“Durante el asesinato y el velorio, la movilización fue masiva en el pueblo. Pero a medida que va pasando el tiempo, nos vamos quedando solos”, responde Harry Córdoba, hermano del periodista Wilder Córdoba, quien fue asesinado el 28 de noviembre de 2022 en La Unión, Nariño, cuando se dirigía a realizar una entrevista. Han pasado tres años y el proceso judicial continúa marcado por la ausencia de avances sustanciales, pues solo se han identificado a los autores materiales mas no a quienes ordenaron el crimen. “Hoy lo que veo es, prácticamente, un olvido total”, complementa Harry.

Wilder era director del noticiero de Unión Televisión, uno de los medios locales más importantes. También informaba en su perfil en Facebook sobre la inseguridad, los barrios marginados y la corrupción. Una de sus denuncias más importantes fue sobre las irregularidades en las obras de remodelación del Parque Mariscal Sucre, donde hoy reposa un monumento en su honor.

Además, le conocían por su labor en ‘Los Tapahuecos’, un colectivo que reparaba las calles dañadas del municipio. Por eso, cada vez que salía a caminar, ya sea para dar un paseo o para ir a conversar con alguna de sus fuentes, no pasaba desapercibido. Saludaba a unos cuantos vecinos, le contaban qué pasaba en sus barrios u otras personas simplemente le sonreían cuando lo veían con micrófono en mano. Se había convertido en uno de los periodistas más reconocidos, pero también en uno de los más incómodos. Previo al homicidio, Wilder recibió varios comentarios intimidantes como retaliación a sus denuncias, incluyendo un mensaje que aseguraba que “quería opacar al alcalde”.

Tres años después, y tras varias audiencias aplazadas, solo han sido acusados Edilson Iván Narváez Urbano y John Edwin Rodríguez Toro, quienes presuntamente son los autores materiales de los hechos, por delito de homicidio agravado en concurso con porte de armas de fuego. Además, el único familiar de Wilder que ha sido reconocido como víctima es su padre, a pesar de que la madre del periodista y sus hermanos han exigido justicia y participación de manera constante. “Ha sido una lucha de casi 3 años donde incluso uno pierde la fe —cuenta Harry—. Uno ya no cree en la justicia, ya no cree en las entidades”.

Lejos de mostrar avances reales, el proceso enfrenta nuevos retos. El pasado 20 de octubre se declaró la nulidad del proceso desde la etapa de acusación por lo que el juicio contra los acusados tiene que volver a empezar. Asimismo, no se tiene conocimiento de líneas de investigación que buscan el esclarecimiento de los autores intelectuales y máximos responsables del asesinato del periodista.

Esta falta de diligencia y de un enfoque investigativo integral evidencia una conducta estatal que no refleja voluntad de garantizar los derechos de las víctimas ni de cumplir con la obligación de investigar con rigor, especialmente cuando se trata de crímenes que afectan la libertad de prensa y el derecho a la información. “Nuestra lucha como familia ha sido, es y será hasta el último de nuestros días por pedir justicia —asegura Harry—. Por conocer la verdad, saber quién fue el que dio la orden de asesinar a mi hermano, por qué lo hicieron”.

Cada crimen contra un periodista no solo apaga una voz y vulnera la libertad de expresión: rompe el tejido social, debilita la democracia, instala el miedo y obliga a las comunidades a convivir con la censura. Con el asesinato de Wilder, los medios de comunicación locales recurrieron a la autocensura y decidieron no informar sobre ciertos temas. Igualmente, la iniciativa de ‘Los Tapahuecos’ se detuvo.

Como acompañantes de la familia de Wilder y observadores de los juicios penales adelantados, reiteramos que es urgente que las autoridades adopten medidas que permitan garantizar su participación efectiva en cada etapa del proceso, facilitando su acceso oportuno y completo a la información, al expediente y a las decisiones que afecten el caso. Esto no solo es un derecho fundamental de las víctimas, sino una condición indispensable para que el proceso avance sin dilaciones ni obstáculos.

Así mismo, recomendamos que se brinde formación, capacitación y herramientas a la Fiscalía correspondiente, con el fin de que comprenda el caso desde un enfoque de Derechos Humanos y de censura, en concordancia con la jurisprudencia dictada por la Corte Suprema de Justicia en casos de homicidios a periodistas en razón de su labor.