga, la periodista Ana León de La Silla Vacía fue víctima de una obstrucción al trabajo periodístico mientras grababa una posible irregularidad electoral ocurrida cerca 200 metros del puesto de votación del Colegio Miraflores en el barrio Morrorrico ubicado en la comuna 14 de Bucaramanga. La periodista fue abordada por varias personas que se encontraban en el lugar y quienes le dijeron que no podía grabar por ser una propiedad privada y llamaron a la Policía. León asegura que los uniformados le dijeron que tenía que borrar los vídeos y amenazaron con capturarla si no lo hacía. Ante la negativa de la periodista para borrar el material, el policía decidió hacer una anotación sobre lo sucedido.  

En otro caso, en San José del Guaviare, funcionarios de la Registraduría impidieron que periodistas de Caracol Radio entrevistaran a votantes y jurados de votación. La FLIP se comunicó con uno de los delegados de la Registraduría en Guaviare, quien dijo que los periodistas sólo estaban autorizados por la entidad para realizar tomas generales y no entrevistas. La FLIP también se comunicó con la Jefe de Prensa de la Registraduría Nacional, quien dijo que los periodistas pueden realizar entrevistas, pero sólo a los votantes. Ambas posiciones son erróneas, ya que la ley no establece ninguna restricción en este sentido.

Es necesario recordar que la jornada electoral que se desarrolla el día de hoy es de absoluto interés público y los periodistas tienen derecho a estar en los puestos de votación; a utilizar sus equipos de registro como teléfonos celulares, cámaras fotográficas y de video siempre y cuando no interfieran con la labor de los testigos electorales y no afecten el derecho de los ciudadanos a ejercer el voto secreto. La obstrucción al cubrimiento periodístico es un hecho grave que se considera como censura previa que puede constituir delitos y faltas disciplinarias. 

Las constantes obstrucciones por parte de funcionarios y fuerza pública son resultado del desorden institucional que han promovido las entidades del Gobierno y el Estado. El Decreto 1924 de 2019, expedido por el MinInterior, limita injustificadamente el ejercicio periodístico y promueve la censura a la prensa. Sumado a lo anterior, existe un desconocimiento generalizado acerca de las garantías internacionales y constitucionales en el ejercicio periodístico. Los servidores públicos deben recibir capacitaciones para no obstaculizar la libertad de prensa y evitar que la ciudadanía no acceda a información relevante. 

La FLIP reitera los llamados que ha hecho a la Policía Nacional y a la Registraduría para que garanticen el libre desarrollo del cubrimiento periodístico de las elecciones locales. De la misma manera, la FLIP solicita a la Procuraduría y a la Defensoría del Pueblo que acompañen e investiguen este tipo de hechos para garantizar el derecho a la información de toda la ciudadanía. 

La Fundación para la Libertad de Prensa hace públicos sus reparos respecto del Decreto 1924 de 2019, expedido por Ministerio del Interior y mediante el cual se disponen reglas especiales “para el normal desarrollo de las elecciones” regionales y locales. Para la FLIP el decreto limita injustificadamente el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, prensa e información en las elecciones que se realizarán el próximo 27 de octubre.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) expresa su preocupación por las agresiones que se han presentado en lo corrido de 2019 contra los periodistas y medios de comunicación que están informando sobre las elecciones regionales del próximo 27 de octubre. Estas violaciones evidencian que los periodistas, en especial los de ciertas regiones del país, se encuentran en un alto nivel de riesgo cuando hacen cubrimiento electoral.

Por primera vez en la historia, la mayoría de las fórmulas vicepresidenciales en las Elecciones 2018 son mujeres, un hecho que se presenta en el contexto de un debate cada vez más importante sobre el rol de la mujer en la sociedad y los problemas que enfrenta.

Como parte de un proyecto sobre desinformación, el centro de Internet y Sociedad Linterna Verde, en asocio con la Fundación para la Libertad de Prensa, presenta un informe que monitorea los discursos de género –tanto de candidatos presidenciales como de sus fórmulas– a través del análisis de cerca de 45 mil entradas en Facebook y Twitter. Este ejercicio se realizó en compañía de Colnodo, que promueve la apropiación de tecnologías de la información y las comunicaciones con un enfoque de género.

El ‘Polígrafo de Género’ permitió no sólo ver cómo las candidatas a la vicepresidencia han hablado de la mujer, sino también constatar que han sido ellas y no sus fórmulas presidenciales masculinas las que en últimas han empujado esta agenda –más allá del enfoque que escogieron–. Para algunas organizaciones de mujeres esta visibilidad no implicó siempre una mayor profundidad. Aunque las candidatas mencionaron temas que habían estado tradicionalmente invisibilizados, como la economía del cuidado o la reducción de la violencia contra la mujer, otros igualmente relevantes estuvieron ausentes.

Durante los próximos meses produciremos otros informes sobre la manera como algunos temas de interés público se enfocan y debaten en redes sociales. Nuestro objetivo es promover el debate público en la era digital y, en particular, ayudar a las organizaciones de la sociedad civil a que entiendan mejor las lógicas de la desinformación en línea, las estrategias que se emplean para su producción y los actores relevantes.

Vea aquí el informe.

La FLIP registró cinco agresiones durante la jornada de votación para Congreso y consultas interpartidistas. De estas, cuatro fueron obstrucciones durante el cubrimiento y se presentó una amenaza. Las situaciones se dieron en Sucre, Risaralda, Caquetá y Bogotá.

En Sucre, un periodista de La Silla Caribe fue intimidado por seguidores de una candidata al Senado cuando registraba un posible caso de compra de votos. En Bogotá, Pereira y Caquetá, agentes de la Policía obstaculizaron el trabajo de los periodistas argumentando que no tenían autorización para registrar lo que estaba sucediendo en los puntos de votación. Además, ordenaron a dos periodistas la eliminación del material obtenido.

Sumado a lo anterior, la FLIP recibió denuncias de varios periodistas que no pudieron obtener información oficial en los puestos de votación. Los jurados y delegados de Registraduría argumentaron que existía una “orden” según la cual ellos no podían dar ninguna clase de información relacionada con la jornada.

A pesar de que en comparación con el 2014 disminuyó el número de agresiones durante la jornada de elecciones legislativas, el panorama sigue siendo preocupante. Las condiciones que impuso la Registraduría para el cubrimiento mediático son confusas. Los agentes argumentaron sus obstrucciones con normas que no hablan del cubrimiento mediático, como la “ley de garantías”, e inclusive apelaron a la obediencia ciega de los periodistas por ser ellos la “autoridad”.

Reglas a última hora

El pasado 5 de marzo, el Ministerio del Interior expidió el decreto 430 de 2018 por “el cual se dictan normas para la conservación del orden público durante el periodo de elecciones al Congreso de la República”. El artículo 11 dice que no se pueden usar “dentro del puesto de votación, teléfonos celulares, cámaras fotográficas o de video entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m., salvo los medios de comunicación debidamente acreditados por la Registraduría Nacional del Estado Civil”.

La Fundación no ha encontrado información que aclare cuál es el protocolo por parte de la Registraduría para garantizar el cubrimiento mediático al proceso electoral. No son claros los criterios de acreditación ni los tiempos de respuesta.

En la página web de la Registraduría puede leerse que la Fuerza Pública no puede impedir el ingreso de los medios. “Para el ingreso a los puestos los periodistas no requieren acreditación o permiso especial por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Los miembros de los medios de comunicación están autorizados para permanecer dentro de los puestos de votación con cámaras fotográficas o de vídeo con el fin de registrar todo lo que sucede durante el desarrollo de los comicios, siempre y cuando no interfieran en el secreto del voto ni obstaculicen la labor de los jurados”, dice la publicación.

En resumen, no fueron claras las condiciones en las que los periodistas pueden realizar el cubrimiento al proceso electoral. La Registraduría y el Ministerio del Interior deben garantizar el libre ejercicio de la prensa en lugar de restringirlo con normas confusas.

La FLIP hace un llamado a la Registraduría para que en los próximos comicios sean claros los protocolos para el cubrimiento electoral. Estos deben estar de acuerdo con los estándares internacionales de libertad de prensa. En Colombia la Corte Constitucional ha aclarado que la calidad de periodista no depende de una credencial, un acta de grado o una tarjeta profesional.

Ampliación de los casos:

En Florencia, Caquetá, el periodista Camilo Muñoz fue víctima de intimidaciones y obstrucciones por parte de la Fuerza Pública. Según el relato del director del medio Letras Claras, él se encontraba en el punto de votación Barrios Unidos del Sur y un agente de policía no le permitió hacer cubrimiento en el lugar. Después de una discusión, el periodista se fue de ahí. Muñoz informó a la FLIP que el uniformado luego le reclamó a su esposa, quien era jurado de votación, por la denuncia que había hecho el periodista. Según Muñoz, en el momento del escrutinio tampoco lo dejaron ejercer su trabajo de reportería.

También en la mañana de ayer, Juan Pablo Pérez, periodista de la Silla Vacía, se encontraba haciendo el cubrimiento electoral en Sincelejo. Pérez notó una situación en la que parecía que un grupo de militantes de algún movimiento político estaban pagando a las personas por mostrar el certificado electoral. El reportero tomó fotos de  los hechos y dos hombres que participaban en la actividad lo increparon. Le exigieron eliminar las fotos y finalmente se dirigieron a la estación de policía. Allí, uno de los hombres le dijo que no podía andar tomando fotos porque “uno no sabe qué chirrete podría aparecer”.

En la estación, los agentes no registraron ninguna denuncia ni actuaron para proteger al periodista. El comandante de la Policía de Sincelejo dijo a la FLIP que la situación “no había llevado a ningún lugar” y que estaban a la espera de una denuncia formal.

En Bogotá, varios periodistas del medio universitario Plaza Capital se vieron obstaculizados en su ejercicio de reportería. Una de ellas, Camila Carrillo, estuvo en tres puestos de votación y en todos tuvo problemas para acceder a la información. En Las Margaritas, cerca al centro comercial Cedritos, después de insistir, un uniformado la dejó ingresar únicamente en compañía de una agente de policía que verificó qué fotos tomaba.

Luego, Carrillo se dirigió al punto de votación Centro de Desarrollo Comunitario Simón Bolívar, allí los uniformados tampoco le permitieron el ingreso y argumentaron erróneamente que se debía a la “ley de garantías”. Finalmente, en el Colegio Distrital Aquileo Parra dos agentes de policía le ordenaron borrar las fotos. La periodista no accedió y tuvo que irse del lugar.

Otra periodista de Plaza Capital, María Isabel Rodríguez, se encontraba en el punto de Bulevar Niza registrando la indignación de los votantes por la falta de tarjetones para la consulta interpartidista. Rodríguez habría grabado una entrevista y un agente de Policía la obligó a eliminar el video frente a él. El uniformado argumentó que “él era la autoridad y era él quien decidía”.

En Pereira, el equipo periodístico de El Tiempo fue retirado del punto Gimnasio Pereira. Un intendente de Policía pidió al fotógrafo acreditación del medio, sin embargo él trabaja como freelance. Cuando el periodista Fernando Umaña le explicó al oficial la situación, este insistió en que el fotógrafo no estaba autorizado para hacer registro en el lugar.

La FLIP solicita a la Policía Nacional a que capacite a los agentes que prestarán sus servicios en las próximas elecciones para que no violen los derechos de los periodistas. Es necesario que exista un diálogo directo entre la Registraduría y la Policía Nacional para evitar las obstrucciones injustas a la prensa.

La FLIP expresa su preocupación por el ambiente amenazante para la prensa en el departamento de Arauca durante el proceso electoral. Hoy, 10 de marzo, disidencias de las Farc llamaron a la emisora Meridiano 70 y amenazaron a los periodistas.

En la emisora se estaba realizando una entrevista a Miguel Matus, candidato al Senado por Centro Democrático. Personas que se identificaron como miembros de las Farc llamaron al medio y amenazaron al candidato. Además, acusaron a la emisora de estar al servicio del partido político y los declararon objetivo militar.

Durante la llamada amenazante, los autores hicieron énfasis en no debían llamarlos “disidencias”, sino Farc. Según ellos, los disidentes son quienes participaron en el proceso de paz. Esto coincide con la información que este grupo ilegal habría distribuido en Arauquita hace dos semanas a través de un panfleto. En aquella ocasión también amenazaron a los medios locales.

Vea: Disidencias de las Farc amenazan a la prensa en Arauca.

Las guerrillas y otros actores armados imponen condiciones violentas a los medios de comunicación para el cubrimiento electoral. Amenazar a la prensa por cómo denominar a un grupo armado es bastante problemático. No puede ocurrir  que por el uso de la palabra “disidencia”, los periodistas vean afectada su integridad. Si los medios denominan como “Farc” al grupo armado que opera en Arauca, tendrían problemas con el partido político y con los candidatos que esperan ser elegidos popularmente.

La FLIP condena estas amenazas en contra la prensa regional. En Arauca se está viviendo un momento muy difícil para los medios de comunicación debido a la fuerte presencia de diversos grupos armados y al margen de la ley. Según los datos de la Misión de Observación Electoral (MOE), el departamento de Arauca hay tres municipios que se encuentran en riesgo extremo por violencia: Arauca, Saravena y Tame.

La FLIP hace un llamado a las autoridades para que enfoquen sus recursos en la prevención de violencia en el departamento de Arauca. Deben existir garantías para que la prensa pueda ejercer su trabajo libremente en la temporada de elecciones. Es urgente proteger a la prensa en medio de la polarización y la vulnerabilidad evidente que implica hacer reportería en medio de actores armados como disidencias de las Farc y el ELN.

La FLIP exige a la Policía Nacional y a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que tomen medidas inmediatas para la protección de los periodistas en Arauca. Así mismo, la FLIP solicita a la Fiscalía General de la Nación que investigue estos hechos y dé con los responsables de este ataque.

Por Pedro Vaca Villarreal*

Desde hace varios años, el líder político usa la marca de este canal como una especie de comodín proselitista, olvida que de ser presidente le corresponde garantizar la libertad de expresión.

Un estudiante hace cuatro preguntas pertinentes en la contienda electoral, pero incómodas para Gustavo Petro. La respuesta tiene como antesala etiquetarle como “una pregunta tipo RCN”. Hay risas y aplausos del auditorio, pero lágrimas en la democracia porque aprovecha el momento para criticar al canal pero no responde a las preguntas. En otro momento, Gustavo Petro recuerda el asesinato de un líder comunitario en Buenaventura y, sin un motivo serio, nombra también al canal dando a entender que RCN no habló del tema, cuando en realidad sí lo ha hecho. Gustavo Petro quiere recibir una ovación y dice “de eso no se habla en RCN”.

Señor candidato Gustavo Petro, yo creo que usted no ve mucho al canal RCN, y no está mal, la libertad de prensa también supone que las audiencias escojan a través de qué medios quieren informarse. También permite este derecho que las personas hagan críticas sobre la forma como estos canales cubren la información. Pero si hay algo que va en contra de esta garantía constitucional es que un personaje público, que aspira a ocupar un cargo de elección popular, propicie un clima adverso para la libertad de prensa.

La democracia permite el disenso, pero los señalamientos sistemáticos e injustificados se parecen más a la persecusión y son peligrosos, no solo para los medios, sino sobre todo para los periodistas que los representan. Cada vez que Gustavo Petro usa la imagen de RCN para asociarla a un problema concreto, está dando una licencia no explícita para que sus adeptos o seguidores ataquen al canal, o a los reporteros que llevan un chaleco que los identifica como representantes de ese medio. ¿Usted sabe lo jodido que es llevar un chaleco de un medio de comunicación en Colombia?, ¿sabe acaso qué implica para el reportero que se queda en Buenaventura que usted lo exponga como alguien que contamina la sociedad?

En la democracia colombiana NO sobran medios, antes faltan. Si usted aspira a liderar este país debería concentrarse en el déficit de información, no a pontificar sobre lo bueno y lo malo del periodismo en lo poco que hay. Ayer, El Tiempo anunció que Llano Siete Días cerrará, a lo mejor para usted es una buena noticia, porque sale un medio de un empresario. Pero para la democracia es fatal. No sé si le doy una buena o mala noticia, pero debe saber que si es presidente, le corresponderá garantizar la libertad de expresión de RCN y sus palabras de campaña pueden pesarle mucho a futuro.

Usted tiene razón en que Colombia es un país donde los grandes medios tienen intereses cruzados con otros sectores de la economía y que esto puede impactar, no solo en el caso de RCN, sino en muchos otros sectores, la información que reciben los colombianos. Pero ese planteamiento no es excusa para arremeter contra un medio y sus trabajadores. Usted se equivoca situando su liderazgo como un tribunal de ética periodística, un asunto importantísimo, pero que debe estar muy alejado de los políticos. A usted no le corresponde ese debate. Ojalá tenga la entereza democrática para reconocerlo.

Cuando en medio de sus seguidores habla despectivamente de los periodistas presentes, incentiva en sus votantes un rechazo al pluralismo. Su teoría de la democratización y la diversidad se podría ir al piso si alguno de sus seguidores lleva su invitación de rechazo a la práctica. Piense en lo que hace Uribe con Daniel Coronell y lo que hace usted con RCN y no se extrañe si se ve reflejado en el mismo espejo.

Su aspiración presidencial me obliga a invitarlo a comprender el porqué de mi reclamo. Bien sea para que milite en la cancha de la libertad de expresión o para dejar constancia de que lo intentamos. Si usted está tan interesado en la información de los colombianos, me gustaría conocer sus propuestas para conectar a los 6.9 millones de Colombianos que viven en regiones en las que no circula información local, o qué hacer en un país donde la radio militar dobla en número a la radio pública civil, donde se registran 310 agresiones contra la prensa, donde la autocensura es enorme, donde no hay condiciones para hacer ni el periodismo que a usted le gustaría, ni ningún otro.

Este episodio me lleva a invitarlo a usted y al resto de candidatos a que desayunemos un día para conversar sobre el rol de un presidente para garantizar la libertad de expresión. No pretendo obstaculizar la carrera de ningún candidato a la presidencia, quiero que quien llegue a ser presidente conozca sus obligaciones con respecto al derecho que me encomendaron cuidar en la FLIP. De momento, por lo que veo en campaña, usted no va por buen camino. Es decisión suya si quiere o no sintonizar su propuesta de país con los estándares de libertad de expresión.

------------------------------------------------------

La campaña #VotoInformado está invitando a los candidatos a que asuman compromisos públicos de respeto a la libertad de prensa. En el conteo de agresiones que hemos realizado en periodo electoral, Petro se ubica en el primer lugar al lado de Alejandro Ordóñez. Vea más información aquí.

*Director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP.

Por más de 21 años, la Fundación para la Libertad de Prensa ha trabajado en pro de los periodistas en Colombia. Y al hacerlo, esta organización ha defendido el derecho de los ciudadanos a estar informados. En época electoral, las personas requieren de información para poder tomar decisiones. No obstante, también es un tiempo en el que los intereses políticos y la violencia ponen en riesgo el acceso a información importante para poder elegir.

La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- expresa su preocupación por el clima adverso para la libertad de expresión que se está consolidando con relación a las elecciones presidenciales y parlamentarias del próximo año en Colombia.

En el 2015 se registraron 147 agresiones contra la libertad de prensa. Esta cifra aumentó en el 2016 a 216 y, a pocos días de que termine el 2017, la FLIP ya ha registrado 300 ataques. El aumento en amenazas es alarmante. El año pasado 89 periodistas fueron amenazados, este año la cifra ya supera los 130. Esto representa un aumento del 32 % en un año.

Las agresiones contra la prensa cometidas por funcionarios públicos y políticos también han aumentado. En lo corrido del año se han documentado 70 de estos ataques. Esto es el 25% de la totalidad de agresiones documentadas por la FLIP. La agresión más frecuente de funcionarios es la estigmatización. Este año van 24 casos. Estos hechos convierten a los servidores públicos en uno de los mayores agresores de la libertad de expresión en Colombia por encima de los grupos armados ilegales.

En el periodo electoral que se aproxima es crucial garantizar que la deliberación pública transcurra sin restricciones ni presiones para un voto informado. La FLIP considera que este debate electoral podría verse contaminado por un ambiente de agresiones contra los medios y estigmatizaciones difundidas masivamente a través de internet.  

De manera creciente, funcionarios y políticos y otros líderes públicos, están encontrando réditos políticos en estigmatizar y señalar de manera violenta a quienes opinan e informan a través de medios de comunicación. Esta actitud es una característica trazable en todas las tendencias ideológicas que participan de la contienda electoral y pone en riesgo a periodistas en todas las regiones de Colombia.

La FLIP hace un llamado a los partidos políticos y a los candidatos a cargos de elección popular a que se abstengan de hacer señalamientos estigmatizantes contra los medios y el trabajo periodístico. Así mismo, a que respondan a las críticas de manera responsable velando porque sus declaraciones no limiten la libertad de expresión de quienes les critican. “Los funcionarios públicos tienen el deber de asegurarse que con sus pronunciamientos no están lesionando los derechos de quienes contribuyen a la deliberación pública mediante la expresión y difusión de su pensamiento,” dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El voto informado en las próximas elecciones tampoco será posible sin mayor transparencia en la financiación de las candidaturas. Es necesario que candidatos y partidos divulguen detalles del  flujo de recursos de parte de particulares hacia las campañas, así como de las campañas hacia los medios de comunicación, especialmente en pagos asociados a publireportajes, publicidad política pagada y anuncios de campaña en televisión, prensa, radio, medios digitales, Facebook, Twitter, Instagram entre otros.

La FLIP es consciente de la importancia de las decisiones que tendrán que tomar los colombianos en las próximas elecciones. Para que estas decisiones sean libres y democráticas, se requiere proteger la discusión pública y los derechos a informar y a ser informados.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) presenta el manual “El antes, durante y después para los periodistas en elecciones”, donde se podrán encontrar los derechos de los comunicadores durante el cubrimiento electoral y algunas recomendaciones que deben tener en cuenta los periodistas y las autoridades en los comicios.  

Con este manual la FLIP pretende recordar que el derecho a la libertad de expresión es un garante de la democracia y que el acceso a la información sobre los candidatos, sus partidos, sus campañas y las elecciones, posibilita un voto consciente por parte de los ciudadanos. Además, que dentro de los mecanismos que existen para alcanzar un voto bien informado se encuentra, de manera privilegiada, el ejercicio de la labor periodística.

Asimismo, la FLIP solicita a las autoridades que se garanticen las condiciones necesarias para que los periodistas puedan realizar su labor durante la jornada electoral. La fundación ha evidenciado que durante los comicios se han presentado agresiones contra la prensa, como en las elecciones legislativas del 9 de marzo de 2014, cuando se registraron 12 acciones que afectaron el ejercicio periodístico, dentro de las que se encontraron obstrucciones al trabajo periodístico por parte de los funcionarios de la Registraduría y miembros de la Fuerza Pública.

Descarga el manual en el documento adjunto.