La FLIP manifiesta su preocupación por la denuncia conocida en los últimos días sobre presuntas órdenes de vigilancia del CTI a las comunicaciones del periodista Ernesto Yamhure. De acuerdo con la denuncia hecha por Andrés Sepúlveda, el llamado “hacker” que trabajó como asesor para la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga, durante su reclusión recibió órdenes de Danny Julián Quintana, ex director del CTI de la Fiscalía, de atacar e intervenir las comunicaciones del periodista.

Según Sepúlveda, luego de negarse a ejecutar tales órdenes, Quintana tomó represalias en su contra, quitándole comodidades y trasladándolo a otro establecimiento. En entrevista con La W, Quintana negó rotundamente todas las acusaciones de Sepúlveda. Por su parte, este último dice tener correos electrónicos que prueban que recibió tales órdenes.

La vigilancia ilegal trae graves consecuencias para la libertad de expresión al afectar la intimidad y el trabajo de los periodistas y de sus fuentes, actuando como un incentivo para la autocensura. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha explicado que la interceptación de las comunicaciones tiene un efecto inhibitorio que afecta el pleno ejercicio de la libertad de expresión: “En efecto, sin un espacio privado, libre de injerencias arbitrarias del Estado o de particulares, el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión no puede ser ejercido plenamente. Esta misma relatoría y la Relatoría Especial para la Protección y Promoción del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión de la ONU publicaron en 2013 una Declaración Conjunta en la que sostuvieron que “[l]a vigilancia de las comunicaciones y las injerencias a la privacidad que excedan lo estipulado en la ley, que se orienten a finalidades distintas a las autorizadas por ésta o las que se realicen de manera clandestina deben ser drásticamente sancionadas”.

De ser ciertas las denuncias de Sepúlveda, se revivirían las preocupaciones en torno al grave problema de la vigilancia ilegal del Estado a las comunicaciones de periodistas, luego de episodios tan penosos como los escándalos de las “chuzadas” del DAS (revelado en 2009 por la Revista Semana) y del centro de operaciones militares “Andrómeda” (revelado en 2014 por la misma revista).

La FLIP exhorta a la Fiscalía para que avance en la investigación de las denuncias para que se aclaren los hechos.

Este 11 de septiembre se conoció el fallo de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia que condenó a Jorge Noguera Cotes, exdirector del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), a una pena de 7 años, 10 meses y 15 días de prisión por el escándalo de las “chuzadas”.

La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- presenta derecho de petición al Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez. Esto como consecuencia de información recibida sobre posibles interceptaciones a las comunicaciones de Gustavo Rugeles, director del portal El Expediente.

El pasado 23 de agosto, el portal Las2Orillas publicó un artículo en el que se denuncia que Gustavo Rugeles fue víctima de interceptaciones a sus comunicaciones el año pasado. En la nota se afirma que estas interceptaciones fueron ordenadas por la Fiscalía y habrían durado dos meses. En diálogo con la FLIP, Rugeles afirmó que el Fiscal Martínez le había confirmado a través de mensajes que sus comunicaciones habían sido interceptadas durante la administración de Eduardo Montealegre.

La FLIP expresa su preocupación por el caso puesto que las interceptaciones habrían sucedido en el marco de una serie de investigaciones periodísticas que llevaba a cabo Rugeles quien en ese entonces se desempeñaba como editor político de Las2Orillas. El periodista estaba indagando una presunta infiltración a la campaña de Óscar Iván Zuluaga para las elecciones presidenciales de 2014. Las interceptaciones cesaron el día posterior a la publicación del artículo.

Estas interceptaciones preocupan a la FLIP ya que constituirían una grave violación al secreto profesional. El derecho constitucional a la reserva de la fuente es una garantía inviolable para el libre ejercicio del periodismo y la libertad de expresión. 

Adjunto a este pronunciamiento puede encontrar el derecho de petición enviado por la FLIP.