Violaciones a derechos humanos a periodistas en la frontera colombo-venezolana

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) expresa su preocupación por las violaciones a la libertad de prensa en el departamento de Arauca. En menos de una semana la FLIP registró que dos periodistas fueron detenidos ilegalmente y uno más fue amenazado mientras cubría el conflicto que se vive en la frontera con Venezuela en el municipio de Arauquita. 

Por un lado, el 31 de marzo de 2021 la FLIP conoció que Rafael Hernández y Luis Gonzalo Pérez, periodistas venezolanos y corresponsales del medio NTN24, fueron detenidos ilegalmente durante casi veinte horas por la Guardia Nacional Bolivariana. Allí, también fueron víctimas de amenazas y robo de sus equipos. Esto es una muestra de lo alarmante que es la situación de riesgo para la prensa en Arauca. En el 2020 se registraron 13 agresiones y nueve amenazas, lo que lo convirtió en el cuarto departamento con mayor número de amenazas. En lo corrido del 2021, la FLIP ha registrado nueve agresiones contra periodistas en el departamento, de las cuales cinco han sido amenazas. 

Los periodistas de NTN24 habían sido designados el día anterior como enviados especiales para cubrir la escalada de violencia en la frontera colombo-venezolana, producto de enfrentamientos entre el Ejército venezolano y un grupo disidente de la guerrilla colombiana. Dada esta situación, una vez en la localidad de La Victoria, Venezuela, los periodistas se acercaron a un comando de la Guardia Nacional Bolivariana para pedir autorización y solicitar protección con el fin de realizar el cubrimiento en la zona. 

Hacia las cinco de la tarde, Hernández y Pérez, junto a dos miembros de la ONG FundaREDES, fueron retenidos sin ninguna explicación por parte de miembros de la Guardia Nacional Bolivariana, quienes les quitaron los documentos de identidad, los celulares y los equipos de trabajo como cámaras y micrófonos. Posteriormente llevaron a las cuatro personas a un cuarto de detención. 

Resulta preocupante que las autoridades que debían respaldar a los periodistas y garantizar las condiciones de seguridad para que pudieran realizar su oficio, ejercieran un abuso de poder que terminara en una violación a los derechos humanos de los comunicadores. 

Los periodistas fueron investigados y señalados de trabajar para medios que están en contra del Gobierno venezolano. Tras su liberación, les devolvieron únicamente los documentos de identidad. Los equipos y celulares no han sido devueltos a los comunicadores, lo cual ha dificultado el ejercicio de su trabajo periodístico en los días posteriores a la retención. 

Por otro lado, un periodista que trabaja en un medio local, y quien pidió que se le protegiera su identidad, le informó a la FLIP que en la noche del 2 de abril recibió una amenaza contra su vida. En esta le advertían que debe dejar de trabajar en el medio de comunicación. El periodista relaciona este hecho con el amplio cubrimiento que ha estado haciendo sobre el conflicto armado que se vive en la frontera colombo-venezolana, debido a las disputas por el control del territorio entre grupos armados.

El cubrimiento en fronteras se caracteriza por un difícil contexto político, social e institucional que implica para los periodistas un riesgo muy alto a la hora de informar sobre lo que sucede en estas zonas. Entre 2018 y 2021 en la frontera con Venezuela, en los departamentos de La Guajira, Cesar, Norte de Santander y Arauca, se han presentado 189 ataques contra periodistas. De este total 88 han sido amenazas, un asesinato, dos secuestros y un exilio. 

Las detenciones y amenazas son graves violaciones a la libertad de prensa que afectan el derecho al acceso a información sobre hechos que son de interés de la ciudadanía. La FLIP hace un llamado a las autoridades nacionales y locales para que se articulen y generen estrategias de protección para la prensa que realiza su trabajo en zonas fronterizas, particularmente en la frontera colombo-venezolana. 

Además, solicita a la UNP que inicie el estudio de nivel de riesgo al periodista que recibió amenazas para así implementar las medidas necesarias para garantizar su integridad. Así mismo, desde la Fundación se le hace un llamado a la Defensoría del Pueblo para que revise a profundidad la situación de los periodistas que trabajan en zonas fronterizas y que investigan temas relacionados con la migración, y que a su vez emita las alertas tempranas necesarias. 

Por otro lado, la FLIP hace un llamado a las autoridades venezolanas para que cesen la represión contra la prensa, y garanticen los estándares internacionales que protegen a los periodistas y a la misma democracia.