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Treinta años de ausencia: la memoria de Julio Daniel Chaparro y Jorge Torres

Treinta años de ausencia: la memoria de Julio Daniel Chaparro y Jorge Torres

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Sunday, 25 April 2021

Treinta años de ausencia: la memoria de Julio Daniel Chaparro y Jorge Torres

Este 24 de abril de 2021 se cumplen treinta años del trágico asesinato del periodista Julio Daniel Chaparro y del reportero gráfico Jorge Enrique Torres. A pesar de que este homicidio fue declarado crimen de guerra, y no va a prescribir, los avances en materia de justicia han sido mínimos. 

En abril de 1991, Julio Daniel y Jorge Enrique, quienes trabajaban para El Espectador, se habían desplazado al municipio de Segovia, en Antioquia, para investigar la masacre paramilitar que había ocurrido tres años atrás y en la que más de 40 personas fueron asesinadas. Estaban construyendo una serie de crónicas llamada Lo que la violencia se llevó, en la que narraban cómo los municipios que habían sufrido masacres lograban renacer entre los escombros gracias a la voluntad de paz de sus habitantes. Mientras se encontraban en Segovia, el quinto municipio que visitaban, Julio Daniel y Jorge Enrique fueron asesinados. Según la investigación que adelanta la Fiscalía los hechos fueron ejecutados por guerrilleros del Ejército Nacional de Liberación (ELN). 

En 1994 la Fiscalía cerró la investigación en favor de Joaquín Julio Lezcano y Ramiro Alonso Madrid Lezcano, miembros del ELN y presuntos autores del crimen. Veinte años después del homicidio, la Fiscalía retomó la hipótesis de que los hermanos Lezcano sí eran autores del crimen. Sin embargo, no se podía iniciar la investigación penal pues los culpables ya habían fallecido. 

Solo hasta el 12 de marzo de 2020, la Fiscalía formuló acusación en contra Nicolás Rodríguez Bautista (alias “Gabino”), Israel Ramírez Pineda (alias “Pablo Beltrán”) y Eliécer Herlinto Chamorro (alias “Antonio García”), miembros del Comando Central del Ejército de Liberación Nacional (ELN), por el delito de homicidio agravado. 

El pasado 22 de abril, el Juzgado Promiscuo de Segovia anunció que asumirá el conocimiento del caso para la etapa de juicio contra los miembros del Comando Central del ELN. Desde la FLIP se espera que el juicio se desarrolle en el 2021. 

Uno de los puntos más preocupantes es que, a la fecha, la Fiscalía niega que el crimen contra Julio Daniel y Jorge Enrique haya tenido relación con su oficio periodístico. Es por ello que durante la investigación no se ha analizado el trabajo que desempeñaban, ni los riesgos propios de la actividad. Además, no se han desarrollado mayores investigaciones sobre la información que reposaba en la agenda de apuntes de Julio Daniel al momento de su muerte. De hecho, la Fiscalía se deshizo de la libreta y le negó a la familia la posibilidad de recuperarla. 

Por todo esto, en diciembre de 2011, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) presentó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). No obstante, esta no ha avanzado en la etapa de admisibilidad, lo cual ha implicado que hasta el momento no se haya reconocido la responsabilidad del Estado colombiano ante el incumplimiento de obligaciones internacionales en materia de justicia y reparación en este caso.

En el marco de la conmemoración de los treinta años de este lamentable crimen y, luego de diez años de haber sometido el caso ante la CIDH, la SIP y la FLIP solicitaron una reunión de trabajo con la Comisión. El objetivo es que esta le permita a la CIDH, al Estado y a las víctimas avanzar en el trámite del caso, para que así se garantice el acceso a la justicia y la reparación de las familias Chaparro y Torres, así como a la sociedad colombiana en general.

La FLIP hace un llamado a la Fiscalía para que investigue diligentemente este homicidio.Que el crimen haya sido declarado como imprescriptible no significa que la justicia se deba seguir dilatando por años. La Fiscalía debe analizar el caso a partir de la actividad periodística de Julio Daniel y Jorge Enrique, explorando distintas hipótesis de investigación relacionadas con su oficio, en este sentido la Fiscalía debió adelantar una línea de investigación frente una posible celada en contra de los periodistas. Sin esto, las familias nunca podrán encontrar la verdad de lo que les sucedió a sus familiares. 

Lamentablemente, tres décadas después la violencia se sigue llevando la voz de los periodistas en Colombia. No sólo las condiciones de seguridad para la prensa no han mejorado, sino que tampoco lo ha hecho la justicia. En la FLIP queremos conmemorar el trabajo de Julio Daniel y de Jorge Enrique para que su voz no se apague.

A continuación, podrán encontrar una línea del tiempo que ilustra los hitos más importantes en la búsqueda de justicia de las familias de Julio Daniel y Jorge Enrique. Además, podrán escuchar una cápsula de audio en la que los hijos de Julio Daniel y Jorge Enrique los recuerdan como esposo, padres y periodistas. 

Adicionalmente, este año el Festival de Literatura de Bogotá rendirá homenaje a Julio Daniel, por su extenso trabajo literario, no sólo como periodista sino también como poeta. Les invitamos a asistir a los diferentes eventos programados, que pueden consultar aquí. También les invitamos a que se unan a la conversación sobre el trabajo de Julio Daniel y la impunidad en este caso, este sábado a las 3 pm.

Cápsula de audio

 

 

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Friday, 11 September 2015

FLIP rechaza el asesinato de la periodista Flor Alba Núñez Vargas en Pitalito - Huila

Hoy, 10 de Septiembre de 2015 hacia las 11:30 de la mañana al sur de la ciudad de Pitalito departamento del Huila, fue asesinada la periodista Flor Alba Núñez Vargas coordinadora de noticias de la emisora La preferida Stereo de ese municipio.

Flor Alba trabajaba además en los espacios informativos locales de Canal 6, TV5 y del Canal Nación TV.  Anteriormente había trabajado para la emisora HJDOBLEK.

De acuerdo con la información recolectada por la FLIP, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta la abordaron para dispararle cuando se disponía a ingresar a la emisora donde transmitiría el informativo del medio día.

Hasta el momento se manejan tres posibles hipótesis sobre los móviles del asesinato. La primera es que Flor Alba publicó recientemente - en su cuenta personal de Facebook - fotografías de una banda delincuencial que realizó un atraco en inmediaciones de la Alcaldía de Pitalito.

La segunda hipótesis plantea una relación entre el asesinato y el cubrimiento sobre el proceso electoral.

Por último, fuentes consultadas por la FLIP indican que la periodista habría recibido amenazas e intimidaciones con posterioridad a la publicación de una entrevista hecha a las personas que se vieron implicadas en el asesinato de un perro de raza bull terrier el pasado mes de Agosto.

La FLIP quiere recordar que el asesinato es la forma de censura más extrema. No solo atenta contra la expresión del periodista asesinado, sino que impide que la comunidad conozca la verdad sobre lo que se quería informar. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que "los actos de violencia que se cometen contra periodistas violan el derecho de estas personas a expresar e impartir ideas, opiniones e información y además, atentan contra los derechos de los ciudadanos y las sociedades en general a buscar y recibir información e ideas de cualquier tipo”.

Flor Alba había estudiado Licenciatura en Lengua Castellana y se preparaba para especializarse en Comunicación.

Una misión de la FLIP se dirigirá hasta Pitalito con el fin de averiguar en terreno más detalles sobre lo sucedido.

La FLIP envía un mensaje solidario a familiares y colegas y hace un llamado a la Fiscalía General para que actúe con diligencia. Las primeras horas son esenciales para la recolección de la información y de las pruebas que podrán ayudar a dar con los responsables tanto materiales como intelectuales. Dejar pasar el tiempo sin actuar, a pocas horas de ocurrido el asesinato, en otros casos ha resultado un obstáculo para la investigación penal. 

 
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Friday, 20 March 2015

Quinto aniversario de la muerte de Clodomiro Castilla

Hoy, 19 de marzo de 2015, se cumplen cinco años del asesinato de Clodomiro Castilla en Montería, Córdoba. Castilla solía hacer denuncias sobre corrupción política y paramilitarismo en el departamento.

En su momento, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dijo en un comunicado, emitido el 22 de marzo del 2010, que reconocía “el rápido repudio de este crimen por las más altas autoridades colombianas pero expresa su profunda preocupación por la situación de desprotección en la que se encontraba el periodista, pese a haber solicitado oportunamente la actuación del Programa de Protección a Periodistas del Estado colombiano”.

Castilla había sido beneficiario de medidas del programa de protección del Ministerio del Interior y de Justicia desde agosto de 2006. No obstante, estas habían sido retiradas en febrero de 2009. Ante nuevas amenazas, el periodista solicitó en noviembre del mismo año que tales medidas fueran reasignadas. Esta petición fue negada pues el estudio de riesgo de Castilla había resultado “ordinario”.

Cinco años después de ocurridos estos hechos son pocos los avances en la justicia. Según información de la Fiscalía General de la Nación entregada a la FLIP a finales de 2014, la investigación por el asesinato de Castilla permanece en etapa de indagación.

La FLIP hace un llamado a la Fiscalía para que de impulso a la investigación por el asesinato de Castilla y de esta forma evite que permanezca en la impunidad. Al respecto, el principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión indica que “el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.

 
 
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Saturday, 17 September 2016

Condenan al Estado por ser responsable del asesinato de Jaime Garzón

La Fundación para la Libertad de Prensa – FLIP – considera positiva la condena proferida por el Consejo de Estado en contra de la Nación por el crimen de Jaime Garzón. Además hace un llamado a las autoridades judiciales para que incorpore las consideraciones de este fallo dentro de los procesos que se siguen en contra los exfuncionarios presuntamente responsables del crimen.

El miércoles 14 septiembre el Consejo de Estado responsabilizó al Ministerio de Defensa, al Ejército, a la Policía y al antiguo DAS como autores determinantes en el asesinato del periodista y humorista Jaime Garzón. Además, el alto tribunal reconoció el homicidio como un crimen de lesa humanidad.

Según el fallo proferido por la entidad judicial, el coronel del Ejército en retiro, Jorge Eliécer Plazas Acevedo, y el exsubdirector del DAS, José Miguel Narváez, son responsables de los seguimientos ilegales en contra de Garzón. Se les atribuye, también, la responsabilidad de compartir con Carlos Castaño la información recogida durante esos operativos ilícitos.

Por estos hechos, el alto tribunal determinó que el Estado era responsable por la permisividad frente a los vínculos existentes entre fuerzas estatales y los grupos armados al margen de la ley. Consideró, además, que el asesinato se cometió con fines terroristas y que fue una vulneración grave a los derechos humanos, especialmente por la indefensión en la que se encontraba el periodista para el momento del crimen.

En cuanto a la reparación, el Consejo ordenó que el Estado debe pagar casi 700 millones de pesos, equivalentes a 200 SMLMV, a la familia del periodista. El comandante general del Ejército y el director general de la Policía deberán presentar excusas públicas a los familiares de la víctima y citar con anticipación a los medios de comunicación para el cubrimiento del suceso. Este acto solemne debe realizarse dentro de los siguientes dos meses a la ejecución del fallo.   

Adicionalmente, el Ministerio de Defensa Nacional deberá crear un link, que tendrá que estar disponible en la web durante al menos seis meses, para que los ciudadanos puedan consultar la decisión del Consejo de Estado. Se enviará, también, una copia de la sentencia al Centro Nacional de Memoria Histórica para contribuir con este caso a la construcción de la memoria sobre los crímenes ocurridos contra la prensa en medio del conflicto armado interno.

La FLIP le solicita a la Fiscalía General de la Nación que asuma su tarea de individualizar y castigar a todos los funcionarios que pudieron haber participado del crimen desde el interior de las instituciones públicas mencionadas en el fallo.

Hasta la fecha ningún funcionario o exfuncionario ha sido condenado por el asesinato de Garzón. La única sentencia existente que vincula a algún autor determinante se profirió en 2004 en contra de Carlos Castaño, sin embargo, para esa fecha el jefe paramilitar ya había desaparecido. 

 
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