Una década de impunidad en crímenes contra periodistas

• De los 17 casos de periodistas asesinados solamente en uno se ha logrado la condena a un determinador. En el marco del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, hacemos hincapié en el preocupante panorama de impunidad en los homicidios de comunicadores y en el hecho de que en la gran mayoría de los casos los responsables no enfrenten consecuencias legales.

Las dificultades del Estado para investigar los asesinatos de periodistas han elevado los niveles de impunidad. Este fenómeno no solo pone en riesgo la seguridad y protección de la prensa, sino que evidencia una falta de compromiso de los gobiernos e instituciones para salvaguardar la libertad de expresión. Silenciar a un periodista no solo atenta contra la libertad de prensa; también socava la democracia, limita la participación de las voces críticas y desestabiliza el tejido social comunitario. En el marco del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, hacemos hincapié en el preocupante panorama de impunidad en los homicidios de comunicadores y en el hecho de que en la gran mayoría de los casos los responsables no enfrenten consecuencias legales.

En los últimos diez años, en Colombia han sido asesinados 17 periodistas a causa de su trabajo, es el segundo país de América Latina más mortal para el periodismo, después de México. El análisis del estado de los avances en la investigación de estos homicidios revela que la impunidad se ha convertido en la norma. El Estado colombiano, y en particular la Fiscalía General, enfrenta serias dificultades para investigar estos asesinatos, lo que perpetúa un ciclo de violencia y permisividad.

De estos 17 casos, solo en uno se logró condenar al autor intelectual: el del periodista Luis Carlos Cervantes, asesinado el 12 de agosto de 2014 en Tarazá, Antioquia. El 15 de enero de 2016, el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Antioquia condenó a Javier Vega Osorio, alias "Morocco", líder de la banda “Los Urabeños”. Sin embargo, la Fiscalía General aún no ha aclarado si este homicidio está vinculado a las relaciones de ciertos políticos de la región con dicho grupo criminal, considerando que las denuncias de Cervantes estaban relacionadas con la corrupción en algunos municipios del Bajo Cauca.

En los otros 16 casos, los avances en la judicialización se han centrado en los autores materiales, quienes son el eslabón más bajo de la cadena criminal. Identificar a la estructura que ejecutó el homicidio no permite comprender las motivaciones detrás de estos delitos, que a menudo se perpetran bajo la modalidad de sicariato. De hecho, en seis de los casos se ha condenado a un autor material y en siete más hay procesos en etapa de judicialización, pero no existe ningún proceso judicial en curso que involucre a un autor intelectual.

Es especialmente preocupante que en diez de estos casos la Fiscalía General de la Nación no haya logrado individualizar a los responsables (materiales o intelectuales) ni imputarles cargos, lo cual es alarmante dado que muchos de estos casos son relativamente recientes, y con el paso del tiempo disminuyen las expectativas de alcanzar justicia.

Las estrategias para la investigación, juzgamiento y sanción que en los últimos diez años ha implementado la Fiscalía General de la Nación han resultado insuficientes para investigar, juzgar y sancionar estos crímenes. Para contrarrestar de manera efectiva la impunidad en crímenes contra la prensa, es fundamental la construcción de una política especializada en la materia, que tenga como fundamento los estándares internacionales para procuración de justicia en este tipo de casos.