Urgencia en políticas para prevenir, proteger y garantizar justicia
Collage Gabriel Linares con ilustración de Angie Pik
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Tuesday, 08 February 2022
Urgencia en políticas para prevenir, proteger y garantizar justicia
La violencia permanente contra los y las reporteras se traduce en menos información valiosa para la ciudadanía y en posibilidades limitadas para indagar sobre asuntos de interés público. Si bien el Estado colombiano ha realizado esfuerzos importantes para reaccionar a esa violencia, es necesario revisar las políticas de protección. Se requieren estrategias diferenciadas y enfoques particulares.
Entre 180 países, Colombia ocupa el puesto 130 con las peores condiciones para el ejercicio de la prensa. Según la clasificación más reciente realizada por Reporteros sin Fronteras, en América Latina, el nuestro es el segundo país más letal para el periodismo, después de México. En los últimos cinco años, han sido asesinados ocho periodistas y por lo menos 782 han sido amenazados.
Bajo estas circunstancias, es necesario reiterar que la seguridad debe ser una prioridad para los Estados y que deben hacer todo lo posible para prevenir actos de violencia, intimidación, amenazas y agresiones contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación. Así ha quedado nuevamente consignado en la resolución adoptada, de manera unánime, por la Asamblea General de Naciones Unidas en noviembre de 2021.
En Colombia, el programa de protección se creó en el año 2000 y se ajustó en el 2012, momento desde el cual está en manos de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Este programa no es suficiente para atender las vulnerabilidades de los y las reporteras. Es un mecanismo que, aunque fue pionero en su momento, actúa, principalmente, de manera reactiva, no opera articuladamente con otras entidades y desconoce las condiciones y prácticas únicas del ejercicio periodístico, así como las diferencias entre las violencias ejercidas en cada región del país.
Aquí puede consultar la revista Páginas para la Libertad de Expresión, edición #3.
Por otro lado, la pedagogía alrededor de la autoprotección es insuficiente y prácticamente no existen medidas preventivas. En la mayoría de los casos, al menos de la población de periodistas, estas acciones se limitan a patrullajes y revistas policiales que no se cumplen a cabalidad y que casi nunca tiene en cuenta el contexto en el que se encuentran las personas en riesgo o la capacidad del cuerpo policial que debe prestar esta función. La FLIP ha advertido en diferentes informes que este programa se ha transformado en un mecanismo burocrático, cada vez más inclinado a tomar decisiones por motivaciones políticas y no técnicas.
En el Decreto 1139 de 2021, que establece la reingeniería de la UNP contemplada en el Plan de acción oportuna de prevención y protección para los defensores de derechos humanos, líderes sociales, comunales y periodistas (PAO), se establecieron algunas modificaciones dirigidas a reducir los tiempos de respuesta de los análisis de riesgo y a formalizar espacios y prácticas que ya existían. Sin embargo, no es suficiente ni útil reducir tiempos de respuesta si no se subsanan vacíos en la ruta de protección como la formación de los analistas en temas relacionados con labor periodística, enfoque de género, derechos humanos, etc. Tampoco es eficiente en la medida en que no hay disponibilidad de recursos para asignar medidas adaptadas a los territorios y garantizar su correcto funcionamiento. Además, sigue sin haber un espacio abierto a la veeduría por parte de organizaciones de la sociedad civil a la ruta de protección.
También existen riesgos de otra naturaleza que no están siendo reconocidos por el mecanismo y que pesan sobre la seguridad de los periodistas en la era digital como la vulnerabilidad a convertirse en blanco de la vigilancia, el acoso en línea o la intercepción ilegal o arbitraria de comunicaciones. En el 2020, el Ejército Nacional vigiló y parametrizó a periodistas etiquetando su trabajo. Con base en sus reportajes periodísticos o líneas editoriales, les relacionó, de manera estigmatizante, con grupos al margen de la ley y recolectó información personal sin su autorización. Casi dos años después no hay sanciones disciplinarias ni penales por estos hechos.
Además de la protección reactiva, el Estado también está llamado a promover la diversidad y la independencia de los medios de comunicación y el acceso a la información. Pero acontecimientos recientes evidencian la especial fragilidad de los medios independientes y del periodismo ciudadano, pues son blanco recurrente de ataques y estigmatizaciones. Por ejemplo, este tipo de medios de comunicación fueron los más afectados durante las manifestaciones del 2021; sobrevivieron a semanas muy violentas sin garantías para hacer su trabajo y cubrir las protestas sociales.
Crímenes contra la prensa
- La FLIP ha registrado desde 1938 hasta la fecha 163 casos de asesinatos a periodistas por razón de su oficio.
- De los 782 periodistas que han sido amenazados en los últimos cinco años en Colombia, en cuarenta casos tal amenaza ha derivado en desplazamientos internos y exilios.
- Entre 2016 y 2021, ha habido ocho atentados y ocho secuestros contra periodistas.
- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha sostenido que existe una situación de riesgo para la prensa en Colombia, que además se une a altas tasas de impunidad en la investigación de crímenes contra la prensa.
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Tuesday, 09 February 2021
Perfilamientos ilegales: un año de silencios
Ha pasado un año desde que Revista Semana reveló que el Ejército hizo uso de sus recursos de inteligencia para vigilar y perfilar a más de treinta periodistas nacionales e internacionales. Las carpetas contenían datos personales, laborales, familiares, de amigos y colegas. Después de la denuncia de Semana, en la FLIP conocimos catorce casos más. A pesar del revuelo que causó la noticia, hoy es poco lo que sabemos sobre el contenido de esas carpetas.
A esto se suma la falta de consenso entre la Procuraduría y la Fiscalía sobre la lista y el número de personas allí incluidas, pues la primera identificó como víctimas a 29 personas y a los miembros de cuatro organizaciones y un medio de comunicación; mientras que la Fiscalía aseguró que tan solo veinte personas habían sido las víctimas. Tampoco se sabe cuál fue la formulación de cargos hecha por la Procuraduría General de la Nación hacia los trece militares que habrían hecho uso ilegal de la inteligencia informática del Ejército para realizar estos seguimientos.
Desde la FLIP, tuvimos acceso a los testimonios de algunos de los periodistas víctimas de estos perfilamientos ilegales, para conocer el impacto individual y colectivo que generaron estas acciones de intimidación y estigmatización a la labor periodística.
Entérense de lo que se conoce de este caso en la página 9 del PDF de Páginas para la libertad de expresión. Puede acceder al documento PDF o descargarlo aquí.
Tuesday, 09 February 2021
Las voces que Colombia perdió en el 2020
Los periodistas Abelardo Liz y Felipe Guevara fueron asesinados durante el 2020. Sus casos dejaron al descubierto la violencia cruda que se siguen enfrentando los periodistas, tanto por parte de la fuerza pública como de bandas criminales.
Tuesday, 08 February 2022
Un año de obstáculos para ejercer el periodismo en Colombia
La mayoría de las agresiones a la prensa durante el 2021 fueron perpetradas por miembros de la fuerza pública durante las jornadas de protestas sociales. En otros momentos la presión vino por parte del acoso judicial, las amenazas y las restricciones de acceso a la información impuestas sin razón por funcionarios e instituciones estatales. Las siguientes son las estadísticas de agresiones que registró la FLIP el año pasado.
Total agresiones*: 684
Total víctimas: 768
*En un solo episodio de agresión puede haber más de un periodista víctima.
1. 172 amenazas
La amenaza ha sido por muchos años una de las formas predilectas para atacar a la prensa. En el 2021 hubo un incremento de casos con respecto al año anterior, cuando registramos 152. Las amenazas tienen diferentes consecuencias: desde la autocensura, hasta el abandono del ejercicio periodístico.
¿Quiénes amenazan a la prensa?
Fuerza pública: 18 casos.
Particulares: 52 casos.
Desconocidos: 56 casos.
2. 168 agresiones físicas
El 93% de las agresiones físicas a la prensa sucedieron durante el cubrimiento de las jornadas de manifestaciones, entre mayo y julio. Los periodistas fueron empujados, golpeados con puños, piedras, escudos y patadas e incluso algunos fueron apuñalados. En el 2021 registramos un gran incremento en los casos de agresión física, comparado con el 2020, cuando documentamos 30 casos.
3. 65 hostigamientos.
4. 57 obstrucciones al trabajo periodístico.
5. 4 atentados.
6. 1 asesinato.
7. 1 secuestro.
8. 43 obstrucciones de acceso a la información
El acceso a la información pública es un derecho fundamental de la ciudadanía y vital para el ejercicio de la prensa. Todos los días los periodistas solicitan datos e información a entidades del Estado para realizar veeduría sobre temas de alto interés público. Obstaculizar este derecho nos afecta como sociedad, pues tenemos menos insumos para tomar decisiones informadas.
En el 2021 registramos 42 casos en los que servidores públicos faltaron a su deber constitucional y se negaron a brindar información sobre temas como la gestión de la pandemia, de las manifestaciones sociales, contratación pública y administraciones locales.
9. 36 casos de acoso judicial
Esta es una forma menos violenta físicamente de intimidar a la prensa, pero igual de efectiva y perjudicial. El acoso judicial impacta a los y las periodistas emocional, económica y socialmente. Les obliga a dejar de cubrir ciertos temas, por lo que se pierde veeduría en asuntos de alto interés público.
¿Quiénes acosan judicialmente a la prensa?
Funcionarios públicos: 10
Particulares: 24
10. 137 agresiones de otras formas.
Los seis departamentos con más agresiones a la prensa:
- Bogotá: 197
- Antioquia: 90
- Valle del Cauca: 81
- Santander: 37
- Cauca: 30
- Tolima: 24
En la FLIP nos preocupa, especialmente, la situación de la prensa en Arauca y Norte de Santander. Allí, las agresiones a periodistas han aumentado sin que haya medidas de prevención y protección articuladas, diferenciadas y adaptadas a los diferentes contextos. En el 2020 la FLIP registró 13 agresiones contra la prensa en Arauca y otras 13 en Norte de Santander. Para el 2021 se registraron 21 casos en cada departamento.
Aquí puede consultar la revista Páginas para la Libertad de Expresión, edición #3.
Manifestaciones sociales
Total agresiones: 359*
Total víctimas: 408
*Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021. Solo entre abril y julio registramos 304 agresiones.
Las seis agresiones más frecuentes:
- 155 agresiones físicas.
- 58 amenazas.
- 33 casos de obstrucción al trabajo periodístico.
- 28 hostigamientos.
- 19 robos o eliminación del material periodístico.
- 16 detenciones ilegales.
La fuerza pública fue el mayor agresor de la prensa durante las jornadas de manifestaciones y se convirtió también en el máximo agresor de la prensa en todo el 2021. Tampoco hubo un respaldo público oportuno de las autoridades a la labor periodística.
Total de agresiones de fuerza pública durante todo el año: 247
Total de agresiones de fuerza pública en contextos de protestas: 227
